Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino

Como cada 29 de noviembre, desde 1977, hoy se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino.

Nos podemos preguntar cómo empezó todo. Esto, lo de cada día en Gaza, se inició hace mucho tiempo. Comenzó con los pogromos, las persecuciones racistas de judíos primero en Rusia (tanto zarista, como comunista) y después en Europa. Comenzó con el antisemitismo europeo, con el nazismo, con el genocidio contra los judíos y con la posterior decisión de Europa, motivada por la culpa de lo ocurrido, de apoyar y fomentar el sionismo -surgido en el siglo XIX- y la masiva emigración judía a Palestina.

Comenzó cuando el protectorado británico de Palestina miraba hacia otro lado mientras los judíos se organizaban en bandas armadas que cometieron atentados terroristas, matando a gente, contra objetivos británicos y árabes.

El 19 de noviembre de 1947 la ONU, motivada por la responsabilidad, la culpa europea del horror contra los judíos y las presiones de los grupos adinerados y oligarcas de Estados Unidos y Gran Bretaña de ascendencia judía, aprobó un plan de partición que asignó el 54% de la Palestina del mandato británico a la comunidad judía (llegada la mayoría tras el Holocausto) y el resto, a los palestinos. Jerusalén quedaba como enclave internacional, lugar seguro y neutral.

En los primeros meses de 1948 las fuerzas armadas judías clandestinas -escribo judías porque así se autodenominaban, y aún no se había declarado la independencia de Israel- elaboraron el Plan Dalet, cuyo fin era, entre otras cosas, hacerse con el control de la vía que unía Jerusalén con Tel Aviv, una zona que no figuraba como futuro territorio israelí en el plan de partición de la ONU. De ese modo expulsaron a miles de personas y asesinaron a cientos. Es decir, ya hubo entonces un plan de limpieza étnica.

Después, cuando los países árabes vecinos declararon la guerra a Israel tras su nacimiento en mayo de 1948, las fuerzas armadas israelíes aprovecharon para ocupar más tierras y expulsar a cientos de miles de palestinos. De ese modo Israel pasó a tener un 78% del territorio (posteriormente, en 1967 Israel ocuparía el 22% restante: Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este).

Tras la guerra del 48, muchos palestinos intentaron regresar a sus casas, pero las tropas israelíes se lo impidieron, a pesar de que en diciembre de 1948 Naciones Unidas aprobó la resolución 194, incumplida hasta hoy, confirmada en repetidas ocasiones y ratificada en la resolución 3236 de 1974, que establecía el derecho de los refugiados a regresar a sus hogares o a recibir indemnizaciones.

Solo pudieron permanecer dentro de Israel, en muchos casos como desplazados, unos 150.000 palestinos, el 15% de la población, que en 1952 accedieron a la ciudadanía. Son los llamados árabes israelíes.

Así tenemos hoy y tras 70 años de ocupación y atropellos sionistas e hipocresía y permisividad con ellos, de la comunidad occidental -dependiente en gran medida de los depósitos financieros y grandes capitales movidos por la élite judía desde el advenimiento de la Revolución Industrial en el siglo XIX- a Gaza, una zona decidida en el 48 como lugar de residencia estable y reconocida de los palestinos, como un inmenso campo de refugiados, donde los palestinos son presos en su propio país completando la ignominia. Así, se constituyó, según historiadores israelíes como Ilan Pappé, una limpieza étnica, con el objetivo de levantar un Estado de mayoría judía. Incluso el historiador israelí sionista Benny Morris, ha escrito que “con la suficiente perspectiva resulta evidente que lo que se produjo en Palestina en 1948 fue una suerte de limpieza étnica perpetrada por los judíos en las zonas árabes”.

Los palestinos de Gaza viven hacinados, castigados, limitados. Israel controla qué productos y personas acceden a la Franja y prohíbe la entrada de materiales fundamentales (medicinas, cereal, combustible, equipamientos médicos y educativos, etc.). Practica un castigo colectivo.

Esto, lo que está pasando en Gaza, se inició hace 66 años, cuando se optó por una concepción de Israel como un Estado judío con mayoría judía. Para mantener esa mayoría Israel practica la ocupación, aparta y discrimina a los palestinos y, de vez en cuando, lleva a cabo operaciones militares que matan a cientos o miles y provocan el desplazamiento de miles más.

El Estado israelí, para ser fiel a su autodefinición -Estado judío- excluye el concepto de ciudadanía universal. Si aceptara como ciudadanos a los palestinos de Gaza y Cisjordania -territorios que controla u ocupa- su concepción como Estado judío estaría en peligro, ya que la población judía dejaría de ser la mayoritaria.

La elevada natalidad entre los palestinos es una de las preocupaciones principales de Israel. Lo llaman la cuestión demográfica. Ya hoy los judíos dentro de la llamada Línea Verde -las fronteras de antes del 67- conforman el 70% de la población, y se calcula que dentro de veinte años podrían ser el 50%.

Israel se opone a la creación de un Estado palestino pero también se niega a conceder derechos plenos y ciudadanía a los palestinos de Gaza y Cisjordania, porque si lo hiciera, estaría renunciando a su carácter judío como Estado. Es decir, a lo que algunos historiadores y politólogos llaman etnocracia.

Como subrayaba el israelí Sergio Yahni, integrante del Alternative Information Center:

“Israel solo puede ser un Estado judío si mantiene la supremacía demográfica o legal de la población judía, pero para ello tiene o que llevar a cabo una nueva limpieza étnica, como la de 1948, o practicar la segregación étnica legalizada, es decir, el apartheid. Mientras Israel no asuma una verdadera transformación democrática, no viviremos en paz y seguirá la represión”. ( "El hombre mojado no teme la lluvia", Ed.Debate, 2009).

Legalización con un propósito

Para que Israel pudiera ser un Estado judío, el gobierno del primer ministro David Ben Gurion organizó la recolonización de las tierras y distribuyó los bienes inmuebles que llamaron “abandonados”. Para ello se aprobó en 1950 la Ley de los Bienes Ausentes, que gestionó el traspaso a manos judías de las casas de los palestinos, no solo de los que se habían ido fuera de las fronteras israelíes, sino también de aquellos que habían sido reubicados dentro del Estado israelí.

También se aprobaron otras leyes que prohibieron la venta o transferencia de tierras para garantizar que no cayeran en manos palestinas, y que permitían decretar la expropiación de bienes por interés público o declarar una superficie como “zona militar cerrada”, lo que impedía a los propietarios de la misma reclamarla como suya. De ese modo, 64.000 viviendas de palestinos ya habían pasado a manos judías en 1958.

Otra de las leyes fundamentales y una de las más controvertidas es la Ley del Retorno, que confirma esa insistencia en el carácter judío del Estado a través de la concesión de privilegios a los judíos. Esta ley concede el derecho a la ciudadanía de todos los judíos del mundo, de los hijos, nietos y cónyuges de los judíos, así como de quienes se conviertan al judaísmo. Sin embargo, no incluye a los judíos de nacimiento convertidos a otra religión y de hecho se ha denegado la ciudadanía a varios judíos convertidos al cristianismo.

La polémica en torno a esta ley reside en que Israel no permite regresar a su hogar a los palestinos expulsados ni a sus descendientes. Pero, por poner un ejemplo, un sueco que se convierta al judaísmo sí tiene derecho a residir en Israel y a obtener la ciudadanía. Además, es probable que pudiera acceder a ayudas económicas del Estado para financiar estudios o adaptación a su nuevo hogar.

En 2003 se construyó un escalón más en esta política exclusivista con la aprobación de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, que indica que los palestinos de Cisjordania o Gaza menores de 35 años y las palestinas de Cisjordania o Gaza menores de 25 años no podrán residir en territorio israelí aunque se casen con un/a israelí. Sin embargo, si cualquier europeo contrae matrimonio con un ciudadano israelí tendrá derecho tanto a la residencia como a la ciudadanía.

La ocupación

La ocupación es la esencia del Estado israelí tal y como se concibe a sí mismo a día de hoy. Los colonos conforman una especie de ejército israelí paralelo al oficial, ya que ejercen una función paramilitar, la de invadir y ocupar, motivados por razones políticas, religiosas y también económicas, ya que el Estado concede préstamos y subvenciones a aquellos judíos que se instalan en la tierra de los palestinos.

En el territorio palestino de Cisjordania viven 450.000 colonos judíos, con una población total de más de dos millones de habitantes. Las colonias judías consumen un promedio de 620 metros cúbicos de agua por persona al año frente a los menos de 100 metros cúbicos de los palestinos. Esto sucede porque los asentamientos se apropian de parte de los acuíferos y de las áreas con más reservas.

Los colonos pueden llevar armas. Además, sus asentamientos están protegidos por el Ejército israelí, que de este modo legitima la ocupación. Es el propio Estado el que administra los terrenos de Cisjordania.

A través de las colonias, Cisjordania se ha convertido en una zona acantonada, sin continuidad territorial, donde los pueblos y ciudades palestinos están desconectados entre sí, convertidos en islotes rodeados por controles militares israelíes y por asentamientos judíos. Un Estado palestino con esta Cisjordania actual no contaría con conexión territorial y tendría tantas fronteras como colonias hay.

Exclusión y discriminación

Para controlar a la población palestina, Israel limita sus movimientos, lleva a cabo arrestos arbitrarios, aplica la llamada ley de detención administrativa, que permite mantener encarcelado a un palestino sin cargos ni juicio hasta al menos dos años, impide a los palestinos salir de su localidad o les obliga a esperar horas para hacerlo, les niega servicios públicos fundamentales, les prohíbe construir viviendas y de hecho destruye algunas de sus casas, con la excusa de que no cuentan con permisos de construcción que se les deniegan de forma sistemática.

En la práctica aplica un apartheid y se guía por la Ley del Talión. Si alguien mata a un israelí, es el propio Estado el que se encarga de la venganza, derribando la casa de la familia del presunto culpable, torturándole a él, a sus amigos o familiares, o impulsando una ofensiva militar en su barrio o en otro, como la actual contra Gaza. Al contrario de lo que debería ser la actuación de un Estado democrático, Israel opta por la venganza en vez de por la vía judicial.

Otro Israel, otra Palestina son posibles

Ante toda esta "legalidad" de hechos consumados, Estados Unidos o la Unión Europea, se limitan a murmurar tibias condenas que son sólo simple tinta sobre papel, porque mientras las emiten, por otro lado mantienen a Israel como socio comercial preferente, vendiéndole armas y le brindan apoyo diplomático y estratégico. Nuestros gobiernos son así, co-responsables -desde hace décadas- del destino de palestinos e israelíes.

Y mientras esto sucede, Hamás y Al Fatah anuncian una reconciliación y un acuerdo para un gobierno de unidad nacional, algo que Israel y el sionismo no puede permitirse, por lo que desde 2014 inicio otra escalada de la mano dura para azuzar las disputas entre las facciones de la representación política palestina, buscando así una radicalización que acompaña con la permisividad con sus propios radicales: ultraortodoxos y extremistas israelíes que ya no sólo capturan, apalizan, violan y matan a palestinos sino que ya agreden a israelíes que se manifiestan en favor de la convivencia y la paz entre árabes y judíos.

Cada día que pasa los palestinos son reducidos a números. Al olvido. Son recubiertos bajo una perversa sospecha por el mero hecho de ser palestinos y de vivir en un asentamiento que es un campo de refugiados en su propio país. "Algo habrán hecho" o "algo harán" son los juicios que toleran esta represión, esta indignidad con un pueblo sin distinción de hombres y mujeres, ancianos y niños, agricultores o médicos.

Esta horrible clasificación de los seres humanos compone un retrato del racismo más típico, y a la vez, terriblemente exitoso. Y quien impone las etiquetas y quien decide sobre los robos y violaciones para con los Palestinos y la legalidad internacional es el mismo quien se erigió como árbitro. La parte interesada en soliviantar un estado de las cosas que niega la libertad, oprime la paz y alimenta una industria de la guerra de la que no pocos se lucran aquí, en "nuestras democracias".

Solidaridad con el Pueblo Palestino. Con los millones de refugiados. Y condena y repulsa contra la ocupación militar, el genocidio continuado y la presión que el estado sionista infringe a Palestina, y de la hipocresía y equidistancia de la comunidad internacional que lo permite, mirando para otro lado.

Exigencia de cumplimiento de la legalidad internacional, de los Derechos Humanos, así como para terminar con el apoyo disimulado y efectivo de "nuestros" gobiernos con la opresión del gobierno sionista y sus intereses económicos en la Guerra.