La
patronal hotelera ejerciendo como lobby,
ha elevado una petición al Gobierno de la nación para proceder a
una regulación del sector turístico
en nuestro país. Lo hace ante la avalancha no solo de turistas que
corren desesperados por ocupar una hamaca en primera línea de playa
o piscina, o de viajeros agolpados a los andenes y aeropuertos, sino
también de protestas,
individuales o colectivas, de ciudadanos
hartos de ver sus entornos, naturales o urbanos, degradados y
degenerados.
Y también lo hace ahora que empiezan a escocerle de verdad las pérdidas en el sector, fruto de la entrada del intrusismo de particulares, que lejos de requisitos fiscales y administrativos, asaltan la tarta que la patronal creía, y quiere, conservar en su totalidad. También está resultando perjudicial para el sector las imágenes de borracheras y descontrol, desesperantes colas y bajada de la calidad que la masificación turística ha traído y que aleja paulatinamente a los turistas que planean vacaciones con mayor calidad.
El turismo para España ha sido desde los años 60 su ventana internacional, el más reconocible aspecto de la manida "Marca España" y el único punto de entrada de divisas extranjeras en el balance nacional, además de suponer un porcentaje cada vez mayor tanto en el PIB como en las tasas de ocupación. Y ahora es la clave de bóveda que sustenta toda la política económica del gobierno del PP.
Es con el "boom" actual del turismo (al que han favorecido la situación de inestabilidad e inseguridad internacional en otros destinos) la única tabla de salvación que avala los números que presenta Rajoy y su recua de maleantes, inmorales e ineptos. En éste sector donde se fomentan las bajadas de paro, claramente estacionales, dada las nulas políticas e inversiones en industria, desarrollo y tecnología. Sin el turismo, y sin la cuestión nacional quebrantada por Catalunya, quiero creer no se sostendría el gobierno actual, asaltado por la corrupción intrínseca del Partido Popular, por lo que entrar a valorar posibles regulaciones se hace más que dudoso.
Y no se trataría sólo de una situación ideológica, una defensa a ultranza del mercado y el liberalismo dentro de la corriente ultra liberal que adereza sus políticas claramente reaccionarias de ultra derecha católica, sino que además vendría a enmendar una suerte de políticas y mandatos, unas veces más veladas que otras, en las que el núcleo duro de la por supuesto también, neoliberal UE ha asignado a nuestro país. Buscando diversificar la economía de la zona común a España le ha caído en desgracia ser el patio sórdido de recreo de los países del norte, con una oferta de sol y playa, y borracheras y descontrol. De este modo, al proceso de des industrialización de bienes de equipo y consumo que nuestra modesta economía de los 80 presentaba, le ha seguido una suerte de regulaciones algunas veces y des regularizaciones la mayoría de ellas que han alimentado una burbuja turística por la que parece que tiene que caminar la senda social y económica del país.
Una toma de decisiones que explota hasta la extenuación la masificación las costas especialmente del Mediterráneo y que olvida el rico y majestuoso patrimonio natural, cultural, etnográfico y paisajístico del interior del país. Así España acumula al mismo tiempo las zonas más atascadas de turistas y varias de las más olvidadas y con menor presencia en la lista de deseos de los viajeros.
Pero no nos equivoquemos y vayamos a pensar que el lobby hotelero está muy preocupado por la sostenibilidad de nuestro turismo y su impacto medioambiental y social. No le preocupan las consecuencias del tipo de turismo que nos han impuesto en nuestras ciudades y pueblos, de los problemas que acarrean a los vecinos (acceso a la vivienda, violencia, actitudes incívicas, gasto sanitario, etc.). Y ni muchos menos que la buena labor profesional de sus trabajadores estén en la conciencia de los empresarios hoteleros.
Lo que a la patronal le preocupa es la entrada de viajeros a través de los canales que no controla en exclusividad. Mientras que estas personas han viajado a nuestro país de manera anónima, individual o en pequeños grupos, y sobretodo, gracias a Internet, de manera autónoma sin intermediarios locales, no les ha importado aplicarles esas plusvalías para beneficio propio. Pero cuando la cosa se ha vuelto en su contra con la aparición de los portales tipo “Airbnb” y demás que han abierto la puerta a la competencia, desleal hay que decirlo, de particulares han clamado por control estatal e intervención gubernamental.
Un proteccionismo y una regulación que ha brillado por su ausencia cuando se han tratado las condiciones laborales de sus trabajadores, a los que esta misma patronal hostelera ha explotado hasta la extenuación y el hartazgo, frente, otra vez la indiferencia, cuando no el rechazo, del conjunto de la sociedad, y de algunos agentes como sindicatos mayoritarios o partidos de izquierda simpáticos.
Ese turismo barato de todo incluido, de bajo valor añadido, que ha atestado de visitantes determinados y concretos puntos de nuestra geografía, especialmente en la costa mediterránea, sólo ha sido posible mediante leyes, como la Ley de costas de 1988 y la infame Ley del suelo de 1998 que permitió que se pudiera construir, con toda la dosis de corrupción que ha traído consigo, en todo el territorio, sin distinción de protecciones y ordenaciones más elementales.
Pero han sido las reformas laborales, y en especial la de 2012, las que han acabado de apuntalar esta realidad. Al abrir la puerta a las subcontratas, los falsos autónomos y la constante degradación de los derechos laborales de los trabajadores cualificados lo que ha otorgado aún más poder a los patronos frente a los trabajadores que ahora componen una clase trabajadora explotada, mal pagada, precaria y donde la profesionalidad en el sector de la hostelería, cada vez más brilla por su ausencia lo que ahonda cada vez más en el círculo pernicioso.
Sin ninguna duda, para poder ofrecer ese turismo de todo incluido se han tenido que deteriorar las condiciones laborales y profesionales (salarios, derechos de huelga, a convenio, negociación colectiva, seguridad laboral) del conjunto de los trabajadores del sector de la hostelería, por lo que como primera intervención debe ser la recuperación de todos los derechos perdidos, los salarios, la estabilidad laboral y por supuesto la estimación de la dignidad y el respeto de quienes trabajan en la hostelería.
Al tiempo se comprueba una nueva burbuja inmobiliaria en nuestras principales ciudades, con Madrid y Barcelona a la cabeza, pero también en los destinos turísticos de sol y playa masificados, especialmente en las Baleares. La proliferación de pisos turísticos ofertados en plataformas online, lejos de los registros administrativos y los requisitos fiscales ha hecho que el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en estas zonas se vuelva prohibitivo, imposible. Existe de facto, una expulsión de los barrios céntricos de las personas, con sus usos y costumbres, de quienes han vivido o tienen interés en hacerlo de continuo, que se ven desplazados o cuando menos ven como se pierde su forma de vida.
Y es que tampoco hay que olvidar la pérdida del comercio y los recintos hosteleros tradicionales de las zonas de gran afluencia turística, sin distinción de que se trate de centros urbanos o zonas de costa. Miles de personas pierden su modo de vida y cientos de miles el acceso a las compras y el consumo tradicional. En cambio, se les ofrecen los productos y usos de franquicias y establecimientos que además de generar un empleo de menor calidad y en menor cantidad, que el que antes se encontraba en estas zonas, trae sus suministros de espacios geográfica y socialmente alejados lo que supone un ataque a la sostenibilidad del modelo turístico, y sobretodo del modo de vida de la gente.
La sostenibilidad ambiental no puede ser olvidada y degradada como una cuestión adyacente a las actividades humanas. Ni mucho menos. La actual situación de cambio climático manifiesto y drástico que está degenerando los ecosistemas y la vida de millones de personas exige respuestas de todos, tanto ciudadanos, como administraciones para regular nuestras actividades y que estas tengan el menor impacto posible. Y con el actual boom turístico eso no esta pasando.
La gestión del agua, tanto potable, como residual, es manifiestamente mejorable, y más en un escenario de severa sequía y aumento de las temperaturas. Muchos hábitats costeros y fluviales se están viendo degradados de manera casi definitiva, debido a que no ha existido la más mínima planificación de la llegada de visitantes, haciendo que depuradoras y canalizaciones sean incapaces de soportar el volumen de agua usada para poder reutilizarla.
La gestión de los residuos sólidos tampoco soporta el impacto de las aglomeraciones turísticas. Las tasas de reciclaje en estas zonas masificadas caen dramáticamente mientras aumenta el consumo de plásticos de forma exponencial. Y tampoco el tráfico y el urbanismo es capaz de ordenar la afluencia de personas, por lo que se producen congestiones y aumentos en las emisiones de gases nocivos para la salud, normalmente en espacios naturales que ostentan cierta protección administrativa. Por todo esto es necesario, vital, regular el turismo.
Un turismo que es una consecuencia, un éxito de la lucha de clases, de la consecución, con lucha y negociación de los trabajadores para tener descansos retribuidos en sus años trabajados. Con ello, y al calor de la proliferación también de vuelos baratos hace unos años en la gran crisis-estafa económica, aparece como perentoria la labor para analizar, regular y estructurar la llegada de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, a los destinos turísticos, y por ende, a cualquier zona del país.
Como sociedad debemos exigir de nuestras instituciones que tengan la capacidad de legislar pro activamente para evitar situaciones como las arriba descritas y que han propiciado las lógicas y legítimas protestas de los vecinos y colectivos que han visto como sus ciudades o los espacios naturales de todos se ven invadidos sin control ni responsabilidad.
Desde luego, el derecho a viajar, a conocer nuevos destinos y disfrutar de su gastronomía, su folclore, cultura y su belleza paisajística es necesario cuidarlo y garantizarlo, pero para ello, para que no existan ciudadanos de segunda y tercera y cuarta categoría (los que no pueden irse de vacaciones) tenemos que regular el acceso turístico a estos lugares tan masificados y propiciar de una manera responsable que las visitas se espacien en el tiempo, y se hagan extensibles con naturalidad y sentido común, a otras zonas que no tienen tanto turismo. En definitiva, hacer que las visitas turísticas no se concentren en tan poco tiempo, en tan pocas zonas y con tantas personas.
Para evitar la masificación turística hay que plantearse ya, por qué no, una limitación del número de turistas, y quizás por qué no, la creación de impuestos turísticos que vengan a sufragar los gastos ocasionados en materias como salud, seguridad o sostenibilidad ambiental, y que hoy en día, dentro de la jungla que ha convertido el neoliberalismo nuestras relaciones, quedan exentas y por lo tanto abiertas a la degradación paulatina de todos nuestros servicios y por ende de la calidad de vida de las clases populares.
Por todo esto, por motivos medioambientales, laborales, habitacionales y sociales es legítimo exigir una regulación y una administración estatal sobre el turismo, como con otros aspectos de nuestra vida que sufren bajo las garras de los poderosos. Lo agradeceremos todos, por ende las clases trabajadoras, pero sobretodo lo agradecerán nuestras ciudades y pueblos, playas y montañas.
Y también lo hace ahora que empiezan a escocerle de verdad las pérdidas en el sector, fruto de la entrada del intrusismo de particulares, que lejos de requisitos fiscales y administrativos, asaltan la tarta que la patronal creía, y quiere, conservar en su totalidad. También está resultando perjudicial para el sector las imágenes de borracheras y descontrol, desesperantes colas y bajada de la calidad que la masificación turística ha traído y que aleja paulatinamente a los turistas que planean vacaciones con mayor calidad.
El turismo para España ha sido desde los años 60 su ventana internacional, el más reconocible aspecto de la manida "Marca España" y el único punto de entrada de divisas extranjeras en el balance nacional, además de suponer un porcentaje cada vez mayor tanto en el PIB como en las tasas de ocupación. Y ahora es la clave de bóveda que sustenta toda la política económica del gobierno del PP.
Es con el "boom" actual del turismo (al que han favorecido la situación de inestabilidad e inseguridad internacional en otros destinos) la única tabla de salvación que avala los números que presenta Rajoy y su recua de maleantes, inmorales e ineptos. En éste sector donde se fomentan las bajadas de paro, claramente estacionales, dada las nulas políticas e inversiones en industria, desarrollo y tecnología. Sin el turismo, y sin la cuestión nacional quebrantada por Catalunya, quiero creer no se sostendría el gobierno actual, asaltado por la corrupción intrínseca del Partido Popular, por lo que entrar a valorar posibles regulaciones se hace más que dudoso.
Y no se trataría sólo de una situación ideológica, una defensa a ultranza del mercado y el liberalismo dentro de la corriente ultra liberal que adereza sus políticas claramente reaccionarias de ultra derecha católica, sino que además vendría a enmendar una suerte de políticas y mandatos, unas veces más veladas que otras, en las que el núcleo duro de la por supuesto también, neoliberal UE ha asignado a nuestro país. Buscando diversificar la economía de la zona común a España le ha caído en desgracia ser el patio sórdido de recreo de los países del norte, con una oferta de sol y playa, y borracheras y descontrol. De este modo, al proceso de des industrialización de bienes de equipo y consumo que nuestra modesta economía de los 80 presentaba, le ha seguido una suerte de regulaciones algunas veces y des regularizaciones la mayoría de ellas que han alimentado una burbuja turística por la que parece que tiene que caminar la senda social y económica del país.
Una toma de decisiones que explota hasta la extenuación la masificación las costas especialmente del Mediterráneo y que olvida el rico y majestuoso patrimonio natural, cultural, etnográfico y paisajístico del interior del país. Así España acumula al mismo tiempo las zonas más atascadas de turistas y varias de las más olvidadas y con menor presencia en la lista de deseos de los viajeros.
Pero no nos equivoquemos y vayamos a pensar que el lobby hotelero está muy preocupado por la sostenibilidad de nuestro turismo y su impacto medioambiental y social. No le preocupan las consecuencias del tipo de turismo que nos han impuesto en nuestras ciudades y pueblos, de los problemas que acarrean a los vecinos (acceso a la vivienda, violencia, actitudes incívicas, gasto sanitario, etc.). Y ni muchos menos que la buena labor profesional de sus trabajadores estén en la conciencia de los empresarios hoteleros.
Lo que a la patronal le preocupa es la entrada de viajeros a través de los canales que no controla en exclusividad. Mientras que estas personas han viajado a nuestro país de manera anónima, individual o en pequeños grupos, y sobretodo, gracias a Internet, de manera autónoma sin intermediarios locales, no les ha importado aplicarles esas plusvalías para beneficio propio. Pero cuando la cosa se ha vuelto en su contra con la aparición de los portales tipo “Airbnb” y demás que han abierto la puerta a la competencia, desleal hay que decirlo, de particulares han clamado por control estatal e intervención gubernamental.
Un proteccionismo y una regulación que ha brillado por su ausencia cuando se han tratado las condiciones laborales de sus trabajadores, a los que esta misma patronal hostelera ha explotado hasta la extenuación y el hartazgo, frente, otra vez la indiferencia, cuando no el rechazo, del conjunto de la sociedad, y de algunos agentes como sindicatos mayoritarios o partidos de izquierda simpáticos.
Ese turismo barato de todo incluido, de bajo valor añadido, que ha atestado de visitantes determinados y concretos puntos de nuestra geografía, especialmente en la costa mediterránea, sólo ha sido posible mediante leyes, como la Ley de costas de 1988 y la infame Ley del suelo de 1998 que permitió que se pudiera construir, con toda la dosis de corrupción que ha traído consigo, en todo el territorio, sin distinción de protecciones y ordenaciones más elementales.
Pero han sido las reformas laborales, y en especial la de 2012, las que han acabado de apuntalar esta realidad. Al abrir la puerta a las subcontratas, los falsos autónomos y la constante degradación de los derechos laborales de los trabajadores cualificados lo que ha otorgado aún más poder a los patronos frente a los trabajadores que ahora componen una clase trabajadora explotada, mal pagada, precaria y donde la profesionalidad en el sector de la hostelería, cada vez más brilla por su ausencia lo que ahonda cada vez más en el círculo pernicioso.
Sin ninguna duda, para poder ofrecer ese turismo de todo incluido se han tenido que deteriorar las condiciones laborales y profesionales (salarios, derechos de huelga, a convenio, negociación colectiva, seguridad laboral) del conjunto de los trabajadores del sector de la hostelería, por lo que como primera intervención debe ser la recuperación de todos los derechos perdidos, los salarios, la estabilidad laboral y por supuesto la estimación de la dignidad y el respeto de quienes trabajan en la hostelería.
Al tiempo se comprueba una nueva burbuja inmobiliaria en nuestras principales ciudades, con Madrid y Barcelona a la cabeza, pero también en los destinos turísticos de sol y playa masificados, especialmente en las Baleares. La proliferación de pisos turísticos ofertados en plataformas online, lejos de los registros administrativos y los requisitos fiscales ha hecho que el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en estas zonas se vuelva prohibitivo, imposible. Existe de facto, una expulsión de los barrios céntricos de las personas, con sus usos y costumbres, de quienes han vivido o tienen interés en hacerlo de continuo, que se ven desplazados o cuando menos ven como se pierde su forma de vida.
Y es que tampoco hay que olvidar la pérdida del comercio y los recintos hosteleros tradicionales de las zonas de gran afluencia turística, sin distinción de que se trate de centros urbanos o zonas de costa. Miles de personas pierden su modo de vida y cientos de miles el acceso a las compras y el consumo tradicional. En cambio, se les ofrecen los productos y usos de franquicias y establecimientos que además de generar un empleo de menor calidad y en menor cantidad, que el que antes se encontraba en estas zonas, trae sus suministros de espacios geográfica y socialmente alejados lo que supone un ataque a la sostenibilidad del modelo turístico, y sobretodo del modo de vida de la gente.
La sostenibilidad ambiental no puede ser olvidada y degradada como una cuestión adyacente a las actividades humanas. Ni mucho menos. La actual situación de cambio climático manifiesto y drástico que está degenerando los ecosistemas y la vida de millones de personas exige respuestas de todos, tanto ciudadanos, como administraciones para regular nuestras actividades y que estas tengan el menor impacto posible. Y con el actual boom turístico eso no esta pasando.
La gestión del agua, tanto potable, como residual, es manifiestamente mejorable, y más en un escenario de severa sequía y aumento de las temperaturas. Muchos hábitats costeros y fluviales se están viendo degradados de manera casi definitiva, debido a que no ha existido la más mínima planificación de la llegada de visitantes, haciendo que depuradoras y canalizaciones sean incapaces de soportar el volumen de agua usada para poder reutilizarla.
La gestión de los residuos sólidos tampoco soporta el impacto de las aglomeraciones turísticas. Las tasas de reciclaje en estas zonas masificadas caen dramáticamente mientras aumenta el consumo de plásticos de forma exponencial. Y tampoco el tráfico y el urbanismo es capaz de ordenar la afluencia de personas, por lo que se producen congestiones y aumentos en las emisiones de gases nocivos para la salud, normalmente en espacios naturales que ostentan cierta protección administrativa. Por todo esto es necesario, vital, regular el turismo.
Un turismo que es una consecuencia, un éxito de la lucha de clases, de la consecución, con lucha y negociación de los trabajadores para tener descansos retribuidos en sus años trabajados. Con ello, y al calor de la proliferación también de vuelos baratos hace unos años en la gran crisis-estafa económica, aparece como perentoria la labor para analizar, regular y estructurar la llegada de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, a los destinos turísticos, y por ende, a cualquier zona del país.
Como sociedad debemos exigir de nuestras instituciones que tengan la capacidad de legislar pro activamente para evitar situaciones como las arriba descritas y que han propiciado las lógicas y legítimas protestas de los vecinos y colectivos que han visto como sus ciudades o los espacios naturales de todos se ven invadidos sin control ni responsabilidad.
Desde luego, el derecho a viajar, a conocer nuevos destinos y disfrutar de su gastronomía, su folclore, cultura y su belleza paisajística es necesario cuidarlo y garantizarlo, pero para ello, para que no existan ciudadanos de segunda y tercera y cuarta categoría (los que no pueden irse de vacaciones) tenemos que regular el acceso turístico a estos lugares tan masificados y propiciar de una manera responsable que las visitas se espacien en el tiempo, y se hagan extensibles con naturalidad y sentido común, a otras zonas que no tienen tanto turismo. En definitiva, hacer que las visitas turísticas no se concentren en tan poco tiempo, en tan pocas zonas y con tantas personas.
Para evitar la masificación turística hay que plantearse ya, por qué no, una limitación del número de turistas, y quizás por qué no, la creación de impuestos turísticos que vengan a sufragar los gastos ocasionados en materias como salud, seguridad o sostenibilidad ambiental, y que hoy en día, dentro de la jungla que ha convertido el neoliberalismo nuestras relaciones, quedan exentas y por lo tanto abiertas a la degradación paulatina de todos nuestros servicios y por ende de la calidad de vida de las clases populares.
Por todo esto, por motivos medioambientales, laborales, habitacionales y sociales es legítimo exigir una regulación y una administración estatal sobre el turismo, como con otros aspectos de nuestra vida que sufren bajo las garras de los poderosos. Lo agradeceremos todos, por ende las clases trabajadoras, pero sobretodo lo agradecerán nuestras ciudades y pueblos, playas y montañas.
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