The Black Cone, First Monument to Civil Disobedience | Santiago SIERRA (Imagen estraída de ArtNow)
“Cuando
el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el
pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus
derechos y el más indispensable de sus deberes”
Inscripción
en First Monument to Civil
Disobedience (primer
monumento a la desobediencia civil) frente al Parlamento de
Reykjavick, obra de Santiago Sierra
La cita
está extraída de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1793 que posteriormente fue incluida en la Constitución
francesa del mismo año. Corrían aires de revolución francesa. Tres
años antes de que se colocara la escultura, la Policía islandesa
reprimía violentamente en ese mismo lugar una pacífica protesta
ciudadana que exigía responsabilidades a políticos y banqueros por
el caos financiero. Aquella protesta marcó el inicio de los
posteriores cambios políticos y sociales vividos en este país
nórdico. Fue la cuña de fuego que inició el deshielo.
El
pasado 1 de julio España retrocedió 40 años. El 1 de julio
entró en vigor una de las leyes más fascistas y antipopulares que
se han aprobado en estos años de impúdica transición y engañabobos
postfranquista mal llamada democracia española. Es la ya infame y
esperemos, a partir de diciembre, derogada, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. O
como la hemos conocido en los medios y en las redes, La Ley
Mordaza.
En la situación actual, en la coyuntura que estamos padeciendo existe un
miedo (el miedo está cambiando de bando) por parte del poder
de perder ese mismo poder, y el combate para evitarlo se efectúa a
través del miedo. Y una buena herramienta de miedo y la represión
es está reforma del Código Penal, que nos despoja de lo poco que
tenemos ya (ahí han trabajado para la oligarquía la educación como
dispensario de obreros y no como cuna de ciudadanos libres, y por
supuesto la televisión) de pensamiento crítico. Somos señalados y
criminalizados porque nuestro pensamiento, nuestra ideología, es
diferente a la de los que gobiernan el mundo. Es en ese punto donde
encontramos la intencionalidad política de este reglamento
insultante para una sociedad del siglo XXI, para una supuesta
democracia europea.
Entrando
un poco en materia sobre la legislación que entro en vigor el pasado
día 1 tenemos cambios sustanciales en cuanto a la aplicación de el
Código Penal.
El más importante sin duda es la implantación de la Cadena
Perpétua, junto a la
revisión de la libertad condicional que deja de contar como período
cuantificable de pena, puesto que funciona a partir de ahora como
una suspensión de la pena. Ambas normativas vienen a despojar de
reinserción al sistema penitenciario español, lo que sumado a una
población reclusa, mayoritariamente proveniente de los estratos
sociales más bajos y con el nivel de estudios más bajo de todas las
poblaciones de reclusos de la UE, convierte nuestras cárceles como
un museo vivo y real de lo que eran las cárceles de mediados de
siglo.
Además
desaparecen las faltas, convirtiendo en delito los hurtos (robos sin
violencia de menos de 400€). Más allá de poner cerco a las bandas
de carteristas que hacen sus agostos en las calles y metros de las
grandes ciudades, parece una ley ad
hoc para que los señores
Mercadona y El Corte Ingles respiren tranquilamente y puedan seguir
reclamando mayores beneficios para si mismos con los derechos
laborales o lo que se les antoje. Curiosamente, un hecho luctuoso
como el menudeo de pequeñas cantidades de droga no aparecen bajo
este epígrafe, quizás y sólo quizás porque ese tráfico se
circunscribe a los barrios obreros y barriadas marginales de la
periferia de las ciudades españolas.
Entrando
ya en la mal llamada Ley de
Seguridad Ciudadana una vez
más sale a relucir ese extraño talento del político españistaní
de legislar a golpe de telediario. Casos explotados mediáticamente
por los medios del capital, como los de “Marta del Castillo” o
los “Niños de Córdoba” entran a formar parte del cuerpo legal
del texto, incluso con descripciones en el desglose de posibles
causas que hacen que identifiquemos a la víctima según los leemos.
Lamentable, que a un texto legal, reconocido por los propios
juristas, como horrendo desde el punto de vista técnico, añadan
toda la carga moral y la presión social por execrables delitos cuyos
autores se valieron para su defensa de otras normativas y reglamentos
mediocres redactados anteriormente. Parece, que no aprendemos.
Para
seguir con la estela de tropelías a la decencia y la calidad
democrática de un estado, el nuevo marco legal aprobado con la
mayoría absolutista del
#PartidoPutrefacto plantea
la extinción como delito de la malversación (uso privado de bienes
públicos) aunque no provoque perjuicio económico, toda vez que
ahora, el culpable (demostrado ya que a este punto llegaríamos
cuando la sentencia se ha redactado a años a..) puede eludir la
prisión y las sanciones (multas o inhabilitaciones) toda vez que
devuelva lo usurpado o si colabora para descubrir redes corruptas en
las administraciones.
Han
introducido, y los medios del capital no han reparado en gastos para
promocionarlo, un delito de financiación
ilegal de partidos políticos,
añadida a la Ley de
Financiación de Partidos que
también entro en vigor el día 1. Lamentablemente todo este cuerpo
legal mantiene y favorece las condiciones con la que el
#PartidoPutrefacto monto una Caja B, o el #PPSOE un Filesa, ya que a
la ausencia de controles externos, transparentes y públicos,
mantiene los mecanismos por los que estos partidos han ido recibiendo
cantidades de dinero (asociaciones, fundaciones etc.); y además, se
sigue sin perseguir al corruptor: El empresario o persona o grupos de
personas con intereses específicos en una materia que ese partido
político va a legislar y ejecutar desde una institución o varias.
Una vez más, un efecto de maquillaje que sigue sin solucionar las
arrugas que son grietas en el cuerpo democrático de #Españistan.
Para
mayor escarnio y vergüenza nacional otra de las medidas que entraron
en vigor con los calores de julio han sido la
legalización de las Expulsiones en Caliente,
sin atender a razones de lesa humanidad, a la supervivencia de los
derechos humanos o de la misma Constitución violada que sufrimos en
esta doliente tierra. A esta directiva del ultra que tenemos por ministro del Interior ya aprobada de facto y puesta en marcha desde
abril, sólo se le puede
calificar de fascista y contraria a los derechos humanos.
Que un país, como éste, que lleva 5 años echando a sus mejores
jóvenes para que sean mano de obra barata en el Norte de Europa,
aplique una normativa que excluye los derechos de los refugiados o la
atención a los heridos en el mismo hecho migrante es bochornoso e
indigno. Pero claro, poco podíamos esperar del ministro que decidió
llenar de cuchillas las alambradas o autorizo de facto el lanzamiento
de pelotas a personas que trataban de llegar a aguas españolas a
nado. Un sin vergüenza de misa diaria; un fascista de rosario. Un
inmoral que esperemos acabe con sus huesos en la cárcel.
Y ahora
vamos al asunto en cuestión. En un contexto
de estafa económica llamada crisis, de socialización de las
pérdidas del ejercicio especulativo bancario. De recortes en
sanidad, educación o servicios sociales. Con una corrupción y redes
clienterales pudriendo todo el estado.
Y ahora con cada vez más ciudadanos y ciudadanas informándose,compartiendo, colaborando y movilizándose llega esta ley con ganas
de quedarse para amedrentar a quienes ejercen su legítimo derecho a
la protesta, a la reivindicación, la resistencia y la coherencia con
unos principios democráticos y libertarios.
La
imposición de sanciones por hechos que la ley no contempla, así
como las identificaciones masivas e indiscriminadas y la confección
de listas negras de disidentes conforman la materia prima de
cualquier dictadura. Con esos materiales se acosa y se intenta
amedrentar las protestas sociales que no se pueden domesticar y que,
por tanto, preocupan al poder real. Es decir, a los grandes
consorcios financieros, energéticos, bancarios… Esta clase de
protestas de ciudadanos insurrectos e indignados alarman a esos
grandes poderes ya que los ciudadanos comienzan a comprender que
deben unirse, organizarse y no aguantar impasibles que les roben. Por
más que el saqueo se disfrace de legalidad.
La
Ley Mordaza es la respuesta
que usando al estado dan las élites económicas y los poderes
fácticos de toda la vida para que todo siga igual. Para que ninguna
protesta afee su trabajo en eso de dar todo para unos pocos y dejar
las migajas para los demás.
Henry
David Thoreau. Ghandi. Rosa Parks. Lech Walesa. Todos ellos podrían
ser detenidos, incomunicados y condenados a pagar una suerte de
multas económicas que vienen a parar la movilización ciudadana que
desde mayo de 2011 trata de recuperar algo de dignidad para este país podrido.
Defender el derecho a la vivienda, al acceso a la información libre,
una educación pública, laica y de calidad, una sanidad universal,
un tratamiento justo y humano a los sin papeles y los que sufrimos
las consecuencias de un empleo precario, y todos quienes creemos en
una sociedad mejor más humana, solidaria y colaborativa, en
definitiva, en una democracia plena quienes vamos a tumbar esta nueva
agresión fascista del capital
La
Ley de Seguridad Ciudadana
otorga a la administración y las fuerzas de seguridad (ojo, nunca a
los jueces y la justicia) herramientas disuasorias en forma de multas
e impunidad para la violencia policial que servirán para evitar y
reprimir manifestaciones o su convocatoria (protestas frente al Congreso de los Diputados, en instalaciones de servicios básicos o
infraestructuras clave, la resistencia pacífica a la autoridad,
parar desahucios, escraches, recogidas de firmas,...). Con normativas
como las sanciones por grabar a policías o directamente la
criminalización de conductas propias y habituales en manifestaciones
como la resistencia pasiva, acudir con el rostro tapado, o compartir
y retuitear convocatorias, que terminen en disturbios, aunque uno ni
haya participado o desconozca ese resultado final. Todo ello
redactado de manera vaga y oscura abriendo el texto legal a la
utilización partidista por parte de las subdelegaciones de gobierno
y otorgando a los agentes de policía, los anti disturbios la mayoría
de las veces, a que operen como jueces, y dándoles mayor protección
y autoridad para dispensar sus brutales castigos.
Fraga en
plena dictadura dijo que la calle era suya, y Rajoy apela a la
“mayoría silenciosa” para salvaguardar cierto estado de
conformidad con lo que acontece en este país y en la Europa del
capital. Pero si algo hemos demostrado, todos estos años de lucha en
las calles, protestas e incorreccional actitud frente a los abusos del poder es que la calle es el territorio de la ciudadanía, de su
debate público de ideas y si es necesario del altavoz para el clamor
contra las políticas fascistas y neo liberales que nos llevan al
derrumbe social, ecológico y humano.
Esta ley
será derogada, o quizás antes el Tribunal Constitucional (que no
son una banda antisistema, precisamente, sino más bien un organismo
pro-sistema) la elimine por anti constitucional, pero antes, somos
nosotros quienes tenemos el verdadero poder para cambiar las cosas, y
por eso no vamos a consentir, no vamos a refrendar sus leyes con
nuestro silencio. No vamos a tolerar que nos etiqueten como
“ciudadanos dormidos” que favorecen por omisión leyes como esta,
que castiga la pobreza, la solidaridad y la protesta.
Así
me posicionó sin miedo ni temor a seguir actuando como he estado
haciendo los últimos meses, es decir, desobedeciendo activamente la
Ley Mordaza, y a clamar en todo momento #StopLeyMordaza.
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