Huelga General por la vivienda

 

Imagen de la manifestación del sábado 3 de octubre en Madrid

 

14. Catorce años después de la última convocatoria de Huelga General esta herramienta de expresión del conflicto social ha sido de nuevo activada en el estado español. Se hace no directamente por las condiciones laborales, si bien motivos hay de sobra, sino que nace al calor del clamor indignado y popular por la situación de la vivienda que atenta a las condiciones de vida de la gente. Cuando la clase trabajadora queda sin acceso a la vivienda, a un hogar, en alquiler o en propiedad, tenemos que unirnos todos, las más diversas sensibilidades políticas y sociales, y desde la solidaridad obrera y el sentimiento de pertenencia e identidad colaborar para ejercer la presión necesaria para revertir la situación. Desde las movilizaciones y hasta las últimas consecuencias y hacia una Revolución bien necesaria que termine con un sistema económico capitalista de extracción abusiva de las condiciones de vida y bienestar de la clase trabajadora, y de una reacción fascista que aparecía como irremediable.

Si bien es el terrorismo que provoca el problema de la vivienda como elemento de especulación lo que ha llevado a la convocatoria de Huelga General para el próximo miércoles 11 de noviembre, amparada por los sindicatos mayoritarios quienes seguramente traten de manipularla a su favor, las condiciones laborales hoy en día no son nada halagüeñas, y pese a los avances sigue habiendo muchas cuestiones del mundo del trabajo que tienen que cambiarse.

La reducción de la jornada laboral es la primera de ellas, y no para quedarse en los tímidos 30 minutos diarios que planteó sin éxito hace un par de años la ministra. El recorte de tiempo de permanencia en el trabajo tiene que bajar lo primero de todo porque es ilógico en un contexto de avance de la automatización de los procesos productivos que deja en los trabajadores la penuria económica y la inseguridad laboral y personal, y en los directivos y en los empresarios unas mayores ganancias. Todo mientras lo material se sigue elaborando en el Tercer Mundo. Y de seguido, porque es de justicia social repartir las horas de trabajo entre más personas para no dejar a nadie atrás. Y por supuesto, sin pérdida de sueldo.

Y en segundo lugar, porque es una gran medida a nivel económico para facilitar un mayor consumo en las familias, al disponer de más tiempo y el mismo capital, para poder satisfacer las necesidades de toda índole, desde las básicas hasta las de auto-realización. Además, y pese a los esfuerzos hechos, bien se debe seguir avanzando en una equiparación salarial con Europa y que las plusvalías dejen de ser tan excesivas y haya un mayor reparto de la riqueza que generamos entre todos, porque eso hará más sostenible la vida y el territorio.

Otro tema que apuntaba claramente a una convocatoria de la Huelga General por sí solo era el tema de la seguridad en el trabajo. Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, lejos de reducirse se han incrementado desde las reformas canallas del gobierno de Rajoy. Buena parte de los incrementos en los rendimientos empresariales han venido de las condiciones de seguridad en el trabajo y por lo tanto, los beneficios tienen forma de vidas humanas consumidas y apagadas. Cada muerte y trastorno en la vida y la salud de las clases trabajadoras tienen que tratarse como terrorismo empresarial, y las administraciones (en especial inspección, pero también los juzgados), los sindicatos y los medios de comunicación han de tratarlas con rigor y poniendo el acento en la responsabilidad empresarial y en la necesidad vital de que todas y todos sigamos los reglamentos de seguridad.

No puede deteriorarse más el mundo del trabajo, porque nos jugamos la vida, y ésta tampoco puede ser precaria o desenvolverse de manera creciente en un estado de incertidumbre, porque eso afecta a la salud y al bienestar de las personas, y por ende, de toda la sociedad. Tiene que asegurarse el empleo, y otro tema en el que los sindicatos mayoritarios deberían hacer mayor hincapié es en reclamar y al final obligar a que las administraciones de toda condición, jerarquía y signo político recuperen y habiliten todas las plazas públicas que se necesitan.

Por lo tanto, y solo en unos minutos de reflexión salen temas del mundo del trabajo que ya avalaban la convocatoria de Huelga General. Si no se había hecho era porque, en teoría, “tenemos” un gobierno más afín, o más simpático para la causa de la izquierda y para la vida de la clase trabajadora. Si se lanza ahora es por el impulso que el tema de la vivienda ha tomado tras el desahucio de Mari Carmen para activar aún más a los trabajadores y a las izquierdas ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

Pero con todo, lo que es evidente y palmario es que al final la Huelga General tiene toda la legitimidad del mundo. Aunque la lance la calle y el sindicato de inquilinas de lo que estamos hablando es de conflicto de las clases trabajadoras, porque la lucha de clases nunca se terminó sino que se redobló; y porque pese a que tuviéramos el triple de sueldo seguiría siendo un absoluto disparate, un atraco y una estafa el precio de la vivienda. Estamos hablando de que las y los trabajadores no pueden pagar su vivienda. Punto. Hay que intervenir el mercado y también el sistema económico capitalista. Hay que sacar la especulación de la ecuación de la vivienda y las políticas inmobiliarias (y de paso de la educación y la sanidad públicas). Hay que luchar y hacerlo todas y todos juntos por erradicar tanto fascismo y tanto neoliberalismo y volver a construir una sociedad más justa y fraterna.

Ya antes de la convocatoria oficial de la Huelga las derechas que votaron en contra contra los decretos por la vivienda, sistemáticamente y ya antes del día 2 de octubre (en enero, junio y julio de este año), salieron a reprochar y criticarla como una Huelga “contra la oposición y no contra el gobierno”. También la patronal la censuró a través de su presidente re-elegido recientemente por un sueldo anual de más de 400.000 euros (que sepamos). Evidentemente es a estos sujetos a la miseria humana que protegen a quienes no les conviene la huelga.

En España sigue habiendo, y los hay de base, casi 2 millones y medio de parados. Muchos de ellos expulsados de facto del “mercado” laboral. Se ha seguido desahuciando a un ritmo de más de 500 desalojos al día -la mayoría “pacíficos”, esto es, que los habitantes de la vivienda la abandonan tras la presión y la injusticia aplicada a favor del capital-. Cerca de 5 millones de personas tienen serias dificultades para llenar la cesta de la compra. Una crisis que nació en 2007 y no se ha resuelto para la clase trabajadora, sino que se salvó a la élite propietaria y especuladora con los servicios públicos de todos. Estos, salud, educación, servicios sociales e incluso las emergencias se han sacrificado para que no caiga la rentabilidad ni tampoco dejen de aumentar los privilegios de la minoría. Por lo tanto, hay razones de sobra para la Huelga General.

España, y casi toda Europa también, es un país des-cohesionado y con una desigualdad galopante. Con una minoría cada vez más elitista y más avariciosa que oprime a unas clases populares y trabajadoras desclasadas para las que quedan los recortes y la expulsión del bienestar, mientras se protegen las “inversiones” de los especuladores que malvendían el patrimonio de todos en los casinos bursátiles para su goce privado. De hecho, es muy buena noticia una convocatoria de Huelga General porque nos pone a todos, y especialmente a ellos, en aviso de lo que tiene que ocurrir si los reaccionarios, incompetentes, corruptos y fascistas llegan al poder.

Un país que mantiene y potencia una legislación autoritaria (la Ley Mordaza que eso si que es un debe del gobierno no haberla derogado), con la judicatura y las policías más fascistas de Europa (y mira que hay nivel), que es incapaz de llegar a consensos y pactos por el bien común (contra el cambio climático, para protegernos de la IA y los tecnócratas extranjeros, para garantizar la protección constitucional de la vivienda o el mundo del trabajo, para asegurar la educación y la sanidad públicas, o la organización de la gestión de emergencias, etc., etc.). Que amenazó y volverá a hacerlo a quien piense distinto (catalanes, vascos, anti-capitalistas, ecologistas, feministas,…). Qué potencia un hiper-centralismo en el estado mientras ahoga al mundo rural y a otras identidades culturales provocando dolor y un deterioro territorial colosal. Que es proclive a la corrupción y el latrocinio, y que finalmente echa a la gente de sus casas. Con una élite política, fundamentalmente de las derechas, con un apoyo mediático y empresarial firme, porque les conviene, que es manifiestamente incompetente e interesada en laminar la vida de las personas pobres. Por todo esto la Huelga General es necesaria y urgente.

No podemos olvidar que somos la Europa pobre (junto a Portugal, Grecia, Irlanda, pero también Italia). Los países periféricos castigados con la frugalidad y la austeridad mal ejercida. Y tampoco se debe perder en la perspectiva de que lo que está haciendo aguas a nivel global es el capitalismo ultra liberal. Que por eso lleva años sacando a pasear el fascismo más ultra para protegerse y perpetuarse porque para quienes lo dominan es muy rentable. Es el momento de luchas coordinadas y solidarias que atiendan a una respuesta global por una enmienda total del sistema. No vale con actualizaciones o re-fundaciones. Es necesario construir una economía y unas sociedades al servicio de todas y todos. Sin distinciones de ningún tipo. Un mundo globalizado exige una economía del bienestar global extendida a todas las sociedades. Y hacerlo de manera transversal a través de la situación de la vivienda, que en Europa y en casi todo el mundo, vive una burbuja perenne, es una oportunidad que no se debe dejar pasar.

Por esto mismo, la Huelga General del próximo día 11 de noviembre no puede quedarse en los centros de trabajo, ni tampoco en una mañana de paro antes de las manifestaciones en Madrid o en las capitales de provincia. Es perentorio parar todo. Empezando por todo y cualquier consumo. Tenemos que ir juntas a la huelga ciudadana donde todas las personas entiendan su importancia y la necesidad que tienen de expresarse y aportar. Incluidas las personas no productivas como estudiantes y jubiladas. También los precarios y los trabajadores de mierda, especialmente hoy los esclavos de los oligarcas tecnológicos. Falsos autónomos explotados inmisericordemente llueva, nieve o haga 40 grados. No pidáis que os lleven comida o transporte. No atendáis ninguno de estos “servicios” que son una esclavización contemporánea.

Por supuesto, de aquí hasta el día de la huelga, y seguro después, oiremos en las tertulias y declaraciones de la derecha y sus voceros, pedir la protección del “derecho al trabajo”. El día de huelga es el único día que importa el derecho constitucional al trabajo. Los otros 364 es prescindible. Porque esos 364 días, 365 si es bisiesto, los empresarios despiden. Los empresarios el resto de días no tienen problemas en deslocalizar sus negocios. En cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo, en subcontratar tareas, automatizar funciones, en utilizar falsos autónomos, en precarizar las relaciones laborales,… Sus políticos y jueces no tienen reparos en darles cobertura, y las policías y guardias civiles acuden raudos a proteger la propiedad de los medios de producción y fundamentalmente la propiedad de exprimir más a la masa laboral. Los otros 364 días los medios de comunicación del sistema defienden el derecho de los patronos a hacer lo que les de la gana. Incluidos cagarse y mearse en el derecho al trabajo.

Y también los otros 364 días se sigue desahuciando.

Por eso esta Huelga General tiene que ser, necesariamente, la palanca de cambio que aúne todas las sensibilidades de izquierda, progresistas y por la dignidad de las personas. Tiene que ser la Huelga por la vivienda, pero por el trabajo. Y también la huelga por la igualdad de género y también de trato entre todas las personas. Tiene que ser la huelga para lanzar una lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y ha de ser la huelga que les diga a las élites que no vamos a pagar sus facturas ni sus pérdidas. Qué se acabó jugar al casino con nuestras vidas. Y que no vamos a dejar que las administraciones paguen con nuestros servicios públicos, con nuestro futuro y nuestro bienestar sus malas decisiones. Qué no vamos a pagar, ni nosotros, ni los pueblos pobres, su responsabilidad en el cambio climático. Basta ya.

Esta Huelga General del 11 de noviembre es por la vivienda. Se hará 18 días antes de las elecciones Generales del 29 de noviembre (Día Internacional de Solidaridad con el pueblo Palestino). Y es también por el trabajo. Y es por supuesto, contra un sistema corrupto, inmoral y letal que nos hace menos humanos. Es por lo tanto, una huelga anti-capitalista. Y es una Huelga General por España, por un país más justo y fraterno. Qué tenga futuro. Y qué sepa quién tiene responsabilidad y culpabilidad en esta situación. Qué políticas son injustas, inmorales, anti-patrióticas y una estafa del caudal democrático. Qué progrese hacia la justicia social y hacia un bienestar mayor para todas y todos. Qué sea más fuerte para los retos que ya están aquí.

El miércoles 7 de octubre a las 9 de la noche, mientras se preparaba el anuncio de la convocatoria de Huelga General en una rueda de prensa conjunta entre el sindicato de inquilinas, CC.OO y UGT llegaba la noticia del fallecimiento de Mari Carmen Abascal.

El símbolo y detonante de esta revolución fallecía en el hospital Gregorio Marañón víctima del sistema y de la avaricia amparada de los especuladores. Un homicidio que cargará en las conciencias de quienes han permitido por acción, por omisión, por votos y por decisiones judiciales o policiales, que echarán de su casa a esta mujer tras un proceso de desahucio que como todos, dura muchos años y deja a las personas trabajadoras al filo de su aguante y con su salud más que deteriorada. Y una muerte que ha exacerbado aún más la rabia y la indignación de un país y unas clases trabajadoras hartas de ser secuestradas por la inmundicia humana propietaria.

Qué su muerte no caiga en el olvido. Qué su ejemplo de lucha siga siendo la espoleta de la activación social por la vivienda y por una mayor dignidad para las clases trabajadoras.

La vivienda marca los tiempos

 Imagen de la acampada en Sol. fuente: diario Público.es

 

Desde 2015 las derechas extremas en España -y en Europa, y en el mundo-, están consiguiendo imponer su relato centrándose en lo identitario frente a lo material. La inmigración, la seguridad, las fronteras, la delincuencia, lo tradicional, el género, las decisiones individuales en torno a la identidad de género han sido los temas que se han impuesto en el debate público, partiendo de la élite mediática y partidista y llegando a la calle y a la percepción de preocupación de la ciudadanía. Lo material quedó relegado.

No era preciso que la realidad sustentará los bulos y mentiras en torno a las cuestiones identitarias; lo prioritario era hacer ruido, mucho ruido, y que no quede tiempo ni espacio para tratar los temas que afectan a la vida diaria y física de las personas, las familias y los colectivos. El auge fascista y la violencia política orgullosa y activa como hacía 40 años que no lo estaba (antes seguía presente pero invisibilizada), han hecho el resto. La lucha de clases seguía y sigue vigente para todos, pero eran las élites las únicas conscientes de su importancia y la parte más activa para imponer sobre quiénes, qué, cuándo y cómo se ejecuta.

El mundo del trabajo, en un proceso inacabable de precarización para devolverlo a la esclavitud con una patina pos-moderna, ultra tecnificada y tecnológica. Los servicios sociales, la educación y la sanidad públicas abiertas de par en par al negocio privado mientras se deterioran y destruyen cientos de miles de empleos de calidad en estos sectores, y los ciudadanos, ven como los elementos que hacen más país, y más democracia, desaparecen en la lógica artificial del capitalismo de beneficios y costes. Ni siquiera eventos históricos como la pandemia de covid-19 o el cambio climático que aceleran y propician emergencias vitales cada vez más extremas se tienen en consideración desde los medios de difusión del sistema. Se discute y ridiculizan hasta las más elementales cuestiones, porque lo importante es quitar el barniz de consenso a la ciencia y no pasar a debatir quién tiene que pagar los costos del descalabro climático: los pobres del mundo o la élite.

Y por supuesto, la vivienda, a la que ya dediqué unas entradas a principio del año dada su trascendental importancia, y que desde 1998 vive una burbuja perenne de escalada de precios irracional y homicida, de la que la crisis, perdón estafa inmobiliaria de 2007, ni siquiera sirvió para controlar los precios y menos para discutir una doctrina económica convertida en dogma que sustenta la avaricia y la podredumbre moral de los miserables. El neoliberalismo reúne en su ser todas las tropelías sociales y morales de todos estos años, y hasta que no se destierre por su criminal voluntad y su estupidez económica probada, no se podrá volver a dotar al mundo de justicia social. Un problema enquistado que germina en forma de rupturas intergeneracionales, proyectos vitales inacabados, a veces ni siquiera iniciados, y en definitiva, un malestar larvado que necesita ser resuelto. Y tiene que hacerlo, forzosamente, a través del empoderamiento y la toma de conciencia para transformar la opresión en una lucha generacional.

Pero volviendo a la vivienda, en el todo el mundo, y particularmente en España se trata del tema que iba a determinar el sentido político del gobierno y del ruido mediático y político. El desahucio de Mari Carmen el pasado miércoles 23 de septiembre, una mujer de 87 años con problemas de movilidad y de salud, que llevaba viviendo en su casa desde hacia 70 años en régimen de alquiler, sacada por la policía nacional en un despliegue vomitivo, amparada por unos jueces y unos políticos inmorales para dar rienda suelta a la especulación de unos rentistas criminales metidos a jugar al monopoly con las vidas humanas, ha sido el detonante de la indignación ciudadana, especialmente de los más jóvenes, por la situación de la vivienda en España. Los desahucios son para Mari Carmen y todas las personas trabajadoras. El ático para Ayuso y los rentistas a los que su calaña ampara.

Mientras la organización colectiva a través del sindicato de inquilinas, unidos a otras plataformas ciudadanas sensibilizadas en el tema de la vivienda durante todos estos años, trataba de parar el desahucio a través de la resistencia pasiva y la protesta amparada, aunque recortada por la Ley Mordaza, los policías (anti)-pro-disturbios cargaban con extrema violencia ejercitando el abuso de poder. Pero ni con esa amenaza para disuadir la protesta han parado los jóvenes, y no tan jóvenes también, de movilizarse y avanzar en más acciones, todas de carácter solidario y de clase para denunciar la situación de la vivienda en España, y además, hacerlo proponiendo medidas. En los últimos años se ha ido re-activando de nuevo el conflicto, poco a poco, porque en ningún momento ha llegado a resolverse, sino que se ha ido caldeando al tiempo que las élites parasitarias robaban más dinero de las clases trabajadoras a través de rentas y expulsando a la gente de sus casas, sus barrios y sus pueblos. La gran manifestación de octubre de 2024 marcó un hito y articuló todo el movimiento que ha seguido trabajando en la sombra, y que con el desahucio de Mari Carmen como símbolo, ha tomado el impulso alimentado por la rabia, la injusticia y la solidaridad intergeneracional de clase trabajadora.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de segundos poniendo el foco en un problema social gravísimo que además es compartido por todas las sociedades civiles del globo, secuestradas por la especulación de un puñado de fondos, bancos, sociedades, pero al final de la cadena de personas sin escrúpulos. Se convocaron protestas por todo el estado español el mismo día y los siguientes, grandes marchas para el sábado 26 de septiembre, que han tenido una notabilísima respuesta ciudadana, volviendo a poner la cuestión de la vivienda y la brecha social que provoca, entre propietarios y no propietarios, y entre rentistas y especuladores frente a la sociedad. La marcha del sábado en Madrid terminó con la ocupación del espacio público, de la Puerta de Sol, en una nueva acampada indignada, tejiendo un hilo directo con el 15M de 2011.

Bajo esta presión ciudadana el gobierno de coalición tuvo que reaccionar y redactar dos decretos sobre vivienda que incluían entre otras cosas la moratoria de desahucios, la congelación de las rentas de alquiler, una mínima y laxa regulación de los alquileres vacacionales y por habitaciones (cáncer del rentismo a extirpar ya mismo), así como nuevas exenciones fiscales para caseros, y como novedad, para los inquilinos. Ambos decretos fueron rechazados por las derechas, tanto las extremas de PP y Vox, como las de las burguesías vascas y catalanas. Ni PNV, ni mucho menos Junts, tomaron partido por un gobierno que les debía ser mucho más simpático, que la alternativa y votaron contra su pueblo, que no contra su gente, para mantener la rentabilidad de la inversión y la especulación sobre la vivienda. Todos ellos se configuraron como brazo político de la especulación inmobiliaria, del terrorismo habitacional y de la injusticia social.

De este modo hemos entrado en una etapa acelerada de la previsión de hace apenas un mes. El debate público vuelve a estar en las cuestiones materiales de la gente. De su vida, de su trabajo, de su bienestar y de su futuro y el de sus vástagos. No está en las cuestiones identitarias que convienen a las derechas, pese a lo sucedido en Ceuta (que por otro lado está enquistado porque quien tiene las competencias, el gobierno de Ceuta, sigue empeñado en hacer política nacional pese a las necesidades de la población ceutí y de las personas migrantes). La extrema derecha política y mediática sabedora de que perdía el foco y su posición predominante en el discurso público ha sacado a pasear las peores de sus artimañas para tratar de deshumanizar al personaje (la desahuciada Mari Carmen), así como diluir la protesta a través de la violencia tanto institucionalizada (policía y juzgados que para eso se les paga) y la de sus "cachorros" ultras.

Pero el malestar social está ahí. La inmensa mayoría de la gente, por no decir todas las españolas y españoles, tienen en la vivienda un problema. Si no ahora, y no lo tienen ya porque han pagado su casa, lo tendrán en un futuro cuando sus hijos e hijas quieran independizarse y llevar a cabo su proyecto de vida. Por lo tanto, las protestas continúan y se organizan hacia una convocatoria de Huelga General, que recibe un tibio amparo por parte de los sindicatos mayoritarios, pero un fuerte respaldo social.

La Constitución proclama en su artículo 47 la vivienda como un derecho, y la obligación del estado y sus administraciones a intervenir para garantizarlo y evitar la especulación. Evidentemente, desde el gobierno central, pero también los autonómicos y los ayuntamientos, que no se olvide, tienen las competencias, se ha obviado esta función, y se ha dejado “al mercado” campar a sus anchas y proceder a la laminación de todo tejido social del territorio en aras de la rentabilidad, que por otra parte se acumula cada vez en menos manos, y además siempre sale fuera del Estado. Una catástrofe amparada, promocionada y protegida por el sistema.

También los juzgados han prevaricado a conciencia y decisión amparando el rentismo frente al valor social y jurídico que la vivienda tiene. Han protegido la extracción de recursos y de esfuerzos de las clases trabajadoras que solo quieren vivir en su barrio o en su pueblo, frente a la propiedad del capital y la salud y rentabilidad de la inversión.

Mientras tanto, todo este tiempo, la extrema derecha y sus voceros se han dedicado a señalar al diferente, al migrante, a la mujer, "al marica". Si tu barrio cambia, o si no puedes acceder a una vivienda digna se debe a que hay más extranjeros pobres, que se quedan con las ayudas sociales y además te suben el precio de los alquileres. La progresía se preocupa más de las minorías que del bien común, y por eso los servicios sociales son peores, te sientes más desamparado y más inseguro. Y aunque es verdad que las élites de las izquierdas se han centrado demasiado, en mi opinión, en "comprar" estos relatos y jugar en el juego identitario de las derechas, en vez de irse a por las cuestiones materiales, que todos sin excepción sufrimos, la verdad, la realidad, es que son las élites cleptómanas y parasitarias de fondos buitres, bancos y propietarios especuladores los que han destrozado la convivencia y la salud del ecosistema social.

En este sentido no hay que perder de perspectiva que para la derecha, dentro de su ideario para tergiversar y transformar las inquietudes o problemas de la clase trabajadora en puntales sobre los que inducir su ideología perversa, la vivienda funciona muy bien. Al final, quien tiene una vivienda no percibe un problema, y si una inversión sobre la que ganar dinero en el futuro, y acceder a esa mentira social de la clase media. O cuando menos de la clase media aspiracional. Por lo tanto, ellos no tienen un problema de acceso a la vivienda y de satisfacción con su bienestar. No les han roto el pacto social, de formarse, educarse, trabajar y labrarse un porvenir, que el sistema, la sociedad, te ampara y a cambio te procura ese bienestar y la auto-realización. Sin embargo, el juego ha cambiado a mitad de partido. Si no tienes vivienda en propiedad tu vida se va a desarrollar en la inmediatez; en un fino alambre de inestabilidad y sin un sustento mínimo (un techo bajo el que cobijarte con unas condiciones mínimas, entre las que tendrían que destacar estar cerca del entorno más próximo y familiar de uno), por lo que al no poder acceder porque se está cometiendo una injusticia y una usurpación del valor social de la vivienda, para extraerle cada vez más capital y beneficios económicos, si que la vivienda se convierte en un problema. El problema de no poder acceder a la vivienda. De hecho, aquí se va a labrar la próxima batalla electoral: A saber, un país donde la gente puede tener casa, o un país donde la gente sueña con tener esa casa y en el futuro sacarle cuatro perras, mientras los grandes especuladores y parásitos, por su posición inabordable en el mercado le podrán sacar muchos más beneficios. Esta es la cuestión.

Si cada año tienes que dedicar más renta mensual a pagar el alquiler (por poner un ejemplo, en 3 años, mi alquiler ha pasado de 500 euros en un piso bueno, a 650 en un piso peor en una ciudad pequeña), cuando los jóvenes no pueden independizarse hasta pasados con mucho los 30 (los más tardíos de Europa, lo que lleva a que las mujeres españolas sean las europeas que tienen su primer hijo a mayor edad), cuando pese a formarse espléndidamente no tienen acceso al “mercado” de la vivienda ni el alquiler, ni mucho menos en propiedad, por lo que tienen que alejarse de sus centros (familiares, culturales, sociales, laborales, etc.) o vivir en pisos compartidos añadiendo precariedad a su bienestar, cuando tienes la espada de la no-renovación de contrato por parte del arrendador de manera unilateral y sin protección (así me quede yo el año pasado), cuando ves que los blancos europeos si que pueden comprar casas a toca-teja subiendo los precios, o cuando los centros de las ciudades y pueblos las viviendas se subastan en los alquileres de temporada y vacacionales porque tienen una rentabilidad superior por lo que disminuye la oferta,… cuando todas estas tropelías se repiten en el tiempo y por todo el estado, entonces el problema ya no es de identidad de género o racial. Es de identidad de clase, y por lo tanto, se trata de un conflicto entre las clases trabajadoras, y las clases parasitarias que se lucran con el esfuerzo de los demás. Es un problema por tanto de distribución. Y es por lo tanto, un problema político y social que es deber de todos, empezando por los representantes debatirlo y solucionarlo. Y si las administraciones no intervienen para reconducirlo y mantener el valor social de la vivienda, el siguiente paso es la activación social y la propuesta para cambiar las cosas. La lucha se convierte en el medio y el fin. Como dijo Victor Hugo, “cuando la dictadura es un hecho, la Revolución se convierte en un derecho”, en este caso cuando la inacción y la injusticia se convierte en norma y ampara la dictadura del capital sobre la vida, es legítima y consecuente iniciar el camino para cambiarlo.

 

Como corolario, al menos de momento, tras el rechazo de los decretos por parte de un Congreso derechizado (reflejo manipulado de un país no tan escorado a la derecha, pero si muy manipulado e influenciado por los medios de comunicación conservadores), un nuevo fin de semana de protestas y de reflexión para el Presidente del Gobierno fue la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Pedro Sánchez volvía una vez más a pillar a todo el mundo con el pie cambiado y a intentar aprovechar la ola para reeditar un nuevo gobierno, que forzosamente será de coalición o no lo será. En ese caso habrá que ver qué medidas en política de vivienda y con la emergencia social y las rupturas intergeneracionales que provoca se articulan. Qué se promete en campaña y qué se ejecuta en con el BOE en la mano. Unas elecciones que se centrarán en la cuestión material. Un primer éxito para Pedro Sánchez frente a la caterva ultra y la élite económica. Habrá que ver si será suficiente.

Hasta entonces las derechas tratarán de desviar el foco de nuevo a Ceuta y la inmigración. El PSOE procurará hacer valer los datos macro-económicos, la imagen internacional de Sánchez y el gobierno como dique de la democracia liberal, y una defensa clara de los servicios públicos, que ya hemos visto no se ha visto reflejada en la labor de gobierno. Pero sin duda, en la capacidad de aguante y lectura política del momento de Sánchez y su equipo radica el salir o no con un gobierno ultra que no va a tener ningún problema en trocear el país y vendérselo a las élites extranjeras.

Mientras a la izquierda a la izquierda del PSOE los vuelve a pillar en pañales, y teniendo que acelerar para ofrecer a la ciudadanía una candidatura unitaria que nace, pese a todo lo que ha ocurrido, improvisada y sin el trabajo necesario, debido a los egoísmos de los de siempre. 

En todo caso, es el momento de que la situación injusta de la vivienda articule la revolución que este estado, y que este sistema necesita. 

Por una cesta básica de la compra

 

Las diversas sensibilidades que forman parte del gobierno de coalición ya han anunciado un nuevo escudo social. Un paquete de medidas de urgencia y emergencia para poder mantener el bienestar de los hogares trabajadores en España, ante el alza de los precios de alimentos y fuentes de energía (especialmente de la gasolina) provocada por el criminal ataque de Estados Unidos e Israel, de Trump y Netanyahu, sobre Irán y la teocracia de los ayatolás, y que ha supuesto el cierre del Estrecho de Ormuz, con las indeseables consecuencias en la economía mundial.

Amenaza recesión, cuando no crisis abierta, con todas las fases del ciclo económico en juego. A saber: ciclo de manía, es decir, ciclo alcista y especulativo por parte de elementos de mercado que se valen de su posición y conocimiento para acaparar bienes ante futuras y posibles carestías o encarecimientos. Subida de los precios de los bienes por su baja oferta y demanda constante. Desconfianza en los mercados. Y más adelante, zozobra en los bancos e inversores que pueden ver peligrar el retorno de sus inversiones en mercados sensibles o volátiles como el de los combustibles o los articulos de importación. El ajuste preceptivo de los mercados que pueden llevar a una caída primero de la demanda exterior, con lo que se pare la actividad interna, se procedan a los impagos y despidos, que lleven a una caída también de la demanda interna que acarrearían por su parte, la caída de los tipos de cambio y el valor de la moneda, en este caso del euro.

Estos comportamientos descritos por varios autores como Kindleberger y Aliber en su Historia de las crisis financieras (2012, ed. Akal) y también avalados por nuestra propia experiencia, es a lo que nos enfrentamos en estos momentos. Particularmente grave en el caso de los bienes de primera necesidad. De la vivienda ya he hablado. Pero en este caso, me centro en los alimentos a los que da igual quién seas o dónde vivas, te vas a enfrentar a subidas y alzas que van a vaciarte los bolsillos. Porque los alimentos son imprescindibles. Quizás no tengas coche y no tengas que sufrir la salvaje subida del combustible (entre otras maldades de la sociedad del automóvil). Puede que tengas ya casa y hasta pagada. Pero todos precisamos de alimentarnos. Seamos trabajadores en edad y situación de producir. Personas desocupadas. Jubilados, pensionistas, estudiantes o niños. Todos necesitan consumir alimentos y van a sufrir la volatilidad de unos mercados muy expuestos a los oligopolios (cuando no y directamente a monopolios), y la especulación y la avaricia de los agentes intermediarios en el negocio de la alimentación.

En los últimos meses la tendencia de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido variable. Si en febrero acumulamos una subida del 0.4%, en enero, tras las Navidades, los precios bajaron un 0.6, y cortaron una racha de tres meses al laza en torno a un 0.3%. Si añadimos otros bienes y servicios imprescindibles, en especial la luz y el gas, para alumbrar y calentar (o refrigerar) los hogares el ataque a la capacidad de ahorro de las familias trabajadoras ha sido constante y se ha comido en su totalidad las subidas salariales que se han pactado entre gobiernos y sindicatos (a la patronal, por lo que sea, no lo viene bien).

En general, estas subidas salariales no permiten la mejora de las condiciones de vida de las clases obreras, porque son insuficientes para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza de los precios. Y es que en estos períodos alcistas de grandes tasas de inflación, y especialmente, ante momentos como el actual, en el que especulan y esperan que así suceda, las grandes empresas o las posiciones dominantes en el flujo comercial intentan aumentar sus márgenes de beneficios, haciendo valer su posición. Por lo que, a parte de lo que ocurra en este mundo globalizado e interconectado, si los precios de los alimentos suben aquí, es por ellas, por estas empresas y empresaurios con nombre y apellidos.

Pero es que además hay que señalar, como productos fundamentales en la dieta de las españolas y españoles sufren salvajes subidas de sus precios que no repercuten en los productores y si en los distribuidores y sus inversores. El aceite de oliva, la leche, las patatas, los tomates o el pan son algunos de los productos indispensables de la dieta mediterránea, y de cualquier dieta digna y saludable, que son pacientes de la volatilidad de los mercados. Utilizados a veces como reclamo por las grandes marcas de los supermercados, ese cartel podrido que debería ser objetivo de cualquier gobierno social, en estos momentos son pasto de la especulación. Hemos visto como las distribuidoras han acaparado toneladas de estos productos para subir artificialmente su precio, sabedores de la importancia que tienen en el día a día de las familias, con lo que han ganado mucho dinero. Y el gobierno, y casi nadie, hemos hecho nada para revertir esta injusticia y aplicar justicia. De la social y de la de leyes.

Según el Banco de España, los beneficios empresariales han crecido entre 6,5 y 8 veces más que los salarios en los años siguientes a la pandemia de covid de 2020. Es decir, las empresas han podido trasladar los incrementos de costes a los precios finales de venta, manteniendo por lo tanto, la rentabilidad y añadiendo además, las ayudas y rebajas fiscales, incluidas las destinadas a los consumidores como las bajadas del IVA, a su cuenta de beneficios. Esto con “el gobierno más progresista de la historia”. Ya sabemos por anteriores períodos de crisis que las rebajas de impuestos inciden directamente a favor de los bolsillos de los más adinerados. Y además, castigan por segunda vez a las familias trabajadoras al ver mermada la recaudación con la que luego hay que pagar y planificar servicios sociales.

Es fundamental, por no hablar de una política justa y acertada a nivel humano, que el gobierno, cualquier gobierno en cualquier lugar y bajo sus competencias, trabaje para rebajar la inflación en la alimentación y garantizar su acceso a las clases trabajadoras de una dieta equilibrada y saludable para las familias. En esta idea se enmarca las distintas iniciativas por habilitar un sistema de cesta básica de la compra. El planteamiento es bien sencillo y su ejecución plenamente factible sin recargos ni despidos en las empresas distribuidoras (al por mayor y al por menor), en los transportistas, en las transformadoras y en la producción. En el caso de las primeras y de toda la cadena de distribución sería recortar estos salvajes márgenes empresariales que bien se podían articular a través de los impuestos, cuando no llamando a la solidaridad patriótica, y de la que alguno de estos empresarios, les gusta hacer tanta gala. Básicamente que ganen un poquito menos de dinero.

Con el caso de los productores (agricultores, ganaderos, pesqueros) el objetivo es garantizar precios justos para estos profesionales. Que no tengan que vender a pérdidas, sobre endeudarse para poner en marcha cada año la producción, y que no se vean extorsionados por las grandes cadenas de distribución que además incumplen sus contratos. Incluso es el momento de plantear que las propias administraciones, y en especial, educación a través de los comedores escolares, sanidad con las cantinas y servicios de comida de los hospitales, y servicios sociales con las residencias y albergues, se conviertan en distribuidores y puedan emplear los productos del campo español directamente. Del agricultor al paciente de un hospital. Del jornalero a la mesa de un escolar.

El objetivo es frenar la creciente desigualdad económica. La Fundación Alternativas en su Informe sobre la Desigualdad en España en 2025 alerta que 1 de cada 4 familias tiene que hacer recortes en sus gastos en alimentación, por lo tanto en la dieta de sus integrantes. Abaratar y por lo tanto, bajar la calidad en la ingesta de comida, en especial de los alimentos frescos. Los más beneficiosos y propios de la dieta mediterránea, eso que tanto se afanan en vender a los turistas extranjeros, pero que parece es imposible para muchos de nuestros compatriotas. Según el mismo informe hasta un 6% de los españoles admite pasar hambre. Una vergüenza nacional que nos debería hacer reaccionar.

Como nos demostró la pandemia y lo hace cada día muchas situaciones y realidades de la vida diaria es preciso que las instituciones, la democracia y el estado-nación, y el modelo del estado del bienestar cuiden de las personas, que lo hagamos todas juntas sin dejar a nadie atrás. Son medidas para protegernos a todos, pero en especial y en primer término a las personas más vulnerables.

Fomentar y trabajar por plantear este modelo ante la que se avecina de escalada de los precios de los alimentos es bien necesario y vital, y además hacerlo, sin distinciones de ningún tipo, ni incluidas las de renta. Y es que, encima ya se han probado y han tenido éxito. En Francia en 2011 ya se plantearon, negociaron y acordaron precisamente con cadenas de distribución implantadas en España, y no pasó nada y se ha seguido utilizando. Le Panier des essentiels (“la cesta de productos básicos”) incluía un mínimo de diez productos que eran actualizados semanalmente teniendo en cuenta las fluctuaciones de producción y en especial, la disponibilidad de las mercancías y las temporadas en el sistema agrario nacional. Al menos debía aportar dos frutas, una legumbre, una pieza de carne, otra de pescado, un lácteo, un queso y una bebida no alcohólica y no azucarada.

Si funciona allí, ¿por qué no va a funcionar aquí?

La creación y mantenimiento de una cesta básica de la compra es un paso esencial hacia la mejora del bienestar social y económico de cualquier nación. Asegurar su accesibilidad no solo tendrá un impacto positivo en la vida de las personas, sino que también contribuirá a la estabilidad económica y a la construcción de un futuro más equitativo. La responsabilidad de implementarla de manera efectiva recae en todos los actores sociales, quienes deben trabajar juntos por un objetivo común: el bienestar de la sociedad en su conjunto.

 

¿Está fallando el modelo estado-nación?

 

Estas tres últimas entradas en el blog tienen como hilo conductor el concepto de estado-nación. Entendemos por estado-nación la idea política y filosófica que determina la realidad de un territorio claramente delimitado, con una población más o menos constante y que comparte ciertos aspectos de índole cultural (características étnicas o raciales comunes, un idioma común, unas tradiciones y folclores comunes, etc.) y política, fundamentalmente una soberanía y un gobierno propios. Además, se encuentra delimitada por otros estados-nación (constituidos o no) también soberanos. Pueden darse estados-nación no constituidos en un país formal, por ejemplo, pensemos en la etnia kurda, el pueblo saharuí, Palestina u otras tribus incluidas en uno o más países. También tenemos identidades nacionales que no encuentran su acomodo en el ecosistema estado-nación, por lo que sus ansías por constituirse como estados propios o independientes no se cumplen: Quebec, Euskadi, Catalunya, Córcega, Flandes, el Tirol austríaco, el Tirol italiano, Escocia, Irlanda del Norte, el Tibet, la Cochabamba, etc.

En las anteriores entradas me pareció muy conveniente, por un lado, escribir sobre el estado-nación inacabado de España, desde una óptica plurinacional que combate contra una hegemonía de la “España única”, indivisible, indisoluble e indistinguible entre unos pueblos u otros que forman parte del actual país. En la otra, y con un claro marchamo de clase, clamo contra el modelo estado-nación capitalista, como un marco desarrollado no para catalogar y organizar las jerarquías entre naciones y pueblos que forman parte de ellas, sino como unas estructuras encargadas y diseñadas para favorecer la opresión sobre las clases trabajadoras (sobre todas ellas, sin distinciones étnicas o raciales), su desposesión, su explotación y la acaparación de esas plusvalías en las élites. Ahora queda el reto de disertar sobre si el modelo estado-nación está agotado y si hay alternativas.

En la actualidad, estamos en un momento a nivel global, y visto desde una óptica occidental (o europea, o anglosajona) en la que se tiene a la democracia liberal, un modelo que por otro lado ni de lejos cubre las necesidades libertarias del pueblo, como un obstáculo para el propio sistema. Su avance, no me atrevo a tildarlo de progreso, se basa en ganar más dinero. Generar más riqueza y que esta sea atesorada por una élite, a la que por lo general, la democracia representativa le viene mal: tuvo que ceder parte de la soberanía al pueblo, sin importar su nivel de renta, su nivel educativo o sus condiciones, en aras de una supuesta igualdad, dentro de un sistema deliberadamente imperfecto, que fuera capaz de alentar la participación y con ella, el disenso y los acuerdos dialogados, protegiendo a los colectivos, pero sobretodo a los individuos, de las tiranías de la mayoría.

Esta situación provoca un temor profundo en estas mismas élites económicas que aún quieren acaparar mayor riqueza y poder, y por consiguiente, oprimir aún más a las poblaciones y clases trabajadoras. La paradoja es que la democracia y los sistemas representativos que proporciona y legitima, son al mismo tiempo, muros que impiden el asalto a los recursos de todos para el usufructo de esa minoría. Por ello, la democracia está en peligro ante el aliento que la reacción y avance fascista de los últimos 10 años en todo el mundo, pero sobretodo en Occidente, está llevándose a cabo. El objetivo es derribar las instituciones democráticas, y que además sea a través de una participación teledirigida y sesgada, derrotadas por las propias clases trabajadoras.

Frente a este modelo de democracia liberal, como digo, imperfecto y cuyos avances son a veces muy lentos, y otras, muy tibios y suaves, se propone un libertarismo radical que profundiza en la desigualdad capitalista, y para ello se está valiendo de las nuevas tecnologías como caballo de Troya, capaces de derruir la democracia en favor de un neo feudalismo, de tinte tecnológico, que aupé una nueva aristocracia, recuperando los estamentos y garantizando la acumulación de capital.

Para ello, resulta fundamental distorsionar los valores humanos, desde el entendimiento de la propia condición humana, al desecho de la sabiduría (todo tipo de saber y de ciencia) y al menosprecio de la empatía y la solidaridad. Y esto se ha logrado, o se está logrando, a través de la alabanza de un individualismo exacerbado. Se trata de glosar a individuo (y si es hombre, y si es blanco mucho mejor) por encima de cualquier otra cuestión. De manera artificial se le convierte en agente de su propio destino, haciéndolo objetivo de un relato que habla de meritocracia, persuasión, emprendimiento, valentía, atrevimiento y talento. Donde el consumismo es un arma para deshumanizar a la persona, establenciendo una constante competición por comprar y exhibir la compra. Un combate agotador, y por supuesto, incapacitante y eterno. 

Para ello, es básico debilitar todo lo que huela a comunal, y por supuesto, a herencia y bagaje. Se trata de difuminar las clases sociales y la disposición previa para que el individuo, primero el votante y después el militante reaccionario, se “auto-proclame” defensor del sistema vigente, y más allá, de la distorsión de éste, para al final pensar y actuar en contra de sus propios intereses, y en el de los demás congéneres.

Desde una recuperación del fascismo y el nacional-populismo se posicionan a los individuos para despojarlos de su identidad de clase y darle predominancia a otros valores o rasgos como puedan ser el sexo, la orientación, la ideología y fundamentalmente la raza y la nación. Contra más proclaman “por una patria en peligro” más evidente se hace que su interés es defender un estatus de opresión contra otros que son distintos en el color de piel o contra las mujeres y el resto de minorías de género. Contra más banderas enseñan (y cada vez es mayor como demuestra su preponderancia en el deporte profesional, otra herramienta al servicio del poder) menos les interesa las instituciones, códigos  y garantías que permiten la convivencia dentro de ese mismo país. No se apresuran a denunciar y a defender la estructura material del estado, empezando por los estados de bienestar o por la garantía de derechos como la prensa libre, la libertad de asociación y participación política o sindical, o de los mecanismos de gestión directa y pública en los mercados que aunque sea tímidamente, nos defienden de la avaricia de los poderosos. Tampoco denuncian su corrupción o la falta de amoralidad de sus líderes. No les da para tanto. No les preocupa eso.

El objetivo de aunar este neo-fascismo en esta fase del capitalismo tecnológico y digital es desmontar las democracias como agentes de política efectiva. De hecho se trata de borrar la política de las preocupaciones u obligaciones de la gente común, para sustituir la política con una gestión técnica. Cambiar la democracia por una tecnocracia que en esencia funde un neo-feudalismo donde nos convierta a todos en vasallos de los dueños de las tecnologías.

Ante la crisis del estado-nación, surgen diversas alternativas que buscan redefinir la gobernanza y la organización social. Entre ellas se encuentran:

1. Regiones Autonómicas: Fomentar la autodeterminación y la autonomía regional puede ser una solución viable para satisfacer las demandas locales sin desmantelar completamente el estado-nación.

2. Redes Transnacionales: La cooperación entre ciudades y actores no estatales puede contribuir a un sistema de gobernanza más flexible y adaptable a los problemas contemporáneos.

3. Organizaciones Internacionales: La integración y fortalecimiento de organismos internacionales pueden ofrecer soluciones a problemas que trascienden las fronteras estatales, creando un marco más efectivo para la colaboración global.

4. Movimientos de Ciudadanía Global: Fomentar una identidad global que trascienda las divisiones nacionales puede propiciar un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida hacia el bienestar común.

5. Y por supuesto, frente al escenario anteriormente descrito, la respuesta no puede ser otra que la información y el combate activo. La confrontación de la masa obrera. Y la alternativa es el fortalecimiento de la democracia, que aunque imperfecta, es el sistema menos malo para garantizar progreso y mayor dignidad para cuantos más sea posible.

El modelo estado-nación, que ha dominado la configuración política y social del mundo moderno, enfrenta serios desafíos en un entorno global en constante cambio. La globalización, la fragmentación identitaria y la crisis de soberanía son procesos interrelacionados que ponen en entredicho la viabilidad y la funcionalidad del estado-nación como forma de organización política predominante.

Pero es el interés de las élites por derruir el modelo y el sistema liberal la principal amenaza, y ante la cual, como sociedad civil y como clases trabajadoras tenemos que actuar y protegernos.

Y no para proteger la democracia actual como un sistema de máximos, sino como un cimiento de mínimos sobre el que construir alternativas donde la justicia social, la igualdad de oportunidades y el progreso general del ser humano, sin distinciones de ningún tipo, sea el denominador común y el objetivo colectivo. Nos va la vida en ello.

Contra el estado capitalista

 

Como se afanan en recordarnos, y como de hecho es realidad, estamos en un momento histórico trascendental. Abocados a cambios radicales en la forma de vida, ya no sólo de millones de personas, sino de toda la humanidad. La indiscutible emergencia climática, de la que cada vez hay más testimonios directos, pruebas empíricas y víctimas con nombres y apellidos. La voladura descontrolada del orden internacional, incluidas las reglas del juego democrático y los sistemas de contrapesos entre naciones, que nos llevan inevitablemente a conflictos diplomáticos y a una mayor violencia y escalada hasta la guerra total, con implicaciones de aniquilación mutua. Y el fracaso de un sistema económico capitalista, en su etapa ultra liberal, globalizado, extractivista (de energía, de materias primas, de trabajadores, de consumidores, etc.), entregado a la pulsion financiera, pero incapaz de dotar de dinamismo, porvenir y bienestar a cada vez más personas, por todo el mundo, con lo que a su vez, provoca el descalabro del modelo político liberal, presentado como el “mejor” de los otros, imperfectos sistemas de representación política. En definitiva, un estado de crisis total, de distintas vertientes, pero que enraízan en un profundo malestar, una desafección y desconfianza plena. Un tiempo de zozobra e incertidumbre que acaba en el repliegue identitario, muchas veces misógino, xenófobo y misántropo, que explica, a su vez, el auge del fascismo por todo el mundo.

Y ante este estado general de las cosas, la respuesta se hace desde los marcos establecidos del estado-nación liberal. La misma estructura que ha ayudado, cuando no favorecido directamente, la actual situación de crisis, es el encargado de dar respuesta a estos retos. Y obviamente, falla, y lo hace, estrepitosamente. Porque es incapaz de paliar consecuencias, y mucho menos, de plantear alternativas sólidas y posibles. Porque ha sido diseñado, no para satisfacer las necesidades de las mayorías, proteger al conjunto de los individuos, y ni muchos menos, responder ante retos de crisis y caos. Sino que su diseño, su génesis, planificación e implantación están hechas desde lógicas capitalistas. Su fin, y lo consigue, es reproducir el capital, y que este se licue hacia las élites, cada vez más acaudaladas y más escasas.

Este estado-nación capitalista se muestra sin fisuras ni ambages en situaciones críticas: Ante una catástrofe (natural, política, económica, o voluntaria o involuntaria) colapsa y es incapaz de darle solución, cuando no manifiestamente homicida, irresponsable y hasta sádico. Apenas no funciona ante esa emergencia. Y sin embargo, cuando la sociedad civil estalla y protesta, con implacable precisión es capaz de sofocar y atajar las protestas. Es muy eficiente en hacerlo a través del monopolio legal de la violencia (policías y ejércitos), defendido por jueces y políticos pro-sistema que deben proteger y mantener vigente ante los nuevos retos o amenazas, porque su función, su lógica es la rentabilidad económica, con especial énfasis en la seguridad del negocio, del capital y de quienes lo poseen. Incluso se permiten saltarse “sus propias leyes” si es necesario, quedando patente en todo caso la desigualdad jurídica, que es otra capa de indignidad a sumar a las ambivalencias extremas de un sistema mercantil.

Por si esto no fuera poco, en la desigualdad económica y de poder real, entre clases, y entre individuos o colectivos, los poderosos encuentran en la transmisión de la información otras formas de apuntalar el estatus y de cimentar su hegemonía. Los medios de comunicación de masas cuyos dueños son emporios de magnates y aparatos financieros, son perfectos y muy útiles en aquello de generar estados de opinión, disipar malestares y preocupaciones, y en crear problemas alternativos y cortinas de humo y de distracción. Indistintamente, se trate de medios tradicionales o nuevos, analógicos o digitales, clásicos o tecnológicos, o de amplio espectro o sectorizados, por lo general, no discuten el estado capitalista, como situación natural “deseada” o “acordada por todos”. Inquebrantable, sostenido por unas ideas que se presentan a su vez, como naturales y lógicas, mientras que cualquier alternativa, incluso la más mínima, revisionista y encorsetada a los umbrales del sistema se presenta como un populismo o de un radicalismo intolerable.

Baste por ejemplo, pensar como la idea de “solo el pueblo (siempre que esté organizado, cohesionado e ideologizado) salva al pueblo” se convierte en peligrosa para el sistema, porque despoja al estado de su función. Lo condena inútil en eso de dar respuesta a las necesidades de las personas, y por lógica, supone la reclamación y el planteamiento de una alternativa que forzosamente derrumbaría el sistema del estado capitalista. Por eso, es tan combatida esta idea (y otras similares o más ambiciosas), porque en esencia, conseguiría disipar la extracción de capital, riqueza y dignidad de las clases trabajadoras y productoras hacia las clases de arriba, parasitarias y corruptas.

Por todo ello, es fundamental discutir la naturaleza del estado-nación capitalista aunque solo sea por propia lógica de la supervivencia. Esperar que este sistema sea capaz de dar respuesta ante la crisis ecológica, la crisis moral y política y la crisis económica del capitalismo de burbuja y financiero es de una ingenuidad asombrosa, por no decir de una locura insostenible. Porque la lógica capitalista, el modo de pensar de las élites, y de las instituciones que se han creado o amoldado a su modo de operar no pueden abordar el análisis de causas, desarrollos y consecuencias de estas crisis, porque ellas mismas son responsables de su emergencia, agravamiento y profundización. Pensar que un talante “socialdemócrata” o de un “capitalismo de rostro humano” va a salvarnos porque vamos a confiar y a reforzar el estado capitalista, sin discutir ni desmontar un sistema que se basa en la explotación y saqueo de los recursos naturales y humanos para garantizar la acumulación de capital, incluso a costa de la vida de millones de personas (por no hablar de otras especies, o de los que vendrán después) es un error que nos ha traído hasta aquí.

La respuesta a la crisis económica de 2007-2008 fue la disolución del estado social, y con él, de buena parte de la activación política por alternativas que tenían en la justicia social y en la igualdad de oportunidades entre ciudadanos (incluidos ciudadanos de fuera de ese estado-nación capitalista). Paradójicamente no fueron los causantes del destrozo que provocó el neoliberalismo, la desregulación de los mercados y la incesante avaricia del capital quienes pagaron las justas facturas. Sino que fueron las condiciones de trabajo y de vida de las clases populares, los servicios sociales básicos, en especial y en Europa la sanidad y educación públicas, y las expectativas de futuro de los países en desarrollo los que saldaron las cuentas.

Pero esto no quiere decir que no se pueda hacer nada y que nos quedemos en casa, en el sofá, mirando el móvil, y lamiéndonos las heridas. U olvidarnos y relajarnos con lo que pongan en la tele. Como nos ha enseñado la Historia, si hemos llegado hasta aquí, y efectivamente, tenemos mejores condiciones de vida que las que tenía alguien con tu mismo apellido durante la Edad Media, ha sido a base de lucha. Los avances sociales, económicos y políticos se han conseguido mediante el trabajo, la activación, la solidaridad y la fraternidad, y si, también al atrevimiento, la defensa y el ataque. Con buenas palabras y batucadas no se va a conseguir que el “Estado” sacrifique la rentabilidad de las élites para un mayor reparto, más justo, o incluso humanitario. La situación actual, el descalabro es tan grande, que hay que forzar al estado y a las élites a que cedan, a que se transformen y se conviertan en garantías de igualdad y de libertad, frente a lo que son hoy en día: elementos de opresión y máquinas de extraer riqueza de abajo a arriba.

Organizar nuestra fuerza, concienciando de la necesidad de la lucha y del poder que atesoramos si trabajamos juntos como ente colectivo (que no quiere decir que se disipen las peculiaridades ni las identidades individuales) para que nos devuelvan lo que es justo: nuestras vidas con dignidad y futuro.

Cuando individualmente y de manera colectiva, pero centrada únicamente en el frente institucional, somos, como clase trabajadora, incapaces de hacer que las empresas y el estado-capitalista organicen sistemas de transporte que nos permita ir a trabajar para ellos a que nos sangren nuestra riqueza, y sin embargo, nos lanzan a que individualmente, los oprimidos seamos quienes pongamos de nuestra parte (de nuestro tiempo, de nuestro dinero) para ir a que nos exploten, es el momento de reaccionar.

Por lo menos a los esclavos los llevaban a la plantación de algodón.

O cuando la ciudad y el territorio se convierten en escenarios que también suponen una disolución de la pertenencia al mismo, y una pérdida irreparable de las formas de vida más naturales, locales y propias. Lo que aparentemente te venden como avances de la clase trabajadora, perversamente acaba convirtiéndose en mayor desposesión para esas clases trabajadoras, que si no pueden llegar a ese nivel para consumir son expulsadas. Aunque sea su propia casa.

Es el momento de organizarse, coordinarse y desarrollar acuerdos entre las distintas capas y sensibilidades de la sociedad civil para desde la lucha frente al estado capitalista ofrecer también victorias en esos otros frentes parciales. No será fácil, y casi seguro, tampoco placentero. Habrá derrotas y dolor. Pero también, la victoria final es imprescindible y la única salida necesaria y posible.