La ultra derecha española ha anunciado en la última semana una serie de iniciativas legislativas en las Comunidades donde gobiernan en contra de la Memoria Histórica y la Memoria democrática. “Leyes de Concordia” que son el pago por los acuerdos de investidura, pero también el compromiso personal y sentimental con el franquismo y la impunidad de sus familias durante todo el siglo XX. Blanquear y ocultar su pasado por parte de los herederos, mientras siguen deslizando su oposición ilegítima y fuera de todos los cauces legales a través del más básico lawfare y de la más burda y continua manipulación mediática.
La presentación de estas leyes sigue el patrón rutinario de la ultraderecha. Una utilización capciosa y orwelliana del lenguaje, en el sentido de acusar a los demás de lo que están ellos haciendo. Llamadlo “adoctrinar”, “perseguir”, “odiar”, pero no lo llames concordia a planteamientos que provocan discordia en la sociedad española por la nauseabunda intención continuada de blanquear el fascismo, del que son orgullosos herederos.
No podemos y no debemos sorprendernos de que la derecha presentada como “constitucional” y “democrática” avale el discurso de su socio de gobierno en Castilla y León, en Valencia, en Extremadura o en Baleares. El PP tiene una fuerte tradición, precisamente anti-constitucional (esta por el primer derecho cívico, social o económico de la Constitución que defiendan vía acción, declaración o incluso omisión) y anti-democrática que marca una tendencia con la línea trumpista actual. El auge de una fuerza de extrema derecha desligada del propio PP la ha llevado a subirse de nuevo al monte a defender el marco ideológico franquista y a atacar todos los convencionalismos que la ciencia histórica, la decencia y el sentido democrático de un estado de derecho marcan como inexcusables.
En un contexto de grave crisis institucional en España que ha hecho volar el sistema de mayorías parlamentarias en todos los escenarios, el acceso al poder, y con él a los recursos económicos de todos, necesita del concurso de esta extrema derecha ultramontana, negacionista de todo (igualdad entre géneros, razas, naciones y sentimientos, del cambio climático, de la memoria, etc.), y profundamente antidemocrática para plantarse como una alternativa de gobierno. Como bien se ha dicho no van a enfangarse y perder dinero (es lo único que les interesa) por una cosa de rojos, como la memoria histórica.
No les importa ni lo más mínimo hacer estallar su propia coherencia y deshacer sus propios acuerdos previos, como la Ley de Memoria de CyL con tal de no discutir el estado de las cosas, profundamente marcado por el pasado. Por lo que cualquier intento de restaurar la verdad, la justicia y la reparación es vilmente atacado y malversado.
La intención es articular un modelo de estado donde la memoria se amolde al escenario del mito de la transición y el Régimen del 78. Donde prevalece una interpretación equidistante que ha alentado el franquismo sociológico que nos está estallando en la cara. Ese falsario reparto de la responsabilidad entre los dos bandos, esa leyenda de la “guerra fratricida” como si ambos bandos hubieran sido igual de responsables en la guerra y si hubieran tenido las mismas armas, condiciones y legitimidad (obviando la necesaria participación de tropas extranjeras, regulares con todo lo que implicó en el bando nacional, y de voluntarios en el republicano) o el de que “todos hicieron barbaridades” o “recuerda Paracuellos”. Como si las víctimas del bando republicano no hubieran tenido reparaciones formales y patrimoniales en algunos casos durante la larga noche de la dictadura. Equiparando a torturador con la víctima, negando una vez más como durante la Dictadura, esa condición a los represaliados, a los asesinados, a los exiliados del bando de la legalidad vigente y luchadores por la democracia y la libertad. O esa intención de englobar toda la contienda incluida la execrable dictadura fascista y clerical que tuvo como consecuencia, con el primer período democrático de la Historia de España, como fue la Segunda República. El objetivo de estas “leyes de concordia” es sustentar estos relatos y cerrar la página de la reparación, de la memoria y de lajusticia.
La teoría de la equidistancia y la concordia de los herederos de los vencedores, que fueron, no se olvide, los golpistas, asesinos y fascistas, en oposición a las leyes de memoria democrática. Frente al derecho internacional y la justicia universal que consagra los Derechos Humanos y el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y al establecimiento de una sociedad civil democrática, primera y mejor garantía de que no se repita el doloroso pasado. Una manipulación obscena que pretende igualar a víctimas y verdugos, a quienes atacaron y dieron un golpe de estado alzándose contra su propio pueblo, y a quienes defendieron la dignidad obrera y la democracia de la República.
El problema viene una vez más de la falta de rotundidad de la izquierda cuando ha tenido el poder. De no ser igual de agresivos de como lo es la derecha cuando ostenta la legitimidad de los boletines oficiales. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 tienen muchas limitaciones, omisiones (entre ellas y clave dotaciones económicas presupuestarias que hubieran abierto todas las fosas y todos los archivos) y carestía de recursos públicos para instaurar el relato de la verdad histórica y la memoria democrática en la sociedad española.
Una democracia que nació como un punto y seguido a la dictadura autoritaria franquista, sin la preceptiva y saludable depuración de responsabilidades y la investigación de la miriada de corrupciones. Una transición donde prevaleció la forma del objetivo, la consolidación democrática por la vía pacífica (habría que hablar también de la violencia política durante la transición), frente al fondo, esto es, la construcción de una sociedad democrática plena. Donde el ruido de sables de gerifaltes del franquismo asustados ante el cambio permitió la aprobación de una Ley de Amnistía (esta amnistía no se discute) que supuso una “ley de punto final” en la que aparentemente (a nivel internacional como ya se ha hecho en varias ocasiones los crímenes de lesa humanidad como los del franquismo no prescriben) se renunciaba a juzgar los crímenes del bando nacional en la Guerra Civil y la dictadura.
No hubo una política de reparación y de memoria que reescribiera con verdad la falsaria historia del franquismo y su relato que quedó avalado como “un mal menor”, “una incomodidad pasajera” o incluso, “una absoluta tranquilidad.
En este sentido, no sorprende que en este momento de crisis global, con repliegue identitario en los valores nacionalistas, el auge de la extrema derecha haya traído el revisionismo y la estrategia del olvido del pasado. Si esto pasa en cualquier país europeo ahora mismo, incluidos los que fundaron sus sistemas democráticos bajo principios del anti-fascismo, qué decir de España donde la transición no supuso ni ruptura, ni reparación, ni justicia. Esto ha dejado indudables taras en el sistema político español. Eso sí, en nuestro caso se trata de un pasado olvidadizo a la carta, obviando lo que les perjudica pero usando y manoseando hasta el asco a las víctimas que si les propician votos como por ejemplo se ve con los distintos tipos de terrorismo (etarra, islámico, de ultraderechistas sobre sindicalistas, etc.).
Por ello, ante esta deriva la sociedad civil, y los historiadores que trabajan investigando y difundiendo la verdad de nuestra Historia Contemporánea (repugna el silencio de la Academia de la Historia española instalada en la endogamia, la mediocridad, la mendicidad moral y financiera y atada por los mismos herederos del fascismo) han alzado la voz denunciando la intención anti-democrática de la derecha de este país. No se puede tolerar tanta mentira, tanta indecencia y tanta negación a la justa reparación de las víctimas. Es imposible pretender construir un futuro sobre unas bases de impunidad y olvido. Sobre la doble violencia que sufren los luchadores por la democracia en este país, primero como víctimas directas del fascismo, y ahora que intentan borrarlos de la memoria colectiva y el patrimonio común, los herederos de sus verdugos.
Frente a la manipulación, la des-memoria y la indignidad, verdad histórica, anti-fascismo y democracia con mayúsculas y con todo lo que implica.
