Nos
encontramos a un par de semanas del inicio formal de la Campaña
de la Renta 2017,
donde los ciudadanos de a pie, los curritos,
es decir, la clase trabajadora, se pondrá al día con el fisco.
Pasaremos
por caja en la mayoría de los casos como muestra una vez más, de
que el trabajo, la economía
real y efectiva,
lo que se genera y produce gracias al sudor de la frente del obrero y
la obrera -y también del riesgo corrido por algunos empresarios-
tiene todas las zancadillas, mientras se pasan de puntillas con los
beneficios que otorga la especulación
y la ingeniería financiera. Eso si, si logran pillarlos, porque las
cuantías golosas se guardan en paraísos fiscales, mientras el que
debería vigilar mira para otro lado y sigue sin dar las herramientas
necesarias, en personal y medios, a los inspectores que con honradez
y sentido del estado desean hacer su trabajo.
La
Campaña
de la Renta
en “nuestro”
país se caracteriza por una ausencia casi total de recursos de
participación y decisión de los contribuyentes para que estos
destinen parte (o la totalidad) de sus impuestos a causas concretas
como pudieran ser la investigación, la sanidad, la educación, la
cultura o el deporte.
Aunque
no son muchos los países que registran estas cláusulas en las
declaraciones de impuestos de sus ciudadanos, si que existen ejemplos
a los que como sociedad deberíamos prestar atención, como en
Suecia, Canadá, Holanda,
Francia, Estonia o Nueva Zelanda.
Evidentemente
hay ciertos gastos como en materia de defensa y mantenimiento de
instituciones políticas -es decir, sueldos de políticos y sus
asistentes, así como sus privilegios- que deben de poder sufragarse
y que son altamente impopulares, por lo que habría cierta cantidad
de lo recaudado sujeta a la discreción del gobernante para poder
dotar económicamente estas partidas cuestionables, pero que vamos a
suponer de partida, necesarias para el mantenimiento del estado y del
bienestar de sus habitantes. Esto en una teoría básica sin mayores
distinciones, y sin entrar tampoco a valorar, la ideología y sentido
de los gobernantes y las mayorías parlamentarias que lo sustentan,
que podrían decidir aumentar o disminuir tales partidas para
sufragar otro tipo de gastos de índole social y participativa.
Sin
embargo en España,
como decía anteriormente tenemos que hablar de una ausencia
casi
total ya que mientras todavía hoy, y pese a las campañas y alegatos
pidiendo su inclusión es imposible destinar una parte de nuestros
impuestos a por ejemplo la investigación y el desarrollo o a la
proliferación de la cultura, si que existen dos apéndices en los
que asignar a conciencia parte de nuestros impuestos, así como de la
devolución que Hacienda nos hace en caso de haber aportado más de
lo que nos corresponde: La
casilla de la Iglesia
y la casilla
de los fines sociales.
La
financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de
la renta es injusta e insolidaria. Quienes marcan la casilla no pagan
un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado
anualmente, es decir que “todos pagamos” aun sin tener voluntad
para ello. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y
de las organizaciones a su servicio, debe estar financiado por sus
fieles. Más si cabe cuando hablamos de la acofensionalidad del
Estado, recogida en la según interese sacro santa Constitución. Por
otro lado, las necesidades sociales, no
deben ser voluntad del contribuyente o establecidas por las
organizaciones sociales, sino que han de formar parte de las
políticas del Estado, en función del interés general.
Las
creencias se las han de pagar quien las tenga y la
Iglesia buscar los fondos entre sus fieles.
Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del
IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato
y los Acuerdos de 1979. Izquierda
Unida
reclama al Gobierno que derogue los acuerdos con el Vaticano, por
“vulneran
el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado”
que viene a amparar “la
financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el
adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema
educativo”.
Mientras
aumenta
la pobreza
y se privatizan
los servicios públicos,
el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones
directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil
millones de euros anuales, lo que supone más del 1% del PIB, para el
sustento del culto y el clero, mantener diócesis, seminarios,
realizar manifestaciones políticas partidarias, lanzar campañas de
discriminación y segregación en razón del género, en contra de la
libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la
libre elección de la orientación sexual, los avances científicos,
la eutanasia o la muerte digna; incluso para financiar cadenas de
televisión privadas, como 13TV.
Exenciones
fiscales en el IBI valoradas en 3.000 millones al año (sin olvidar
el negocio que la Iglesia Católica Española hace con los bienes
inmuebles que adquiere gracias al privilegio para inmatricularlos
otorgado por el Gobierno de Aznar en 1997), 4.600
millones para pagar a los 16.000 profesores de religión
y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para
dispensarios, hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes
religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio
artístico propiedad de la Iglesia (patrimonio que la Iglesia
gestiona, cobra al visitante y se desentiende de su mantenimiento y
restauración que corre a cargo de los presupuestos de todos). El
Congreso ya ha exigido en varias ocasiones al Tribunal de Cuentas la
fiscalización del dinero que la Iglesia, después de que el tribunal
haya rechazado hacerlo con los votos del PP.
Desde
la firma del Concordato
en 1953 entre los fascistas de Franco y el Papa Pio XII bajo los
principios del nacional-catolicismo imperante seguimos
pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando.
En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con
el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el
desconocimiento de la mayoría. Desde entonces y siempre, siguen
perpetuando sus privilegios.
Algunas
de las razones que Europa
Laica
argumenta para no marcar las casillas del IRPF, ni para la Iglesia ni
fines sociales, se relacionan con la discriminación que supone para
los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su
aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el
artículo 31 de la Constitución: “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”.
La
propia existencia de esta casilla refleja el apoyo
del Estado a la religión Católica,
discriminando otras creencias distintas, por lo que se conculca así
el principio de no discriminación por razón de creencias regulado
en el artículo 14 de la Constitución,
que reconoce que “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión…
“. El
Estado no se debe convertirse en recaudador de organizaciones
privadas,
además de que la asignación que se lleva la Iglesia, se detrae de
las políticas públicas para escuelas, hospitales, servicios
sociales, infraestructuras, medio ambiente o promoción del empleo.
Por
otro lado la casilla para “otros
fines de interés social”,
también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles
de explicar y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el
origen de su existencia está basado en un engaño; una
gran coartada para introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia
Católica en el IRPF;
además una parte considerable de la asignación a fines de interés
social va a entidades de la propia Iglesia, como
por ejemplo Cáritas,
por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario
que se presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo
con el dinero de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su
propio bolsillo pero no a costa de la hucha común. En todo caso, los
“fines
de interés social”,
no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni
establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar
parte de las políticas sociales del Estado, de las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos en función del interés general.
El
artículo 16.3 de la Constitución establece que “Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones”.
De otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa
Sede y el Estado Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1,
establece que “el
Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la
consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto
absoluto del principio de libertad religiosa“.
Ambos
documentos están en vigor constituyendo una grave contradicción.
Mientras por un lado se consensuó y aprobó una Constitución votada
(ya hace casi 40 años) que recogía el sentir de una sociedad
católica pero en la que se
incluían fuerzas y sentimientos cercanos al laicismo
o cuando menos la aconfesionalidad, el otro es una firma entre dos
estados (sin la rubrica de la población como ya exigía la
Constitución aprobada un año antes) para salvaguardar los bienes y
el poder de intervención de la Iglesia en la vida pública.
Hoy
en día, cuando el porcentaje de la población que no votó en 1978
se acerca al 70% y quienes muestran su ateísmo o cuando menos su
desafección de la Iglesia católica, es preciso explicar qué supone
marcar una casilla u otra en nuestras declaraciones de impuestos.
También es necesario explicar que se hace con el dinero recaudado.
¿Por
qué se destinan cantidades para comprar armamento y no para
investigar en la lucha contra el cáncer o las enfermedades
degenerativas o raras?
¿Por
qué mantener ingentes cantidades de asesores sin oficio ni beneficio
de partidos políticos corruptos y amorales y no mejorar
el sistema público de pensiones?
¿Por qué asignar a discreción dinero para la tauromaquía y no
para el sostenimiento de la cultura o su promoción en las zonas
rurales?
¿Por
qué mantener la atroz maquinaria de un ente privado como es la
Iglesia católica y no destinar todo ese dinero a erradicar la
pobreza y la desigualdad social que se están agudizando día a día
en este país?
Por
todo esto es necesario pensar muy bien qué hacer con nuestros
impuestos, así como también estar alerta e investigar y fiscalizar qué hacen con ellos una vez que están recaudados y convertidos en Presupuestos. Si queremos mantener su estatus y el nivel de vida de la
codiciosa y medieval iglesia católica o queremos progresar y
convertirnos en un país moderno, necesariamente laico, donde se
pueda vivir mejor sin sufrir las tergiversaciones e intromisiones de
quienes nos quieren atados al palo o directamente erradicados.
Ya
sea rellenando cada declaración de impuestos, en las calles o
defendiendo la aconfesionalidad del Estado, así como la laicidad de
la sociedad, es el momento de implicarse y cambiar las cosas.
