La Región Leonesa: Una solución del pasado, para el presente y por un futuro

La tabla que encabeza este artículo está sacada del INE justo durante la convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León el pasado diciembre. Los datos de personas con derecho a voto fuera de cada provincia muestran un denominador común: La abrumadora emigración exterior del Oeste de la Región, el antiguo e histórico Reino de León, en cuyas provincias -León, Zamora y Salamanca- de media se triplica el número de emigrados.

Un dato así no es ni mucho menos anecdótico, sino más bien la demostración empírica de las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales que durante los últimos 60 años han regido la región centro de la Península Ibérica. Desde finales del Siglo XIX se procuró una organización administrativa que permitiera por un lado la supervivencia de identidades culturales concretas, siempre buscando mantener un equilibrio, primero dentro de las propias regiones con sus relaciones internas y vecinales; y después, exterior, tratando de equilibrar un sistema de contrapesos regionales que limitaran el desarrollo del eje del Ebro (País Vasco, Catalunya y Levante) con respecto al resto del estado español peninsular.

Así y de ese modo, el viejo Reino de Castilla se desmembró en varias unidades con cierta coherencia interna, que sirvieran para atar en corto a las potentes regiones del nordeste, en el marco de las Cortes de la Restauración. Surgieron las dos Castillas, separando ambas mesetas, con León incluida al Norte, y las cuatro autonomías uniprovinciales, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia.

Fue ya en la Segunda República cuando se fue un paso más allá con un nuevo régimen administrativo, mucho más garante y protector de las identidades culturales en búsqueda de un sistema federal de convivencia y solidaridad en el que la expresión de las singularidades regionales no truncarán el bien común. Así, al tiempo, que los estatutos nacionales de Euskadi, Catalunya o Andalucía avanzaban, también se fraguaba la división de lo que hoy conocemos como Castilla y León. El histórico Reino de León tomaba identidad y autonomía, desligado de Castilla, y así sus gentes, encabezados por sus propias burguesías podían construir sus marcos propios de convivencia y futuro. El Golpe de Estado del 36, la posterior Guerra Civil y la dictadura fascista resultante cercenaron aquellos aires de cambio y avance político, cultural y social. León se reintegró en Castilla, y sus campos, minas y ríos quedaron a disposición de las viejas noblezas castellanas, convertidas entonces en proto-burguesías, al calor de sus íntimos vínculos con la élite franquista y las concesiones que entre ellas se regalaron.

La Transacción a la democracia, no cambió de fondo la cuestión territorial. El mapa político del estado a penas tuvo modificaciones (salvo el cambio de color de unas pocas comarcas) y en el proceso de negociación política entre partidos estatales y nacionalistas dio como resultado un híbrido entre el estado centralista del franquismo y el estado federal al que aspiraba la República: la España de las Autonomías.

En principio, estas autonomías atesoran competencias y la capacidad de recaudación y gestión necesarias para llevarlas a cabo. Bajo los órganos de coordinación en la gestión y de representación política en el Senado y en las Cortes regionales se da una imagen de operatividad federal. En realidad, está sigue limitada de manera atroz por el excesivo impulso de Madrid, como gran metrópoli de la Península Ibérica, con unas capacidades políticas, mediáticas y económicas tan superiores al resto de territorios que configuran un estado a varias velocidades en su desarrollo.

Esto es Historia, resumida si, pero de la que existen multitud de obras y archivos que la cuentan, paso a paso como ocurrió. Es en esas distintas velocidades de desarrollo donde se han fraguado las diferencias de progreso, dinamismo y futuro de las diversas regiones, y en como han podido crecer, albergar progreso y garantizar una gestión correcta de su patrimonio, tanto histórico y cultural, natural y económico.

Las Españas en realidad, son las diversas velocidades entre territorios que han definido su forma, su presente y también su futuro. Madrid, es el agujero negro del estado español. Todo lo fagocita. Ahoga económicamente todo lo que tiene alrededor, atrapando los flujos económicos y la vida de las personas. Sus recursos, su medio ambiente, su tiempo y su ocio.

Año a año, legislatura a legislatura amplía su área de influencia. Capta riquezas, oportunidades, población, talento… Su capacidad extractiva se va ampliando y con ella crecen las desigualdades en el territorio y las dificultades que tienen las periferias para financiarse y gestionar con dignidad su patrimonio y futuro. El círculo pernicioso se va ampliando, atrapando a más población y creando ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría.

La economía y el poder giran en torno a Madrid, y al tiempo que el modelo se va replicando en el territorio hacia la costa se agravan las diferencias escalón por escalón. Particularmente lesivas son las que atañen a Castilla y León y a su composición territorial y administrativa.

Castilla y León se vertebra entorno a la cuenca hidrográfica del Duero. El río cruza la Meseta Norte en un enorme valle, llano y recogido por las cadenas montañosas del Cantábrico al Norte, del Sistema Ibérico al Este y del Sistema Central al Sur. Por las capitales provinciales a Norte y Sur transcurren los principales afluentes del Duero de ambas vertientes. La capilaridad del territorio se percibe en el mapa por los ríos más pequeños, afluentes secundarios y terciarios, que dan sentido a los municipios que vertebran el territorio.

Desde el punto de vita administrativo, Castilla y León es una Comunidad Autónoma sin capital reconocida en su Estatuto, pero que sin embargo, reúne en el centro geográfico, en la urbe de Valladolid la práctica totalidad de los organismos autonómicos. Esto ha hecho que la influencia de Valladolid, en su condición de capital regional no reconocida, vaya aumentado. Se convierte cada vez en un polo mayor de atracción de riqueza y oportunidades, al tiempo que se vacían los espacios entre capitales provinciales, y la competitividad y complementariedad entre ellas.

Esto ha provocado la desigualdad territorial entre urbes. Las capitales de provincia y ciudades de importancia de las provincias del Oeste sufren un lento deterioro y una lacerante falta de oportunidades, que contrastan con el dinamismo del resto de ciudades importantes de la región. El eje Valladolid-Palencia es vigoroso; Burgos y Miranda reciben de buen agrado la influencia de la actividad económica del País Vasco. Avila y Segovia reciben una influencia abierta de la capital del Estado. Sólo Soria languidece alejada y en medio de la nada. Por el contrario, los problemas de la despoblación, el éxodo de los jóvenes, el envejecimiento y el abandono en general del mundo rural es una realidad compartida, no sólo por las nueve provincias de Castilla y León, sino por todas las del interior peninsular, excepción hecha con Madrid.

Cuando en 1978 se tomó la decisión de mantener León unida a Castilla, fundamentalmente se buscaba disipar la notable influencia del movimiento obrero en torno a las minas de León en una región de mayor tamaño, dónde sus justas reclamaciones no serían oídas. Generar un polo de izquierdas de fuerte implantación en el Noroeste, provocaría el desequilibrio ideológico del estado. Sin embargo, diluida León en Castilla, el carácter conservador de las otras provincias serían ya el contrapeso ideal a su influencia progresista.

Con el paso de los años lo que ha quedado en el Oeste de Castilla y León son unos territorios desvencijados, desposeídos de su propio talento y juventud y por ende, de las iniciativas que empoderen y otorguen mayor futuro y dignidad al territorio.

Por supuesto que todos estos territorios comparten mucho. Ya son más de 40 años de Estatuto de Autonomía y de vivir bajo un mismo paraguas administrativo. Pero como no se ha procurado que quienes estén bajo ese paraguas nos conozcamos mejor entre nosotros, y como no ha cubierto a todos del mismo modo, las diferencias culturales y de desarrollo económico y social se han ampliado, hasta hacerse evidentes y poder así amparar, las legítimas reclamaciones, no sólo de mayor atención al Oeste de Castilla y León, sino de incluso componer este espacio como una nueva autonomía.

Si viajas por la región, y yo tengo la suerte de haberlo hecho mucho, ves diferencias. En la gastronomía y en el habla. En los trajes regionales y el folclore propio. En las jotas. En los cultivos. En las actividades. Pueden parecer sutiles, más allá de dialectos o de cómo hacen la matanza a un lado u otro de una raya dibujada en un mapa hace doscientos años. Pero esas diferencias culturales explotan cuando se suceden agravíos y las diferencias económicas, sociales y políticas, generan territorios e identidades de segunda categoría.

De un tiempo a esta parte, y fruto de la especial situación administrativa y también política en el ayuntamiento y provincia de León, se han llevado a cabo iniciativas que buscan la constitución de León como la décimo-octava autonomía. La diferencia con movimientos pasados, es que ahora, el descontento por la situación de León, Zamora y Salamanca es mucho mayor, ha calado en más habitantes que ven el deterioro y el exilio económico al que su juventud tiene que hacer frente.

Evidentemente, las ansías regionalistas de León no son sentidas del mismo modo en Zamora y Salamanca, con respecto a la provincia leonesa. Esta, incluso tiene que tratar el asunto de El Bierzo, en el valle del Sil, aislado por montañas del resto del espacio leonés, con un dialecto, folclore y problemáticas propias.

¿Cuál es el camino a recorrer?

Pues el corsé de la Constitución del 78, en un texto que está claramente auto-protegido en sus limitaciones y pactos con el régimen anterior, deja algunos resquicios como los artículos 2 y 143. Especialmente este último, donde pese a que diversos juristas (del ámbito conservador) interpretan que el carácter transitorio de su disposición ya ha sido sobrepasado, los promotores del leonesismo, aportan los datos estadísticos (demográficos, sociales, económicos), como el de la tabla del principio de este artículo, que demuestran claramente el fallado sistema autonómico, como provoca desigualdad y falta de futuro y como somos leoneses, zamoranos y salmantinos los que nos llevamos la peor parte cuando nos asignaron en una región artificial (cuidado, que todas lo son) que no cumple con los propósitos del estado autonómico, y presuntamente, descentralizado.

Si el sentido del Estado de las Autonomías es acercar la administración a la ciudadanía, cómo se explica una región con una extensión mayor que la de Portugal. O la de otros 19 estados europeos. Castilla y León es ilegal, puesto que su Estatuto y naturaleza no fueron refrendados de forma directa vía referendum. Vinieron impuestos junto con otras normativas como la Constitución o las campañas electorales. Qué miedo puede existir ahora a buscar alternativas y soluciones.

Esto para los que aducen al sentido práctico de las reclamaciones leonesistas, porque desde luego si hay que hablar de regiones históricas, no se puede hablar de León, como un ente propio de Castilla, sino que más bien, en la mítica Reconquista, avanzaron de los primeros condados a reinos consolidados. Hay quien dice que el argumento historicista ha de ser falso siempre porque encierra un elemento determinista: al pasado gobierna el presente y el futuro, obviando que los vivos son los que gobiernan y habrán de decidir ellos mismos su propio destino, sin cortapisas del pasado. No resulta demasiado serio discutir sobre sucesos acaecidos entre los siglos IX al XIII, para decidir sobre la política del siglo XXI. Y es verdad, que no podemos vivir hoy con soluciones del pasado. Pero por eso mismo no podemos vivir hoy con lo decidido por las élites de hace 40 años. Y habrá que cuidarse de que estos procesos no los vuelvan a decidir los de arriba para su beneficio. Sino que lo hagamos entre todos con garantías y con toda la información disponible. Y lo que no se puede tampoco olvidar, es que somos pasado, somos memoria y es preciso recordar las raíces, justo cuando esas raíces sirven a otros para provocar desigualdad y problemas en los territorios que no son agraciados o peor aún, son olvidadizos.

Por supuesto, que de producirse y crearse la autonomía leonesa (con o sin Zamora o Salamanca, y con el Bierzo como provincia constituida dentro de la nueva región, -no olvidar que sólo Ponferrada ya atesora más población que Soria, y que la comarca está más poblada que la provincia de Teruel-,) esto no debería ser hacer un presidente, unas Cortes y una bandera y estatuto más. Se trata de no repetir errores pasados y gestionar el territorio con responsabilidad para garantizar las identidades y sobretodo, para buscar un futuro mejor para la población. Para repetir caciquismos y corrupciones ya nos sobra con Castiga a León.

Una Constitución o un mapa autonómico, no están cerrados, no son irreversibles. Deben de estar abiertos a la realidad objetiva y presente de los habitantes que componen el territorio que comparten. Al anhelo de un futuro mejor, más seguro, progresista, igualitario y digno. Pero también a la cuestión subjetiva de la identidad y la cultura, como garantía de su conservación. Sin embargo, toda la caverna conservadora nos habla de una Constitución grabada en piedra, que no se puede modificar. Cuando los fondos de los accionistas de los bancos alemanes lo necesitaron, la Constitución se modificó, el odioso artículo 135, sin ningún problema con nocturnidad y agosticidad.

El marco autonómico y político de la Transicion y su Constitución, está sobrepasado. Lo está en el ámbito territorial, pero también en el resto de frentes. Las presiones bajo las que se construyo provocaron severos déficits y rémoras que no han hecho más, que hacer languidecer el país. Sólo basta esperar a que caiga por si mismo. Será antes o después, pero caerá y en el camino ocasiona un dolor y desigualdades de diversa índole, que no son necesarias y que deberían bastar, para que la sociedad en su conjunto, y sus representantes, asumieran la tarea no sólo de meras modificaciones, sino de abrir un proceso constituyente que nos haga un país mejor, más grande, más digno y fraterno. Es su responsabilidad, pero también la de toda la sociedad civil.

Elecciones pandémicas

 

En las anteriores elecciones catalanas, el jueves 21 de diciembre de 2017, una participación del 80% constataba la tremenda polaridad del discurso político en Catalunya y coronaba sin solucionar la confrontación independentista. El pasado domingo con una participación que apenas superaba el 50% (mediatizada por la pandemia) el tablero político que dejaban las urnas aclaraban en buena medida el conflicto generado por la deriva independentista frente al centralismo españolista.

El gran vencedor de las elecciones catalanas de 2021 ha sido Pedro Sánchez. El presidente del gobierno refuerza aún más su posición gracias al legado que aportó su decisión de colocar como candidato a President a Salvador Illa, ex ministro de Sanidad. Lo hizo en plena gestión de la segunda ola de la pandemia y cuando se fraguaba la tercera. Y lo que podía haber parecido una decisión de extremo riesgo al posicionar al voto a un candidato tan expuesto a los medios y la crítica ha resultado todo un acierto.

El PSC con Illa ha ganado las elecciones como partido más votado aunque empatado en escaños con ERC y de rebote se ha avalado buena parte de la gestión de la pandemia llevada a cabo por el gobierno central. El PSC vuelve a erigirse como eje de decisión política en Catalunya entre independentistas y “unionistas”. Su valor como referencia de la salida dialogada y la normalidad democrática contrasta con las posiciones enconadas de ambos polos. Por parte de la derecha nacional llevada a la marginalidad y el extremo. Por parte de los nacionalismos catalanes desnortados al recibir una respuesta de la sociedad civil en favor de un candidato al que habían anunciado boicot previo.

Tan bueno ha sido el domingo que a Sánchez le ha salido bien hasta que su compañero de gobierno no haya salido escaldado de la cita con las urnas en Catalunya. En Comu Podem, la marca de Unidas Podemos allí, mantenía los resultados de hace tres años y por un lado apacigua las aguas en la formación, y por otro mantiene la representatividad de Iglesias como interlocutor válido para dar salida al conflicto catalán.

Eso sí. La mayoría absoluta fue para el independentismo (en realidad para la abstención que remarca la incompetencia y temeridad de proponer unas elecciones en plena situación de emergencia sanitaria) que mantiene buena parte de su capacidad de movilización en sus feudos tradicionales y que recibe de primera mano una dosis de realidad de una ciudadanía cansada de tanta confrontación. La buena fortuna de Sánchez se transformó aquí en que ERC queda por delante de Junts entre los independentistas, lo que refuerza aún más su gobierno en Madrid. Incluso la estrategia de Puigdemont y su PdeCat queda desautorizada lo que otorga a Esquerra la posibilidad y el deber de liderar gobierno en Catalunya que puede hacer valer un gobierno transversal en lo ideológico con apoyos puntuales del PSC y los comunes. O bien, llevar la voz cantante en un gobierno indenpendentista con apoyo también de la CUP que duplica sus resultados.

No es que esa primera posibilidad se fuera a traducir en mejoras de las condiciones de vida de la gente (lo que se supone que tres partidos de izquierdas deberían tratar) sino más bien que sus objetivos -indultos de los presos, mayores competencias, Estatut y negociados de las ayudas europeas por la crisis de la COVID- sean logrados.

Por lo tanto, con este escenario, y fuere cual fuere la forma de gobierno que salga adelante parecen claras, por un lado evitada la repetición de elecciones (que serían las sextas catalanas en menos de diez años). Y se recuperaría la mesa de diálogo para recuperar la normalidad democrática e institucional entre Catalunya y España dentro de la Constitución. Sin duda, buenas noticias.

Pero esa Constitución necesita serias reformas, cuando no la apertura de un proceso constituyente. El electorado catalán lo ha vuelto a demostrar cuando los resultados de las fuerzas auto proclamadas “constitucionalistas” apenas es capaz de representar el 15% del electorado catalán. El hecho innegable es que la convivencia y los escenarios que tienen que dar solución y cabida a todas las identidades no funcionan. No sirven y el texto constitucional es más una arma con la que azuzar en la trinchera del odio y el inmovilismo. Y todo eso sin hablar de los capítulos de justicia social que son sistemáticamente ignoranos cuando no violentados.

El PP se queda en tres escuálidos diputados fruto de su tradicional y abierta hostilidad hacia los pueblos que forman parte de España. Su estrategia no por conocida, resulta menos indignante: crispar y enfangar con el tema identitario para salvaguardar mayorías sostenibles en las “Castillas” y sobretodo en Madrid, que es donde está la pasta. El resultado una derrota electoral más de Pablo Casado que deja su liderazgo notablemente tocado cuando no hundido. La inestabilidad del PP es tan manifiesta por su corrupción institucional, su incompetencia, su incoherencia y su falta de lealtad, que mantiene a los principales candidatos a sustituirles entre bambalinas. El aviso para desligarse del discurso fascista de Feijoo es una declaración de intenciones del mejor colocado -frente a la estrategia de Ayuso-, pero ni uno, ni otra, van a sacar la cabeza cuando se avecinan meses duros en los medios, en los juzgados y en los parlamentos para el PP. Un PP que quiere redefinirse abandonando su sede de Génova 13, monumento nacional a la corrupción, en el último salvavidas de Casado tratando de hacer olvidar el pasado, cambiando de decorado.

Pero mayor fue el descalabro de Ciudadanos pasando de primera fuerza en 2017 a 7ª fuerza, de 30 escaños a apenas 6. Si el PP ha mantenido la ambivalencia con el fascismo, no se entendía las posiciones ultras de un partido que se presentó como garante del modelo liberal y el centrismo. Cs va cuesta abajo sin frenos, desmoronándose por territorios y perdiendo influencia incluso en la región de donde surgieron. Sus opciones son claras: O continuar una deriva ultra nacionalista que los lleve a la irrelevancia; o adoptar un corte más centrista, inflexible con la corrupción del PP, con sentido de estado y coherencia. De elegir esta opción redondearía la victoria de Sánchez, porque parece inconcebible que se mantengan en ese escenario, algunos pactos regionales (CyL, Andalucia, incluso Madrid).

La peor noticia de todas y la que ensombrece la victoria de Sánchez fue la entrada de Vox en el Parlament. Los fascistas llegan con 11 escaños y aunque minoritaria no es de desdeñar nunca el impacto de quienes quieren violencia y opresión para solucionar los problemas, o mejor dicho, para regenerarlos y hacerlos crecer.

Parece evidente que mientras la ultra derecha mueva entre 10 y 15% de votos, será imposible que la derecha alcance mayorías que le den para gobernar a nivel nacional. Por lo tanto, debería ser lógico que Casado y Arrimadas (o quienes les sustituyan) adoptasen perfiles dialogantes, centristas en vez de tensionar la convivencia y jalear el enfrentamiento. Como garantes de la Constitución que así se presentan, deberían entender rápido que tales actitudes a quienes únicamente benefician es a los independentistas y a la ultra derecha.

La derecha catalana, como ya he dicho en varias ocasiones en este blog, no tiene argumentos para pactar o amenazar el pacto con la derecha nacional. Esto ha añadido inestabilidad a la nunca tranquila política española. Y estas elecciones no se cambia esa dinámica, pero si se pide a PSC (y en Comú Podem) y a ERC y Junts, que se sienten a dialogar y a generar una convivencia, una salida dialogada al conflicto, que pueda por lo menos aportar estabilidad en la vida diaria, al menos por 20 años.

No soy muy optimista para que se rebaje el nivel de tensión en la política nacional, justo ahora que inmensidades de cantidades de dinero de los fondos europeos de recuperación van a llegar al país. En Catalunya, pese a que los números dan para mayorías de izquierdas, por desgracia, no se va a ver traducidas en medidas que garanticen los servicios públicos, la sanidad, la educación, el medio ambiente, la lucha contra la pobreza y la precariedad. Vamos a continuar en el terreno de las emociones y las banderas. Hablando en definitiva, de lo que quieren las élites, para no trastocar sus posiciones dominantes. Ni siquiera un tenue reparto de la riqueza.

Como bonus track aprovecho esta entrada sobre las elecciones catalanas del pasado domingo para hablar del Impeachment a Donald Trump como advenedizo de lo que puede suceder en Europa y en España. Tras los sucesos del 6 de enero en Washington, un golpe de Estado, hablaba de la encrucijada en la que el partido republicano debía tomar una decisión: Mostrar lealtad a la democracia y las instituciones estadounidenses o dejarse llevar por el trumpismo en su afán de poder, sin querer poner en su contra a las bases que estos años ha movilizado el ex presidente.

La traición del partido republicano impidiendo el juicio político a Trump, y con él sacándolo personalmente de la política, es un aviso a navegantes de algo que no es nuevo en la historia. El liberalismo no va a tener ningún problema en usar un animal salvaje como el fascismo mientras beneficie sus oligarcas privilegios. Y como bien sabemos muchos no resulta una criatura dócil y el riesgo de que el fascismo crezca y cause un dolor horrible, esta ahí. Por lo tanto, estamos avisados sobre lo que puede pasar en España y en Europa.

Censura en Españistan

 

Entre hoy o mañana el rapero Pablo Hasel tiene que ingresar en prisión, siguiendo una condena puesta por un delito de opinión. En sus letras de contenido político, el músico catalán denuncia la corrupción del Rey emérito y la violencia del sistema y el estado de las cosas.

Te puede gustar o no Hasel. Ser aficionado o no a su estilo. Incluso puedes estar de acuerdo o no con su discurso. Pero si consideras que por una canción está justificado su ingreso en prisión, podemos valorarte como anti democrático y en consecuencia, fascista. Las muestras de solidaridad se suceden mientras se acaban los plazos legales para subvertir esta salvajada, una más en este lupanar para el fascismo que resulta Españistan.

Nunca hemos oído ni visto juicios o intervenciones policiales para impedir actuaciones de grupos de extrema derecha que cantan para oprimir a otros colectivos. No hay ni siquiera reproches a los provocadores que acuden a barrios obreros a lanzar soflamas clasistas plagadas de odio (xenofobia, homofobia, misoginia, etc.) en el contexto de una campaña electoral. Y sin embargo, presos políticos comunistas o anarquistas se pudren en las cárceles ante la indolencia de la población y sin la cobertura de los medios de comunicación burgueses como con otros casos más conocidos.

Unas leyes fascistas que beben de las fuentes del franquismo, y cuyos herederos no sólo las pusieron en marcha cuando tuvieron ocasión, y por supuesto, lo volverán a hacer, sino que valiéndose de todas las artimañas del sistema han bloqueado concienzudamente su derogación e incluso su modificación a normas más laxas. La ultra derecha de PP y Cs (y obviamente, encontraríamos a Vox en esta barricada) llevan desde 2017 con la derogación de la Ley Mordaza aprobada en las Cortes paralizada por sus mayorías y sus tejemanejes. Y ahora que tenemos una mayoría, compleja pero mayoría progresista, para proceder a derogarla, se suceden las semanas sin que haya atisbo de corregir este fallo multi-orgánico en nuestra democracia.

No es nuevo, ni tampoco propio de éste país que la derecha, se haya valido y se valga de la democracia para sus fines. Para enriquecerse enfangando el buen nombre de la política. Que también. Pero sobretodo, para mantener un estado de las cosas que favorezca la opresión del 1% sobre el resto. Tampoco lo son las traiciones del PSOE a la clase trabajadora y a los colectivos denigrados y oprimidos en el estado. Su cobardía y sumisión es tan lacerante como desesperante la lentitud de movimientos desde la izquierda para crear una ola que desde convencimiento, movilización y generosidad pueda superar este franquismo sociológico para hacer al estado avanzar y mejorar. Y es que la izquierda “guay” tampoco ha tenido problemas en emplear la brocha gorda cuando algo le incomoda.

La Ley Mordaza fue puesta en marcha con el único fin de "ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España". No lo digo sólo yo, ni multitud de personas y colectivos. Son palabras de la ONU en su informe sobre la calidad democrática en España y donde reclamaba la adopción de “todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales".

“Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática” son palabras también del mismo informe de la ONU y vienen a respaldar los capítulos de libertades cívicas, individuales y colectivas, de la nuestra violada Constitución. Ese mamotreto que apenas nadie se ha leído y que está ubicada en la boca o en el culo de nuestra derecha dependiendo de si les sirve o no para su discurso de opresión y odio.

Derechos cercenados de libertad de expresión, de opinión, de reunión, de manifestación, al tiempo que crecen el número de multas, detenidos e identificados por la Policía, a la que se protege para que puedan seguir realizando su papel de esbirros del sistema. Todo ello haciendo que la libertad de prensa también se vea terriblemente deteriorada y que pongan a España como ejemplo del retroceso en la libertad de prensa en el mundo.

Ofende el que puede. Y puestos a la defensiva existen unos cuantos tarados dispuestos a emplear la maquinaria bien engrasada de medios de comunicación afines (aquí empleados como medios de coerción), policías como perros sarnosos siempre delicados con la mano del poderoso y jueces que bajo su batiburrillo de togas y tomos se convierten en legisladores de lo moral, lo correcto y hasta de lo útil. Así, hemos tenido por este país en los últimos años juicios por blasfemia, persecución de chistes, cantantes, articulistas, tuiteros, humoristas. De asociaciones vecinales o ecologistas a los que se les busca las vueltas para desactivarlos por su oposición exitosa a megalomanías de los de arriba. De tirititeros a los que les aplicaron la ley anti terrorista.

Si no fuera por algunos elementos que reaccionaron contra esta reacción de odio y víscera tendríamos las cárceles llenas de quienes denunciamos, de un modo u otro, la corrupción, el caciquismo, la cutrez, el autoritarismo y la avaricia de las élites de éste país. Y estos, podrían seguir ejerciendo sus corrupciones, cacicadas, cutreces, autoritarismos y avaricias varias.

Pero el éxito de la Ley Mordaza no viene en la medida del volumen y número de sanciones, detenidos, multas y presos. Su funcionamiento está ideado para restringir y coartar la libertad de la población. Para que antes de salir de casa a parar un desahucio en favor de un banco o un fondo buitre, te lo pienses. O para ir a una manifestación en defensa de la Sanidad pública, también te lo pienses. Que mientras te pones el palestino recapacites si te merece la pena. No vaya a ser que te caiga un palo o una multa porque te apliquen la desmesura de la violencia institucionalizada. 

La Ley Mordaza funciona muy bien cuanto te piensas un tuit, un chiste, o escribir un modesto artículo como eśte. Internet es el nuevo campo de batalla, donde las ideas y las corrientes de opinión pueden prender mechas que incendien los cimientos de un sistema que se pudre desde su cúspide por momentos. Por eso es tan importante el control de la red y su neutralidad. Y por eso en multitud de ocasiones desvían la atención con otro caso espectacular, para legislar con el ánimo de ponerle puertas al campo y limitar nuestra capacidad de comunicación, de activación, de aprendizaje y de subversión.

El dictador murió en la cama y los que ayer eran fascistas se despertaron al día siguiente como demócratas. O eso es lo que nos quieren hacer creer desde hace ya 45 años. La Ley de Amnistía fue la continuación de la dictadura que garantizó la supervivencia no sólo de los crímenes franquistas, empezando por el beneficio económico colosal de algunos mangantes aupados al poder oligarca bajo las condiciones de la victoria fascista, sino que además, permitió colocar una educación garantista para con el franquismo sociológico. No se discutieron, debatieron los crímenes, las causas y las consecuencias de la dictadura y procedió a perpetuarse una legitimidad del golpe del 36 y del terror fascista que es una inmoralidad y aberración histórica.

Rascas un poco la superficie social y enseguida salta ese discurso misógino, paternalista, racista, ultra-nacionalista, intolerante, violento, fascista en definitiva, y anti democrático en esencia. Nada puede sonar discordante de un discurso oficial de talante continuista con la dictadura pese a que ya hemos crecido en el estado varias generaciones nacidas y educadas en democracia. En teórica democracia.

En frente multitud de asociaciones por la Memoria Histórica a los que no les mueve el revanchismo como vomitan desde sus altavoces los poderes fácticos. Sino que su afán es el de la reparación, la justicia y la verdad. Su éxito es la mayor garantía democrática que podemos recibir por lo que el apoyo a esta causa tiene que ser intenso de todo aquel que se auto denomine demócrata.

La caverna plagada de hinchas furibundos y bestias irracionales ha salido en tropel a cargar contra el vicepresidente del gobierno por decir que "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España". Pablo Iglesias hacía estas declaraciones en el contexto de la campaña electoral para las catalanas del próximo domingo, con el ánimo de enervar a sus huestes ante el presumible descalabro electoral de la coalición Unidas Podemos. Alentar el voto remarcando la excepcionalidad social y política en el estado español con una desigualdad lacerante, una falta de democracia y memoria insultante y con problemas territoriales y de identidad convertidos en trinchera desde la que incendiar la colaboración, el diálogo y la normalidad. Todo ello, por una persona y un partido político que han sufrido y sufren la persecución del sistema por tierra, aire y mar; es decir, por los medios, por jueces, por otros partidos políticos y por las cloacas.

Como una profecía autocumplida Iglesias tiene razón. Cuando sus mensajes y acciones, iniciativas y denuncias causan tanto pavor y tanto escozor. Cuando movilizan en contra y a favor al mismo número es fundamentalmente porque lo que dice es verdad. Porque nos caerá mejor o peor Iglesias o estaremos a favor o en contra de su formación. Pero lo que nadie debe olvidar es que el ensañamiento que sufren va a la par del desprestigio del sistema que denuncian y de las pocas medidas que consiguen arrancar al mismo sistema, empezando por sus elitistas compañeros de gobierno.

¿Es democrático encarcelar a un rapero porque no nos gustan sus letras? ¿Es democrático que el sistema bajo el sistema, las cloacas, se dediquen a lanzar bulos y perseguir a los opositores a éste siniestro régimen? ¿Es democrático que despidan a quienes escriben un titular incómodo ante la última salida de tono elitista de la casa real? ¿Es democrático desahuciar a una anciana a 10 minutos de la llegada del toque de queda? ¿Es democrático que se quede sin casa y con la deuda? ¿Es democrático que de media un español o española dedique el 55% de su renta anual al pago de un lugar donde vivir? ¿Es democrático desmontar los servicios públicos? ¿Es democrático que aún existan más de 150.000 desaparecidos por la represión franquista? ¿Es democrático que te sienten en un banquillo porque un grupo de gilipollas se ofenden cuando te cagas en dios y en la virgen? ¿Es democrático que la princesa se vaya a un colegio a Gales a 76.000€ anuales al tiempo que miles de sus compatriotas mueren de frío o calor en barrancones? ¿Es democrático que la sanidad pública haya sido derruída en favor de la privada por unos políticos elegidos en teoría para su administración? ¿Es democrático el volumen de corrupción que destila este estado fallido?

Podía seguir así preguntas y líneas hasta el infinito porque es infinita la indignidad que asola este país. Porque la censura, la persecución, la violencia son demostraciones diarias de la anti democracia en España, donde se han juntado el hambre y las ganas de comer, donde se han juntado el fascismo y el ultraliberalismo. Por todo esto se hace vital y urgente la derogación de la Ley Mordaza (así como la derogaciones de las reformas laborales y otra multitud de legislaciones en favor de la dignidad y bienestar de las clases trabajadoras). Unirnos como izquierda democrática y consciente de las dificultades se hace necesario. Es el momento de transitar ya de una vez por todas y pese a las agresiones de los que temen perder sus esclavistas privilegios, de la dictadura a la democracia.