Cuando
hace 22 años Naciones Unidas instauró el 3 de mayo como el Día
mundial de la Libertad de Prensa
lo hacía para que todas y todos tomemos conciencia del papel que
juegan los medios
de comunicación
en la democracia;
para que entendamos qué y cómo gobierne quien gobierne, la prensa
es un contra-poder fundamental, que funciona como el vigilante capaz
de destapar las corruptelas políticas, los abusos empresariales o el
verdadero origen de los conflictos. Es el compromiso de los y las
periodistas para quien le pese denunciar y ser el altavoz de quienes
exigen un cambio del estado de las cosas, para mejorar, para lograr
mayor libertad, mejor futuro. Y para que defendamos como sociedad
también sus derechos y libertades, desde el punto de vista laboral,
pero también en cuanto a la seguridad personal y al prestigio que
merecen. La crisis económica y sus repercusiones, como
reacción de los poderes fácticos
en relación con la libertad de expresión y las agresiones contra
profesionales de la información centran año
a año
la conmemoración.
Las
dificultades económicas han castigado con dureza la profesión
periodística. Después del sector de la construcción es el ámbito
donde se ha registrado más destrucción de empleo. Y no es sólo
eso, aprovechando la crisis se han cambiado legislaciones, empezando
por la Ley Mordaza
pero también las Reformas laborales que atentan
claramente contra los derechos de los trabajadores. En el caso del
sector de la comunicación, el efecto se transmite, como una mancha
de aceite, al conjunto de la sociedad, porque la precariedad, la
reducción de las condiciones laborales de los periodistas y el
incremento de la dependencia de los medios respecto de los
anunciantes, privados o públicos, pone en peligro derechos
fundamentales como son el de la información a la que tienen derecho
los ciudadanos.
El
Artículo 52 del Estatuto de autonomía de
Catalunya, y también en varios de los vigentes en el resto del
estado español,
reclama de los poderes públicos que garanticen el derecho a una
información veraz y que se respete el pluralismo político por parte
de todos los medios de comunicación. Y en cuanto a los medios
públicos, que la información que proporcionen sea neutral.
Pero,
una cosa es lo que se dice y otra es la realidad. Las
patronales consideran la información no un derecho sino una
mercancía.
Y
de su acceso o no sólo dependen las cuentas de resultados, sino
también la influencia que diversos empresarios tienen en el estado
de las cosas.
La crisis ha supuesto, pues, una pérdida constante en las
condiciones de trabajo y de empleo de los profesionales, y ninguna
administración ha salido a defender el carácter público y los
valores democráticos del derecho a la información.
Sólo
basta con recordar los comportamientos que han tenido los poderes
públicos, y
sobretodo la derecha, personificada en el PP,
en los casos del cierre de Canal
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en Valencia, la casi privatización total de Telemadrid
y, desde el gobierno de CiU, en Cataluña "la
erosión del servicio público de la CCMA con la rebaja de la
aportación económica y la inexplicada iniciativa de externalizar la
venta de la publicidad".
Y
todo eso sin entrar a hablar de RTVE,
el ente público que día sí y día también, funciona como altavoz
de las posiciones del Gobierno de Rajoy y su recua de maleantes,
magnificando las noticias negativas de sus rivales políticos y
guardando hasta la infamia las corruptelas y legislaciones para con
los poderosos que llevan a cabo. Una
burda manipulación
informativa
que forma parte de las recetas de quienes están destrozando el país
y su sociedad para el beneficio de unos pocos.
Llegados
a este punto no me quiero olvidar de la
seguridad de los profesionales de la información.
Es
fundamental, básico, reconocer, alabar y desde nuestra posición
defender el trabajo y dedicación de miles de periodistas que
desempeñan su trabajo en zonas de conflicto como pueda ser Siria,
Yemen
o África. Y por supuesto quienes nos traen la actualidad y situación
de los millares de emigrantes y refugiados que tratan de llegar a
Occidente, engordando las arcas de las mafias y las listas de muertos
y desaparecidos en el Mediterráneo mientras las autoridades ultra
liberales y fascistas europeas miran para otro lado.
En
el
año 2013
fueron asesinados 75 periodistas, 177 fueron encarcelados y 87 fueron
secuestrados. Esta última cifra supone un aumento del 129% respecto
del año anterior, según Reporteros Sin Fronteras.
Así
con todo y centrándonos en este ajado país, en España
no se disfruta de libertad de prensa.
No lo hace. Otra cosa bien distinta es que las y los periodistas
continúen desafiando al poder político y empresarial realizando su
trabajo, pese a las amenazas,
a la intimidación, a la represión y las multas.
El
PP de Rajoy ha conseguido que, como sucede con la corrupción, los
ataques a la libertad de prensa sean ya un problema estructural de
todas las Administraciones Públicas, desde Ayuntamientos, a
Diputaciones o Gobiernos Autonómicos. Cual caciques en un cortijo,
los gobernantes se creen con el derecho de gestionar la información
pública a su libre albedrío, en lugar hacer de la Administración
un edificio de cristal en el que, no sólo la prensa, sino cualquier
ciudadano pueda acceder a datos básicos como unos presupuestos o los
costes de una servicio público.
Lo
acabamos de ver con la actitud con la que la corrupta, fascista y
mentirosa de Cristina Cifuentes ha tratado al eldiario.es
cuando éste, gracias a un trabajo periodístico de primer orden
denunció sus graves corruptelas en una Universidad pública. Les
amenazó con una querella tratando de silenciarles, mientras
se dedicaba a mentir en sede parlamentaria
y al final dimitió no porque un medio contrario demostrará con
periodismo su corrupción en una institución de todas y todos, sino
por la publicación en un medio “amigo”
de un video gestionado de
forma mafiosa,
en el que se demostraba como robaba en un establecimiento privado.
Por
todo esto, debemos como sociedad ser mucho más sensible ante el
estado de unos pilares
fundamentales de una democracia.
Un periodismo
libre,
seguro tanto en materia económica, como de garantías universales es
una herramienta básica para construir una sociedad justa y libre. Y
tenemos que ser beligerantes con las agresiones que reciben las y los
periodistas y sus medios.
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