Porque NO a las casillas de la Iglesia y de fines sociales

 Imagen extraída de aquí.

Nos encontramos a un par de semanas del inicio formal de la Campaña de la Renta 2017, donde los ciudadanos de a pie, los curritos, es decir, la clase trabajadora, se pondrá al día con el fisco. Pasaremos por caja en la mayoría de los casos como muestra una vez más, de que el trabajo, la economía real y efectiva, lo que se genera y produce gracias al sudor de la frente del obrero y la obrera -y también del riesgo corrido por algunos empresarios- tiene todas las zancadillas, mientras se pasan de puntillas con los beneficios que otorga la especulación y la ingeniería financiera. Eso si, si logran pillarlos, porque las cuantías golosas se guardan en paraísos fiscales, mientras el que debería vigilar mira para otro lado y sigue sin dar las herramientas necesarias, en personal y medios, a los inspectores que con honradez y sentido del estado desean hacer su trabajo.

La Campaña de la Renta en “nuestro” país se caracteriza por una ausencia casi total de recursos de participación y decisión de los contribuyentes para que estos destinen parte (o la totalidad) de sus impuestos a causas concretas como pudieran ser la investigación, la sanidad, la educación, la cultura o el deporte.

Aunque no son muchos los países que registran estas cláusulas en las declaraciones de impuestos de sus ciudadanos, si que existen ejemplos a los que como sociedad deberíamos prestar atención, como en Suecia, Canadá, Holanda, Francia, Estonia o Nueva Zelanda.

Evidentemente hay ciertos gastos como en materia de defensa y mantenimiento de instituciones políticas -es decir, sueldos de políticos y sus asistentes, así como sus privilegios- que deben de poder sufragarse y que son altamente impopulares, por lo que habría cierta cantidad de lo recaudado sujeta a la discreción del gobernante para poder dotar económicamente estas partidas cuestionables, pero que vamos a suponer de partida, necesarias para el mantenimiento del estado y del bienestar de sus habitantes. Esto en una teoría básica sin mayores distinciones, y sin entrar tampoco a valorar, la ideología y sentido de los gobernantes y las mayorías parlamentarias que lo sustentan, que podrían decidir aumentar o disminuir tales partidas para sufragar otro tipo de gastos de índole social y participativa.

Sin embargo en España, como decía anteriormente tenemos que hablar de una ausencia casi total ya que mientras todavía hoy, y pese a las campañas y alegatos pidiendo su inclusión es imposible destinar una parte de nuestros impuestos a por ejemplo la investigación y el desarrollo o a la proliferación de la cultura, si que existen dos apéndices en los que asignar a conciencia parte de nuestros impuestos, así como de la devolución que Hacienda nos hace en caso de haber aportado más de lo que nos corresponde: La casilla de la Iglesia y la casilla de los fines sociales.

La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es injusta e insolidaria. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente, es decir que “todos pagamos” aun sin tener voluntad para ello. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, debe estar financiado por sus fieles. Más si cabe cuando hablamos de la acofensionalidad del Estado, recogida en la según interese sacro santa Constitución. Por otro lado, las necesidades sociales, no deben ser voluntad del contribuyente o establecidas por las organizaciones sociales, sino que han de formar parte de las políticas del Estado, en función del interés general.

Las creencias se las han de pagar quien las tenga y la Iglesia buscar los fondos entre sus fieles. Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida reclama al Gobierno que derogue los acuerdos con el Vaticano, por “vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado” que viene a amparar “la financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo”.

Mientras aumenta la pobreza y se privatizan los servicios públicos, el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales, lo que supone más del 1% del PIB, para el sustento del culto y el clero, mantener diócesis, seminarios, realizar manifestaciones políticas partidarias, lanzar campañas de discriminación y segregación en razón del género, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre elección de la orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la muerte digna; incluso para financiar cadenas de televisión privadas, como 13TV.

Exenciones fiscales en el IBI valoradas en 3.000 millones al año (sin olvidar el negocio que la Iglesia Católica Española hace con los bienes inmuebles que adquiere gracias al privilegio para inmatricularlos otorgado por el Gobierno de Aznar en 1997), 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia (patrimonio que la Iglesia gestiona, cobra al visitante y se desentiende de su mantenimiento y restauración que corre a cargo de los presupuestos de todos). El Congreso ya ha exigido en varias ocasiones al Tribunal de Cuentas la fiscalización del dinero que la Iglesia, después de que el tribunal haya rechazado hacerlo con los votos del PP.

Desde la firma del Concordato en 1953 entre los fascistas de Franco y el Papa Pio XII bajo los principios del nacional-catolicismo imperante seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría. Desde entonces y siempre, siguen perpetuando sus privilegios.

Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las casillas del IRPF, ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la discriminación que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”.

La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión Católica, discriminando otras creencias distintas, por lo que se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 de la Constitución, que reconoce que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión… “. El Estado no se debe convertirse en recaudador de organizaciones privadas, además de que la asignación que se lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente o promoción del empleo.

Por otro lado la casilla para “otros fines de interés social”, también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de explicar y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su existencia está basado en un engaño; una gran coartada para introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF; además una parte considerable de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia, como por ejemplo Cáritas, por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo pero no a costa de la hucha común. En todo caso, los “fines de interés social”, no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en función del interés general.

El artículo 16.3 de la Constitución establece que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. De otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1, establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa“.

Ambos documentos están en vigor constituyendo una grave contradicción. Mientras por un lado se consensuó y aprobó una Constitución votada (ya hace casi 40 años) que recogía el sentir de una sociedad católica pero en la que se incluían fuerzas y sentimientos cercanos al laicismo o cuando menos la aconfesionalidad, el otro es una firma entre dos estados (sin la rubrica de la población como ya exigía la Constitución aprobada un año antes) para salvaguardar los bienes y el poder de intervención de la Iglesia en la vida pública.

Hoy en día, cuando el porcentaje de la población que no votó en 1978 se acerca al 70% y quienes muestran su ateísmo o cuando menos su desafección de la Iglesia católica, es preciso explicar qué supone marcar una casilla u otra en nuestras declaraciones de impuestos. También es necesario explicar que se hace con el dinero recaudado. ¿Por qué se destinan cantidades para comprar armamento y no para investigar en la lucha contra el cáncer o las enfermedades degenerativas o raras? ¿Por qué mantener ingentes cantidades de asesores sin oficio ni beneficio de partidos políticos corruptos y amorales y no mejorar el sistema público de pensiones? ¿Por qué asignar a discreción dinero para la tauromaquía y no para el sostenimiento de la cultura o su promoción en las zonas rurales?

¿Por qué mantener la atroz maquinaria de un ente privado como es la Iglesia católica y no destinar todo ese dinero a erradicar la pobreza y la desigualdad social que se están agudizando día a día en este país?

Por todo esto es necesario pensar muy bien qué hacer con nuestros impuestos, así como también estar alerta e investigar y fiscalizar qué hacen con ellos una vez que están recaudados y convertidos en Presupuestos. Si queremos mantener su estatus y el nivel de vida de la codiciosa y medieval iglesia católica o queremos progresar y convertirnos en un país moderno, necesariamente laico, donde se pueda vivir mejor sin sufrir las tergiversaciones e intromisiones de quienes nos quieren atados al palo o directamente erradicados.

Ya sea rellenando cada declaración de impuestos, en las calles o defendiendo la aconfesionalidad del Estado, así como la laicidad de la sociedad, es el momento de implicarse y cambiar las cosas.