Las diversas sensibilidades que forman parte del gobierno de coalición ya han anunciado un nuevo escudo social. Un paquete de medidas de urgencia y emergencia para poder mantener el bienestar de los hogares trabajadores en España, ante el alza de los precios de alimentos y fuentes de energía (especialmente de la gasolina) provocada por el criminal ataque de Estados Unidos e Israel, de Trump y Netanyahu, sobre Irán y la teocracia de los ayatolás, y que ha supuesto el cierre del Estrecho de Ormuz, con las indeseables consecuencias en la economía mundial.
Amenaza recesión, cuando no crisis abierta, con todas las fases del ciclo económico en juego. A saber: ciclo de manía, es decir, ciclo alcista y especulativo por parte de elementos de mercado que se valen de su posición y conocimiento para acaparar bienes ante futuras y posibles carestías o encarecimientos. Subida de los precios de los bienes por su baja oferta y demanda constante. Desconfianza en los mercados. Y más adelante, zozobra en los bancos e inversores que pueden ver peligrar el retorno de sus inversiones en mercados sensibles o volátiles como el de los combustibles o los articulos de importación. El ajuste preceptivo de los mercados que pueden llevar a una caída primero de la demanda exterior, con lo que se pare la actividad interna, se procedan a los impagos y despidos, que lleven a una caída también de la demanda interna que acarrearían por su parte, la caída de los tipos de cambio y el valor de la moneda, en este caso del euro.
Estos comportamientos descritos por varios autores como Kindleberger y Aliber en su Historia de las crisis financieras (2012, ed. Akal) y también avalados por nuestra propia experiencia, es a lo que nos enfrentamos en estos momentos. Particularmente grave en el caso de los bienes de primera necesidad. De la vivienda ya he hablado. Pero en este caso, me centro en los alimentos a los que da igual quién seas o dónde vivas, te vas a enfrentar a subidas y alzas que van a vaciarte los bolsillos. Porque los alimentos son imprescindibles. Quizás no tengas coche y no tengas que sufrir la salvaje subida del combustible (entre otras maldades de la sociedad del automóvil). Puede que tengas ya casa y hasta pagada. Pero todos precisamos de alimentarnos. Seamos trabajadores en edad y situación de producir. Personas desocupadas. Jubilados, pensionistas, estudiantes o niños. Todos necesitan consumir alimentos y van a sufrir la volatilidad de unos mercados muy expuestos a los oligopolios (cuando no y directamente a monopolios), y la especulación y la avaricia de los agentes intermediarios en el negocio de la alimentación.
En los últimos meses la tendencia de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido variable. Si en febrero acumulamos una subida del 0.4%, en enero, tras las Navidades, los precios bajaron un 0.6, y cortaron una racha de tres meses al laza en torno a un 0.3%. Si añadimos otros bienes y servicios imprescindibles, en especial la luz y el gas, para alumbrar y calentar (o refrigerar) los hogares el ataque a la capacidad de ahorro de las familias trabajadoras ha sido constante y se ha comido en su totalidad las subidas salariales que se han pactado entre gobiernos y sindicatos (a la patronal, por lo que sea, no lo viene bien).
En general, estas subidas salariales no permiten la mejora de las condiciones de vida de las clases obreras, porque son insuficientes para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza de los precios. Y es que en estos períodos alcistas de grandes tasas de inflación, y especialmente, ante momentos como el actual, en el que especulan y esperan que así suceda, las grandes empresas o las posiciones dominantes en el flujo comercial intentan aumentar sus márgenes de beneficios, haciendo valer su posición. Por lo que, a parte de lo que ocurra en este mundo globalizado e interconectado, si los precios de los alimentos suben aquí, es por ellas, por estas empresas y empresaurios con nombre y apellidos.
Pero es que además hay que señalar, como productos fundamentales en la dieta de las españolas y españoles sufren salvajes subidas de sus precios que no repercuten en los productores y si en los distribuidores y sus inversores. El aceite de oliva, la leche, las patatas, los tomates o el pan son algunos de los productos indispensables de la dieta mediterránea, y de cualquier dieta digna y saludable, que son pacientes de la volatilidad de los mercados. Utilizados a veces como reclamo por las grandes marcas de los supermercados, ese cartel podrido que debería ser objetivo de cualquier gobierno social, en estos momentos son pasto de la especulación. Hemos visto como las distribuidoras han acaparado toneladas de estos productos para subir artificialmente su precio, sabedores de la importancia que tienen en el día a día de las familias, con lo que han ganado mucho dinero. Y el gobierno, y casi nadie, hemos hecho nada para revertir esta injusticia y aplicar justicia. De la social y de la de leyes.
Según el Banco de España, los beneficios empresariales han crecido entre 6,5 y 8 veces más que los salarios en los años siguientes a la pandemia de covid de 2020. Es decir, las empresas han podido trasladar los incrementos de costes a los precios finales de venta, manteniendo por lo tanto, la rentabilidad y añadiendo además, las ayudas y rebajas fiscales, incluidas las destinadas a los consumidores como las bajadas del IVA, a su cuenta de beneficios. Esto con “el gobierno más progresista de la historia”. Ya sabemos por anteriores períodos de crisis que las rebajas de impuestos inciden directamente a favor de los bolsillos de los más adinerados. Y además, castigan por segunda vez a las familias trabajadoras al ver mermada la recaudación con la que luego hay que pagar y planificar servicios sociales.
Es fundamental, por no hablar de una política justa y acertada a nivel humano, que el gobierno, cualquier gobierno en cualquier lugar y bajo sus competencias, trabaje para rebajar la inflación en la alimentación y garantizar su acceso a las clases trabajadoras de una dieta equilibrada y saludable para las familias. En esta idea se enmarca las distintas iniciativas por habilitar un sistema de cesta básica de la compra. El planteamiento es bien sencillo y su ejecución plenamente factible sin recargos ni despidos en las empresas distribuidoras (al por mayor y al por menor), en los transportistas, en las transformadoras y en la producción. En el caso de las primeras y de toda la cadena de distribución sería recortar estos salvajes márgenes empresariales que bien se podían articular a través de los impuestos, cuando no llamando a la solidaridad patriótica, y de la que alguno de estos empresarios, les gusta hacer tanta gala. Básicamente que ganen un poquito menos de dinero.
Con el caso de los productores (agricultores, ganaderos, pesqueros) el objetivo es garantizar precios justos para estos profesionales. Que no tengan que vender a pérdidas, sobre endeudarse para poner en marcha cada año la producción, y que no se vean extorsionados por las grandes cadenas de distribución que además incumplen sus contratos. Incluso es el momento de plantear que las propias administraciones, y en especial, educación a través de los comedores escolares, sanidad con las cantinas y servicios de comida de los hospitales, y servicios sociales con las residencias y albergues, se conviertan en distribuidores y puedan emplear los productos del campo español directamente. Del agricultor al paciente de un hospital. Del jornalero a la mesa de un escolar.
El objetivo es frenar la creciente desigualdad económica. La Fundación Alternativas en su Informe sobre la Desigualdad en España en 2025 alerta que 1 de cada 4 familias tiene que hacer recortes en sus gastos en alimentación, por lo tanto en la dieta de sus integrantes. Abaratar y por lo tanto, bajar la calidad en la ingesta de comida, en especial de los alimentos frescos. Los más beneficiosos y propios de la dieta mediterránea, eso que tanto se afanan en vender a los turistas extranjeros, pero que parece es imposible para muchos de nuestros compatriotas. Según el mismo informe hasta un 6% de los españoles admite pasar hambre. Una vergüenza nacional que nos debería hacer reaccionar.
Como nos demostró la pandemia y lo hace cada día muchas situaciones y realidades de la vida diaria es preciso que las instituciones, la democracia y el estado-nación, y el modelo del estado del bienestar cuiden de las personas, que lo hagamos todas juntas sin dejar a nadie atrás. Son medidas para protegernos a todos, pero en especial y en primer término a las personas más vulnerables.
Fomentar y trabajar por plantear este modelo ante la que se avecina de escalada de los precios de los alimentos es bien necesario y vital, y además hacerlo, sin distinciones de ningún tipo, ni incluidas las de renta. Y es que, encima ya se han probado y han tenido éxito. En Francia en 2011 ya se plantearon, negociaron y acordaron precisamente con cadenas de distribución implantadas en España, y no pasó nada y se ha seguido utilizando. Le Panier des essentiels (“la cesta de productos básicos”) incluía un mínimo de diez productos que eran actualizados semanalmente teniendo en cuenta las fluctuaciones de producción y en especial, la disponibilidad de las mercancías y las temporadas en el sistema agrario nacional. Al menos debía aportar dos frutas, una legumbre, una pieza de carne, otra de pescado, un lácteo, un queso y una bebida no alcohólica y no azucarada.
Si funciona allí, ¿por qué no va a funcionar aquí?
La creación y mantenimiento de una cesta básica de la compra es un paso esencial hacia la mejora del bienestar social y económico de cualquier nación. Asegurar su accesibilidad no solo tendrá un impacto positivo en la vida de las personas, sino que también contribuirá a la estabilidad económica y a la construcción de un futuro más equitativo. La responsabilidad de implementarla de manera efectiva recae en todos los actores sociales, quienes deben trabajar juntos por un objetivo común: el bienestar de la sociedad en su conjunto.
