martes, 12 de junio de 2018

La Odisea del recambio

 Nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tras su toma de posesión (foto de El Periódico)

Me pongo a escribir, casi sin ganas y seguro sin lucidez porque la ocasión lo obliga. Si sois habituales a estas líneas habréis notado el vacío en los últimos meses, pero los cambios, cuando no son deseados y no se sabe como amortiguarlos, trastocan tanto las prioridades, los tiempos…
Sin embargo, aquí me hallo y necesito escribir unas líneas sobre el acontecimiento. Sobre el fin del corrupto e inmoral gobierno del PP, de un Mariano Rajoy a quien la primera sentencia de la Gürtel, ha supuesto su capitulación final.


El “Renacido” Pedro Sánchez hoy es Presidente del Gobierno tras una moción de censura (la segunda en la legislatura y la primera que triunfa en 40 años de ¿democracia?) presentada de urgencia, por pura vergüenza tras el varapalo judicial en el que la Audiencia Nacional condenaba al PP por lucrarse por la corrupción institucionalizada durante los años de Aznar y mantenida y alentada hasta casi anteayer. En esa sentencia se fijaba como “inverosímil y falto de credibilidad” que el Presidente Rajoy no conociera los entresijos de esa contabilidad en “B”.
Pedro Sánchez ha culminado su odisea política empezada en octubre de 2016 siendo hoy Presidente del Gobierno con tan sólo 84 diputados (el peor resultado electoral de la historia para el PSOE) pero con los votos, todos imprescindibles, de nacionalistas catalanes y vascos, así como de los diputados de Unidos Podemos, quienes celebraron la victoria al grito de “Si, se puede”.
Aunque es evidente que hemos pasado de un gobierno orgullosamente fascista y ultraliberal, corrupto e inmoral que ha dejado un ambiente político irrespirable y bochornoso, el cambio no ha sido tal, sino más bien recambio, con un PSOE al que ya conocemos y que con los nombramientos de ministros y ministras confirma el no salirse del renglón del sistema tradicional, monárquico, conservador y capitalista, en el que las clases trabajadoras seguirán viviendo oprimidas y explotadas.
Esto es importante recordarlo, porque más allá de la euforia por la salida del rancio y cutre gobierno del PP, hay que tener en cuenta que hace 7 años, y aunque los líderes de la indignación institucionalizada lo hayan olvidado, en las movilizaciones del 15M las protagonizábamos potenciales votantes del PSOE, cansados del neoliberalismo con el que Zapatero hacia pagar a las clases trabajadoras las pérdidas de las élites capitalistas.
Recordemos que PP y PSOE son la misma mierda y no parece que sin presencia en las calles, las aulas y los centros de trabajo se vayan a articular políticas de cambio real que modernicen este ajado país y que acaben con la desigualdad, el capitalismo de amiguetes y la explotación abusiva del patrimonio y el medio ambiente. Unidos Podemos se sumaba sin condiciones a una moción de censura, sin contenido político, para aupar a un personaje que ya les faltó a la palabra hace dos años y dar el gobierno a un partido en sus horas más bajas y cuyo aparato, también ha sido cómplice de la corrupción del PP, así de como de la suya propia.
Con Ciudadanos renovando la imagen de la derecha y Podemos institucionalizado renovando la imagen del PSOE (y la actual Izquierda Unida que gustosamente ha comprado asiento en este juego) tenemos en marcha la reacción del sistema para parar la acción revolucionaria que en su momento se apodero de las calles, las plazas y del discurso político en éste país y en Europa.
Y en ese escenario de renovado bipartidismo cambios tangibles que mejoren al vida de la gente y la dignidad el país no se van a producir. Ni renovación del status quo impuesto por la Dictadura y que conocemos como Constitución del 78 (monarquía, impunidad de los crímenes franquistas), ni tampoco de la corriente ultraliberal que asola el mundo (políticas de austeridad, privatizaciones, conciertos, reformas laborales, leyes represivas, OTAN, etc.)
Es una utopía que Unidos Podemos a través de la política institucionalizada, sin usar los elementos de conflicto y a través de pactos con el régimen que no afectarán a los intereses capitalistas, logre mejoras reales en la vida de la clase trabajadora. De hecho, lo conseguido es mejorar la situación y futuro electoral de un PSOE, que al igual que otros hermanos suyos europeos, agonizaba tras el fiasco de la socialdemocracia sometida a los intereses financieros.
Eso sí, es necesario considerar que para que Pedro Sánchez pueda renovar su mandato con una mejor mayoría dentro de un par de años, se hace imprescindible que tome una serie de medidas que también lo son de un gobierno democrático y anti-capitalista:
  • Derogación de la Ley Mordaza.
  • Derogación del Decreto sobre Auto-consumo eléctrico y apoyo de las Energías renovables.
  • Plan de eliminación de la energía nuclear del mix energético, así como paralización de los proyectos de minería y fracking en todo el territorio estatal.
  • Reducir el IVA cultural y de los productos de higiene femenina.
  • Renovación y regeneración de RTVE, volviendo y asegurando los estándares de calidad, imparcialidad y seguridad para sus trabajadores.
  • Concreción de medidas por la igualdad real entre sexos y del fin de la violencia machista y patriarcal.
  • Lucha contra la pobreza infantil, energética y contra la desigualdad imperante.
  • Apostar decididamente por la Ciencia, la innovación y el desarrollo.
  • Subida del SMI a estándares europeos.
  • Subida de las pensiones.
  • Lucha contra la precariedad laboral que ha provocado el aumento de los accidentes de trabajo, así como la lucha contra los fenómenos del capitalismo 2.0, ya sean falsos-autónomos, economías colaborativas radicadas en paraísos fiscales, etc.
  • Poner coto a las casas de apuestas online, tanto en su publicidad, como en la rendición de cuentas y su fiscalidad. Es imprescindible atajar antes de que se agrave un problema que atañe a las clases más desfavorecidas y a la gente joven.
  • Promover un nuevo pacto en financiación autonómica.
  • Apoyo claro a la Memoria Histórica y la reparación y justicia de las víctimas franquistas. Ilegalización de las fundaciones fascistas que recuerdan y ensalzan la dictadura.
  • Sentarse con la Generalitat de Catalunya para formalizar unas relaciones normalizadas.
Unas pocas medidas imprescindibles que no atañen otras igual de vitales pero de mayor calado económico (como la regla de gasto, recuperar las tasas de empleo público en todos los ámbitos pero especialmente en la Sanidad, la Educación, los cuerpos de inspección de Hacienda o funcionarios de Justicia; las derogaciones de las reformas laborales que tantos derechos nos han robado, frenar la especulación urbanística y gentrificación de los centros de las ciudades por la profusión de pisos turísticos, atacar la despoblación, supresión del Senado o cambios en la Ley Electoral) y que le permitirían casi de manera calculada ganar las próximas elecciones. Y es que la moción de censura de Sánchez ha resultado ser una jugada maestra para descabezar a un cada día más débil PP y para desnortar a Ciudadanos que se (auto)presentaban como la única candidatura fiable.
Pero viendo el gabinete tecnócrata con el que se ha rodeado, parece evidente que Pedro Sánchez trata de llegar a las futuras elecciones en pole position sin cambiar mucho el guión exigido por las élites capitalistas. Es cierto que se ha rodeado de alguna ministra con experiencia en eso de recuperar hospitales concertados (hospitales cuyas concesionarias no han querido continuar por ser incapaces de sacarles rendimiento) y de algún ministro ilusionante (el astronauta Pedro Duque tiene la misión de cambiar la economía de este país hacia un modelo de ciencia y alto valor añadido). Pero no es menos cierto que hay otros nombramientos muy peligrosos:
Como el de Grande Marlaska como Ministro de Interior, un juez conservador, garante de que permanezcan ocultas las cloacas del Estado; la nueva ministra de economía, de cuyo puño y letra llevan saliendo los presupuestos ultraliberales de la UE y con la que se mantendrá la sintonía con Bruselas, es decir, con Merkel para mantener la economía nacional como subsidiaria de los deseos de los bancos alemanes; o como la nueva ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático que no tuvo problemas en firmar la autorización del Proyecto Castor; o como la nueva ministra de Educación decidida defensora de los programas de educación bilingües que lastran a los alumnos con menos recursos; o como Maxim Huerta, fichado como ministro de Cultura y que es una voz siempre beligerante contra la Neutralidad de la Red así como la Cultura Libre.


Ante esta situación a quienes pensamos en un mundo distinto en el que la justicia social no sea mera retórica, no nos queda otra que volver a las barricadas y las asambleas, potenciar nuevamente la movilización obrera y social, construyendo una izquierda de y para los trabajadores y por definición contraria y beligerante frente a los partidos del régimen y las élites capitalistas.


jueves, 3 de mayo de 2018

Día mundial de la Libertad de Prensa: Sin una prensa libre, no puede haber democracia



Cuando hace 22 años Naciones Unidas instauró el 3 de mayo como el Día mundial de la Libertad de Prensa lo hacía para que todas y todos tomemos conciencia del papel que juegan los medios de comunicación en la democracia; para que entendamos qué y cómo gobierne quien gobierne, la prensa es un contra-poder fundamental, que funciona como el vigilante capaz de destapar las corruptelas políticas, los abusos empresariales o el verdadero origen de los conflictos. Es el compromiso de los y las periodistas para quien le pese denunciar y ser el altavoz de quienes exigen un cambio del estado de las cosas, para mejorar, para lograr mayor libertad, mejor futuro. Y para que defendamos como sociedad también sus derechos y libertades, desde el punto de vista laboral, pero también en cuanto a la seguridad personal y al prestigio que merecen. La crisis económica y sus repercusiones, como reacción de los poderes fácticos en relación con la libertad de expresión y las agresiones contra profesionales de la información centran año a año la conmemoración.
Las dificultades económicas han castigado con dureza la profesión periodística. Después del sector de la construcción es el ámbito donde se ha registrado más destrucción de empleo. Y no es sólo eso, aprovechando la crisis se han cambiado legislaciones, empezando por la Ley Mordaza pero también las Reformas laborales que atentan claramente contra los derechos de los trabajadores. En el caso del sector de la comunicación, el efecto se transmite, como una mancha de aceite, al conjunto de la sociedad, porque la precariedad, la reducción de las condiciones laborales de los periodistas y el incremento de la dependencia de los medios respecto de los anunciantes, privados o públicos, pone en peligro derechos fundamentales como son el de la información a la que tienen derecho los ciudadanos.
El Artículo 52 del Estatuto de autonomía de Catalunya, y también en varios de los vigentes en el resto del estado español, reclama de los poderes públicos que garanticen el derecho a una información veraz y que se respete el pluralismo político por parte de todos los medios de comunicación. Y en cuanto a los medios públicos, que la información que proporcionen sea neutral.
Pero, una cosa es lo que se dice y otra es la realidad. Las patronales consideran la información no un derecho sino una mercancía. Y de su acceso o no sólo dependen las cuentas de resultados, sino también la influencia que diversos empresarios tienen en el estado de las cosas. La crisis ha supuesto, pues, una pérdida constante en las condiciones de trabajo y de empleo de los profesionales, y ninguna administración ha salido a defender el carácter público y los valores democráticos del derecho a la información.
Sólo basta con recordar los comportamientos que han tenido los poderes públicos, y sobretodo la derecha, personificada en el PP, en los casos del cierre de Canal 9 en Valencia, la casi privatización total de Telemadrid y, desde el gobierno de CiU, en Cataluña "la erosión del servicio público de la CCMA con la rebaja de la aportación económica y la inexplicada iniciativa de externalizar la venta de la publicidad".
Y todo eso sin entrar a hablar de RTVE, el ente público que día sí y día también, funciona como altavoz de las posiciones del Gobierno de Rajoy y su recua de maleantes, magnificando las noticias negativas de sus rivales políticos y guardando hasta la infamia las corruptelas y legislaciones para con los poderosos que llevan a cabo. Una burda manipulación informativa que forma parte de las recetas de quienes están destrozando el país y su sociedad para el beneficio de unos pocos.
Llegados a este punto no me quiero olvidar de la seguridad de los profesionales de la información. Es fundamental, básico, reconocer, alabar y desde nuestra posición defender el trabajo y dedicación de miles de periodistas que desempeñan su trabajo en zonas de conflicto como pueda ser Siria, Yemen o África. Y por supuesto quienes nos traen la actualidad y situación de los millares de emigrantes y refugiados que tratan de llegar a Occidente, engordando las arcas de las mafias y las listas de muertos y desaparecidos en el Mediterráneo mientras las autoridades ultra liberales y fascistas europeas miran para otro lado.
En el año 2013 fueron asesinados 75 periodistas, 177 fueron encarcelados y 87 fueron secuestrados. Esta última cifra supone un aumento del 129% respecto del año anterior, según Reporteros Sin Fronteras.
Así con todo y centrándonos en este ajado país, en España no se disfruta de libertad de prensa. No lo hace. Otra cosa bien distinta es que las y los periodistas continúen desafiando al poder político y empresarial realizando su trabajo, pese a las amenazas, a la intimidación, a la represión y las multas.
El PP de Rajoy ha conseguido que, como sucede con la corrupción, los ataques a la libertad de prensa sean ya un problema estructural de todas las Administraciones Públicas, desde Ayuntamientos, a Diputaciones o Gobiernos Autonómicos. Cual caciques en un cortijo, los gobernantes se creen con el derecho de gestionar la información pública a su libre albedrío, en lugar hacer de la Administración un edificio de cristal en el que, no sólo la prensa, sino cualquier ciudadano pueda acceder a datos básicos como unos presupuestos o los costes de una servicio público.
Lo acabamos de ver con la actitud con la que la corrupta, fascista y mentirosa de Cristina Cifuentes ha tratado al eldiario.es cuando éste, gracias a un trabajo periodístico de primer orden denunció sus graves corruptelas en una Universidad pública. Les amenazó con una querella tratando de silenciarles, mientras se dedicaba a mentir en sede parlamentaria y al final dimitió no porque un medio contrario demostrará con periodismo su corrupción en una institución de todas y todos, sino por la publicación en un medio “amigo” de un video gestionado de forma mafiosa, en el que se demostraba como robaba en un establecimiento privado.
Por todo esto, debemos como sociedad ser mucho más sensible ante el estado de unos pilares fundamentales de una democracia. Un periodismo libre, seguro tanto en materia económica, como de garantías universales es una herramienta básica para construir una sociedad justa y libre. Y tenemos que ser beligerantes con las agresiones que reciben las y los periodistas y sus medios.


jueves, 19 de abril de 2018

Porque NO a las casillas de la Iglesia y de fines sociales


 Imagen extraída de aquí.

Nos encontramos a un par de semanas del inicio formal de la Campaña de la Renta 2017, donde los ciudadanos de a pie, los curritos, es decir, la clase trabajadora, se pondrá al día con el fisco. Pasaremos por caja en la mayoría de los casos como muestra una vez más, de que el trabajo, la economía real y efectiva, lo que se genera y produce gracias al sudor de la frente del obrero y la obrera -y también del riesgo corrido por algunos empresarios- tiene todas las zancadillas, mientras se pasan de puntillas con los beneficios que otorga la especulación y la ingeniería financiera. Eso si, si logran pillarlos, porque las cuantías golosas se guardan en paraísos fiscales, mientras el que debería vigilar mira para otro lado y sigue sin dar las herramientas necesarias, en personal y medios, a los inspectores que con honradez y sentido del estado desean hacer su trabajo.
La Campaña de la Renta en “nuestro” país se caracteriza por una ausencia casi total de recursos de participación y decisión de los contribuyentes para que estos destinen parte (o la totalidad) de sus impuestos a causas concretas como pudieran ser la investigación, la sanidad, la educación, la cultura o el deporte.
Aunque no son muchos los países que registran estas cláusulas en las declaraciones de impuestos de sus ciudadanos, si que existen ejemplos a los que como sociedad deberíamos prestar atención, como en Suecia, Canadá, Holanda, Francia, Estonia o Nueva Zelanda.
Evidentemente hay ciertos gastos como en materia de defensa y mantenimiento de instituciones políticas -es decir, sueldos de políticos y sus asistentes, así como sus privilegios- que deben de poder sufragarse y que son altamente impopulares, por lo que habría cierta cantidad de lo recaudado sujeta a la discreción del gobernante para poder dotar económicamente estas partidas cuestionables, pero que vamos a suponer de partida, necesarias para el mantenimiento del estado y del bienestar de sus habitantes. Esto en una teoría básica sin mayores distinciones, y sin entrar tampoco a valorar, la ideología y sentido de los gobernantes y las mayorías parlamentarias que lo sustentan, que podrían decidir aumentar o disminuir tales partidas para sufragar otro tipo de gastos de índole social y participativa.
Sin embargo en España, como decía anteriormente tenemos que hablar de una ausencia casi total ya que mientras todavía hoy, y pese a las campañas y alegatos pidiendo su inclusión es imposible destinar una parte de nuestros impuestos a por ejemplo la investigación y el desarrollo o a la proliferación de la cultura, si que existen dos apéndices en los que asignar a conciencia parte de nuestros impuestos, así como de la devolución que Hacienda nos hace en caso de haber aportado más de lo que nos corresponde: La casilla de la Iglesia y la casilla de los fines sociales.
La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es injusta e insolidaria. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente, es decir que “todos pagamos” aun sin tener voluntad para ello. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, debe estar financiado por sus fieles. Más si cabe cuando hablamos de la acofensionalidad del Estado, recogida en la según interese sacro santa Constitución. Por otro lado, las necesidades sociales, no deben ser voluntad del contribuyente o establecidas por las organizaciones sociales, sino que han de formar parte de las políticas del Estado, en función del interés general.
Las creencias se las han de pagar quien las tenga y la Iglesia buscar los fondos entre sus fieles. Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida reclama al Gobierno que derogue los acuerdos con el Vaticano, por “vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado” que viene a amparar “la financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo”.
Mientras aumenta la pobreza y se privatizan los servicios públicos, el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales, lo que supone más del 1% del PIB, para el sustento del culto y el clero, mantener diócesis, seminarios, realizar manifestaciones políticas partidarias, lanzar campañas de discriminación y segregación en razón del género, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre elección de la orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la muerte digna; incluso para financiar cadenas de televisión privadas, como 13TV.
Exenciones fiscales en el IBI valoradas en 3.000 millones al año (sin olvidar el negocio que la Iglesia Católica Española hace con los bienes inmuebles que adquiere gracias al privilegio para inmatricularlos otorgado por el Gobierno de Aznar en 1997), 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia (patrimonio que la Iglesia gestiona, cobra al visitante y se desentiende de su mantenimiento y restauración que corre a cargo de los presupuestos de todos). El Congreso ya ha exigido en varias ocasiones al Tribunal de Cuentas la fiscalización del dinero que la Iglesia, después de que el tribunal haya rechazado hacerlo con los votos del PP.
Desde la firma del Concordato en 1953 entre los fascistas de Franco y el Papa Pio XII bajo los principios del nacional-catolicismo imperante seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría. Desde entonces y siempre, siguen perpetuando sus privilegios.
Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las casillas del IRPF, ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la discriminación que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”.
La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión Católica, discriminando otras creencias distintas, por lo que se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 de la Constitución, que reconoce que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión… “. El Estado no se debe convertirse en recaudador de organizaciones privadas, además de que la asignación que se lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente o promoción del empleo.
Por otro lado la casilla para “otros fines de interés social”, también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de explicar y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su existencia está basado en un engaño; una gran coartada para introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF; además una parte considerable de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia, como por ejemplo Cáritas, por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo pero no a costa de la hucha común. En todo caso, los “fines de interés social”, no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en función del interés general.
El artículo 16.3 de la Constitución establece que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. De otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1, establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa“.
Ambos documentos están en vigor constituyendo una grave contradicción. Mientras por un lado se consensuó y aprobó una Constitución votada (ya hace casi 40 años) que recogía el sentir de una sociedad católica pero en la que se incluían fuerzas y sentimientos cercanos al laicismo o cuando menos la aconfesionalidad, el otro es una firma entre dos estados (sin la rubrica de la población como ya exigía la Constitución aprobada un año antes) para salvaguardar los bienes y el poder de intervención de la Iglesia en la vida pública.
Hoy en día, cuando el porcentaje de la población que no votó en 1978 se acerca al 70% y quienes muestran su ateísmo o cuando menos su desafección de la Iglesia católica, es preciso explicar qué supone marcar una casilla u otra en nuestras declaraciones de impuestos. También es necesario explicar que se hace con el dinero recaudado. ¿Por qué se destinan cantidades para comprar armamento y no para investigar en la lucha contra el cáncer o las enfermedades degenerativas o raras? ¿Por qué mantener ingentes cantidades de asesores sin oficio ni beneficio de partidos políticos corruptos y amorales y no mejorar el sistema público de pensiones? ¿Por qué asignar a discreción dinero para la tauromaquía y no para el sostenimiento de la cultura o su promoción en las zonas rurales?
¿Por qué mantener la atroz maquinaria de un ente privado como es la Iglesia católica y no destinar todo ese dinero a erradicar la pobreza y la desigualdad social que se están agudizando día a día en este país?
Por todo esto es necesario pensar muy bien qué hacer con nuestros impuestos, así como también estar alerta e investigar y fiscalizar qué hacen con ellos una vez que están recaudados y convertidos en Presupuestos. Si queremos mantener su estatus y el nivel de vida de la codiciosa y medieval iglesia católica o queremos progresar y convertirnos en un país moderno, necesariamente laico, donde se pueda vivir mejor sin sufrir las tergiversaciones e intromisiones de quienes nos quieren atados al palo o directamente erradicados.
Ya sea rellenando cada declaración de impuestos, en las calles o defendiendo la aconfesionalidad del Estado, así como la laicidad de la sociedad, es el momento de implicarse y cambiar las cosas.






miércoles, 18 de abril de 2018

El puto amo: Robert Lee Ermey



El pasado domingo 15 de abril fallecía a causa de una neumonía el actor estadounidense Robert Lee Ermey. Escribo estas pocas líneas para homenajear a un hombre hecho así mismo, que no se cansó de interpretar -de aquella manera- a tipos duros, como colosal secundario, casi siempre militares. Pero que tampoco se cansó de denunciar en no pocas ocasiones la deriva militarista, intervencionista de los Estados Unidos en el mundo, así como el abandono y el estado de los veteranos cuando vuelven de esas guerras y son olvidados por la sociedad y el estado que se presupone marcharon a defender.
Nacido en el estado de Kansas en 1944, Ermey tuvo que alistarse en 1961 por mandato de un juez, cansado ya de verle ante el tribunal por su actitud díscola y gamberra. Allí no sólo enderezó su vida dentro del Ejército donde pasó a ser instructor de combate y de pelotón durante dos años, antes de marchar a la Guerra de Vietnam, así como pasar dos períodos de servicio en el enclave de Okinawa donde ya había adquirido el grado de Sargento Jefe de pelotón.
Licenciado por razones médicas en 1972, Ermey pasó a trabajar en Hollywood como consultor militar y como preparador de interpretaciones de combate y de vida militar, poniéndose delante de la cámara en alguna ocasión como en Apocalypse Now, donde interpretaba al piloto de uno de los helicópteros de la colosal obra de Francis Ford Coppola.
Ya en ese momento Robert Lee Ermey era conocido en el mundillo del cine por contar sus peculiares anécdotas, tanto de su gamberra juventud, como de su redención en el cuartel, así como de hechos que vivió en el frente, o su idea sobre lo que fue la Guerra de Vietnam. Y también se hicieron célebres sus primeras denuncias sobre el abandono que tenían los veteranos de la Guerra de Vietnam y la situación en la que vivían, muchas veces sufriendo episodios psicóticos surgidos por el síndrome de estrés postraumático.
Así llegó hasta 1987 donde colaborando con Kubrick en la preparación de La Chaqueta Metálica (The Full Metal Jacket), Ermey saltó a la fama. Allí convenció al fetichista director de su valía interpretativa, cuando aleccionando al actor elegido en primera instancia para el papel del Sargento de Instrucción Hartman, le “decía quince minutos de obscenidades sin parar ni repetir dos veces la misma palabra”.
Kubrick le concedió el papel y la película fue todo un éxito entre otras cosas porque pasaba a ser una denuncia de la Guerra, y de la política estadounidense, tanto interna como externa. Y la interpretación de Ermey le aupó unas excepcionales criticas que se tradujeron en una nominación a los Globos de Oro como mejor actor de reparto, que finalmente se llevaría Sean Connery por Los Intocables.
Desde entonces y hasta su muerte, Robert Lee Ermey compaginó papeles en películas menores (hasta 70) con colaboraciones muy especiales y celebradas como cuando presto su voz en Toy Story, así como también con actos y denuncias por el militarismo excesivo que su país destila y el olvido interesado de los veteranos de guerra.
Siendo ya condecorado como Sargento de Artillería, no dudo realizar alegatos pidiendo un mayor control de las armas para la población civil, así como encabezó la manifestaciones por la mejora de las condiciones de vida de los veteranos de guerra (tanto Vietnam, como de la primera y segunda de Irak).
Un hombre que apetece recordar y dedicarle unos minutos porque se mantuvo integro y nos dio algunos de los mejores momentos de la historia del cine.