La tabla que encabeza este artículo está sacada del INE justo durante la convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León el pasado diciembre. Los datos de personas con derecho a voto fuera de cada provincia muestran un denominador común: La abrumadora emigración exterior del Oeste de la Región, el antiguo e histórico Reino de León, en cuyas provincias -León, Zamora y Salamanca- de media se triplica el número de emigrados.
Un dato así no es ni mucho menos anecdótico, sino más bien la demostración empírica de las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales que durante los últimos 60 años han regido la región centro de la Península Ibérica. Desde finales del Siglo XIX se procuró una organización administrativa que permitiera por un lado la supervivencia de identidades culturales concretas, siempre buscando mantener un equilibrio, primero dentro de las propias regiones con sus relaciones internas y vecinales; y después, exterior, tratando de equilibrar un sistema de contrapesos regionales que limitaran el desarrollo del eje del Ebro (País Vasco, Catalunya y Levante) con respecto al resto del estado español peninsular.
Así y de ese modo, el viejo Reino de Castilla se desmembró en varias unidades con cierta coherencia interna, que sirvieran para atar en corto a las potentes regiones del nordeste, en el marco de las Cortes de la Restauración. Surgieron las dos Castillas, separando ambas mesetas, con León incluida al Norte, y las cuatro autonomías uniprovinciales, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia.
Fue ya en la Segunda República cuando se fue un paso más allá con un nuevo régimen administrativo, mucho más garante y protector de las identidades culturales en búsqueda de un sistema federal de convivencia y solidaridad en el que la expresión de las singularidades regionales no truncarán el bien común. Así, al tiempo, que los estatutos nacionales de Euskadi, Catalunya o Andalucía avanzaban, también se fraguaba la división de lo que hoy conocemos como Castilla y León. El histórico Reino de León tomaba identidad y autonomía, desligado de Castilla, y así sus gentes, encabezados por sus propias burguesías podían construir sus marcos propios de convivencia y futuro. El Golpe de Estado del 36, la posterior Guerra Civil y la dictadura fascista resultante cercenaron aquellos aires de cambio y avance político, cultural y social. León se reintegró en Castilla, y sus campos, minas y ríos quedaron a disposición de las viejas noblezas castellanas, convertidas entonces en proto-burguesías, al calor de sus íntimos vínculos con la élite franquista y las concesiones que entre ellas se regalaron.
La Transacción a la democracia, no cambió de fondo la cuestión territorial. El mapa político del estado a penas tuvo modificaciones (salvo el cambio de color de unas pocas comarcas) y en el proceso de negociación política entre partidos estatales y nacionalistas dio como resultado un híbrido entre el estado centralista del franquismo y el estado federal al que aspiraba la República: la España de las Autonomías.
En principio, estas autonomías atesoran competencias y la capacidad de recaudación y gestión necesarias para llevarlas a cabo. Bajo los órganos de coordinación en la gestión y de representación política en el Senado y en las Cortes regionales se da una imagen de operatividad federal. En realidad, está sigue limitada de manera atroz por el excesivo impulso de Madrid, como gran metrópoli de la Península Ibérica, con unas capacidades políticas, mediáticas y económicas tan superiores al resto de territorios que configuran un estado a varias velocidades en su desarrollo.
Esto es Historia, resumida si, pero de la que existen multitud de obras y archivos que la cuentan, paso a paso como ocurrió. Es en esas distintas velocidades de desarrollo donde se han fraguado las diferencias de progreso, dinamismo y futuro de las diversas regiones, y en como han podido crecer, albergar progreso y garantizar una gestión correcta de su patrimonio, tanto histórico y cultural, natural y económico.
Las Españas en realidad, son las diversas velocidades entre territorios que han definido su forma, su presente y también su futuro. Madrid, es el agujero negro del estado español. Todo lo fagocita. Ahoga económicamente todo lo que tiene alrededor, atrapando los flujos económicos y la vida de las personas. Sus recursos, su medio ambiente, su tiempo y su ocio.
Año a año, legislatura a legislatura amplía su área de influencia. Capta riquezas, oportunidades, población, talento… Su capacidad extractiva se va ampliando y con ella crecen las desigualdades en el territorio y las dificultades que tienen las periferias para financiarse y gestionar con dignidad su patrimonio y futuro. El círculo pernicioso se va ampliando, atrapando a más población y creando ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría.
La economía y el poder giran en torno a Madrid, y al tiempo que el modelo se va replicando en el territorio hacia la costa se agravan las diferencias escalón por escalón. Particularmente lesivas son las que atañen a Castilla y León y a su composición territorial y administrativa.
Castilla y León se vertebra entorno a la cuenca hidrográfica del Duero. El río cruza la Meseta Norte en un enorme valle, llano y recogido por las cadenas montañosas del Cantábrico al Norte, del Sistema Ibérico al Este y del Sistema Central al Sur. Por las capitales provinciales a Norte y Sur transcurren los principales afluentes del Duero de ambas vertientes. La capilaridad del territorio se percibe en el mapa por los ríos más pequeños, afluentes secundarios y terciarios, que dan sentido a los municipios que vertebran el territorio.
Desde el punto de vita administrativo, Castilla y León es una Comunidad Autónoma sin capital reconocida en su Estatuto, pero que sin embargo, reúne en el centro geográfico, en la urbe de Valladolid la práctica totalidad de los organismos autonómicos. Esto ha hecho que la influencia de Valladolid, en su condición de capital regional no reconocida, vaya aumentado. Se convierte cada vez en un polo mayor de atracción de riqueza y oportunidades, al tiempo que se vacían los espacios entre capitales provinciales, y la competitividad y complementariedad entre ellas.
Esto ha provocado la desigualdad territorial entre urbes. Las capitales de provincia y ciudades de importancia de las provincias del Oeste sufren un lento deterioro y una lacerante falta de oportunidades, que contrastan con el dinamismo del resto de ciudades importantes de la región. El eje Valladolid-Palencia es vigoroso; Burgos y Miranda reciben de buen agrado la influencia de la actividad económica del País Vasco. Avila y Segovia reciben una influencia abierta de la capital del Estado. Sólo Soria languidece alejada y en medio de la nada. Por el contrario, los problemas de la despoblación, el éxodo de los jóvenes, el envejecimiento y el abandono en general del mundo rural es una realidad compartida, no sólo por las nueve provincias de Castilla y León, sino por todas las del interior peninsular, excepción hecha con Madrid.
Cuando en 1978 se tomó la decisión de mantener León unida a Castilla, fundamentalmente se buscaba disipar la notable influencia del movimiento obrero en torno a las minas de León en una región de mayor tamaño, dónde sus justas reclamaciones no serían oídas. Generar un polo de izquierdas de fuerte implantación en el Noroeste, provocaría el desequilibrio ideológico del estado. Sin embargo, diluida León en Castilla, el carácter conservador de las otras provincias serían ya el contrapeso ideal a su influencia progresista.
Con el paso de los años lo que ha quedado en el Oeste de Castilla y León son unos territorios desvencijados, desposeídos de su propio talento y juventud y por ende, de las iniciativas que empoderen y otorguen mayor futuro y dignidad al territorio.
Por supuesto que todos estos territorios comparten mucho. Ya son más de 40 años de Estatuto de Autonomía y de vivir bajo un mismo paraguas administrativo. Pero como no se ha procurado que quienes estén bajo ese paraguas nos conozcamos mejor entre nosotros, y como no ha cubierto a todos del mismo modo, las diferencias culturales y de desarrollo económico y social se han ampliado, hasta hacerse evidentes y poder así amparar, las legítimas reclamaciones, no sólo de mayor atención al Oeste de Castilla y León, sino de incluso componer este espacio como una nueva autonomía.
Si viajas por la región, y yo tengo la suerte de haberlo hecho mucho, ves diferencias. En la gastronomía y en el habla. En los trajes regionales y el folclore propio. En las jotas. En los cultivos. En las actividades. Pueden parecer sutiles, más allá de dialectos o de cómo hacen la matanza a un lado u otro de una raya dibujada en un mapa hace doscientos años. Pero esas diferencias culturales explotan cuando se suceden agravíos y las diferencias económicas, sociales y políticas, generan territorios e identidades de segunda categoría.
De un tiempo a esta parte, y fruto de la especial situación administrativa y también política en el ayuntamiento y provincia de León, se han llevado a cabo iniciativas que buscan la constitución de León como la décimo-octava autonomía. La diferencia con movimientos pasados, es que ahora, el descontento por la situación de León, Zamora y Salamanca es mucho mayor, ha calado en más habitantes que ven el deterioro y el exilio económico al que su juventud tiene que hacer frente.
Evidentemente, las ansías regionalistas de León no son sentidas del mismo modo en Zamora y Salamanca, con respecto a la provincia leonesa. Esta, incluso tiene que tratar el asunto de El Bierzo, en el valle del Sil, aislado por montañas del resto del espacio leonés, con un dialecto, folclore y problemáticas propias.
¿Cuál es el camino a recorrer?
Pues el corsé de la Constitución del 78, en un texto que está claramente auto-protegido en sus limitaciones y pactos con el régimen anterior, deja algunos resquicios como los artículos 2 y 143. Especialmente este último, donde pese a que diversos juristas (del ámbito conservador) interpretan que el carácter transitorio de su disposición ya ha sido sobrepasado, los promotores del leonesismo, aportan los datos estadísticos (demográficos, sociales, económicos), como el de la tabla del principio de este artículo, que demuestran claramente el fallado sistema autonómico, como provoca desigualdad y falta de futuro y como somos leoneses, zamoranos y salmantinos los que nos llevamos la peor parte cuando nos asignaron en una región artificial (cuidado, que todas lo son) que no cumple con los propósitos del estado autonómico, y presuntamente, descentralizado.
Si el sentido del Estado de las Autonomías es acercar la administración a la ciudadanía, cómo se explica una región con una extensión mayor que la de Portugal. O la de otros 19 estados europeos. Castilla y León es ilegal, puesto que su Estatuto y naturaleza no fueron refrendados de forma directa vía referendum. Vinieron impuestos junto con otras normativas como la Constitución o las campañas electorales. Qué miedo puede existir ahora a buscar alternativas y soluciones.
Esto para los que aducen al sentido práctico de las reclamaciones leonesistas, porque desde luego si hay que hablar de regiones históricas, no se puede hablar de León, como un ente propio de Castilla, sino que más bien, en la mítica Reconquista, avanzaron de los primeros condados a reinos consolidados. Hay quien dice que el argumento historicista ha de ser falso siempre porque encierra un elemento determinista: al pasado gobierna el presente y el futuro, obviando que los vivos son los que gobiernan y habrán de decidir ellos mismos su propio destino, sin cortapisas del pasado. No resulta demasiado serio discutir sobre sucesos acaecidos entre los siglos IX al XIII, para decidir sobre la política del siglo XXI. Y es verdad, que no podemos vivir hoy con soluciones del pasado. Pero por eso mismo no podemos vivir hoy con lo decidido por las élites de hace 40 años. Y habrá que cuidarse de que estos procesos no los vuelvan a decidir los de arriba para su beneficio. Sino que lo hagamos entre todos con garantías y con toda la información disponible. Y lo que no se puede tampoco olvidar, es que somos pasado, somos memoria y es preciso recordar las raíces, justo cuando esas raíces sirven a otros para provocar desigualdad y problemas en los territorios que no son agraciados o peor aún, son olvidadizos.
Por supuesto, que de producirse y crearse la autonomía leonesa (con o sin Zamora o Salamanca) esto no debería ser hacer un presidente, unas Cortes y una bandera y estatuto más. Se trata de no repetir errores pasados y gestionar el territorio con responsabilidad para garantizar las identidades y sobretodo, para buscar un futuro mejor para la población. Para repetir caciquismos y corrupciones ya nos sobra con Castiga a León.
Una Constitución o un mapa autonómico, no están cerrados, no son irreversibles. Deben de estar abiertos a la realidad objetiva y presente de los habitantes que componen el territorio que comparten. Al anhelo de un futuro mejor, más seguro, progresista, igualitario y digno. Pero también a la cuestión subjetiva de la identidad y la cultura, como garantía de su conservación. Sin embargo, toda la caverna conservadora nos habla de una Constitución grabada en piedra, que no se puede modificar. Cuando los fondos de los accionistas de los bancos alemanes lo necesitaron, la Constitución se modificó, el odioso artículo 135, sin ningún problema con nocturnidad y agosticidad.
El marco autonómico y político de la Transicion y su Constitución, está sobrepasado. Lo está en el ámbito territorial, pero también en el resto de frentes. Las presiones bajo las que se construyo provocaron severos déficits y rémoras que no han hecho más, que hacer languidecer el país. Sólo basta esperar a que caiga por si mismo. Será antes o después, pero caerá y en el camino ocasiona un dolor y desigualdades de diversa índole, que no son necesarias y que deberían bastar, para que la sociedad en su conjunto, y sus representantes, asumieran la tarea no sólo de meras modificaciones, sino de abrir un proceso constituyente que nos haga un país mejor, más grande, más digno y fraterno. Es su responsabilidad, pero también la de toda la sociedad civil.
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