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jueves, 11 de febrero de 2021

Censura en Españistan


 

Entre hoy o mañana el rapero Pablo Hasel tiene que ingresar en prisión, siguiendo una condena puesta por un delito de opinión. En sus letras de contenido político, el músico catalán denuncia la corrupción del Rey emérito y la violencia del sistema y el estado de las cosas.

Te puede gustar o no Hasel. Ser aficionado o no a su estilo. Incluso puedes estar de acuerdo o no con su discurso. Pero si consideras que por una canción está justificado su ingreso en prisión, podemos valorarte como anti democrático y en consecuencia, fascista. Las muestras de solidaridad se suceden mientras se acaban los plazos legales para subvertir esta salvajada, una más en este lupanar para el fascismo que resulta Españistan.

Nunca hemos oído ni visto juicios o intervenciones policiales para impedir actuaciones de grupos de extrema derecha que cantan para oprimir a otros colectivos. No hay ni siquiera reproches a los provocadores que acuden a barrios obreros a lanzar soflamas clasistas plagadas de odio (xenofobia, homofobia, misoginia, etc.) en el contexto de una campaña electoral. Y sin embargo, presos políticos comunistas o anarquistas se pudren en las cárceles ante la indolencia de la población y sin la cobertura de los medios de comunicación burgueses como con otros casos más conocidos.

Unas leyes fascistas que beben de las fuentes del franquismo, y cuyos herederos no sólo las pusieron en marcha cuando tuvieron ocasión, y por supuesto, lo volverán a hacer, sino que valiéndose de todas las artimañas del sistema han bloqueado concienzudamente su derogación e incluso su modificación a normas más laxas. La ultra derecha de PP y Cs (y obviamente, encontraríamos a Vox en esta barricada) llevan desde 2017 con la derogación de la Ley Mordaza aprobada en las Cortes paralizada por sus mayorías y sus tejemanejes. Y ahora que tenemos una mayoría, compleja pero mayoría progresista, para proceder a derogarla, se suceden las semanas sin que haya atisbo de corregir este fallo multi-orgánico en nuestra democracia.

No es nuevo, ni tampoco propio de éste país que la derecha, se haya valido y se valga de la democracia para sus fines. Para enriquecerse enfangando el buen nombre de la política. Que también. Pero sobretodo, para mantener un estado de las cosas que favorezca la opresión del 1% sobre el resto. Tampoco lo son las traiciones del PSOE a la clase trabajadora y a los colectivos denigrados y oprimidos en el estado. Su cobardía y sumisión es tan lacerante como desesperante la lentitud de movimientos desde la izquierda para crear una ola que desde convencimiento, movilización y generosidad pueda superar este franquismo sociológico para hacer al estado avanzar y mejorar. Y es que la izquierda “guay” tampoco ha tenido problemas en emplear la brocha gorda cuando algo le incomoda.

La Ley Mordaza fue puesta en marcha con el único fin de "ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España". No lo digo sólo yo, ni multitud de personas y colectivos. Son palabras de la ONU en su informe sobre la calidad democrática en España y donde reclamaba la adopción de “todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales".

Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática” son palabras también del mismo informe de la ONU y vienen a respaldar los capítulos de libertades cívicas, individuales y colectivas, de la nuestra violada Constitución. Ese mamotreto que apenas nadie se ha leído y que está ubicada en la boca o en el culo de nuestra derecha dependiendo de si les sirve o no para su discurso de opresión y odio.

Derechos cercenados de libertad de expresión, de opinión, de reunión, de manifestación, al tiempo que crecen el número de multas, detenidos e identificados por la Policía, a la que se protege para que puedan seguir realizando su papel de esbirros del sistema. Todo ello haciendo que la libertad de prensa también se vea terriblemente deteriorada y que pongan a España como ejemplo del retroceso en la libertad de prensa en el mundo.

Ofende el que puede. Y puestos a la defensiva existen unos cuantos tarados dispuestos a emplear la maquinaria bien engrasada de medios de comunicación afines (aquí empleados como medios de coerción), policías como perros sarnosos siempre delicados con la mano del poderoso y jueces que bajo su batiburrillo de togas y tomos se convierten en legisladores de lo moral, lo correcto y hasta de lo útil. Así, hemos tenido por este país en los últimos años juicios por blasfemia, persecución de chistes, cantantes, articulistas, tuiteros, humoristas. De asociaciones vecinales o ecologistas a los que se les busca las vueltas para desactivarlos por su oposición exitosa a megalomanías de los de arriba. De tirititeros a los que les aplicaron la ley anti terrorista.

Si no fuera por algunos elementos que reaccionaron contra esta reacción de odio y víscera tendríamos las cárceles llenas de quienes denunciamos, de un modo u otro, la corrupción, el caciquismo, la cutrez, el autoritarismo y la avaricia de las élites de éste país. Y estos, podrían seguir ejerciendo sus corrupciones, cacicadas, cutreces, autoritarismos y avaricias varias.

Pero el éxito de la Ley Mordaza no viene en la medida del volumen y número de sanciones, detenidos, multas y presos. Su funcionamiento está ideado para restringir y coartar la libertad de la población. Para que antes de salir de casa a parar un desahucio en favor de un banco o un fondo buitre, te lo pienses. O para ir a una manifestación en defensa de la Sanidad pública, también te lo pienses. Que mientras te pones el palestino recapacites si te merece la pena. No vaya a ser que te caiga un palo o una multa porque te apliquen la desmesura de la violencia institucionalizada. 

La Ley Mordaza funciona muy bien cuanto te piensas un tuit, un chiste, o escribir un modesto artículo como eśte. Internet es el nuevo campo de batalla, donde las ideas y las corrientes de opinión pueden prender mechas que incendien los cimientos de un sistema que se pudre desde su cúspide por momentos. Por eso es tan importante el control de la red y su neutralidad. Y por eso en multitud de ocasiones desvían la atención con otro caso espectacular, para legislar con el ánimo de ponerle puertas al campo y limitar nuestra capacidad de comunicación, de activación, de aprendizaje y de subversión.

El dictador murió en la cama y los que ayer eran fascistas se despertaron al día siguiente como demócratas. O eso es lo que nos quieren hacer creer desde hace ya 45 años. La Ley de Amnistía fue la continuación de la dictadura que garantizó la supervivencia no sólo de los crímenes franquistas, empezando por el beneficio económico colosal de algunos mangantes aupados al poder oligarca bajo las condiciones de la victoria fascista, sino que además, permitió colocar una educación garantista para con el franquismo sociológico. No se discutieron, debatieron los crímenes, las causas y las consecuencias de la dictadura y procedió a perpetuarse una legitimidad del golpe del 36 y del terror fascista que es una inmoralidad y aberración histórica.

Rascas un poco la superficie social y enseguida salta ese discurso misógino, paternalista, racista, ultra-nacionalista, intolerante, violento, fascista en definitiva, y anti democrático en esencia. Nada puede sonar discordante de un discurso oficial de talante continuista con la dictadura pese a que ya hemos crecido en el estado varias generaciones nacidas y educadas en democracia. En teórica democracia.

En frente multitud de asociaciones por la Memoria Histórica a los que no les mueve el revanchismo como vomitan desde sus altavoces los poderes fácticos. Sino que su afán es el de la reparación, la justicia y la verdad. Su éxito es la mayor garantía democrática que podemos recibir por lo que el apoyo a esta causa tiene que ser intenso de todo aquel que se auto denomine demócrata.

La caverna plagada de hinchas furibundos y bestias irracionales ha salido en tropel a cargar contra el vicepresidente del gobierno por decir que "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España". Pablo Iglesias hacía estas declaraciones en el contexto de la campaña electoral para las catalanas del próximo domingo, con el ánimo de enervar a sus huestes ante el presumible descalabro electoral de la coalición Unidas Podemos. Alentar el voto remarcando la excepcionalidad social y política en el estado español con una desigualdad lacerante, una falta de democracia y memoria insultante y con problemas territoriales y de identidad convertidos en trinchera desde la que incendiar la colaboración, el diálogo y la normalidad. Todo ello, por una persona y un partido político que han sufrido y sufren la persecución del sistema por tierra, aire y mar; es decir, por los medios, por jueces, por otros partidos políticos y por las cloacas.

Como una profecía autocumplida Iglesias tiene razón. Cuando sus mensajes y acciones, iniciativas y denuncias causan tanto pavor y tanto escozor. Cuando movilizan en contra y a favor al mismo número es fundamentalmente porque lo que dice es verdad. Porque nos caerá mejor o peor Iglesias o estaremos a favor o en contra de su formación. Pero lo que nadie debe olvidar es que el ensañamiento que sufren va a la par del desprestigio del sistema que denuncian y de las pocas medidas que consiguen arrancar al mismo sistema, empezando por sus elitistas compañeros de gobierno.

¿Es democrático encarcelar a un rapero porque no nos gustan sus letras? ¿Es democrático que el sistema bajo el sistema, las cloacas, se dediquen a lanzar bulos y perseguir a los opositores a éste siniestro régimen? ¿Es democrático que despidan a quienes escriben un titular incómodo ante la última salida de tono elitista de la casa real? ¿Es democrático desahuciar a una anciana a 10 minutos de la llegada del toque de queda? ¿Es democrático que se quede sin casa y con la deuda? ¿Es democrático que de media un español o española dedique el 55% de su renta anual al pago de un lugar donde vivir? ¿Es democrático desmontar los servicios públicos? ¿Es democrático que aún existan más de 150.000 desaparecidos por la represión franquista? ¿Es democrático que te sienten en un banquillo porque un grupo de gilipollas se ofenden cuando te cagas en dios y en la virgen? ¿Es democrático que la princesa se vaya a un colegio a Gales a 76.000€ anuales al tiempo que miles de sus compatriotas mueren de frío o calor en barrancones? ¿Es democrático que la sanidad pública haya sido derruída en favor de la privada por unos políticos elegidos en teoría para su administración? ¿Es democrático el volumen de corrupción que destila este estado fallido?


Podía seguir así preguntas y líneas hasta el infinito porque es infinita la indignidad que asola este país. Porque la censura, la persecución, la violencia son demostraciones diarias de la anti democracia en España, donde se han juntado el hambre y las ganas de comer, donde se han juntado el fascismo y el ultraliberalismo. Por todo esto se hace vital y urgente la derogación de la Ley Mordaza (así como la derogaciones de las reformas laborales y otra multitud de legislaciones en favor de la dignidad y bienestar de las clases trabajadoras). Unirnos como izquierda democrática y consciente de las dificultades se hace necesario. Es el momento de transitar ya de una vez por todas y pese a las agresiones de los que temen perder sus esclavistas privilegios, de la dictadura a la democracia.


jueves, 3 de mayo de 2018

Día mundial de la Libertad de Prensa: Sin una prensa libre, no puede haber democracia



Cuando hace 22 años Naciones Unidas instauró el 3 de mayo como el Día mundial de la Libertad de Prensa lo hacía para que todas y todos tomemos conciencia del papel que juegan los medios de comunicación en la democracia; para que entendamos qué y cómo gobierne quien gobierne, la prensa es un contra-poder fundamental, que funciona como el vigilante capaz de destapar las corruptelas políticas, los abusos empresariales o el verdadero origen de los conflictos. Es el compromiso de los y las periodistas para quien le pese denunciar y ser el altavoz de quienes exigen un cambio del estado de las cosas, para mejorar, para lograr mayor libertad, mejor futuro. Y para que defendamos como sociedad también sus derechos y libertades, desde el punto de vista laboral, pero también en cuanto a la seguridad personal y al prestigio que merecen. La crisis económica y sus repercusiones, como reacción de los poderes fácticos en relación con la libertad de expresión y las agresiones contra profesionales de la información centran año a año la conmemoración.
Las dificultades económicas han castigado con dureza la profesión periodística. Después del sector de la construcción es el ámbito donde se ha registrado más destrucción de empleo. Y no es sólo eso, aprovechando la crisis se han cambiado legislaciones, empezando por la Ley Mordaza pero también las Reformas laborales que atentan claramente contra los derechos de los trabajadores. En el caso del sector de la comunicación, el efecto se transmite, como una mancha de aceite, al conjunto de la sociedad, porque la precariedad, la reducción de las condiciones laborales de los periodistas y el incremento de la dependencia de los medios respecto de los anunciantes, privados o públicos, pone en peligro derechos fundamentales como son el de la información a la que tienen derecho los ciudadanos.
El Artículo 52 del Estatuto de autonomía de Catalunya, y también en varios de los vigentes en el resto del estado español, reclama de los poderes públicos que garanticen el derecho a una información veraz y que se respete el pluralismo político por parte de todos los medios de comunicación. Y en cuanto a los medios públicos, que la información que proporcionen sea neutral.
Pero, una cosa es lo que se dice y otra es la realidad. Las patronales consideran la información no un derecho sino una mercancía. Y de su acceso o no sólo dependen las cuentas de resultados, sino también la influencia que diversos empresarios tienen en el estado de las cosas. La crisis ha supuesto, pues, una pérdida constante en las condiciones de trabajo y de empleo de los profesionales, y ninguna administración ha salido a defender el carácter público y los valores democráticos del derecho a la información.
Sólo basta con recordar los comportamientos que han tenido los poderes públicos, y sobretodo la derecha, personificada en el PP, en los casos del cierre de Canal 9 en Valencia, la casi privatización total de Telemadrid y, desde el gobierno de CiU, en Cataluña "la erosión del servicio público de la CCMA con la rebaja de la aportación económica y la inexplicada iniciativa de externalizar la venta de la publicidad".
Y todo eso sin entrar a hablar de RTVE, el ente público que día sí y día también, funciona como altavoz de las posiciones del Gobierno de Rajoy y su recua de maleantes, magnificando las noticias negativas de sus rivales políticos y guardando hasta la infamia las corruptelas y legislaciones para con los poderosos que llevan a cabo. Una burda manipulación informativa que forma parte de las recetas de quienes están destrozando el país y su sociedad para el beneficio de unos pocos.
Llegados a este punto no me quiero olvidar de la seguridad de los profesionales de la información. Es fundamental, básico, reconocer, alabar y desde nuestra posición defender el trabajo y dedicación de miles de periodistas que desempeñan su trabajo en zonas de conflicto como pueda ser Siria, Yemen o África. Y por supuesto quienes nos traen la actualidad y situación de los millares de emigrantes y refugiados que tratan de llegar a Occidente, engordando las arcas de las mafias y las listas de muertos y desaparecidos en el Mediterráneo mientras las autoridades ultra liberales y fascistas europeas miran para otro lado.
En el año 2013 fueron asesinados 75 periodistas, 177 fueron encarcelados y 87 fueron secuestrados. Esta última cifra supone un aumento del 129% respecto del año anterior, según Reporteros Sin Fronteras.
Así con todo y centrándonos en este ajado país, en España no se disfruta de libertad de prensa. No lo hace. Otra cosa bien distinta es que las y los periodistas continúen desafiando al poder político y empresarial realizando su trabajo, pese a las amenazas, a la intimidación, a la represión y las multas.
El PP de Rajoy ha conseguido que, como sucede con la corrupción, los ataques a la libertad de prensa sean ya un problema estructural de todas las Administraciones Públicas, desde Ayuntamientos, a Diputaciones o Gobiernos Autonómicos. Cual caciques en un cortijo, los gobernantes se creen con el derecho de gestionar la información pública a su libre albedrío, en lugar hacer de la Administración un edificio de cristal en el que, no sólo la prensa, sino cualquier ciudadano pueda acceder a datos básicos como unos presupuestos o los costes de una servicio público.
Lo acabamos de ver con la actitud con la que la corrupta, fascista y mentirosa de Cristina Cifuentes ha tratado al eldiario.es cuando éste, gracias a un trabajo periodístico de primer orden denunció sus graves corruptelas en una Universidad pública. Les amenazó con una querella tratando de silenciarles, mientras se dedicaba a mentir en sede parlamentaria y al final dimitió no porque un medio contrario demostrará con periodismo su corrupción en una institución de todas y todos, sino por la publicación en un medio “amigo” de un video gestionado de forma mafiosa, en el que se demostraba como robaba en un establecimiento privado.
Por todo esto, debemos como sociedad ser mucho más sensible ante el estado de unos pilares fundamentales de una democracia. Un periodismo libre, seguro tanto en materia económica, como de garantías universales es una herramienta básica para construir una sociedad justa y libre. Y tenemos que ser beligerantes con las agresiones que reciben las y los periodistas y sus medios.


lunes, 15 de febrero de 2016

Por las libertades civiles en España y en Europa

Protesta contra la Ley Mordaza en julio de 2015 en Madrid / Juan Zarza / Diso Press
Por un blindaje de los derechos civiles –una condición imprescindible para la democracia– y ante la preocupación por la deriva autoritaria que se extiende como una mancha de aceite desde Varsovia a Madrid, decenas de activistas, académicos y cargos electos, encabezados por el filósofo estadounidense Noam Chomsky, el italiano Toni Negri y el fundador de la New Left Review, Tariq Ali, han presentado esta mañana un manifiesto "Por las libertades civiles en España y en Europa". Diagonal y Público publican en exclusiva este documento, que incluye tres exigencias.

La primera de estas demandas es la derogación en España de la Ley Mordaza y aquellas leyes que violen los derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. La segunda es "La garantía plena del derecho de huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código Penal reconocido como “delito de coacción a la huelga”, que ha sido utilizado contra la movilización de los trabajadores", en este sentido, las firmantes del manifiesto consideran que el caso de los "8 de airbus" es "todo un sumario político contra el derecho de huelga".

En último lugar, entre las exigencias de las decenas de firmantes, está la supresión de un "tribunal de excepción" como la Audiencia Nacional. Esta corte ha vuelto a ser foco de polémica tras la decisión de decretar prisión preventiva sin fianza contra dos titiriteros que fueron acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El manifiesto señala que "los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales".

Los ejemplos de la realidad española, como las referencias al caso de los titiriteros, no restan alcance a un manifiesto que, además de las firmas de Chomsky, Negri o Ali, cuenta con el apoyo de otras figuras del pensamiento y el activismo europeos. Desde este punto de vista, se denuncia una tendencia creciente en todos los países europeos hacia la creación de un "enemigo interno" y la extensión de un discurso securitario basado en la "guerra contra el terror": "Prueba de esta tendencia es la cruel indiferencia, cuando no la obvia criminalización, con la que los Estados europeos tratan a las poblaciones africanas y de Medio Oriente, que huyen de conflictos en los que la Unión parece tener no poca responsabilidad".

"La austeridad no ha conducido a la prometida recuperación del crecimiento", valoran los firmantes. Ese estancamiento económico ha llevado a los Gobiernos europeos a optar por una salida represiva, de limitación de derechos civiles que parecían arraigados en las sociedades del continente. Para los firmantes, "Enfrentada a la crisis más severa de su historia reciente, [Europa] ha elegido el peor de los caminos, emprendiendo políticas que creíamos erradicadas".






El manifiesto puede ser firmado por cualquier persona en la web www.porlaslibertadesciviles.org

Por las libertades civiles en España y en Europa

Europa marcha hacia su decadencia. El continente que pretendió emerger de la posguerra como garante de las libertades y derechos civiles, se está hundiendo en la naturalización de la barbarie y en el vacío de una forma de gobierno crecientemente autoritaria. Enfrentada a la crisis más severa de su historia reciente, ha elegido el peor de los caminos, emprendiendo políticas que creíamos erradicadas.

En términos económicos, la austeridad no ha conducido a la prometida recuperación del crecimiento. Antes bien, parece que nos veremos obligados a atravesar un largo periodo de estancamiento, de crecimiento de las desigualdades y de concentración de la riqueza. A su vez y ante el creciente descontento interno, muchos países de la Unión han apostado por una política desinhibidamente represiva. Así se observa en la reducción de la tolerancia institucional hacia la protesta, en la construcción recurrente de la figura del “enemigo interno” y en la centralidad de la “guerra contra el terror” como sustituto del principio legítimo del derecho a la seguridad. Prueba de esta tendencia es la cruel indiferencia, cuando no la obvia criminalización, con la que los Estados europeos tratan a las poblaciones africanas y de Medio Oriente, que huyen de conflictos en los que la Unión parece tener no poca responsabilidad.

Hasta la propia Francia, en otro tiempo formidable espacio de conquista de libertades y derechos, ha devenido laboratorio de un nuevo modelo dirigido a limitar las libertades civiles. Ante el avance de la extrema derecha interna y los atentados del islamismo radical, un gobierno socialdemócrata se ha arrimado al carro del gobierno securitario y el Estado de emergencia. Otro tanto ha sucedido en Bélgica. Y ejemplos de gobiernos aún más radicalizados (para lo peor) los encontramos en países de Europa del este como Polonia.
España no ha quedado al margen de esta siniestra tendencia a la restricción de derechos y libertades. Aunque las libertades civiles fueron quizás la parte más reconocida y desarrollada en el capítulo segundo de nuestra Constitución, los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales. Así lo hemos visto estos días, con la declaración en la Audiencia Nacional y la prisión preventiva de dos titiriteros por el simple hecho de interpretar una obra de ficción en la calle. También, en fechas recientes, hemos asistido a la celebración del juicio a los “8 de Airbus”, todo un sumario político contra el derecho de huelga y que afecta a los cerca de trescientos encausados por este motivo.

Son simplemente dos casos que se suman a sucesivos cambios de la legislación, como la reciente ley de seguridad ciudadana, también llamada “Ley Mordaza”, que permite los “registros preventivos”, blinda la autoridad policial frente a la palabra de los encausados y generaliza las multas para hechos no tipificados con contenidos claros, permitiendo el arbitrio y la discrecionalidad. Esta ley constituye la última de las modificaciones punitivas y restrictivas de derechos realizadas, y se añade a sucesivas modificaciones del Código Penal.

Conscientes de que sin derechos civiles no existe siquiera el basamento mínimo de una democracia, y ante la preocupación por la rápida involución hacia el autoritarismo en muchos países de la Unión, los abajo firmantes exigimos a nuestros representantes políticos en Europa que trabajen por el reconocimiento y ampliación del derecho europeo al asilo y que se establezca algún tipo de carta que, a nivel continental, blinde los derechos civiles.


En la misma línea, pero en relación con la legislación y la arquitectura institucional española, exigimos:
  • La inviolabilidad efectiva de los derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. Esto implica la derogación de la Ley Mordaza, así como de todas las formas de represión burocrática para hechos que no constituyen claros comportamientos sancionables.
  • La garantía plena del derecho de huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código Penal reconocido como “delito de coacción a la huelga”, que ha sido utilizado contra la movilización de los trabajadores.
  • La independencia efectiva de la judicatura de intereses políticos y económicos, y la plena garantía del derecho a la Justicia. Dentro de este capítulo cabe considerar la reforma o liquidación de la Audiencia Nacional, que actúa a los efectos como un tribunal de excepción.

Camareros: Necesarios, degradados y precarios. Una experiencia personal

Ahora que ya está aquí el veranito con su calor plomizo, pegajoso y hasta criminal, se llenan las terracitas para tomar unas...