Un paracaidas para la gente corriente

Fuente, Vizcarra en eldiario.es

Si todo va como se prevé -cosa imprevisible resulta éste gobierno en ocasiones- mañana el Consejo de Ministros aprobará la Renta Básica universal. El Ingreso Mínimo Vital como han decidido llamarlo ha encontrado la frontal oposición de la derecha de éste país, tan franquista como siempre y tan ultra liberal como ha estado de moda hasta no hace nada. La califican como “paguita” desde sus tribunas y voceros habituales para darle una deslegitimación y aumentar el desprecio. Quienes más tienen y los herederos de los que más se han empeñado por los siglos de los siglos en oprimir a la mayoría de la población claman envueltos en banderas (pre y post constitucionales) sabedores que está medida va contra la opresión que ejercen que les permite vivir tan cómodamente gracias a las espaldas de los numerosos que malviven.

Los mismos que nunca han defendido la sanidad pública o la educación pública. Los que no han salido a las calles a protestar contra la corrupción, los paraísos fiscales o la hipocresía son los que incendian las redes y molestan en las calles a base de cacerolas y cucharas de plata. Defienden una libertad, la de ir al bar o a jugar al golf. Son poseedores del derecho de ser caritativos, del privilegio de la condescendencia, ejerciendo desde arriba de forma vertical una suerte de redistribución de la riqueza que paradójicamente les beneficia a ellos. No pueden tolerar que el Estado de manera horizontal primando la igualdad y la fraternidad, distribuya una renta que ayuda a garantizar las necesidades mínimas de la población, por mucho que se hagan llamar patriotas.

Porque más que patriotas son patrioteros de tres al cuarto. Durante años bajo el yugo de la austeridad y la contención presupuestaria se ha acentuado la desigualdad hasta cuotas de campeón del mundo. La desregulación financiera y laboral ha convertido el mundo del trabajo (por favor, no lo llaméis mercado, que los trabajadores no somos lechugas o berzas) en un nido de precariedad y esclavitud encubierta. Las empresas ganaron competitividad, suposición está nunca demostrada empíricamente, a costa de los trabajadores a los que nos han condenado no sólo a ser víctimas de la crisis sino también de la recuperación.

El proceso ha sido explicado muchas veces. Los primeros damnificados de la recesión fueron los eventuales, a los que se expulsó del mercado en el primero de los ajustes. Posteriormente, fue el turno de los trabajadores fijos mejor pagados, que desfilaron hacia el paro mientras eran sustituidos por otros con peores condiciones salariales. Finalmente, entró en acción la reforma laboral sin ningún tipo de negociación, sino impuesta a fuego y hierro por la patronal, que incrementó la devaluación salarial al permitir a las empresas hacer de su capa un sayo al desactivar la negociación colectiva. El resultado ha sido demoledor: se produce tanto como antes de la crisis con más de dos millones de trabajadores menos y con un coste salarial notablemente más bajo. En resumen, se crece porque las espaldas de los asalariados son anchas y sus estómagos más pequeños.

Lo que aumentaron fueron las bonificaciones y dividendos, mientras bajaban los costes salariales. El resultado: Adiós a la hucha de las pensiones y a la sostenibilidad de la justicia social, porque el dinero generado con crecimientos al 3% no llegaba a la economía real, se quedaba en paraísos fiscales y en lujos de una minúscula minoría, al tiempo que la inmensa mayoría no podía llenar las arcas del estado pese a los impuestos a clases bajas más altos de Europa: tramos bajos del IRPF, IVA, consumo y cotizaciones sociales.

Si no hay dinero en el bolsillo de las familias trabajadoras, no hay consumo. Es tan sencillo, que abruma que nos hayan llevado a una situación como la que tenemos ahora, y sobretodo teníamos antes del COVID-19.

Y es que ha llegado a un punto en el que subidas salariales pactadas entre los agentes sociales pro-śistema (entre el 2’5 y el 4%) no sirven para sacar a la población de la miseria y la indignidad.

Ese escenario es el que está legando la crisis de un sistema capitalista que se desmorona por momentos. Una globalización que ha hecho universal la precarización, en vez de la mejora de las condiciones de vida. Un modelo político de democracia liberal que prima la libertad individual abriendo las puertas al fascismo y la barbarie. Todos ellos en clara crisis porque sus propuestas se muestran fallidas, causando un dolor cada vez más amplio y cada vez más dramático.

Por eso se hace necesario la inversión en una Renta Básica Universal. Es una opción de gasto, una política tan legítima como la que tuvieron los adalides del modelo ultraliberal de aplicar en Europa, socializando las pérdidas de los bancos, recortando el gasto público, destruyendo los derechos de los trabajadores. Todas ellas indiscutiblemente fallidas.

Ahora aunque sea dentro del capitalismo y dentro del modelo político social liberal es de alabar y de defender por justa y necesaria una medida, la renta básica, que supone un hito más en el compromiso que el ala más a la izquierda del gobierno de coalición por no dejar a nadie atrás y por redistribuir de manera más equitativa la riqueza.

La definición de Renta Básica es concisa y palmaria: se trata de un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. Más escuetamente: es un pago por el mero hecho de poseer la condición de ciudadanía.

Esta definición la tomo de Daniel Reventós, el mayor experto en España sobre Renta Básica Universal, y de su libro La Renta Básica por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna. Una obra enriquecedora y trascendente en la materia y en la justicia social.

Pero esa definición puedo estructurarla de la siguiente manera:

1) La Renta Básica permite, en primer lugar, en la medida en que constituye una asignación incondicional, garantizada, sortear los elevados costes asociados al examen de recursos que cualquier subsidio condicionado exige; la simplificación administrativa que con la Renta Básica se alcanza puede ser crucial con vistas a una efectiva racionalización de las políticas sociales y de redistribución de la riqueza.

2) El hecho de que la Renta Básica se garantice ex-ante, la convierte en una medida esencialmente preventiva de la exclusión.

3) A diferencia de los subsidios condicionados, la Renta Básica no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso.

4) La Renta Básica permite eludir la llamada trampa de la pobreza, la cual aparece cuando la percepción de los beneficios, fiscales o de otro tipo, se halla condicionada a la verificación, por parte de las autoridades, de la suficiencia de los ingresos recibidos dentro del mercado laboral.

5) La incondicionalidad de la Renta Básica trae consigo también la promesa de erradicar o mitigar diversos modos asistenciales fundados en el clientelismo, y en los diversos y nocivos efectos conocidos de éste: formación de una burocracia parasitaria, formal o informal; robustecimiento de las relaciones de dependencia; desorganización de la vida política autónoma de los estratos más pobres o necesitados de la población.

6) Y aun hay que decir, finalmente, que la Renta Básica permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.

Y es que las grandes desigualdades sociales son las causas de la falta de libertad y lo que es peor, de la ausencia de fraternidad y de igualdad. Estas grandes desproporciones en la riqueza, estas inmensas bolsas de pobreza, el hambre conviviendo geográficamente con la más insultante opulencia, todo ello provoca falta de libertad para la inmensa mayoría. Igualdad y libertad no son dos variables a elegir, si más de una menos de otra y viceversa. Las grandes desigualdades crean un problema profundo de libertad para la gran mayoría. El que no tiene la existencia material garantizada debe pedir permiso a otro para poder vivir. ¿Qué libertad tiene el trabajador que no sabe si el mes próximo, quizás la semana próxima, seguirá teniendo aquel puesto de trabajo que le proporciona el sustento diario? ¿Qué libertad tiene la mujer materialmente dependiente del marido o amante, que la maltrata, la domina y, a veces, llega a asesinarla? ¿Qué libertad tiene el desempleado que vive marcado con el estigma del subsidio público, si quizás vive en un país europeo, o de la caridad, si vive en un país pobre y tiene algo de suerte? No son libres como no lo es aquella persona que no tiene el derecho a la existencia material garantizada y tiene que pedir permiso a otros para vivir.

Hablamos pues de la renta básica universal como elemento constitutivo de un derecho de ciudadanía. La renta básica es la concreción política de los valores republicanos a los que debe aspirar ver culminados nuestra actual democracia, es decir, los de libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad en cuanto a que la sociedad reparte una porción de la riqueza que genera entre toda la ciudadanía como manera de garantizar su derecho a la existencia, a la vida. Igualdad porque se otorga a toda la ciudadanía, independientemente de cualquier otra condición socio-económica. Libertad a garantizar unas condiciones de vida mínimas que permita a las personas decidir verdaderamente sobre su desarrollo personal o sobre las condiciones de acceso al mercado laboral, sin tener que hipotecar estos derechos ante el chantaje permanente de los poseedores de la riqueza, que la utilizan como una herramienta de sumisión.

Volviendo a la obra de Daniel Reventós indicar como el hace al final de su libro:

No es posible hacer depender los derechos asociados a la ciudadanía del funcionamiento libre del mercado. Hay que recuperar el contenido político de la ciudadanía. Pero hay que recuperarlo en la práctica. Y en la práctica, el ejercicio de la ciudadanía pasa por el acceso a los recursos necesarios para poder vivir con la mayor libertad posible. De ahí la reivindicación de disociar del empleo aquella Renta Básica considerada como mínimo vital para llevar una existencia digna mediante la instauración de alguna forma de Renta Básica. Sus características serían las siguientes: se trata de un ingreso pagado por el gobierno a cada miembro pleno de la sociedad, a) incluso sino quiere trabajar, b) si tener en cuenta si es rico o pobre, c) sin importar con quién vive, y d) con independencia de la parte del país en la que viva (Van Parijs, 1996). Esta Renta Básica no se asienta sobre el valor del trabajo ni puede ser concebida como una remuneración del esfuerzo individual, sino que tiene como función esencial distribuir entre todos los miembros de la sociedad una riqueza que es el resultado de las fuerzas productivas de la sociedad en su conjunto y no de una simple suma de trabajos individuales. Se trata de un ingreso no condicional, lo que lo diferenciaría de los ingresos mínimos de inserción. Al contrario que éstos, no es el subsidio de la marginalidad, sino el salario de la ciudadanía. No es concebido como una provisión (es decir, como una simple cantidad de dinero que el Estado otorga magnánimamente, siempre revisable según la coyuntura), sino como una titularidad, es decir, como un derecho exactamente igual al conjunto de derechos sociales asociados al desarrollo del Estado Social: derecho a la salud, derecho a la educación, etc.

No hay ciudadanía plena sin un nivel de subsistencia garantizado.

Guerra abierta contra las casas de apuestas

Alberto Garzón es el nuevo ministro de Consumo, cartera desligada del tradicional Ministerio de Sanidad. Es el primer miembro del Partido Comunista en el gobierno desde 1988 (Jorge Semprún ministro de Cultura en el segundo mandato de Felipe González) y encabeza la cuota de participación de Izquierda Unida en el nuevo gobierno de coalición de izquierdas.

Puede parecer que en el reparto de participación y representatividad de Unidas Podemos en el nuevo gobierno este deslegitimada siguiendo la estrategia de Pedro Sánchez, pero las responsabilidades y retos que Garzón y su equipo van a asumir en la nueva cartera son importantes y en algunos casos, claves dentro del programa con la que la coalición de Podemos e IU se presento en noviembre.

Cuidar de los derechos de las personas en su rol de consumidores, frenando los abusos de eléctricas, distribuidoras de combustibles, empresas de telecomunicaciones será una buena vara de medir de la importancia o no de dar un ministerio propio a la materia del consumo. Colaborar con el ministerio de Vivienda para hacer valer el derecho a la vivienda digna por encima del privilegio de la especulación será otro punto importante. Atacar los hábitos de consumo pernicioso tipo tabaco o alcohol, pero también la comida basura, el ocio nocturno, acercar hábitos saludables a la población y contribuir a reformular los hábitos de consumo de la población, para volver a lo local, a lo de proximidad. Recuperar la palabra austeridad, para evitar el despilfarro y las compras compulsivas, que tantos problemas provocan en las familias humildes. Retomar el consumo sostenible y saludable, facilitando el desarrollo vital de los productores locales, evitando entre otras cosas la gentifricación de los centros de las ciudades, la pérdida de esencia de esos lugares, así como ayudar a dar más oportunidades en el mundo rural.

Pero si existe un tema en el que cobra especial simbolismo la designación del coordinador federal de Izquierda Unida como ministro de consumo es en todo lo referente a las casas de apuestas. Tanto en las calles, como por supuesto, en Internet. Y viendo la primera reacción del lobby de las casas de apuestas está claro que ya ven el miedo a empezar a perder esos millones de euros que sacan de las espaldas de la clase trabajadora.

Estas empresas o marcas de casas de apuestas se presentan como cercanas y nacionales, cuando en realidad son parte de emporios multinacionales (donde la banca tradicional internacional tiene importantes participaciones), erradicados en paraísos fiscales y en cuanto a la presencia física funcionan a base de un sistema de franquicias para localizarse en los barrios de clase obrera. Además como lobby, no han hecho más que ejercer una presión total tanto en los gobiernos nacionales y autonómicos -donde están las competencias en materia del juego- y en la Unión Europea.

Las apuestas deportivas son el dorado para estas empresas y a la vez el gancho para meter a cada vez más personas en los otros segmentos del negocio: bingos, ruletas y póker.

Hasta finales de 2018 las casas de apuestas han empleado una publicidad especialmente agresiva en televisión en cualquier tipo de horario, sobretodo en los contenidos más cercanos al público joven y adolescente. Hoy esa publicidad se mantiene en el mismo formato aunque recluida fuera de los horarios de especial protección de la infancia y adolescencia.

Pero todo empezó con la adalid del ultra liberalismo en España. La Thatcher ibérica, Esperanza Aguirre, abrió en 2006 la Comunidad de Madrid al negocio de las apuestas deportivas y casinos, en su sueño húmedo de convertir la periferia de la capital en la Nevada europea. Eurovegas no llego a completarse gracias a la activación de los vecinos y organizaciones sindicales y de izquierdas en Madrid, y también a que en la Unión Europea no vieron con buenos ojos la regulación que tal negocio reclamaba. Sin embargo, hoy multitud de casas de apuestas aparecen por Madrid.

Zapatero tuvo en 2011 que regular a contrarreloj (terminaba su mandato y todo hacía indicar lo que pasó después) el sector a nivel estatal. Pronto el país se lleno de estos establecimientos, especialmente en los barrios pobres, incluido estar cerca de institutos, colegios e incluso asociaciones contra la ludopatía, donde en casi todas las ciudades y pueblos salen como setas en una misma calle, en una misma plaza.

Un jugador podría probar suerte saltando de casa de apuestas en casino y recorrer desde A Coruña hasta Almería y desde Cádiz hasta Gerona. En cada caso, las casas de apuestas han conseguido convertirse en los centros de reunión, especialmente de los jóvenes, que sin atenerse a límites legales (aumentan los casos en los que no se pide el DNI a nadie al entrar) pueden saltarse el recreo o cualquier tarde de sábado o domingo para apostar y apostar.

El modo de funcionamiento para el enganche es sencíllisimo como están denunciando asociaciones de consumidores, vecinales y de lucha contra la ludopatía. Al mensaje de éxito facilitado por la publicidad -con la intervención de ídolos deportivos mediante-, le sigue un chute de autoestima y optimismo propio (como con la cocaína) y su facilidad y repetición (como con la heroína) hace el resto. A todo esto le añaden las promociones y regalos de bienvenidas, doblando, triplicando o cuadriplicando los depósitos iniciales para cada nuevo apostante o regalando cuotas de apuesta. Saben que en 95 de cada 100 casos, ese dinero prestado lo recuperarán. Y con creces. Y cuando encuentren grandes ganadores, jugadores que por destreza, consiguen aumentar sus ganancias, no tendrán problemas en vetarlos, incluso traspasando información entre casas de apuestas, a priori, rivales.

Internet, con sus valores de inmediatez, gratuidad y accesibilidad están haciendo el resto para poder enganchar a cientos de miles, cuando no millones, de personas a las apuestas. Las deudas, y la marginación social y problemas personales y familiares llegarán después.

Pero es en el mundo real, en el físico y tangible donde se palpa la realidad de lo que el auge del juego está suponiendo en nuestra sociedad. Son los barrios pobres, de población eminentemente trabajadora, muchas veces inmigrante (tanto nacional, como extranjera) donde se instalan las casas de apuestas y casinos. No hay casas de apuestas en el barrio de Salamanca.

No es un fenómeno nuevo. Antiguamente en el bar del barrio había, y hay, dos o incluso hasta tres tragaperras. Si un día por azares te tomabas algo en la zona vip de tu ciudad, por ejemplo en la Plaza Mayor, en sus establecimientos no había éste tipo de dispositivos.

Pero ahora en nuestros barrios tenemos unos establecimientos, sin ventanas, con luces de neón y paneles con fotografías de deportistas, ruletas y fichas de póker. En las puertas se agolpan los chicos (fenómeno éste eminentemente masculino) y dentro a parte de las apuestas y juegos de “azar” tienen acceso al alcohol. Pronto, esto lo sé por experiencia, los camellos tendrán allí su punto de distribución de droga, convirtiendo el lugar en un centro de adicciones. El público, con dinero y en éxtasis por las apuestas ya está ahí.

Se produce una redistribución de la riqueza que va contra los propios principios de la Constitución española, porque el dinero pasa de las manos de los que tienen poco, a las de los que tienen mucho. Si se empobrecen los barrios, puede pasar algo parecido a lo que produjo la epidemia de drogas en los ochenta: que cambió la percepción que se tenía de los barrios humildes. Pasamos de aquellos de "son pobres, pero honrados" a tenerles miedo y a relacionar la pobreza con los robos y la drogadicción, en este caso, con ludopatía y problemas psicológicos y emocionales. Cuando aumente la inseguridad, las autoridades dirán que es necesaria más presencia policial, pero no, lo que necesitamos y lo necesitamos ya es que haya una regulación que defienda nuestros intereses, en clave nacional.

Pero hasta entonces la administración ya sea el Gobierno o las Comunidades Autónomas se han llevado su parte. Ahora bien, estamos próximos sino ya sobrepasada, la línea en la que lo recaudado por las apuestas quede en nada para paliar los efectos sociales que las adicciones al juego están provocando. Sobretodo por sobre quien están cayendo: Personas cada vez más jóvenes y de entornos humildes.

Basta ya de que el Gobierno y las administraciones sean cómplices de las casas de apuestas.

El establecimiento de registros de ludópatas que las casas de apuestas y de juegos de azar deben de conocer y respetar, para evitar que estas personas caigan nuevamente en sus problemas de juego, puede ser un paso, pero no basta con estigmatizar a las víctimas.

Impedir la publicidad como ya se ha hecho con tabaco y alcohol. Prohibir los ganchos y regalos de dinero. Luchar contra la proliferación de los establecimientos físicos en las calles de los barrios pobres (hoy en día en nuestras calles el ferretero de toda la vida no puede hacer frente a la burbuja del alquiler y sin embargo estas empresas sin escrúpulos facilitan bajo el modelo de franquicia la instalación de más y más negocios que hunden familias). Invertir dinero en educación y prevención. Recaudar dinero a base de multas y subidas de impuestos y tasas a estas empresas luctuosas. Que aumenten las inspecciones y redadas.

Alberto Garzón y el equipo del nuevo Ministerio de Consumo tienen muchos y apasionantes retos que asumir estos próximos cuatro años. Acabar con las casas de apuestas y la proliferación del juego que está atacando a los jóvenes de la clase trabajadora de éste país, daría ya, sin duda, por buena la labor hecha.

Porque NO a las casillas de la Iglesia y de fines sociales

 Imagen extraída de aquí.

Nos encontramos a un par de semanas del inicio formal de la Campaña de la Renta 2017, donde los ciudadanos de a pie, los curritos, es decir, la clase trabajadora, se pondrá al día con el fisco. Pasaremos por caja en la mayoría de los casos como muestra una vez más, de que el trabajo, la economía real y efectiva, lo que se genera y produce gracias al sudor de la frente del obrero y la obrera -y también del riesgo corrido por algunos empresarios- tiene todas las zancadillas, mientras se pasan de puntillas con los beneficios que otorga la especulación y la ingeniería financiera. Eso si, si logran pillarlos, porque las cuantías golosas se guardan en paraísos fiscales, mientras el que debería vigilar mira para otro lado y sigue sin dar las herramientas necesarias, en personal y medios, a los inspectores que con honradez y sentido del estado desean hacer su trabajo.

La Campaña de la Renta en “nuestro” país se caracteriza por una ausencia casi total de recursos de participación y decisión de los contribuyentes para que estos destinen parte (o la totalidad) de sus impuestos a causas concretas como pudieran ser la investigación, la sanidad, la educación, la cultura o el deporte.

Aunque no son muchos los países que registran estas cláusulas en las declaraciones de impuestos de sus ciudadanos, si que existen ejemplos a los que como sociedad deberíamos prestar atención, como en Suecia, Canadá, Holanda, Francia, Estonia o Nueva Zelanda.

Evidentemente hay ciertos gastos como en materia de defensa y mantenimiento de instituciones políticas -es decir, sueldos de políticos y sus asistentes, así como sus privilegios- que deben de poder sufragarse y que son altamente impopulares, por lo que habría cierta cantidad de lo recaudado sujeta a la discreción del gobernante para poder dotar económicamente estas partidas cuestionables, pero que vamos a suponer de partida, necesarias para el mantenimiento del estado y del bienestar de sus habitantes. Esto en una teoría básica sin mayores distinciones, y sin entrar tampoco a valorar, la ideología y sentido de los gobernantes y las mayorías parlamentarias que lo sustentan, que podrían decidir aumentar o disminuir tales partidas para sufragar otro tipo de gastos de índole social y participativa.

Sin embargo en España, como decía anteriormente tenemos que hablar de una ausencia casi total ya que mientras todavía hoy, y pese a las campañas y alegatos pidiendo su inclusión es imposible destinar una parte de nuestros impuestos a por ejemplo la investigación y el desarrollo o a la proliferación de la cultura, si que existen dos apéndices en los que asignar a conciencia parte de nuestros impuestos, así como de la devolución que Hacienda nos hace en caso de haber aportado más de lo que nos corresponde: La casilla de la Iglesia y la casilla de los fines sociales.

La financiación de la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta es injusta e insolidaria. Quienes marcan la casilla no pagan un 0,7% más, sino que se detrae del conjunto de lo recaudado anualmente, es decir que “todos pagamos” aun sin tener voluntad para ello. El culto y el clero de cualquier organización religiosa y de las organizaciones a su servicio, debe estar financiado por sus fieles. Más si cabe cuando hablamos de la acofensionalidad del Estado, recogida en la según interese sacro santa Constitución. Por otro lado, las necesidades sociales, no deben ser voluntad del contribuyente o establecidas por las organizaciones sociales, sino que han de formar parte de las políticas del Estado, en función del interés general.

Las creencias se las han de pagar quien las tenga y la Iglesia buscar los fondos entre sus fieles. Es necesario que se elimine la asignación tributaria a través del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida reclama al Gobierno que derogue los acuerdos con el Vaticano, por “vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado” que viene a amparar “la financiación de la Iglesia Católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo”.

Mientras aumenta la pobreza y se privatizan los servicios públicos, el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los once mil millones de euros anuales, lo que supone más del 1% del PIB, para el sustento del culto y el clero, mantener diócesis, seminarios, realizar manifestaciones políticas partidarias, lanzar campañas de discriminación y segregación en razón del género, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre elección de la orientación sexual, los avances científicos, la eutanasia o la muerte digna; incluso para financiar cadenas de televisión privadas, como 13TV.

Exenciones fiscales en el IBI valoradas en 3.000 millones al año (sin olvidar el negocio que la Iglesia Católica Española hace con los bienes inmuebles que adquiere gracias al privilegio para inmatricularlos otorgado por el Gobierno de Aznar en 1997), 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios, hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia (patrimonio que la Iglesia gestiona, cobra al visitante y se desentiende de su mantenimiento y restauración que corre a cargo de los presupuestos de todos). El Congreso ya ha exigido en varias ocasiones al Tribunal de Cuentas la fiscalización del dinero que la Iglesia, después de que el tribunal haya rechazado hacerlo con los votos del PP.

Desde la firma del Concordato en 1953 entre los fascistas de Franco y el Papa Pio XII bajo los principios del nacional-catolicismo imperante seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino a traición, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayoría. Desde entonces y siempre, siguen perpetuando sus privilegios.

Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las casillas del IRPF, ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la discriminación que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”.

La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión Católica, discriminando otras creencias distintas, por lo que se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 de la Constitución, que reconoce que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión… “. El Estado no se debe convertirse en recaudador de organizaciones privadas, además de que la asignación que se lleva la Iglesia, se detrae de las políticas públicas para escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente o promoción del empleo.

Por otro lado la casilla para “otros fines de interés social”, también debe desaparecer. Los motivos podrían ser más difíciles de explicar y entender, pero es necesaria su eliminación, porque el origen de su existencia está basado en un engaño; una gran coartada para introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF; además una parte considerable de la asignación a fines de interés social va a entidades de la propia Iglesia, como por ejemplo Cáritas, por lo que recibe fondos por las dos vías. El espíritu solidario que se presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. El que quiera ser solidario que lo haga de su propio bolsillo pero no a costa de la hucha común. En todo caso, los “fines de interés social”, no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las políticas sociales del Estado, de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en función del interés general.

El artículo 16.3 de la Constitución establece que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. De otra parte, el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el Estado Español, de enero de 1979, en su Artículo II.1, establece que “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa“.

Ambos documentos están en vigor constituyendo una grave contradicción. Mientras por un lado se consensuó y aprobó una Constitución votada (ya hace casi 40 años) que recogía el sentir de una sociedad católica pero en la que se incluían fuerzas y sentimientos cercanos al laicismo o cuando menos la aconfesionalidad, el otro es una firma entre dos estados (sin la rubrica de la población como ya exigía la Constitución aprobada un año antes) para salvaguardar los bienes y el poder de intervención de la Iglesia en la vida pública.

Hoy en día, cuando el porcentaje de la población que no votó en 1978 se acerca al 70% y quienes muestran su ateísmo o cuando menos su desafección de la Iglesia católica, es preciso explicar qué supone marcar una casilla u otra en nuestras declaraciones de impuestos. También es necesario explicar que se hace con el dinero recaudado. ¿Por qué se destinan cantidades para comprar armamento y no para investigar en la lucha contra el cáncer o las enfermedades degenerativas o raras? ¿Por qué mantener ingentes cantidades de asesores sin oficio ni beneficio de partidos políticos corruptos y amorales y no mejorar el sistema público de pensiones? ¿Por qué asignar a discreción dinero para la tauromaquía y no para el sostenimiento de la cultura o su promoción en las zonas rurales?

¿Por qué mantener la atroz maquinaria de un ente privado como es la Iglesia católica y no destinar todo ese dinero a erradicar la pobreza y la desigualdad social que se están agudizando día a día en este país?

Por todo esto es necesario pensar muy bien qué hacer con nuestros impuestos, así como también estar alerta e investigar y fiscalizar qué hacen con ellos una vez que están recaudados y convertidos en Presupuestos. Si queremos mantener su estatus y el nivel de vida de la codiciosa y medieval iglesia católica o queremos progresar y convertirnos en un país moderno, necesariamente laico, donde se pueda vivir mejor sin sufrir las tergiversaciones e intromisiones de quienes nos quieren atados al palo o directamente erradicados.

Ya sea rellenando cada declaración de impuestos, en las calles o defendiendo la aconfesionalidad del Estado, así como la laicidad de la sociedad, es el momento de implicarse y cambiar las cosas.

El desmoronamiento de una nación

Las tres siguientes noticias han pasado totalmente desapercibidas mientras nos acercamos al choque de trenes del Procès.

• El Foro de Davos en su informe anual coloca a España en el penúltimo puesto de Europa en desarrollo humano.
• Eurostat constata la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora española como la mayor de Europa.
• España cae dieciséis puestos en el ranking mundial de salud de la ONU abandonando el top ten.

Estas tres noticias de ayer, 13 de septiembre, y sobre las cuales los medios de comunicación han pasado totalmente de puntillas, salvo muy pequeñas excepciones, se entienden mucho mejor si también leemos lo que escribía hace un par de días.

Desde luego el hecho histórico de que una nación declare su independencia, podría hacer nublar la perspectiva de lo que es importante sobre lo que es trascendente. Antes del 1 de Octubre, prometo dejar un escrito en el que dé mi opinión sobre todo lo que está pasando en esta colisión entre sentimientos y voluntades políticas, que no vienen a ser más que el afán de supervivencia de personajes dantescos que han arrancado maquinarias con el fin de sobrevivir a su propia y nacional corrupción y a su ineptitud, pero que ya puestos en marcha y sobrepasadas las velocidades recomendadas, lejos de frenar, aceleran para tratar de salvar su pellejo.

También, conviene no olvidar que transcurrir por un momento en el que las ultra liberales políticas desquiciadas han favorecido la proliferación de grupos terroristas sin miedo a nada y que atentan contra nuestra seguridad y modo de vida hace que perdamos el foco de lo realmente importante.

Cuando en el título hablo del "Desmoronamiento de una nación" no vengo a hablar de que una o varias regiones se desliguen de España sino de que se rompa la cohesión social debido a políticas fundamentalmente económicas, pero también, sociales que han venido a premiar al capital, y a su acumulación especulativa, frente a la economía real derivada del trabajo y la productividad.

Es un fenómeno global producto de más de 40 años de puesta en práctica de las teorías neo-liberales que parten de un doloroso y profundo error de concepción: No se puede dejar a un elemento artificial, como el dinero (y por definición a las vidas de los seres humanos que nos relacionamos a través de él), regularse a si mismo. El mercado no trabaja bajo un principio de racionalidad clásico de cubrir las demandas y necesidades de la población como nos han querido hacer creer, sino que opera con eficacia en la máxima de dinero llama a dinero, de buscar, encontrar y ejecutar la manera de que los privilegiados lo sean cada vez más.

Así está estallando en todo el mundo la Justicia Social que se vuelve cada vez más retórica, más inexistente. Y en ese paradigma, España, no es una excepción, sino más bien un engranaje más entre lo que pasó en Latinoamérica y lo que va a acabar pasando en el centro y norte de Europa.

Las políticas efectuadas para gestionar tanto la crisis, perdón estafa, como la posterior búsqueda de recuperación económica, lejos de paliar el golpe sufrido por los ya desfavorecidos y las clases trabajadoras, se han centrado en minimizar los efectos sufridos por las clases pudientes que fueron, no lo olvidemos, quienes provocaron con su avaricia, desconocimiento y soberbia el desaguisado -y que antes ya habían usurpado riqueza a través de paraísos fiscales y demás ingeniería finaciera-.

Por ejemplo, y como decía ayer, el Gobierno español ha admitido que no se van a recuperar al menos, 40.000 millones del rescate bancario pagado con nuestros derechos y servicios sociales. Además, no contentos con eso, anunciaron sin caérseles la cara de vergüenza que los 14.000 millones en acciones de Bankia propiedad del estado también se han evaporado. Todo esa cantidad monstruosa de dinero usurpada de los servicios sociales de todos ha ayudado a que aumenten las desigualdades de manera exponencial.

En un escenario donde se ha trabajado con ahínco y éxito en individualizar a la sociedad, en hacer que cada uno de nosotros y nosotras, se gestione su felicidad, así como su supervivencia, aunque ambas cosas sean atacadas por problemas comunes al resto de la humanidad, han conseguido la desigualdad más extrema.

No tenemos las mismas oportunidades dependiendo de si vivimos en un entorno rural o urbano. En una región u otra. Si nacimos un año o el siguiente. Dentro de 5 ó 10 antes. Si elegimos una carrera profesional o vital o nos impusieron otra. Y por supuesto, hay diferencias entre el nivel de renta del que se disponga en la familia. Y esas grietas cada vez se abren más y más.

Todo es resultado de una gestión entre inepta e inmoral, pasando por todos los tipos de corrupción que la ética más básica denuncia. Bajo un sistema, su sistema, orquestado para el control y el dominio de las mentes con el consumo, la publicidad y la manipulación de los medios de comunicación que controlan y el cierre de los díscolos, pero también con la violencia, aunque esta violencia basada en el uso y control de las fuerzas de opresión del estado, sea despojar de todo a las clases populares para que acaben aceptando cualquier cosa por sobrevivir en un mercado de trabajo precario y con visos de no parar en su degradación.

Es el imperio de la ley. De su ley. Y es que en nombre de su ley se han tumbado conquistas sociales en tan sólo 48 horas que costaron decenios de lucha, cárcel e incluso muertes, cambiando para ello, precisamente, la ley. Su ley. En nombre de la ley se violan derechos fundamentales: vivienda, condiciones dignas de trabajo, educación pública de calidad, políticas destinadas a fomentar la igualdad, etc.

Así se vulneran derechos fundamentales, se mantiene un orden social injusto en el que crecen las desigualdades y se permite que el peso de los costes de la crisis recaiga sobre los que, sin haberla originado, sufren sus peores consecuencias.

En la gestión de la burbuja económica, en la de la crisis y en la, supuesta, recuperación las mentiras y la medias verdades han jugado un importante papel, utilizados junto con los mass media, para hacer ver por inevitables medidas que en otro contexto -básicamente de empoderamiento ciudadano- habría sido imposible colocar. El miedo siempre juega a favor del poderoso y así lo que al principio no era un rescate y no nos iba a costar un euro, ha cavado más hondo en la desigualdad y en el deterioro del estado de las cosas. Derechos, libertades y conquistas sociales en pro de la igualdad, que se han perdido y tienen visos, de no recuperarse jamás, porque no nos mueven del sofá, de la televisión y de la pantalla del móvil ni con bombas.

Mientras que los beneficios empresariales ya se han recuperado al nivel de antes de la crisis, los salarios se han atascado lo que ha provocado una bajada atroz en el nivel de vida del ciudadano, y ciudadana, de a pie, pero esto no provoca el estallido social y la revolución que el planeta, la decencia y el progreso demandan. 

Lo que si se ha conseguido es por un lado ampliar brechas sociales que parecían suturadas y cuyos efectos se van a ver en los próximos 50 años. Y por otro, construir una sociedad mansa, influenciable. Miedosa, acomplejada y huérfana de iniciativa y liderazgos. Fácilmente manipulable. Dolorosamente egoísta e individualizada. Una sociedad, en definitiva, incapaz, a priori, de usar su fuerza para cambiar las cosas.

Hoy se cumplen 150 años de la publicación de El Capital, la obra con la que Karl Marx quería dar una comprensión académica del funcionamiento del capitalismo, como sistema económico, para acabar dando explicación y profundización en las formas y los modos en los que una clase social, la burguesía, explotaba a otra, la clase trabajadora. Y no puede estar más vigente y certera.

Un ensayo englobado en la ciencia económica con un siglo y medio de vida podía parecer ya desfasado. Sería un objeto de museo o un símbolo de añoranza de tiempos mejores o peores, o de regímenes e ideologías de mayor calado, simpatía o aceptación. Sin embargo, con El Capital, tenemos un tratado que clava certeramente el análisis de la relación de fuerzas entre las clases poseedoras de los medios de producción -que en el Siglo XXI son eminentemente financieras frente a aspectos mobilarios como eran en el XIX- y quienes desarrollamos el trabajo efectivo que otorga las plusvalías, pero que hoy en día, acabamos siendo parte de esos medios de producción, de esas mercancías con las que también comercializan y ganan dinero.

Como ya denunciaba Marx en su análisis de la crisis social y económica de los años 30 del XIX, los intereses de la mayoría son un estorbo para quienes manejan las riendas de la política y la economía. Y así asistimos a la insoportable levedad de la legalidad, de la libertad de expresión o de eso que llaman democracia. Quienes gobiernan sólo para la élite han perdido toda legitimidad. Ante eso, optan por mantener un ataque sin balas, mintiendo, imponiendo, criminalizando. Una guerra constante y sin treguas (por mucha paz social de la que hagan gala ciertos estómagos agradecidos) y donde las víctimas son por un lado la democracia, que camina de capa caída, la igualdad y la libertad, víctimas de su sometimiento al capital y por lo tanto, todas y todos aquellos que si vivimos es porque trabajamos y que hacemos ambas cosas, vivir y trabajar, en entornos cada vez más desiguales, opresivos y precarios.

Resulta terriblemente aterrador que un escenario de sometimiento social tan abusivo y sobre el que aparentemente se había dejado atrás en base a lucha, organización y compromiso, sea hoy tan evidente. Se ha puesto precio a la vida humana, a sus derechos, libertades y progreso. La precarización laboral y de condiciones de vida de la población, el agotamiento de los recursos naturales y el estrés impuesto por nuestro modo de vida a los ecosistemas y a la Naturaleza fueron tratados por la obra de Marx y hoy son más evidentes que nunca, por lo que la vigencia y la recomendación de leer y aprender junto al maestro alemán se hacen más necesarias que nunca.

La única consecuencia plausible y la única certeza posible es que frente a esta narración apocalíptica no nos queda más que despertar, empoderarnos y luchar.