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miércoles, 10 de junio de 2026

Un Papa en las Cortes


El Papa León XIV dirigiéndose el pasado lunes 8 de junio a los diputados y diputadas en las Cortes española. Foto de público.es

 

El calor abrasa físicamente la península mientras se consumen los días para que comience el nuevo mundial de fútbol, desarrollado a la limón entre Estados Unidos, Canadá y México, cómplices de una FIFA que paga sus favores en forma de clasificaciones a las federaciones aliadas. La intrínseca corrupción del ente futbolístico mundial nos lega un torneo hiperbólico. Gigantesco. De 48 selecciones, y de las que cuyo nivel, me atrevo a suponer porque estoy absolutamente fuera de la cotidianidad futbolera actual, menos de una decena da para ser candidatos a jugar los cuartos. Sin embargo, la última semana de la primavera y el primer mes del verano se van a agotar despistando a la opinión pública de sus problemas y soliviantando las tertulias, los debates y las charlas en todas las redes y barras de bar.

Como telonero de este evento fastuoso de dinero, poder y relaciones oligárquicas, y ya si eso, después de todo esto, de deporte, en Españistán hemos tenido la visita del papa León XIV. La primera visita de un sumo pontífice en 15 años, que vista en comparación con otros países de nuestro entorno no es tanto tiempo. Pero puesta en perspectiva de lo que supone España para el Vaticano y el Catolicismo hacia mucho tiempo que el papa-móvil no se deslizaba por las calles entre millones de creyentes, miles de banderitas y cientos de guardaespaldas en traje y corbata.

Esta semana León XIV recorre Madrid, Barcelona y las Islas Canarias en el cuarto viaje internacional de su papado. Lo hace acompañado “de cientos de miles de feligreses” venidos de cualquier parte del estado a misas y besamanos en estadios de fútbol y en plazas públicas consagradas a la exaltación católica, apostólica y romana. Las televisiones privadas, incluidas las reaccionarias y las de emporios mediáticos de derecha, ultraderecha y clericales, tratan de rascar los aledaños de la audiencia de una radio televisión pública que una vez más, confunde el servicio público con el servilismo. Y es que la cobertura de la visita papal pasa del mero interés informativo por un acontecimiento señalado a tratar de construir y consolidar después, la imagen de una España única a nivel moral, donde no caben las alternativas, los disensos y ni mucho menos la voz crítica con la Iglesia, tanto desde dentro de la propia masa creyente, como de los que nos consideramos de otras confesiones, agnósticos o ateos.

La realidad es bien distinta. Como atestiguan con menos periodicidad de la necesaria, tanto las encuestas privadas como las públicas, el sentir religioso de la España actual no tiene nada que ver con esa imagen de España católica que huele a cerrao y a blanco y negro. Según la última encuesta del CIS (recogida en laicismo.org porque desde la propia web del CIS es imposible de encontrar), y pese a las toneladas de promoción por tierra, mar y aire, es decir, por medios de comunicación tradicionales, digitales y emblemas culturales que procuran re-introducir la idea de un resurgir cristiano, el seguimiento religioso de las españolas y españoles está en mínimos y continua un inexorable retroceso. Ni siquiera la población migrante, especialmente latinoamericana, impide la caída de la religión católica en el estado español, puesto que esta población está favoreciendo la llegada a Europa de otras sectas cristianas, como el Evangelismo, que es de un peligro atroz y al que si fuéramos inteligentes y estuviéramos a lo que tenemos que estar tendríamos que estar ya dando batalla.

Sin embargo, tampoco podemos clamar al cielo de la laicidad por el espectáculo montado y los costos repercutidos al conjunto del estado y de la sociedad, puesto que España sigue siendo un puntal fundamental en el estatus que tiene el Vaticano, tanto como faro del catolicismo, emblema de la cristiandad (mucho más poliédrica de lo que el común de los españolitos piensa), como mucho más importante, marca de negocio y nación-estado con unas peculiaridades muy concretas.

España, AKA Españistán, es un estado aconfesional. Qué quiere decir esto. Pues que en España no hay una religión oficial de estado. Difiere con el estado laico o irreligioso, umbral al que desde la izquierda se debe desear llegar, en que un estado laico niega e impide cualquier injerencia de los poderes religiosos en la política o el gobierno del país. En el caso del estado aconfesional se abre la posibilidad de establecer convenios, acuerdos o relaciones formales con las instituciones religiosas tanto nacionales como internacionales. Concretamente en España, en el propio artículo 16.3 de la Constitución, abre esta posibilidad directamente con la Iglesia Católica, sacralizando de este modo el concordato que el franquismo firmó con el Vaticano en 1953. De este modo se construye un híbrido (otro más) entre el estado aconfesional “clásico” como pueda ser los casos de Suiza o Francia, con el estado confesional católico, apostólico y romano del franquismo o de otros países donde la fuerza política de la religión es defendida y promocionada desde el propio estado. Por ejemplo, son los casos de Reino Unido con la religión Anglicana, Grecia con la Ortodoxa, o Argelia con el Islam, entre otros.

Por lo tanto, Españistán se presenta como hija de su tiempo y de la negociación durante la transición entre izquierda y extrema derecha, quedando en materia de religión y moral está peculiaridad legislativa que nos deja una iglesia todavía hoy con mucho poder, tanto político, social, económico y cultural como para seguir determinando la vida de las españolas y españoles. En este sentido, se sigue validando la posición de España como un país aliado, quizás el principal sostén del Estado Vaticano, como así ha sido desde la época Moderna, con una relación simbiótica muy potente que permite una injerencia intolerable del catolicismo como religión y del vaticano como símbolo, y con sus representantes en España, la Conferencia Episcopal como altavoz y ariete.

Si este contexto no fuera suficientemente problemático para un sentir laico y progresista, el sainete semanal se ha complementado con una homilía televisada en las Cortes. El sermón del sumo pontífice en el Congreso de los Diputados, en el territorio de la soberanía popular, es decir, de todas y todos los españoles, fue el momento culmen de la visita oficial. Incluso superando la sacralización de la Sagrada Familia de Barcelona porque con el discurso ante sus señorías una vez más se toleró y favoreció la injerencia eclesiástica en el día a día de la sociedad española.

Antes de oír las palabras del Papa en el Congreso hay quien pecando de inocencia, pudiera esperar que se tratarán temas que si que tienen que ver con la institución que representa. Por ejemplo, y sobretodo, todo lo que tiene que ver con los abusos a menores en el seno de la Iglesia, donde la propia pederastia es coronada con el espino del silencio y la impunidad de los criminales. No se trata solo de que, atendiendo al informe del Defensor del Pueblo de 2025, haya habido más de 400.000 víctimas en España, o que haya investigaciones internacionales que muestran como entre el 6 y el 12% de los sacerdotes han estado involucrados en casos de violaciones a menores. El drama y la gravedad del problema es que la jerarquía eclesiástica católica favorece la impunidad y defensa de los suyos, impide la investigación formal tanto policial como judicial. Vilipendia de entrada a las víctimas y sus familias, y sólo cuando la prensa libertaria y las asociaciones que trabajan en defensa de estas personas consiguen las pruebas se presta a no torpedear las indagaciones.

Pero de esto el Papa apenas soltó unas manidas y cuantas frases hechas, que no atacan las bases de esta depredación sexual y moral, y ni mucho menos emplaza a sus embajadores en España, la Conferencia Episcopal, a tomarse este tema en serio, a colaborar con las investigaciones y los gobiernos para erradicarlo y hacer justicia.

Tampoco ejerció su monopolio del perdón para exhortizar la culpa y la intencionalidad que tuvieron comportamientos de la Iglesia española en el pasado como puedan ser las tramas de bebes robados, la colaboración con el franquismo y la opresión sistemática sobre la mujer.

El Papa si habló algo de ecologismo o contra “el rearme internacional”, pero sin atacar las bases capitalistas que son la causa del deterioro acusado y ya casi irresoluble del medio ambiente, con las deplorables y dolorosas consecuencias que traen para el conjunto de la humanidad. Tampoco dijo nada especialmente contra la ola fascista y reaccionaria que alientan un mundo desquiciado de conflictos armados.

Pero por supuesto, lo que hizo fue atacar a quienes la Iglesia Católica ha atacado desde siempre: A los colectivos LGTBi, a los que sabedor de que se mueve en un país especialmente protector con este grupo, paso de soslayo; y fundamentalmente a las mujeres reafirmando la postura del Vaticano contra el aborto (en plena ola de ataque fascista a este derecho), el uso de anticonceptivos u otras cuestiones que atañen a la sexualidad y la intimidad femenina. Una vez más y como siempre, la Iglesia y el Papa entraban en los dormitorios y en las bragas de las mujeres, para atarla al patriarcado y a que estén por debajo del hombre.

Especialmente sangrante cuando esa "defensa de la vida desde la concepción hasta el ocaso" se salta la voluntad popular expresada en reformas legislativas que garantizan el aborto y la eutanasia como derechos cívicos. Una ofensa en la sede de soberanía pública donde precisamente se ha trabajado para garantizar estos derechos individuales ante las apetencias y voluntades de otros. Habría que recordar al Papa y a su séquito, a la curia, a la Conferencia Episcopal y sus altavoces, a sus señorías de la extrema derecha y a millones de católicos que no tienen ningún derecho, ni ninguna legitimidad para imponer su visión moral a los demás. Que el resto hemos acordado medidas garantistas para la mayoría. De hecho para todos. Incluidos católicos que berrean contra el aborto o la eutanasia, pero que cuando lo necesitan bien que han ejercido el privilegio para abortar en el extranjero o para que les apliquen paliativos. Parece que también hay que recordárselo a las señorías del PSOE y de la izquierda posmo y cuqui tan corporativista con el gobierno de coalición que olvida sus propios compromisos, tradiciones e ideales.

Incluso se permitió poner en duda el papel de la mujer fuera del hogar y de la familia, institución a la que vuelve a señalar como atacada, cuando realmente lo que ocurre es que el capitalismo ultraliberal la ha despojado de utilidad y de valor. Animaba León XIV a los jóvenes a formar familias y tener hijos sin entrar a valorar la crisis sistémica mundial de la Vivienda, que en España ya es colosal, y donde su propia casa, la Iglesia con la Conferencia Episcopal y las órdenes religiosas al frente poseen decenas de miles de viviendas en este país y especulan y desahucian con más brío que los propios bancos. Un hipócrita vestido de blanco.

Me cabrea especialmente que el Papa pasará olímpicamente de hablar del incontable patrimonio que su delegación en el estado tiene. Las inmatriculaciones, esa suerte de corruptela inmoral e ilegal perpetrada por Aznar, que no sólo favorece el negocio inmobiliario de una organización privada como la iglesia, que prácticamente no paga impuestos y encima se lleva subvenciones estatales y las “donacionesvía IRPF de algunos incautos. Ni siquiera tienen a bien hacerse cargo del mantenimiento de sus iglesias, que pasan al conjunto del patrimonio estatal, pero bien que esas iglesias, catedrales, monasterios, palacios y museos aparecen cerrados para todo aquel que no pase por caja. Una peculiaridad española que es una aberración en Europa y que debería impedirse hoy mismo.

También me insulta que en la sede de la soberanía popular venga un sujeto a loar la libertad religiosa o “de elección de los padres sobre la educación que quieren para sus hijos” poniendo de manera provocadora al catolicismo en primera posición y sacralizando la intromisión de la religión en la educación pública, vía colegios concertados y universidades privadas. Un país aconfesional debe de poner la educación pública y libre de injerencias dogmáticas de la religión, de cualquier religión, fuera de los ámbitos públicos, quedando en el sentir privado de las familias.

Tampoco llamó a capítulo a sus señorías a que acaben con la corrupción, especialmente de aquellos que venían a "regenerar" el invento. A evitar las discriminaciones y la aporafobia. A ceder poder y favorecer que la gente, especialmente la joven, tomé su lugar en el mundo y lo cambie y actualice acorde a unos valores más progresistas y de futuro. A acabar con tanto fascismo, a abrazar, defender y promocionar como merece por necesario el antifascismo, tanta falta de conciencia, de vergüenza. A luchar contra la catadura moral del que no tiene escrúpulos, y en esencia, a construir un mundo más colaborativo, fraterno y humano.

La “izquierda” o las “izquierdas” o esos representantes sentados en el Congreso si que celebraron las palabras del pontífice sobre la cuestión migratoria y “los más desfavorecidos” para en el fondo volver a pecar de lo anterior: El Papa estuvo casi 2 horas hablando a sus señorías y no puso sobre la mesa ni una sola medida que solucionará los problemas, que llamará al orden a los representantes para que enmendarán los fallos y las injusticias. Y mucho menos para hacer una crítica seria a su Institución y anunciará los cambios que fueran necesarios. Eso sí, sus señorías sin distinción de partidos (salvo BNG y Podemos que esta vez decidieron no asistir) se levantaron prestos a loar la oratoria con 7 minutos de ovación.

Después de esta misa en las Cortes, y tras pasar por Barcelona, la visita va acabar en las Canarias, uno de los puntos claves de la entrada de inmigrantes en Europa. De gente pobre y desfavorecida por los siglos de los siglos, entre otras cosas, por las propias dinámicas que la Iglesia católica ha alentado todo este tiempo. León XIV podía haber aprovechado el Congreso para leer el catecismo a las huestes de las ultraderechas patrias, con Vox y su “prioridad nacional” a la cabeza, pero con el PP, Junts o el PNV tan solícitos a soliviantar la cuestión migratoria y comprar los marcos fascistas de la teoría del recambio, pero especialmente prestas a favorecer la laminación de las clases trabajadoras y su competencia interna para gusto de la avaricia de las patronales.

El drama internacional que tenemos hoy es el de una ola reaccionaria, neoconservadora y neo-fascista que amenaza con dolor y miedo a todas y todos. Que destruye la ilusión y el trabajo por planteamientos progresistas y la salud de las organizaciones de izquierda. Estamos tan mal que es paradójico que el representante de una de las instituciones más arcaicas, retrógradas, misóginas y alienantes de la Historia de la humanidad nos parezca que es “de izquierdas”. Que hace unas declaraciones que defiende la diversidad, el progresismo o el ecologismo. Mal, muy mal, hacemos en caer en este absurdo porque el Papa no es portavoz de ninguna visión progresista. Ni siquiera humanista.

El Papa, el Vaticano, la Iglesia Católica y sus representantes no son defensores de la “socialdemocracia” ni de los trabajadores, ni tampoco los migrantes. No van a “vender su arte para dar de comer a esa gente”, y ni mucho menos, van a alentar una distribución de la riqueza más justa e igualitaria que impida la opresión del hombre por el hombre. Por mucho que las escrituras y sus grandilocuentes encíclicas o sermones pastorales clamen contra el dolor y el desamparo en el mundo.

Por ello me ofende profundamente, como ateo y como demócrata, como libertario y comunista, que el representante de “Dios en la Tierra” ponga los pies en los símbolos políticos que se supone son de todas y todos, que nos ordene cómo tenemos que obrar y que nos insulte directamente “por haber abandonado las enseñanzas de Jesús en la Cruz”. Como si la Iglesia no hubiera garantizado la pobreza, patrocinado el dolor y lucrado de la venta de esperanza. A otro perro con estos huesos.

jueves, 19 de abril de 2018

Porque NO a las casillas de la Iglesia y de fines sociales


 Imagen extraída de aquí.

Nos encontramos a un par de semanas del inicio formal de la Campaña de la Renta 2017, donde los ciudadanos de a pie, los curritos, es decir, la clase trabajadora, se pondrá al día con el fisco. Pasaremos por caja en la mayoría de los casos como muestra una vez más, de que el trabajo, la economía real y efectiva, lo que se genera y produce gracias al sudor de la frente del obrero y la obrera -y también del riesgo corrido por algunos empresarios- tiene todas las zancadillas, mientras se pasan de puntillas con los beneficios que otorga la especulación y la ingeniería financiera. Eso si, si logran pillarlos, porque las cuantías golosas se guardan en paraísos fiscales, mientras el que debería vigilar mira para otro lado y sigue sin dar las herramientas necesarias, en personal y medios, a los inspectores que con honradez y sentido del estado desean hacer su trabajo.
La Campaña de la Renta en “nuestro” país se caracteriza por una ausencia casi total de recursos de participación y decisión de los contribuyentes para que estos destinen parte (o la totalidad) de sus impuestos a causas concretas como pudieran ser la investigación, la sanidad, la educación, la cultura o el deporte.
Aunque no son muchos los países que registran estas cláusulas en las declaraciones de impuestos de sus ciudadanos, si que existen ejemplos a los que como sociedad deberíamos prestar atención, como en Suecia, Canadá, Holanda, Francia, Estonia o Nueva Zelanda.
Evidentemente hay ciertos gastos como en materia de defensa y mantenimiento de instituciones políticas -es decir, sueldos de políticos y sus asistentes, así como sus privilegios- que deben de poder sufragarse y que son altamente impopulares, por lo que habría cierta cantidad de lo recaudado sujeta a la discreción del gobernante para poder dotar económicamente estas partidas cuestionables, pero que vamos a suponer de partida, necesarias para el mantenimiento del estado y del bienestar de sus habitantes. Esto en una teoría básica sin mayores distinciones, y sin entrar tampoco a valorar, la ideología y sentido de los gobernantes y las mayorías parlamentarias que lo sustentan, que podrían decidir aumentar o disminuir tales partidas para sufragar otro tipo de gastos de índole social y participativa.
Sin embargo en España, como decía anteriormente tenemos que hablar de una ausencia casi total ya que mientras todavía hoy, y pese a las campañas y alegatos pidiendo su inclusión es imposible destinar una parte de nuestros impuestos a por ejemplo la investigación y el desarrollo o a la proliferación de la cultura, si que existen dos apéndices en los que asignar a conciencia parte de nuestros impuestos, así como de la devolución que Hacienda nos hace en caso de haber aportado más de lo que nos corresponde: La casilla de la Iglesia y la casilla de los fines sociales.
La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es injusta e insolidaria. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente, es decir que “todos pagamos” aun sin tener voluntad para ello. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, debe estar financiado por sus fieles. Más si cabe cuando hablamos de la acofensionalidad del Estado, recogida en la según interese sacro santa Constitución. Por otro lado, las necesidades sociales, no deben ser voluntad del contribuyente o establecidas por las organizaciones sociales, sino que han de formar parte de las políticas del Estado, en función del interés general.
Las creencias se las han de pagar quien las tenga y la Iglesia buscar los fondos entre sus fieles. Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida reclama al Gobierno que derogue los acuerdos con el Vaticano, por “vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado” que viene a amparar “la financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo”.
Mientras aumenta la pobreza y se privatizan los servicios públicos, el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales, lo que supone más del 1% del PIB, para el sustento del culto y el clero, mantener diócesis, seminarios, realizar manifestaciones políticas partidarias, lanzar campañas de discriminación y segregación en razón del género, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre elección de la orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la muerte digna; incluso para financiar cadenas de televisión privadas, como 13TV.
Exenciones fiscales en el IBI valoradas en 3.000 millones al año (sin olvidar el negocio que la Iglesia Católica Española hace con los bienes inmuebles que adquiere gracias al privilegio para inmatricularlos otorgado por el Gobierno de Aznar en 1997), 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia (patrimonio que la Iglesia gestiona, cobra al visitante y se desentiende de su mantenimiento y restauración que corre a cargo de los presupuestos de todos). El Congreso ya ha exigido en varias ocasiones al Tribunal de Cuentas la fiscalización del dinero que la Iglesia, después de que el tribunal haya rechazado hacerlo con los votos del PP.
Desde la firma del Concordato en 1953 entre los fascistas de Franco y el Papa Pio XII bajo los principios del nacional-catolicismo imperante seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría. Desde entonces y siempre, siguen perpetuando sus privilegios.
Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las casillas del IRPF, ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la discriminación que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”.
La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión Católica, discriminando otras creencias distintas, por lo que se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 de la Constitución, que reconoce que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión… “. El Estado no se debe convertirse en recaudador de organizaciones privadas, además de que la asignación que se lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente o promoción del empleo.
Por otro lado la casilla para “otros fines de interés social”, también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de explicar y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su existencia está basado en un engaño; una gran coartada para introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF; además una parte considerable de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia, como por ejemplo Cáritas, por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo pero no a costa de la hucha común. En todo caso, los “fines de interés social”, no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en función del interés general.
El artículo 16.3 de la Constitución establece que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. De otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1, establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa“.
Ambos documentos están en vigor constituyendo una grave contradicción. Mientras por un lado se consensuó y aprobó una Constitución votada (ya hace casi 40 años) que recogía el sentir de una sociedad católica pero en la que se incluían fuerzas y sentimientos cercanos al laicismo o cuando menos la aconfesionalidad, el otro es una firma entre dos estados (sin la rubrica de la población como ya exigía la Constitución aprobada un año antes) para salvaguardar los bienes y el poder de intervención de la Iglesia en la vida pública.
Hoy en día, cuando el porcentaje de la población que no votó en 1978 se acerca al 70% y quienes muestran su ateísmo o cuando menos su desafección de la Iglesia católica, es preciso explicar qué supone marcar una casilla u otra en nuestras declaraciones de impuestos. También es necesario explicar que se hace con el dinero recaudado. ¿Por qué se destinan cantidades para comprar armamento y no para investigar en la lucha contra el cáncer o las enfermedades degenerativas o raras? ¿Por qué mantener ingentes cantidades de asesores sin oficio ni beneficio de partidos políticos corruptos y amorales y no mejorar el sistema público de pensiones? ¿Por qué asignar a discreción dinero para la tauromaquía y no para el sostenimiento de la cultura o su promoción en las zonas rurales?
¿Por qué mantener la atroz maquinaria de un ente privado como es la Iglesia católica y no destinar todo ese dinero a erradicar la pobreza y la desigualdad social que se están agudizando día a día en este país?
Por todo esto es necesario pensar muy bien qué hacer con nuestros impuestos, así como también estar alerta e investigar y fiscalizar qué hacen con ellos una vez que están recaudados y convertidos en Presupuestos. Si queremos mantener su estatus y el nivel de vida de la codiciosa y medieval iglesia católica o queremos progresar y convertirnos en un país moderno, necesariamente laico, donde se pueda vivir mejor sin sufrir las tergiversaciones e intromisiones de quienes nos quieren atados al palo o directamente erradicados.
Ya sea rellenando cada declaración de impuestos, en las calles o defendiendo la aconfesionalidad del Estado, así como la laicidad de la sociedad, es el momento de implicarse y cambiar las cosas.






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