jueves, 11 de mayo de 2017

Reducción de la jornada laboral: Una quimera necesaria


Desde la implantación de la Revolución Industrial y con los primeros avances tecnológicos siempre el trabajador, la clase obrera, ha mirado con recelo, cuando no con miedo los avances en robotización y la inteligencia artificial a los que considera agentes de intervención con los que es imposible competir a la hora de optar a un puesto de trabajo.
Tal sentimiento aunque quizás soterrado en los ingenios de la neo-lengua, ha permanecido indeleble en el alma del obrero y perturbando en no pocas ocasiones sus previsiones y ansías de futuro.
Por supuesto, no fue una excepción la crisis (estafa) económica de 2008 y en la actual fase de desarrollo, de fingida recuperación económica cuando no un nuevo engaño, los números avalan la realidad de un problema social que empieza a cuestionar seriamente el estado de la producción económica y la ocupación social de los seres humanos. Baste como ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde desde el crack de 2008, los trabajos creados son mayoritariamente en el sector servicios y el comercio, siendo puestos mal remunerados, precarios y con extrema inestabilidad temporal.
En este contexto, se hace necesario con más ahínco aún si cabe, retomar el discusión la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias (30 semanales). Si es cierto que disminuye el volumen de trabajo a realizar, tanto por factores estructurales de largo plazo –porque la automatización creciente de los procesos productivos hace que se pueda producir lo mismo con menos tiempo de trabajo humano– como por razones más coyunturales pero igual de poderosas –el crecimiento débil que parecería haber llegado para quedarse en las economías más ricas– ¿por qué no repartir el trabajo social entre todas las manos disponibles?
Por mucho empeño que la economía mainstream, los medios de comunicación de masas y los “expertos”, haya puesto en los últimos 150 años en tratar de refutar a Karl Marx y a economistas clásicos como David Ricardo y Adam Smith que reconocían en el trabajo la fuente única del valor –y por lo tanto de la ganancia– a la hora de la verdad los dueños de los medios de producción y sus gerentes saben que cada segundo cuenta. Obtener más trabajo por el salario que se paga es una de las claves para incrementar la tasa de rentabilidad.
No sorprende entonces que a pesar de las posibilidades técnicas planteadas por el incremento de la productividad, en el siglo XXI se trabaje tanto –o más– que en el siglo XX. Por tomar un ejemplo, en los EE. UU. la productividad se duplicó entre 1979 y 2016 según el U.S. Bureau of Labor Statistics (y se triplicó desde 1957). Sin embargo, si al comienzo de este período las horas trabajadas a la semana en la ocupación principal en los EE. UU. eran de 37,8, en 2016 fueron de 38,6. Se trabaja más, y no menos, que hace 40 años.
La situación no es muy distinta en otros países del llamado primer mundo. En Francia, que en el 2000 introdujo la semana corta de 35 horas laborales, estas ya casi no se aplican, entre horas extras y días de vacaciones. El ataque comenzó tempranamente, en 2003 con la ley Fillon (por el entonces ministro François Fillon, hoy derrotado de la derecha bipartidista en las elecciones presidenciales), que cambió las horas extraordinarias aceptadas desde 130 a 200 al año, y mantuvo la posibilidad de que las empresas impongan horas extras. En 2015-2016 la ley Macron (ahora Presidente electo de la República tras estas elecciones) estableció la obligación de trabajar el domingo en el comercio, igualó el trabajo nocturno con el trabajo por la tarde (es decir eliminó complementos salariales de nocturnidad y jornada intensiva) y extendió el tiempo de la jornada laboral hasta 12 horas diarias y 60 semanales. La decisión posterior del Senado para re-introducir las 39 horas en lugar de 35, fue un paso más en el camino de avalar la eliminación de todas las barreras legales a la libertad de los empresarios para explotar el trabajo. Según Eurostat en Francia trabajan 40,5 horas a la semana. Fillon planteaba antes de las elecciones pasar a 39 horas semanales, pero pagar solo 37, “para ganar competitividad”.
En Alemania, apelando al chantaje de la deslocalización del trabajo hacia el Este, Siemens impuso en abril de 2004 a los trabajadores de la fábrica en Bocholt un acuerdo que se consideró “una ruptura de época en la historia económica de la República Federal”: el regreso de 35 a 40 horas sin ningún tipo de aumento de los salarios. En el mismo año Opel obligó a los trabajadores y al sindicato a acordar una semana de trabajo de 47 horas a cambio de una promesa –incumplida– de no despedir. Las estadísticas hablan por sí solas: en Alemania la proporción de trabajadores de sexo masculino que trabajan entre 35 y 39 horas ha caído de 55 % en 1995 al 24,5 % en 2015; la proporción de los que trabajan 40 horas o más aumentó en el mismo período del 41 % a 64 %. Tomando el total de trabajadores, hombres y mujeres, el primer rango cayó de 45 % a 20,8 %, mientras el segundo ascendió de 32,7 % a 46 %.
Sin embargo y con todo, las relaciones laborales actuales se ajustan a las necesidades de las empresas que apuntan hacia una mayor flexibilidad, entendida esta siempre como menos derechos para los trabajadores y menos obligaciones para los empleadores. Hoy, una de las principales impugnaciones a la tradicional jornada de 8 horas viene por parte de las propias empresas. Y no precisamente porque busquen liberar a los asalariados de la pesada carga del trabajo.
Más aún, es la propia relación salarial lo que se reformula: empresas como Uber construyen grandes emporios contando con una plantilla laboral mínima, mientras el servicio que define a la empresa es llevado a cabo por trabajadores “independientes”. Esto, que ha dado en llamarse la “economía gig”, viene acompañado de nuevas técnicas de persuasión o coacción para arrancar más trabajo de estos trabajadores independientes. “Les mostramos a los conductores áreas de alta demanda o los incentivamos para que conduzcan más”, admite un portavoz de Uber. En el caso de Amazon, una investigación de la BBC mostró que los conductores encargados de su reparto, en Gran Bretaña, estaban forzados a trabajar 11 horas o más, e incluso hacer sus necesidades dentro de sus vehículos para poder cumplir con las exigentes metas de entregas de la compañía, que podían llegar hasta 200 paquetes diarios. Incluso así, a pesar de lograrlo, en muchos casos apenas cubrían el equivalente a un salario mínimo, ya que debían hacerse cargo de los costos de alquiler del vehículo (o mantenimiento si era propio) y seguro. Sí, es la misma Amazon que inauguró un local sin personal en Seattle, mostrando el rostro real de la virtualización de la economía y de las relaciones humanas: el de la economía “gig” como un salto más en la extensión del “precariado”. ¿Qué tienen en común un caso y el otro, y los de muchísimas empresas similares en todo el mundo? Que sus “colaboradores” son contratistas independientes, que carecen por tanto de la mayoría de las protecciones asociadas con el empleo.
Para ello se ha hecho necesaria además del desmantelamiento del asociacionismo sindical, entendido éste de forma horizontal, revolucionaria, vigilante y defensor de las condiciones laborales desde lo local hasta lo global, la conveniencia de los gobiernos y de las entidades económicas supranacionales. La ola de conservadurismo y neoliberalismo económico motivo a base de des-regularizaciones de la economía, una hiper financiarización de la misma, que ayudó a hinchar las burbujas de entre cambio de siglo que explotaron en 2008. Después lejos de depurar responsabilidades, las instituciones internacionales como el FMI o la UE presionaron para que las deudas bancarias se rescataran con dinero público que se ha ido retrotrayendo del gasto social de los presupuestos nacionales, abriendo de propina la puerta de nuestros hospitales, colegios, universidades o asistencias sociales a las empresas privadas que así encuentran un nicho donde hacer negocio.
Pero no todo han sido malas noticias en el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Existen varios casos de empresas que han comenzado a acortar la jornada, a pesar de que cada minuto de trabajo que sacrifican es un “costo de oportunidad” para los empresarios. Lo hacen, obviamente, no por ninguna vocación caritativa sino apuntando a lograr a cambio mayor productividad durante el tiempo que sus empleados están en el trabajo. Suecia puso a prueba una iniciativa en el sector público de la asistencia a los ancianos donde se redujo la jornada a 30 horas semanales (6 horas diarias). Según la evaluación realizada las enfermeras se declaraban más felices, mejor remuneradas (es como si la hora de trabajo se pagara un 33% más) y su productividad aumentó. Aunque su trabajo le costó más caro a la administración de las empresas, y esto terminó determinando a comienzos de este año el abandono de esta experiencia, el cuidado de los pacientes mejoró ya que las enfermeras se cansaban menos.
En 1930, a un año de iniciada la Gran Depresión, el Lord John Maynard Keynes publicó “Las perspectivas económicas para nuestros nietos”, un texto en el que a pesar del penoso presente, se mostraba confiado sobre las perspectivas futuras que ofrecería en el futuro el desarrollo de la productividad. “Podría predecir que el nivel de vida en los países avanzados dentro de cien años será entre cuatro y ocho veces más alto de lo que es hoy”. Considerando esta perspectiva, confiaba en que “turnos de tres horas o semanas laborales de quince horas” serían más que suficientes para satisfacer las necesidades económicas. Como ya hemos visto, el aumento de la productividad le dio la razón a la previsión de Keynes en la mayor parte de los países ricos, pero no ocurrió lo mismo con las horas trabajadas.
Las posibilidades creadas por el desarrollo de la técnica, en manos del capital, se convierten en una pesadilla para los trabajadores. El auge de las comunicaciones y el abaratamiento de los costos de transporte de las últimas décadas no redujeron las horas de trabajo en los países industrializados, sino que disminuyeron la cantidad de trabajadores ocupados; en parte por la automatización de tareas en las actividades productivas que se siguen haciendo en las economías ricas, y en parte porque los empleos se relocalizaron en los países donde la fuerza de trabajo es más barata y donde se la puede hacer trabajar también más horas. El siguiente paso en la degradación de las condiciones laborales operó aún más en favor del capital, que ha podido imponer en todo el mundo un “arbitraje laboral”, haciendo que los trabajadores de los distintos países compitan cediendo en condiciones de trabajo y remuneración para asegurar el empleo. Las fuerzas productivas hoy disponibles permitirían ampliamente ofrecer a toda la humanidad el acceso a los bienes y servicios fundamentales, al mismo tiempo que reducir para miles de millones de hombres y mujeres la carga del trabajo. Pero esto choca con las relaciones de producción capitalistas que dependen de la explotación de la fuerza de trabajo, arrancándole plusvalías cada vez más y más abusivas al trabajo, para asegurar la ganancia que es el motor, que ellos interpretan, de esta sociedad.
Plantear la reducción de la jornada de trabajo mediante el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, sin afectar el salario (garantizando para todos los ocupados un ingreso acorde al coste de la vida y a la dignidad personal y colectiva), choca frontalmente con lo hecho hasta ahora a la hora de afrontar crisis económicas.
Mientras que la única respuesta puesta en práctica hasta ahora y esgrimida por los “expertos” al servicio del empresauriado y la cohorte neoliberal es la flexibilización de las condiciones del trabajo y la bajada de salarios aparecen otras propuestas como la reducción de la jornada laboral sin tocar los salarios que permite repartir con mayor equidad y justicia social el trabajo disponible, permitiendo con ello la vida digna.
No entró a proponer, de momento, la puesta en práctica de una Renta Básica, un pago periódico y universal para toda la población que vendría costeándose a través del IRPF (con la necesaria reforma estructural para aplicar justicia impositiva en este mundo capitalista). No. Estoy diciendo que en todos los trabajos, de cualquier graduación, fueran en la empresa privada o en el funcionariado del Estado y el resto de administraciones. Sin olvidar a los autónomos, y sin recortar los salarios, se reduzcan a 30 horas semanales laborales, reforzando los mecanismos de vigilancia y sanción para quien incumpla esta premisa.
Conseguiríamos en primer lugar que donde trabajan 3 personas a 8 horas diarias, tuviéramos a 4 trabajando 6. Lo que reduciría el paro. Esta reducción también favorecería la productividad, como han demostrado todas las experiencias previas en reducción de jornada laboral y los estudios publicados sobre la materia. Y como yo puedo atestiguar: Rindo y mis compañeros también, mucho más, el viernes trabajando 6 horas, que las tardes de lunes a jueves que trabajo 8 horas.
Con ello se recaudaría mucho más por cotizaciones. Se favorecería de forma notable la conciliación de la vida familiar. Y manteniendo los sueldos, la gente disponiendo de dinero y de tiempo los emplearía en su ocio y realización personal, lo que fomentaría más el consumo, creando a su vez más puestos de trabajo.
Además, y volviendo a los planteamientos filosóficos, llevar adelante esta exigencia, significaría además, poner en cuestión la naturalidad del “ejército industrial de reserva”, término con el que Marx caracteriza el rol que juega la fuerza de trabajo desempleada o semiempleada; su existencia es la que permite que los mecanismos de mercado operen en lo que respecta a los salarios de forma favorable al capital, limitando el crecimiento de los salarios en los momentos de auge y facilitando el descenso de los mismos en tiempos de crisis.
Si están creadas las condiciones para que todos trabajemos menos horas, pero en manos del capital y para asegurar una ganancia, esto significa que algunos deben seguir trabajando tantas horas como hace décadas –o incluso más– mientras una parte creciente de la población es transformada en “población obrera sobrante”, entonces lo que debe ser cuestionado es ese monopolio privado sobre los medios de producción, que choca cada vez más duramente con las necesidades de una mayoría.
La propuesta de trabajar menos horas para trabajar todos, sin afectar negativamente los salarios, pone en cuestión la naturalidad del “derecho” del empresario a disponer de la fuerza de trabajo como le plazca en función de acrecentar sus ganancias, en tanto esta atribución –pilar fundamental para asentar las relaciones de producción capitalistas– requiere para perpetuarse un progresivo deterioro para una franja de asalariados. Se trata de un planteamiento que solo podría realizarse íntegramente por un gobierno de trabajadores que se proponga hacer saltar –a nivel internacional– a este sistema basado en la explotación social. Si el capitalismo ha creado posibilidades –gracias a la tecnología de reducir el tiempo necesario para asegurar la reproducción de los bienes socialmente necesarios– que solo pueden llevarse a cabo cuestionando los mecanismos de explotación que sostienen a este modo de producción, “no le queda otra que morir”, para abrir paso a una organización de la producción articulada no en función de la ganancia privada sino de las necesidades del conjunto social.

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