No hay concordia sin memoria. No hay democracia sin justicia. No hay historia sin olvido

La ultra derecha española ha anunciado en la última semana una serie de iniciativas legislativas en las Comunidades donde gobiernan en contra de la Memoria Histórica y la Memoria democrática. “Leyes de Concordia” que son el pago por los acuerdos de investidura, pero también el compromiso personal y sentimental con el franquismo y la impunidad de sus familias durante todo el siglo XX. Blanquear y ocultar su pasado por parte de los herederos, mientras siguen deslizando su oposición ilegítima y fuera de todos los cauces legales a través del más básico lawfare y de la más burda y continua manipulación mediática.

La presentación de estas leyes sigue el patrón rutinario de la ultraderecha. Una utilización capciosa y orwelliana del lenguaje, en el sentido de acusar a los demás de lo que están ellos haciendo. Llamadlo “adoctrinar”, “perseguir”, “odiar”, pero no lo llames concordia a planteamientos que provocan discordia en la sociedad española por la nauseabunda intención continuada de blanquear el fascismo, del que son orgullosos herederos.

No podemos y no debemos sorprendernos de que la derecha presentada como “constitucional” y “democrática” avale el discurso de su socio de gobierno en Castilla y León, en Valencia, en Extremadura o en Baleares. El PP tiene una fuerte tradición, precisamente anti-constitucional (esta por el primer derecho cívico, social o económico de la Constitución que defiendan vía acción, declaración o incluso omisión) y anti-democrática que marca una tendencia con la línea trumpista actual. El auge de una fuerza de extrema derecha desligada del propio PP la ha llevado a subirse de nuevo al monte a defender el marco ideológico franquista y a atacar todos los convencionalismos que la ciencia histórica, la decencia y el sentido democrático de un estado de derecho marcan como inexcusables.

En un contexto de grave crisis institucional en España que ha hecho volar el sistema de mayorías parlamentarias en todos los escenarios, el acceso al poder, y con él a los recursos económicos de todos, necesita del concurso de esta extrema derecha ultramontana, negacionista de todo (igualdad entre géneros, razas, naciones y sentimientos, del cambio climático, de la memoria, etc.), y profundamente antidemocrática para plantarse como una alternativa de gobierno. Como bien se ha dicho no van a enfangarse y perder dinero (es lo único que les interesa) por una cosa de rojos, como la memoria histórica.

No les importa ni lo más mínimo hacer estallar su propia coherencia y deshacer sus propios acuerdos previos, como la Ley de Memoria de CyL con tal de no discutir el estado de las cosas, profundamente marcado por el pasado. Por lo que cualquier intento de restaurar la verdad, la justicia y la reparación es vilmente atacado y malversado.

La intención es articular un modelo de estado donde la memoria se amolde al escenario del mito de la transición y el Régimen del 78. Donde prevalece una interpretación equidistante que ha alentado el franquismo sociológico que nos está estallando en la cara. Ese falsario reparto de la responsabilidad entre los dos bandos, esa leyenda de la “guerra fratricida” como si ambos bandos hubieran sido igual de responsables en la guerra y si hubieran tenido las mismas armas, condiciones y legitimidad (obviando la necesaria participación de tropas extranjeras, regulares con todo lo que implicó en el bando nacional, y de voluntarios en el republicano) o el de que “todos hicieron barbaridades” o “recuerda Paracuellos”. Como si las víctimas del bando republicano no hubieran tenido reparaciones formales y patrimoniales en algunos casos durante la larga noche de la dictadura. Equiparando a torturador con la víctima, negando una vez más como durante la Dictadura, esa condición a los represaliados, a los asesinados, a los exiliados del bando de la legalidad vigente y luchadores por la democracia y la libertad. O esa intención de englobar toda la contienda incluida la execrable dictadura fascista y clerical que tuvo como consecuencia, con el primer período democrático de la Historia de España, como fue la Segunda República. El objetivo de estas “leyes de concordia” es sustentar estos relatos y cerrar la página de la reparación, de la memoria y de lajusticia.

La teoría de la equidistancia y la concordia de los herederos de los vencedores, que fueron, no se olvide, los golpistas, asesinos y fascistas, en oposición a las leyes de memoria democrática. Frente al derecho internacional y la justicia universal que consagra los Derechos Humanos y el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y al establecimiento de una sociedad civil democrática, primera y mejor garantía de que no se repita el doloroso pasado. Una manipulación obscena que pretende igualar a víctimas y verdugos, a quienes atacaron y dieron un golpe de estado alzándose contra su propio pueblo, y a quienes defendieron la dignidad obrera y la democracia de la República.

El problema viene una vez más de la falta de rotundidad de la izquierda cuando ha tenido el poder. De no ser igual de agresivos de como lo es la derecha cuando ostenta la legitimidad de los boletines oficiales. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 tienen muchas limitaciones, omisiones (entre ellas y clave dotaciones económicas presupuestarias que hubieran abierto todas las fosas y todos los archivos) y carestía de recursos públicos para instaurar el relato de la verdad histórica y la memoria democrática en la sociedad española.

Una democracia que nació como un punto y seguido a la dictadura autoritaria franquista, sin la preceptiva y saludable depuración de responsabilidades y la investigación de la miriada de corrupciones. Una transición donde prevaleció la forma del objetivo, la consolidación democrática por la vía pacífica (habría que hablar también de la violencia política durante la transición), frente al fondo, esto es, la construcción de una sociedad democrática plena. Donde el ruido de sables de gerifaltes del franquismo asustados ante el cambio permitió la aprobación de una Ley de Amnistía (esta amnistía no se discute) que supuso una “ley de punto final” en la que aparentemente (a nivel internacional como ya se ha hecho en varias ocasiones los crímenes de lesa humanidad como los del franquismo no prescriben) se renunciaba a juzgar los crímenes del bando nacional en la Guerra Civil y la dictadura.

No hubo una política de reparación y de memoria que reescribiera con verdad la falsaria historia del franquismo y su relato que quedó avalado como “un mal menor”, “una incomodidad pasajera” o incluso, “una absoluta tranquilidad.

En este sentido, no sorprende que en este momento de crisis global, con repliegue identitario en los valores nacionalistas, el auge de la extrema derecha haya traído el revisionismo y la estrategia del olvido del pasado. Si esto pasa en cualquier país europeo ahora mismo, incluidos los que fundaron sus sistemas democráticos bajo principios del anti-fascismo, qué decir de España donde la transición no supuso ni ruptura, ni reparación, ni justicia. Esto ha dejado indudables taras en el sistema político español. Eso sí, en nuestro caso se trata de un pasado olvidadizo a la carta, obviando lo que les perjudica pero usando y manoseando hasta el asco a las víctimas que si les propician votos como por ejemplo se ve con los distintos tipos de terrorismo (etarra, islámico, de ultraderechistas sobre sindicalistas, etc.).

Por ello, ante esta deriva la sociedad civil, y los historiadores que trabajan investigando y difundiendo la verdad de nuestra Historia Contemporánea (repugna el silencio de la Academia de la Historia española instalada en la endogamia, la mediocridad, la mendicidad moral y financiera y atada por los mismos herederos del fascismo) han alzado la voz denunciando la intención anti-democrática de la derecha de este país. No se puede tolerar tanta mentira, tanta indecencia y tanta negación a la justa reparación de las víctimas. Es imposible pretender construir un futuro sobre unas bases de impunidad y olvido. Sobre la doble violencia que sufren los luchadores por la democracia en este país, primero como víctimas directas del fascismo, y ahora que intentan borrarlos de la memoria colectiva y el patrimonio común, los herederos de sus verdugos.

Frente a la manipulación, la des-memoria y la indignidad, verdad histórica, anti-fascismo y democracia con mayúsculas y con todo lo que implica.

14 de Abril: Memoria, dignidad y libertad

Hoy hace 90 años que la voluntad popular de éste país torno en forma de República y hoy toda persona de bien, democrática, libertaria y con sentido critico y de respeto tiene que defender el legado (sin negar las deficiencias y errores) de aquel experimento de libertad, frente a la desmemoria del fascismo, el cainismo y traición de una Guerra Civil, el nefasto régimen franquista, el posterior pactismo que nos trajo la Transición, con su Ley de Amnistía al frente.

Centrándose propiamente en el modelo de estado, en su jefatura, en forma de Corona hereditaria, no cabe duda que pese al apoyo incondicional de tres de los cuatro principales partidos -el cuarto, Podemos, sin discutir abiertamente su legitimidad-, el apoyo de los medios de comunicación -empezando por el propio CIS que ya lleva 4 sin preguntar por la Casa Real-, y la propia regeneración con la abdicación del corrupto y vividor Juan Carlos, en su elitista y retrógrado hijo (y su tan absolutista esposa), la institución vive un constante deterioro de su imagen pública que provoca inexorablemente, las dudas en la idoneidad del modelo de estado.

Ya en 1984, Adolfo Suárez, para nada sospechoso de republicano, confirmaba en una entrevista cuyo fragmento fue silenciado hasta hace pocos años, que en el 78 no se pregunto a los españoles por la jefatura del estado en la persona de Juan Carlos Borbón, y de forma hereditaria en su familia, puesto que los sondeos que se manejaban indicaban una mayoría social a favor de la República.

La corrupción, el lobbismo para con sus intereses, la falta de credibilidad de la institución en su mensaje de servicio público, su posicionamiento en la caverna más reaccionaria del espectro político, la falta de transparencia y mucho más lamentable la falta de empatía para con los problemas de los ciudadanos (baste por ejemplo recordar la reacción de “el preparao” cuando un ciudadano le tendió escoba en la mano para ayudar a desembarrar los pueblos afectados por una riada) son sus mayores pecados.

Durante años, muchos años, la disidencia ideológica que pedía, entre otras muchas cosas, República y democracia, fue tratada con displicencia, como una nota de color en el pentagrama de lo que ha sido la España post-franquista: Turnismo entre el centro derecha liberal y la derecha nacional católica, bajo postulados del libre comercio con un Rey, impuesto por el dictador, y un primer presidente elegido por ese Rey.

Pedir República era un ejercicio de estoicismo y era claramente utilizado por el sistema, por el Régimen del 78, para dar un empaque de libertad de opinión, de prensa o de manifestación, a una deriva que en realidad era autoritaria e injustificable.

 

 

Pero con la estafa llamada crisis el chiringuito comenzó a desmoronarse. Las minorías que pedían República pasaron a movilizarse en mayor numero y ocasión. Se acompañaban de forma solidaria y mutua con las protestas de índole social (jubilados, funcionarios, estudiantes, mujeres, sectores precarizados, trabajadores en multinacionales,…). El tema catalán ponía en solfa los pactos secretos del 78, y la actitud hacia el llamamiento republicano y la decisión colectiva, se trata con autoritarismo, castigos y silencio mediático.

Es la misma crisis del sistema, la de la política-social de la España de finales del XX y principios del XXI que se viene abajo por momentos y que tiene a la monarquía como aglutinador. Existen notables intereses económicos y de poder en torno a la figura del Rey -y su familia-, ya que están garantizados en el propio pacto franquista, que garantizó Corona y Constitución en el mismo paquete. En ese paquete, no se discute, ni mucho menos se investiga o se judicializa, los desmanes de 40 años de dictadura fascista, de masacre a los disidentes y trabajadores y de notables riquezas, patrimonios y emporios personales hechos gracias a y debido a, el propio régimen franquista.

En 1931, y en 1936, había una España que luchaba por crecer y convertirse en un lugar digno donde vivir donde la libertad, la igualdad y la justicia no fueran meros eslóganes. Hoy esa España sigue existiendo y existirá porque nunca la opresión fascista terminará con las ansias democráticas y de futuro de un pueblo. Y hoy como entonces, los poderes fácticos del estado -nobleza, ejército y burguesía reaccionaria- lucharán para impedir que sus privilegios se colectivicen, o se repartan.

Hoy, por fin, tenemos a los jóvenes que han superado el silencio de la educación, no sólo concertada y religiosa, sino dolorosamente pública, de lo que es su historia reciente y se auto-organizan en referéndums para discutir el modelo de estado: Monarquía o República. Una discusión en la que hay más, mucho más, de la simple dicotomía entre un cargo elegido por votación, u ostentado por herencia, con insultantes y abusivos privilegios económicos. Es la discusión y el reconocimiento del fracaso económico y social de nuestro país, que como en los últimos tres siglos, con sus tres guerras civiles, tiene al pueblo trabajador y jornalero siendo explotado y sostenedor de aristócratas y mangantes.

La Constitiución del 31 comenzaba diciendo que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase”, para continuar en su artículo 3 con que “El Estado español no tiene religión oficial”. Más tarde, en el 6 decía “España renuncia a la guerra como instrumento de política oficial”, y recuerdo aquí la traición de los generales conjurados que habían jurado fidelidad a la República y faltaron a su palabra, algo que en cualquier ejército del mundo supondría su condena, burla y desprecio. Aquí ya sabemos lo que tenemos en “nuestros” cuarteles.

En la España plurinacional que tenemos, y que es innegable a poco que se conozca la historia, cabe recordar que la Constitución del 31 en su artículo 10 decía que “las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a la ley que determinará su régimen, funciones y la manera de elegir su órgano gestor”, siendo recogidos y aprobados tanto en el Estatut de Catalunya del 35 y en el del País Vasco.

En el artículo 25 se decía que, “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios.”. Esto finalizaba con las discriminaciones que sufría con la mujer, terminaba con los privilegios de la aristocracia y las prebendas de la iglesia católica empezando por su mantenimiento económico. Se reconocía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la separación matrimonial en igualdad de condiciones.

Ya en el artículo 44 “Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional…con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.” se ponía en tela de juicio la gran hecatombe de la economía española, la propiedad de la tierra, siempre en muy pocas y aristocráticas manos, frente a los más de dos millones de jornaleros que vivían en la extrema y miserable pobreza.

Sobra decir como nobleza, burguesía, clero y ejército se conjuraron frente a la soberanía popular, obrera y legal. Traicionaron su propio país y después de masacrarlo con decisiva ayuda del fascismo alemán e italiano, lo lastraron 40 años de oscuridad e inmundicia y ya a 40 de mentira y oprobio.

Aquella Constitución, aquella revolución pacífica obrera y libertaria que muchos celebramos hoy 14 de abril, se adelantaba más de medio siglo a lo que se conseguía en Europa a finales de siglo XX. Y sin duda, supone un modelo, mínimo exigible, para España.

Siempre se ha dicho que había más “Juancarlistas” que monárquicos, y desde luego parece ya cercano el momento en el que una amplia mayoría social clame por la defensa a su derecho a decidir el modelo de sociedad, y de estado en el que desea vivir. En ese momento, se constatará que aquí, somos más ciudadanos y ciudadanas, que súbditos, y justo en ese instante, será el ideal para recuperar la dignidad, la memoria y la libertad en España.

 

 

Esta noche es nochebuena y toca homilía real

 

El discurso del Rey, además de una película estupenda con unas interpretaciones brillantes, es en España, un género periodístico más. Es por supuesto, un momento culmen de la vida política patria. La única ocasión en la que el Jefe de Estado se digna a dirigirse a sus conciudadanos (nos llaman súbditos) y hacer un repaso somero a lo más destacado del año acorde con una visión concreta y muletillas y frases hechas que ya de tanto repetirse, no sólo es que hayan perdido su significado, sobretodo con el deterioro del significante, sino que ya emborrona la dignidad de quien escucha.

En las redacciones periodísticas de este país sobretodo de los medios pro-régimen es imprescindible seguir un guión para edulcorar la figura y sus palabras, mostrar a tono unísono la avalancha de parabienes que lanzan los dirigentes pro-sistema y callar. Callar las voces, cada vez más, de quienes estamos hartos de tanta inmoralidad. Y callar la corrupción y la hipocresía de la casa real.

A mi, a veces me parece que el discurso del Rey es el telonero de la cena familiar de nochebuena. Mejor aún. Como si la sarta de soflamas y lugares comunes del monarca fuera el breefing de los temas a tratar mientras pelamos langostinos y con disimulo profanamos el diseño modernista de las tablas de quesos y embutidos.

Y el de este año promete. Porque esta mierda de año 2020 que ha reventado las costuras de los convencionalismos sociales que teníamos han quedado claras tres cosas: la importancia capital de los servicios públicos como garantes de la democracia (sanidad, educación y servicios sociales) empezando por recuperar de la economía más salvaje todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, especialmente nuestros ancianos.; la importancia crucial de la ciencia como motor de avance del ser humano; la necesidad urgente de articular una economía social que proteja el medio ambiente y pare la degradación actual y luche contra el cambio climático.

El coronavirus ha tapado las bocas con mascarillas higiénicas pero no oculta un clamor ante la avalancha de noticias que demuestran la falsa moralidad de la monarquía. Mientras el país, y todo el mundo, está pasando una crisis que debería replantearnos la prevalencia del dinero por encima de todo, incluida la vida, la Casa Real emitía comunicados y escondía la cabeza bajo el barro cuando salían a la luz (gracias a ese periodismo que actúa como tal y no como un vasallo, y sobretodo extranjero) todas las corrupciones, comisiones y líos de faldas del Emérito (todavía hay silencio en torno a la parece ser no envidiable vida personal de los titulares en trono).

No tiene que ser fácil ponerte a escribir o casi mejor repetir lo que te han escrito, cuando vives una vida que no tiene nada que ver con la de esos millones, algunos fusilables, a los que te diriges. Porque vives rodeado de abraza-farolas, pesebrederos y compiyoguis que desconocen como se conjuga el verbo trabajar. Porque defiendes un estado de las cosas inamovible que es la única forma de mantener la vidorra que llevas, tú, tu familia y el resto de vividores. Y porque hablas a un público cautivo al que no conoces, porque te lo presentan detrás de cordones de seguridad y lejos de palacio. Si lo conocieras aunque fuera un poquito, entenderías que en esta sociedad, para convencer hay que ejemplificar, no sólo con la palabra, sino sobretodo, con los hechos.

La figura del Rey y la persona de Felipe de Borbón, no valen para presentarse ahora como un mediador o un árbitro que ponga paz y construya puentes. El 3 de octubre de 2017 dinamitó su propia versión apolítica al entrometerse en el fango del independentismo catalán para favorecer la causa centrista. Y el 15 de marzo de este año al día siguiente de que nos viéramos en un Estado de alarma, la monarquía salía por la tangente para separar al actual inquilino de la Zarzuela de las tropelías de su padre. Como si éste no las hiciera siendo Rey, y como si esa herencia envenenada no forme también parte del paquete de corona y palacio.

Por lo tanto, no hay ejemplaridad en la conducta de la familia real, y el Rey no tiene empaque para promover una serie de pactos y actuar como un “destensionador” de la situación política que se encrespa por momentos. Pero hagamos un momento un ejercicio de imaginación y pongámoslo con su traje caro, su nacimiento napolitano de colección y sus fotos familiares delante de la pantalla.

Podría hablar del modelo de estado. No con la imposición de una visión del país que no tiene nada que ver con la verdad de esa España única e indisoluble. Sino con el país que tiene hasta 4 lenguas co oficiales además del castellano. Que tiene más dialectos y realidades culturales significativas que enriquecen todo lo que somos. En definitiva, frente a la opresión a la que ya demostró fidelidad, sitemos con la libertad y con el sentido público de solucionar problemas antes que crearlos y en dejar una solución para los próximos 20 años.

Felipe VI podría dejar de llenarse la boca con la Constitución del 78 y comenzar a ejercerla para hacer una defensa pública sobre los derechos y libertades de todas y todos. Artículos hay que defienden la vivienda digna, el trabajo digno, la igualdad efectiva entre géneros o la aconfesionalidad del estado. Promover con urgencia pactos: contra la violencia machista, por la situación de la vivienda en este país; por la ciencia; por la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente; contra la corrupción y el nepotismo. Por limpiar las instituciones de fascistas sobretodo ejército, fuerzas de seguridad y judicatura.

Podía intentar acercarse a los jóvenes por ejemplo. A universidades o a donde se reúnen los riders. Podía ir a un centro de atención de inmigrantes. O escuchar por videoconferencia a sus compatriotas emigrados por la falta de oportunidades. Podía ir a escuchar las reclamaciones de los jubilados, los parados de larga duración, los agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores. Qué les sucede a quienes viven en el entorno rural. Ir e interesarse por la situación en un centro de ayuda a mujeres maltratadas. Le pitarán, abuchearán y alguien le contará a la cara la sinvergoncería de su familia y su institución. Pero eso, también va en el cargo y en la asignación millonaria que recibe cada año.

 

Pero no lo hará. ¿Sabéis por qué? Porque el deleznable estado de las cosas son causas y consecuencias del Régimen del 78, y en él está su figura, su corona y sus privilegios como una dotación presupuestaria creciente y una inviolabilidad judicial, extensible a toda la familia y como hemos ido viendo, a parte de componer un derecho medieval totalmente anacrónico es un insulto a la inteligencia y dignidad del país.

Una institución poderosamente heteropatriarcal se nos dirige esta noche con un paternalismo vomitivo, mientras que no tenemos datos filedignos del respaldo o repudia de su figura y de un modelo de estado donde no sólo se nos impide expresarnos, sino donde ni siquiera nos preguntan sobre la aceptación de la monarquía. Las pocas encuestas privadas marcan un desgaste colosal y la preferencia por un modelo republicano, mientras la oficial, la del CIS, la que pagamos todos, se niega sistemáticamente a preguntar sobre le modelo de estado no vaya a ser que apuntale el declive innegable.

Usados hasta lo pornográfico palabras como convivencia, transición o consenso no son más que epítetos que tratan de reforzar un relato. El de su propia supervivencia como monarca cimentado en una historia que es real porque le puso una corona, pero no es la realidad. No es la verdadera.

Y es que trono y corona son dos regalos envenenados más que nos colaron bajo el ruido de sables en una Transacción que dejó impune una dictadura fascista, el franquismo, que enraizó algunas de sus costumbres más execrables como la corrupción, el autoritarismo, el machismo, la xenofobia y la versión de una España que no ha sido nunca así y que no lo será. El golpismo, el revanchismo y las ínfulas de grandeza de militares trasnochados que vemos hoy en día ganaron músculo en la dictadura pero son lacras propias de la política españistaní.

La monarquía es la clave de bóveda de todo lo que supone el atado y bien atado franquista: el Régimen del 78. Si cae la familia real también caerán los privilegios de la iglesia católica. Se investigarán a todos los próceres del régimen, prohombres de la economía patria que se lucraron con trabajo esclavo y las corrupciones propias de la dictadura. Se caerá la vergüenza nacional que supone la Ley de Amnistía que blinda a los criminales de la dictadura y se podrán ya limpiar instituciones plagadas de fascistas como las fuerzas de seguridad, el ejército y los juzgados.

Esta noche durante la reunión familiar, en persona o como desgraciadamente será más habitual, por videoconferencia o teléfono, el Rey se dirige a la nación. Cuando recordamos a los seres queridos que todos hemos perdido durante esos doce meses, el monarca largará su discurso habitual de palabras huecas y contenidos vacíos. Cuando al acabar la cena, brindemos con vino o un digestivo estaremos viviendo en fraternidad con quienes más nos importa. Nos alejaremos de la crispación y el dolor que causan quienes defienden y veneran tanta indignidad, tanta inmoralidad. Muchos millones de españoles huímos de esta parafernalia, de esta homilía rodeada de fascismo. No hay mayor desprecio que no dedicar, no perder, un minuto en ellos. Mañana habrá que seguir luchando para recuperla. 

 

Feliz noche a todas y todos.

El anciano Rey desnudo

Portada de El Jueves, nº2251 del 15 de julio de 2020.

La serie de éxito de esta temporada de primavera-verano no está ni en Netflix, ni en HBO. No es un producto de las cadenas de Mierdaset o A3Mierda. De hecho se afanan en taparlo en sus informativos. La serie de verdad que supera todos los registros de ficción en tramas plenas de golfería, sinvergüencería y corrupción es la que está protagonizando muy a su pesar, el Rey emérito, Juan Carlos I, y con él toda la familia real y con actuaciones estelares de los partidos pro-regimen tratando de mantener con más o menos arcadas la supuesta dignidad de la institución.

Los medios extranjeros han olido el hedor a mierda que todo lo emponzoña en torno a la casa real y a la figura de su patriarca. Los escándalos sexuales bien callados durante años con dinero público, son el aderezo a una trama de corrupción que han convertido a los Borbones en una de las mayores riquezas del mundo, al tiempo que engañaban a la opinión pública, más o menos, monárquica o republicana, con más o menos ganas de cambiar de régimen, pero desde luego ya harta de tanto latrocinio y de que se rían tanto en su cara.

Parece probado lo que era un secreto a voces. Juan Carlos I ha llevado una contabilidad paralela a la asignación presupuestaria por su labor como Jefe del Estado, y tanto ejerciendo de titular, como de jubilado, ha llevado a cabo una labor de comisionista de altos vuelos con cada barril de petróleo que ha entrado en éste país o con cada metro de AVE a la Meca. Y siguen apareciendo más y más chanchullos investigados por la fiscalía suiza, con la británica también atenta, y con la española absorta, cuando no impedida por políticos y medios que deben pleitesía y sumisión al caradura. Incluso se hacen públicos sus tejemanejes con el yerno predilecto, el condenado Urdangarín, lo que debería llevar inequívocamente a la reapertura de toda la causa del caso Noos cerrada en falso.

Como ya he dicho en alguna ocasión existe un relato oficial que presenta a Juan Carlos I como hacedor de la democracia. Relato que está en claro deterioro ahora que se descubren lo que parecía evidente: la corrupción intrínseca del cabeza de familia y la más que probable, colaboración necesaria de su familia y de cortesanos políticos, militares, periodísticos y empresarios.

Para todo el establishment, para toda la oligarquía españistaní se hace imprescindible salvar todo ese relato y la verosimilitud con que se instale en las cabezas de los obreros votantes. Sin él, se desmonta todo el tinglado y saben perfectamente, que si el anciano monarca es cuando menos desacreditado (no confió en ver a nadie en la cárcel), la familia real depuesta y abierto un proceso constituyente para modificar la forma de estado, los siguientes en la lista son ellos.

Porque saben que tras la dictadura donde algunos se hicieron obscenamente ricos y poderosos intimando con el fascismo (corrupción, trabajo esclavo, opresión, robos, etc.) la continuidad hacia un régimen democrático sin hacer justicia, ni investigar lo sucedido, necesitaba de una gran mentira orquestada en la figura de un personaje responsable y de intachable moralidad.

Por eso ya se han tapado todos los escándalos de un depredador sexual. Por eso la prensa rosa “no entra” en palacio desde hace veinte años, no fuera a no encontrar a la Reina emérita, emigrada desde entonces a Londres. Por eso se han cerrado periódicos, programas de radio y páginas de internet que denunciaban toda la corrupción borbónica.

Porque derruida la mentira queda la verdad. Y la verdad es que “nuestra democracia” es la continuación de una dictadura militar-fascista en la que no se reparó a las víctimas. No se fiscalizó todas las tropelías. No se recuperaron los huesos de los muertos por la democracia y la libertad. Aquellos criminales fascistas de la noche a la mañana se convirtieron en demócratas de toda la vida y bajo el relato de Juan Carlos I, montaron un sistema que garantizaba los privilegios usurpados al pueblo y la permanencia del relato franquista como verdad suprema, por encima de la historia y de la justicia.

Nuestro estado sigue cubriendo ochomiles en materia de indignidad y vergüenza. Tener un estado como monarquía parlamentaria, con dos jefes de estado, el titular y el emérito, ambos bien salvaguardados por la inviolabilidad jurídica en la Constitución, un privilegio propio de la Edad Media y con el que se aferran a su trono los que no quieren que se destape la verdad y ganemos credibilidad como democracia y dignidad como pueblo.

Juan Carlos I convivió con el dictador más de veinte años. Le juró lealtad en varias ocasiones, dos de ellas en el pseudo parlamento. A la muerte del dictador ya eran conocidas por Madrid -basta con leer las biografías no autorizadas-, sus correrías de juerguista donde no faltaba el sexo con las musas del destape y las drogas. No cambió de hábitos durante el reinado y en su primera parte, mantuvo línea directa con los coroneles fascistas que afilaban sables llegando a postularse como futuro caudillo. Parece evidente su intervención como instigador en el golpe del 23F. Durante toda su vida mantuvo estrecha relación con algunos de los sátrapas más siniestros de la historia contemporánea, aceptados como monarcas como puedan ser la dinastía real saudí, de los emiratos o la marroquí (nunca intercedió por el pueblo saharuí)

Tuvo que abdicar en 2014 cuando la revolución ciudadana se estaba organizando. Antes tuvo que salir a la palestra a pedir perdón porque le pillaron cazando elefantes en Botswana con una de sus amantes, mientras el pueblo pasaba las penurias de la crisis económica y los recortes en derechos sociales del miserable Rajoy.

Ahora la parte de relato a salvar dada la abochornante mierda que está saliendo a la luz es la de situar a Felipe VI como un rey honesto y ejemplar que desconocía la vida privada de su padre. Algo que suena a pitorreo y que además intenta tomarnos por tontos a toda la ciudadanía (que no digo yo, que no haya alguno o alguna, pero vamos…).

Como si no viéramos en Felipe VI a un déspota muy vinculado a la derecha más rancia y recalcitrante del estado. Un rey distante y alejado kilómetros de la ciudadanía. Con una reina altiva, creída e incapaz de articular un mensaje que ayude a empatizar familia con institución y de paso con el pueblo llano. Metidos en su burbuja de cortesanos y pleitesías de periodistas, políticos y empresarios. De una élite que sabe que en la salud de la monarquía reside su propia salud, por encima de la justicia social y la justicia histórica que España implora y necesita.

Siguen quemándose etapas y desangrándose un régimen monárquico, el de la familia Borbón, y con él todo el estado de las cosas de la transacción. El régimen del 78 está en las últimas y sólo hay que ver que sus principales valedores son políticos de ultraderecha como Abascal, Casado, Teodoro o Page y periodistas más cerca de la defenestración profesional que de salvaguardar la ética y la verdad.

El desapego de esta gentuza con la realidad de su supuesto pueblo es inversamente proporcional al encubrimiento que se hace de su criminal actividad. No se pregunta al pueblo la aceptación de la monarquía y de Felipe VI desde hace casi 6 años. Saben que el resultado sería la puerta abierta a un plebiscito y a abrir el modelo de estado. No se puede aguantar más inmundicia. Es el momento ya de echar a toda esta familia de corruptos fascistas al mundo real, a tener que ganarse la vida, como todos los demás. España merece justicia y dignidad. Si hay que llenar las calles para que se judicialice y se sepa todo lo que ha pasado se hace.

Como banda criminal que es, que devuelvan lo robado a la Sanidad Pública, entreguen la corona y se disuelvan. España merece República.

Silenciar a los nostálgicos

Subida del salario mínimo interprofesional, pensiones subidas al IPC, sueldo de los funcionarios del estado subido, inicio del trámite para le ley del derecho a una muerte digna, ley contra la exaltación del franquismo, paralizado con política y diálogo el conflicto del campo español azuzado por las derechas, des-tensión el tema de Catalunya.

Éste es el bagaje del primer mes de gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Y no parece mal bagaje dadas las expectativas de caos y colapso que auguraban las resentidas derechitas cobardes y ultra derecha clasista a las que visto lo visto en la primera sesión de control al nuevo gobierno se han quedado con el único argumento de “Venezuela”. Sea lo que sea que signifique eso.

La agenda política la marca el gobierno desde el martes con el cambio del Consejo de Ministros de viernes al segundo día de la semana. Así evitan que durante la semana, en las tertulias de café, de trabajo, de comida se hable de lo que la oposición quiera. Este gran acierto estratégico del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tiene descolocados a sus oponentes, tanto políticos como mediáticos.

El anuncio de la intención del Gobierno de tipificar como delito la apología y exaltación del franquismo, tan criminal, corrupto, traicionaero y homicida como el nazismo alemán o el fascismo italiano, ya ha provocado las furibundas reacciones de los cuerpos del estado impregnados en esencia de tan detestable régimen. Medios, judicatura, miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado y partidos políticos herederos directos del catequismo franquista se han puesto en solfa no vayan a perder la oportunidad de cantar las alabanzas y amenazar con el golpismo como han estado acostumbrados estos 40 años largos ya de pseudo democracia ibérica.

Que esta gentuza aluda a la libertad de expresión es un chiste de mal gusto cuando hay más de 150.000 personas ejecutadas y desaparecidas en nuestro país y hubo más de 4 millones de exiliados por su forma de pensar y vivir. Pero es lo que tiene esa legitimidad auto impuesta con la Ley de Amnistía (siguiente paso, debería ser derogarla y pasar a juzgar los delitos de lesa humanidad, que por cierto, nunca prescriben) que sustentó judicialmente lo que socialmente impregno el franquismo durante tantos años en la educación, las costumbres y los criterios de la población.

A las ultra derechas de éste país no sólo les preocupan que sus rituales de exaltación fascista sean perseguidos y condenados por vía penal. Lo que más les duele es que de seguir avanzando en el camino de la Memoria Histórica, los privilegios y las usurpaciones al pueblo saldrán a la luz, se repararán y tendrán que pagar la traición a la clase trabajadora y al país al que dicen tanto adorar. Se les cae la máscara de democracia cuando los pones ante los fantasmas de un pasado caínita, violento y genocida y que ahora en el presente, muestran poniendo trabas a cualquier avance social que la población reclame, a cualquier mínimo atisbo de justicia social y a cualquier llamamiento de emancipación que los y las oprimidas lancen.

Las interesadas igualdades con el terrorismo etarra, o con el comunismo en la República o en Venezuela son el manoseo de uso y abuso de conceptos que contraponen única y exclusivamente para salvaguardar sus privilegios que vienen de un golpe fascista militar, de una guerra civil salvaje y traicionera, de una larga dictadura que implantó garantizó los modelos de corrupción y nepotismo y una democracia siempre amenazada por la repetición de la historia de un ejército, una iglesia, una nobleza y una burguesía perennes enemigos de la clase trabajadora española.

Todos hemos visto como la ley y su peso caía sin escrúpulos sobre unos chavales de Alsasua por una pelea de bar con unos Guardias Civiles envalentonados; sobre una diputada que defendía el derecho a la vivienda digna; sobre anarquistas y comunistas; sobre cantantes y letras; sobre humoristas y chistes; sobre tuiteros; sobre vecinos que defienden su barrio; sobre unos tirititeros que realizaban una sátira sobre la libertad de expresión. Y así mil casos más. Y también hemos visto como la ley resbalaba sobre el manto de la impunidad sobre los fascistas que asaltaron la librería Blanquera; sobre los asesinos de antifascistas o aficionados a un club vasco de fútbol; sobre los que salen a cazar inmigrantes y homosexuales.

Como decía Galeano, “la justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”.

Tipificar como delito la exaltación del franquismo llega tarde. Y probablemente será difícil ejecutarla, mientras exista la Ley de Amnistía. Pero es necesario y un primer paso para educar a la sociedad en democracia y poder abrir los melones que la dictadura y 40 años de silencio han dejado madurar hasta que se han podrido. España necesita una revisión de su historia y una aplicación de la justicia de manera urgente, reparando a las víctimas y condenando a los verdugos ante la historia, y también a sus privilegiados herederos, cuyos privilegios vienen de aquellas matanzas.

Una buena parte de esos herederos están en las altas instancias de la judicatura y en las asociaciones “conservadoras” fachas de la justicia. Ya han expresado su disconformidad y las dudas legales sobre tal medida. Aquí es bueno recordarles que en una democracia, la justicia, lo legal o ilegal, lo moral o inmoral, lo decide la sociedad en su conjunto. Y hay cosas que son absolutamente incomprensibles en un estado de derecho. Exaltar el fascismo en una democracia es una de ellas, quizás la más importante de todas, como nos demuestran todos nuestros países vecinos.

Desde luego existe un riesgo. Poner a la extrema derecha con la bandera de la defensa de la libertad de expresión es un juego peligroso. Mas si cabe porque ya conocemos a los medios de persuasión que trabajan para ellos. No sería la primera vez que una medida coercitiva para acabar con los abusos del fascismo, se convierta años después en un arma para atacar la disidencia desde la izquierda. Que los demócratas, socialistas y comunistas nos veamos atacados por llevar una bandera republicana, una camiseta con una hoz y un martillo o por leer a Miguel Hernández, Lorca, Barea o a la pasionaria.

Para evitarlo es evidente la necesidad de perseguir, investigar y judicializar Guerra Civil, dictadura y años de plomo dentro de la Transición. Dar las herramientas necesarias a la Ley de Memoria Histórica para acabar con la impunidad y la amnistía. Pero sobretodo hace falta mucho compromiso antifascista. En las calles, en la educación y en los medios. Para enseñar, para cultivar el sentido democrático y libertario en la población y así evitar que se dejen seducir por los cantos de sirena de los clasistas y fascistas que siempre nos han considerado, a la clase trabajadora, infrahumanos a los que explotar, aprovecharse, despreciar y asesinar.

El gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos debe de continuar en esta línea marcando el ritmo político, y dentro de ese ritmo, los que creemos en ese inmenso espacio a la izquierda de estas dos fuerzas, aprovecharnos y construir un modelo revolucionario que termine con la indignidad de la clase trabajadora.

Éste gobierno de coalición tiene incontables y enormes retos que asumir. Y el próximo sin mayor demora, debe de ser la derogación de la Ley Mordaza. También es conveniente y urgente, deshacer el entuerto de mordaza digital.

Funcionando así, se lanzaría el mensaje de permitir la disidencia, la libertad de expresión, siempre dentro de unos valores democráticos y de igualdad, no empleando la nostalgia en la apología y exaltación de la dictadura franquista que tanto dolor y tanta opresión han causado al pueblo español.

Engordar el código penal, una herramienta de opresión de la burguesía y del sistema, puede no parecer una buena idea y que se vuelva en contra de la clase trabajadora. Pero lo que ya se ha demostrado como una idea fallida es permitir que la agenda y el ruido lo marquen los nostálgicos de la dictadura franquista.

España, o mejor dicho la oligarquía de derechas, ya tiene sobrada experiencia de aplicar la brocha gorda sobre el rival ideológico, es decir la clase trabajadora o los pueblos oprimidos, y que luego venga Europa a enmendar la plana y llamar la atención sobre los abusos de poder de una juridicatura reaccionaria, siempre al servicio de un estado de las cosas anti democrático. Con la Ley Mordaza ha sido una constante. Puede pasar que la libertad de expresar alabanzas a Franco y a sus secuaces asesinos sea abalada por el Tribunal europeo de Derechos Humanos. A mi, me parece harto improbable cuando no inverosímil.

Si abrir este debate sirve para poner negro sobre blanco lo que sucedió en éste país durante el último siglo bien vale la pena. Si sirve para desenmascarar a los que hoy en un escaño, un micrófono o una columna de periódico defienden la supervivencia de valores machistas, homófobos, racistas y clasistas bien vale la pena. Si sirve para ayudar a reabrir todas las fosas comunes, todos los procesos sumarísimos, todos los delitos de odio, todas las muertes por razones de ideología, bien vale la pena. Si sirve educar en memoria, en historia y en democracia a toda la ciudadanía para que puedan interpretar libremente y componer su ideario bajo una imagen certera de la historia, bien vale la pena.