La
tabla que encabeza este artículo está sacada del INE justo durante
la convocatoria de elecciones
autonómicas en Castilla y León
el pasado diciembre. Los datos de personas con derecho a voto fuera
de cada provincia muestran un denominador común: La
abrumadora emigración exterior del Oeste de la Región,
el antiguo e histórico Reino de León, en cuyas provincias -León,
Zamora y Salamanca-
de media se triplica el número de emigrados.
Un
dato así no es ni mucho menos anecdótico, sino más bien la
demostración empírica de las decisiones políticas, económicas,
sociales y culturales que durante los últimos 60 años han regido la
región centro de la Península Ibérica. Desde finales del Siglo XIX
se procuró una organización
administrativa
que permitiera por un lado la supervivencia de identidades culturales
concretas, siempre buscando mantener un equilibrio, primero dentro de
las propias regiones con sus relaciones internas y vecinales; y
después, exterior, tratando de equilibrar un sistema de contrapesos
regionales que limitaran el desarrollo del eje del Ebro (País Vasco,
Catalunya y Levante) con respecto al resto del estado español
peninsular.
Así
y de ese modo, el viejo Reino de Castilla se desmembró en varias
unidades con cierta coherencia interna, que sirvieran para atar en
corto a las potentes regiones del nordeste, en el marco de las Cortes
de la Restauración. Surgieron
las dos Castillas, separando ambas mesetas, con León incluida al
Norte, y las cuatro autonomías uniprovinciales, Cantabria, La
Rioja, Madrid y Murcia.
Fue
ya en la Segunda República cuando se fue un paso más allá con un
nuevo régimen
administrativo, mucho más
garante y protector de las identidades culturales
en búsqueda de un sistema
federal
de convivencia y solidaridad en el que la expresión de las
singularidades regionales no truncarán el bien común. Así, al
tiempo, que los estatutos nacionales de Euskadi, Catalunya o
Andalucía avanzaban, también se fraguaba la división de lo que hoy
conocemos como Castilla y León. El
histórico Reino de León tomaba identidad y autonomía, desligado de
Castilla,
y así sus gentes, encabezados por sus propias burguesías podían
construir sus marcos propios de convivencia y futuro. El Golpe de
Estado del 36, la posterior Guerra Civil y la dictadura fascista
resultante cercenaron
aquellos aires de cambio y avance político, cultural y social. León
se reintegró en Castilla,
y sus campos, minas y ríos quedaron a disposición de las viejas
noblezas castellanas, convertidas entonces en proto-burguesías, al
calor de sus íntimos vínculos con la élite franquista y las
concesiones que entre ellas se regalaron.
La
Transacción
a la democracia, no cambió de fondo la cuestión territorial. El
mapa político del estado a penas tuvo modificaciones (salvo el
cambio de color de unas pocas comarcas) y en el proceso de
negociación política entre partidos estatales y nacionalistas dio
como resultado un híbrido
entre el estado centralista del franquismo y el estado federal al que
aspiraba la República: la
España de las Autonomías.
En
principio, estas autonomías atesoran competencias y la capacidad de
recaudación y gestión necesarias para llevarlas a cabo. Bajo los
órganos de coordinación en la gestión y de representación
política en el Senado y en las Cortes regionales se da una imagen de
operatividad federal. En realidad, está sigue limitada de manera
atroz por el excesivo impulso de Madrid,
como gran metrópoli
de la Península Ibérica,
con unas capacidades políticas, mediáticas y económicas tan
superiores al resto de territorios que configuran un estado a varias
velocidades en su desarrollo.
Esto
es Historia,
resumida
si, pero de la que
existen multitud de obras y archivos que la cuentan, paso a paso como
ocurrió. Es
en esas distintas velocidades de desarrollo donde se han fraguado las
diferencias
de progreso, dinamismo y futuro
de las diversas regiones, y en como han podido crecer, albergar
progreso y garantizar una gestión correcta de su patrimonio, tanto
histórico y cultural, natural y económico.
Las
Españas en
realidad, son las diversas velocidades entre territorios que han
definido su forma, su presente y también su futuro. Madrid,
es el agujero negro del estado español.
Todo lo fagocita. Ahoga económicamente todo lo que tiene alrededor,
atrapando los flujos económicos y la vida de las personas. Sus
recursos, su medio ambiente, su tiempo y su ocio.
Año
a año, legislatura a legislatura amplía su área de influencia.
Capta riquezas, oportunidades, población,
talento… Su capacidad extractiva se va ampliando y con ella crecen
las desigualdades en el territorio y
las dificultades que tienen las periferias para financiarse y
gestionar con dignidad su patrimonio y futuro. El círculo pernicioso
se va ampliando, atrapando a más población y creando ciudadanos de
primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría.
La
economía y el poder giran en torno a Madrid, y al tiempo que el
modelo se va replicando en el territorio hacia la costa se agravan
las diferencias escalón por escalón. Particularmente lesivas son
las que atañen a Castilla y León y a su composición territorial y
administrativa.
Castilla
y León se vertebra entorno a la cuenca hidrográfica del Duero.
El río cruza la Meseta Norte en un enorme valle, llano y recogido
por las cadenas montañosas del Cantábrico al Norte, del Sistema
Ibérico al Este y del Sistema Central al Sur. Por las capitales
provinciales a Norte y Sur transcurren los principales afluentes del
Duero de ambas vertientes. La capilaridad del territorio se percibe
en el mapa por los ríos más pequeños, afluentes secundarios y
terciarios, que dan sentido a los municipios que vertebran el
territorio.
Desde
el punto de vita administrativo, Castilla
y León
es una Comunidad Autónoma sin capital reconocida en su Estatuto,
pero que sin embargo, reúne
en el centro geográfico,
en la urbe de Valladolid la práctica totalidad de los organismos
autonómicos. Esto ha hecho que la influencia de Valladolid, en su
condición de
capital regional no
reconocida,
vaya aumentado. Se convierte cada vez en un polo mayor de atracción
de riqueza y oportunidades, al tiempo que se vacían los espacios
entre capitales provinciales, y la competitividad y complementariedad
entre ellas.
Esto
ha provocado la desigualdad
territorial entre urbes.
Las capitales de provincia y ciudades de importancia de las
provincias del Oeste sufren un lento deterioro y una lacerante falta
de oportunidades, que contrastan con el dinamismo del resto de
ciudades importantes de la región. El eje Valladolid-Palencia es
vigoroso; Burgos y Miranda reciben de buen agrado la influencia de la
actividad económica del País Vasco. Avila y Segovia reciben una
influencia abierta de la capital del Estado. Sólo Soria languidece
alejada y en medio de la nada. Por el contrario, los problemas de la
despoblación,
el éxodo de los jóvenes, el envejecimiento
y el abandono
en general del mundo rural
es una realidad compartida, no sólo por las nueve provincias de
Castilla y León, sino por todas las del interior peninsular,
excepción hecha con Madrid.
Cuando
en 1978 se tomó la decisión de mantener León unida a Castilla,
fundamentalmente se buscaba disipar la notable influencia del
movimiento obrero en torno a las minas de León en una región de
mayor tamaño, dónde sus justas reclamaciones no serían oídas.
Generar
un polo de izquierdas de fuerte implantación en el Noroeste,
provocaría el desequilibrio ideológico del estado. Sin embargo,
diluida León en Castilla, el carácter conservador de las otras
provincias serían ya el contrapeso ideal a su influencia
progresista.
Con
el paso de los años lo que ha quedado en el
Oeste de Castilla y León
son unos territorios desvencijados, desposeídos de su propio talento
y juventud y por ende, de las iniciativas que empoderen y otorguen
mayor futuro y dignidad al territorio.
Por
supuesto que todos estos territorios comparten mucho. Ya son más de
40 años de Estatuto de Autonomía y de vivir bajo un mismo paraguas
administrativo. Pero
como no se ha procurado que quienes estén bajo ese paraguas nos
conozcamos mejor entre nosotros, y como no ha cubierto a todos del
mismo modo, las diferencias culturales y de desarrollo económico y
social se han ampliado, hasta hacerse evidentes y poder así amparar,
las legítimas reclamaciones, no sólo de mayor atención al Oeste de
Castilla y León, sino de incluso componer este espacio como una
nueva autonomía.
Si
viajas por la región, y yo tengo la suerte de haberlo hecho mucho,
ves diferencias. En la gastronomía y en el habla. En los trajes
regionales y el folclore propio. En las jotas. En los cultivos. En
las actividades. Pueden parecer sutiles, más allá de dialectos o de
cómo hacen la matanza a un lado u otro de una raya dibujada en un
mapa hace doscientos años. Pero esas diferencias culturales explotan
cuando se suceden agravíos y las diferencias económicas, sociales y
políticas, generan territorios e identidades de segunda categoría.
De
un tiempo a esta parte, y fruto de la especial situación
administrativa y también política en el ayuntamiento y provincia de
León, se han llevado a cabo iniciativas que buscan
la constitución de León como la décimo-octava autonomía.
La diferencia con movimientos pasados, es que ahora, el descontento
por la situación de León, Zamora y Salamanca es mucho mayor, ha
calado en más habitantes que ven el deterioro y el exilio económico
al que su juventud tiene que hacer frente.
Evidentemente,
las ansías regionalistas de León no son sentidas del mismo modo en
Zamora y Salamanca, con respecto a la provincia leonesa. Esta,
incluso tiene que tratar el
asunto de El Bierzo,
en el valle del Sil, aislado por montañas del resto del espacio
leonés, con un dialecto, folclore y problemáticas propias.
¿Cuál
es el camino a recorrer?
Pues
el corsé de la Constitución
del 78,
en un texto que está claramente auto-protegido en sus limitaciones y
pactos con el régimen anterior, deja algunos resquicios como los
artículos 2 y 143. Especialmente este último, donde pese a que
diversos juristas (del ámbito conservador) interpretan que el
carácter transitorio de su disposición ya ha sido sobrepasado, los
promotores del leonesismo,
aportan los
datos estadísticos
(demográficos, sociales, económicos), como el de la tabla del
principio de este artículo, que demuestran
claramente el fallado sistema autonómico,
como provoca desigualdad y falta de futuro
y como somos
leoneses, zamoranos y salmantinos los que nos llevamos la peor parte
cuando nos asignaron en una región artificial (cuidado, que todas lo
son) que no cumple con los propósitos del estado autonómico, y
presuntamente, descentralizado.
Si
el sentido del Estado de las Autonomías es acercar la administración
a la ciudadanía, cómo se explica una región con una extensión
mayor que la de Portugal. O la de otros 19 estados europeos. Castilla y León es ilegal, puesto que su Estatuto y naturaleza no fueron
refrendados de forma directa vía referendum. Vinieron impuestos
junto con otras normativas como la Constitución o las campañas
electorales. Qué
miedo puede existir ahora a buscar alternativas y soluciones.
Esto
para los que aducen al sentido práctico de las reclamaciones
leonesistas,
porque desde luego si hay que hablar de regiones históricas, no se
puede hablar de León, como un ente propio de Castilla, sino que más
bien, en la mítica Reconquista, avanzaron de los primeros condados a
reinos consolidados. Hay quien dice que el argumento historicista ha
de ser falso siempre porque encierra un elemento determinista: al
pasado gobierna el presente y el futuro, obviando que los vivos son
los que gobiernan y habrán de decidir ellos mismos su propio
destino, sin cortapisas del pasado. No resulta demasiado serio
discutir sobre sucesos acaecidos entre los siglos IX al XIII, para
decidir sobre la política del siglo XXI. Y es verdad, que no
podemos vivir hoy con soluciones del pasado.
Pero
por eso mismo no podemos vivir hoy con lo decidido por las élites de
hace 40 años. Y habrá que cuidarse de que estos procesos no los
vuelvan a decidir los de arriba para su beneficio. Sino que lo
hagamos entre todos con garantías y con toda la información
disponible. Y
lo que no se puede tampoco olvidar, es que somos pasado, somos
memoria y es preciso recordar las
raíces,
justo cuando esas raíces sirven a otros para provocar desigualdad y
problemas en los territorios que no son agraciados o peor aún, son
olvidadizos.
Por
supuesto, que de producirse y crearse la autonomía
leonesa
(con o sin Zamora o Salamanca, y con el Bierzo como provincia constituida dentro de la nueva región, -no olvidar que sólo Ponferrada ya atesora más población que Soria, y que la comarca está más poblada que la provincia de Teruel-,) esto no debería ser hacer un
presidente, unas Cortes y una bandera y estatuto más. Se trata de no
repetir errores pasados
y gestionar el territorio con responsabilidad para garantizar las
identidades y sobretodo, para
buscar un futuro mejor para la población.
Para repetir caciquismos y corrupciones ya nos sobra con Castiga a León.
Una
Constitución o un mapa autonómico, no están cerrados, no son
irreversibles.
Deben de estar abiertos a la realidad objetiva y presente de los
habitantes que componen el territorio que comparten. Al anhelo de un
futuro mejor, más seguro, progresista, igualitario y digno. Pero
también a la cuestión subjetiva de la identidad y la cultura, como
garantía de su conservación. Sin
embargo, toda la caverna conservadora nos habla de una Constitución
grabada en piedra, que no se puede modificar. Cuando los fondos de
los accionistas de los bancos alemanes lo necesitaron, la Constitución se modificó, el
odioso artículo 135,
sin ningún problema con nocturnidad y agosticidad.
El
marco autonómico y político de la Transicion y su Constitución,
está sobrepasado.
Lo está en el ámbito territorial, pero también en el resto de frentes. Las presiones bajo las que se
construyo provocaron severos déficits y rémoras que no han hecho
más, que hacer languidecer el país. Sólo basta esperar a que caiga
por si mismo. Será antes o después, pero caerá y en el camino
ocasiona un dolor y desigualdades de diversa índole, que no son
necesarias y que deberían bastar, para que la sociedad en su
conjunto, y sus representantes, asumieran la tarea no sólo de meras
modificaciones, sino de abrir
un proceso constituyente
que nos haga un país mejor, más grande, más digno y fraterno. Es
su responsabilidad, pero también la de toda la sociedad civil.