Manzanas podridas
Esta
mañana saltaba la noticia.
Unidos
Podemos
anunciaba su intención de promover una moción
de censura a Mariano Rajoy y al gobierno del PP,
tras unas últimas semanas, en la que los casos
de corrupción del Partido Popular
han ido estallando, dejando ver el estado podrido de las cosas y el
funcionamiento de la mafia para seguir delinquiendo y protegiéndose.
A
los pocos minutos ya había reacciones de PSOE, bueno
su gestora, y de Ciudadanos, diciendo que no la iban a apoyar,
por lo que la viabilidad de tal moción ya resulta quimérica.
Sin
embargo, no voy a quedarme con el corto recorrido de la propuesta y
si con su necesidad.
El
estallido
de la Operación Lezo que ha acabado (de momento) con el
encarcelamiento del ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González ha vuelto a poner el foco en como funciona #Españistan.
La
corrupción es la forma natural y no episódica del capitalismo
español, en parte por su desarrollo capitalista tardío y
fuertemente ligado al Estado y al sector público que configuró una
suerte de relaciones tóxicas para el bien común, en el que el
caciquismo, la avaricia y los tratos de favores son el motor de toda
actividad económica.
No
hay institución que esté libre de éste entramado, no hay
empresarios (sobre todo los que se benefician del BOE) que no hayan
participado del mismo. Esta trama se llama “Régimen del 78”. No
es una mafia que se enquistó, no son unas manzanas podridas que se
aprovechan de los recovecos. Es todo el tinglado que montaron con la
transición democrática. Durante aquel período había una discusión
entre Ruptura y Pacto. Lo que prevaleció fue el acuerdo, el pacto
entre el búnker franquista y los dirigentes del PSOE y el PCE. Ese
pacto garantizó que el Jefe de Estado (el Rey), las fuerzas
represivas, el poder judicial y, sobre todo, las familias que dominan
el país (y el BOE), pasen intactas al nuevo sistema “democrático”.
Ese menjunje de búnker e izquierda formó un nuevo ente
completamente deforme que se llamó “democracia”. Abrió la mano
para que participen las burguesías vasca y catalana. Y es así que
la charca del franquismo se transformó en la charca del 78. Cambió
el nombre, pero no los apellidos de estirpe.
El
Estado español se salda así con más de 1.900 imputados hasta la
última legislatura en causas por corrupción, de las cuales solo 170
fueron condenados. Y muchos menos han pisado una prisión por lo
indulgente de las penas para con estos ladrones de guante blanco,
quedando muchas veces en una inhabilitación temporal. De hecho, ha habido 227 indultos que se han llevado a cabo bajo los
gobiernos del PP y del PSOE desde 1996 hasta la fecha. La mayoría de
estos por delitos de corrupción.
Toda
una muestra de la impunidad y el beneplácito del que goza esta
actividad. Aunque vale la pena mencionar que también hay unos
cuantos indultos a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado
por abusos y torturas.
El
PP de conjunto ya tiene más de 800 dirigentes imputados por
corrupción en más de 31 causas. Pero si bien este es el partido de
la corrupción por excelencia, no se quedan atrás el resto de
partidos del Régimen del 78. Solo tenemos que recordar el caso de
los ERE’s en Andalucía, que salpica al PSOE, o el caso de las
tarjetas black, que contaba en su lista desde banqueros de Bankia,
Rodrigo Rato -su presidente- incluido, hasta políticos de IU Madrid.
La
corrupción es inherente a este sistema. Las instituciones están
preparadas para ello. Los “dirigentes políticos” obran como
conseguidores de obras públicas. Y, por supuesto cobran por ello.
Los dirigentes del PP y el PSOE durante cuatro décadas se han
encargado de ello. Al igual que Convergència y el PNV. Han
conquistado puestos en el aparato del estado en base a demagogia y
los han vendido en base a la connivencia con los grandes empresarios.
Y
siempre asegurándose la parcial justicia del estado español,
donde jueces y fiscales "amigos" llaman y toman cañas con
los corruptos, los corruptores y los corrompidos. Se avisan de las
investigaciones y confabulan para quitar y poner personajes afines a
la causa del expolio nacional y de la estafa a la clase trabajadora.
Un escenario que directamente se mofa de la separación de poderes
y que necesita, exige y urge un cambio, una revolución.
Y
todo ello, mientras se completa otra fase más de la estafa
llamada crisis. La gran mentira de la recuperación económica,
que con datos e informes se avala como una falacia que sirve para
intoxicar las expectativas e ilusiones de la clase trabajadora
provocando un afán consumista desmesurado, mientras la verdadera
riqueza, se la quedan unos pocos. Durante ya 8 años, los gobiernos,
primero del PSOE y luego del PP, aplicaron inmisericordes recortes
en los servicios públicos, con una congelación total de los
salarios y las pensiones, para ir rescatando cajas, bancos,
autopistas y pagando la factura de tanta privatización y tanto
armamento del capitalismo de amigotes. Y ahora continúan esas
nefastas políticas que aumentan la desigualdad social, que lastran
el futuro, que nos obligan a emigrar, que acortan nuestra vida en su
cantidad y calidad, mientras unos pocos, los de siempre, se han
lucrado salvajamente. Provocaron “la crisis”; les pagamos entre
todos las perdidas; y ahora vuelven a quedarse los beneficios
habiendo causado estragos en la sociedad..
Por
todo ello, desde luego me parece una iniciativa necesaria. Cualquier
partido mínimamente democrático no puede seguir mirando hacia otro
lado, escurriendo el bulto y resignarse bien por comodidad o por
interés particular ante la catarata de situaciones que se están
produciendo. Hay que posicionarse, señalar a la cabeza y exigir su
cese, así como la disolución completa del PP y la
fiscalización de todas las cuentas, las suyas propias, y las de las
administraciones y empresas públicas, que desgraciadamente para el
interés general, han gestionado todos estos años.
Como
decía más arriba este planteamiento quedará como gesto simbólico.
Tanto Ciudadanos, como PSOE, o repito, su gestora, son necesarios
para convertirlo en efectivo y quitar del gobierno a esta banda de
criminales, aunque fuera para convocar elecciones al día siguiente y
que el pueblo decida. Pero no lo van a hacer. Van a permitir que siga
Rajoy porque es lo que sus amos, el IBEX35 y la oligarquía rancia y
facha les exigen. Pero al menos, se habrán quitado las caretas.
Es
cierto que hay riesgo para la coalición de izquierdas, Unidos
Podemos, al buscar la colaboración con PSOE para destituir a Mariano
Rajoy y su recua de corruptos del gobierno. En caso de apoyo,
lógicamente, el PSOE debería ofrecer al nuevo, o nueva, jefe de
gobierno, lo que les daría protagonismo y alas justo en su momento
más bajo y cuando la caída parece no tener más fin que el colapso
de la formación como pasó en Grecia (PSOK) y esta misma semana en
Francia (el PSF de Hollande).
La
ciudadanía se ha de dar cuenta de quienes son los responsables de la
corrupción, tanto quien la ejecuta el PP, y quienes les sostienen, y
votar y obrar en consecuencia. Hay comportamientos que la
democracia y la ética no pueden permitir, y para ello,
dolorosamente en este país es tiempo de educación y de activación
ciudadana.
Pero
no debemos quedarnos en plantear una moción
de censura,
sea cual sea su resultado. Tan necesaria e imprescindible como la
moción es volver
a llenar las calles y las plazas
contra la mafia corrupta que nos des-gobierna y nos empobrece. Hay
que dignificar el país y más allá de las administraciones y
mensajes y efectos institucionales se hace necesario hacerlo
profundizando en el discurso de clase y volviendo a reactivar
las mareas
desde una posición de igual a igual para que sean las calles las que
tomen un debate político constructivo y en caso, de no prosperar, en
estos tres años hasta las siguientes elecciones generales generar
un clima de revolución
que permita transformar este país y está sociedad, en un lugar con
futuro y dignidad.
Para
hacer volar los candados del 78, hay que acabar con la casta de los
conseguidores, la Constitución, la Monarquía y todas las
reaccionarias instituciones que durante la Transición impusieron.
Hay
que imponer unas Asambleas Constituyentes en las cuales se
permita la autodeterminación de los pueblos, se re-ordene la
representación con una sola cámara que sea legislativa y ejecutiva,
mediante el voto en jurisdicción única, se acabe con los jueces
franquistas y puedan ser elegidos por el voto directo, que los cargos
electos cobren como un obrero cualificado, y que comience a resolver
los graves problemas sociales comenzando con el reparto de horas de
trabajo entre todos y con un salario digno, el no pago de la deuda,
la nacionalización de la banca y empresas estratégicas bajo control
de los trabajadores, entre otras.
Unas
Asambleas de este tipo, de ninguna manera serán convocadas por el PP
y el PSOE (o Ciudadanos), ni por este mismo régimen del 78. Solo
mediante la organización y lucha de los trabajadores y el pueblo
podremos conseguirlas para acabar con el Régimen del 78 y decidir
realmente cómo resolver todos los problemas sociales, en la lucha
por un gobierno de los trabajadores.
