El problema de la vivienda en España

 

Artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948:

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

Artículo 47 de la Constitución Española de 1978:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

 

Dentro de la batería de derechos incluidos en la Constitución y en las normas legislativas del estado y que son sistemáticamente pisoteados y ninguneados por el régimen y las élites, el derecho a una vivienda digna es el más lacerante y decisivo. Para ello resulta básico, y no se puede obviar, el hecho de que aunque recogido en la Carta Magna vigente, el derecho a la vivienda no se integra en el capítulo de derechos fundamentales (Título I, Capítulo II, Sección 1ª o lo que es lo mismo artículos 15 a 29), sino que se engloba en los Principios rectores de la política social y económica. Esto es, su defensa y valor dependerán de las disposiciones de rango legal inferior que se acuerden a través del legislativo y del ejecutivo, contando con los de los gobiernos autonómicos. Por ello y en resumen, el derecho a la vivienda digna dependerá de la agenda o los intereses de los partidos políticos. Y si algo han demostrado es que siempre harán negocio privativo con los derechos de todas y todos.

Comúnmente, cuando se habla de vivienda no se habla del espacio y el lugar en el que una persona, sin tener en cuenta sus condiciones (materiales, de identidad, género, clase, ideología, etnia o raza, etc.), va a llevar a cabo su proyecto vital. Se habla en términos capitalistas. Se supedita la necesidad vital y el derecho al techo digno al “mercado”. Se interpreta en términos de libertad (libertad de precio, libertad de uso, libertad del suelo) y se desecha la posibilidad de incluirles factores de igualdad y equidad (en consonancia con la igualdad de oportunidades, derechos humanos, etc.).

Para ello es preciso inducir un vocabulario que nos interpele en cuestión de “vivienda” a razón de cantidades. Es decir, cuánta vivienda es necesaria para tantas personas que demandan vivienda, y de este modo calcular qué precio tiene (en propiedad o en alquiler). Ni por asomo se concede una visión que incluya la calidad de la vivienda (construcción, materiales, aislamientos, etc.), ni en cuestiones relativas a las calidades y facultades que tiene un bien inmobiliario concreto, ni tampoco en su conjunto, como oferta de un espacio geográfico o social determinado. En este caso, me refiero a los bienes y servicios, algunos constituyentes de derechos sociales (sanidad, educación, asistencia, transporte, emergencia, culturales o deportivos) y otros en cuanto a la composición social de “nuestros” vecinos dando lugar a efectos sobre el urbanismo, el paisaje y el paisanaje con el que convivimos.

Por lo tanto, en términos de mercado el precio de la vivienda se pretende simplificar a relación entre la vivienda ofertada y la vivienda en demanda: Si no hay suficiente vivienda ofertada para la demanda existente, el precio será cada vez más alto y se hará preciso aumentar la oferta para buscar el equilibrio; por contra, si la oferta de vivienda supera la demanda existente, la teoría nos dice que los precios bajarán en aras del equilibrio entre oferta y demanda. Evidentemente, y la experiencia, la ciencia económica no teleológica o imbuida de ideología política, y el sentido común, nos indican que el mercado inmobiliario no funciona bajo las reglas formales de la ley de la oferta y la demanda.

En general, siempre se ha argumentado que para solucionar los problemas de vivienda y de su acceso "solo" hay que construir más. Que hacer más fincas, más pisos y más casas y que de esa manera los precios bajarían. La experiencia, ha dejado bien claro que no funciona así el mercado de la vivienda. De hecho, la simple predisposición a más construcción y a más ocupación del suelo para usos residenciales, no solo nunca y en ningún lugar ha provocado una bajada de los precios, sino que al contrario los ha incrementado. La razón es bien sencilla: la vivienda nueva sale al mercado a unos precios muy superiores a los de la vivienda ya construida, con lo cual "tira" de estos hacia arriba. Esto se da en espacios donde hay viviendas ya construidas, pero en promociones de nueva edificación se ha dado la paradoja de que el simple planeamiento ya provocaba subidas en las zonas colindantes.

La vivienda es un tipo de bien material que presenta unas características propias que hacen que su precio siempre crezca, incluido en momentos en los que exista mucha oferta de vivienda como vivimos hasta 2008 y vivimos nuevamente. Es lo que conocemos como burbujas inmobilarias. De hecho, ni siquiera la Gran Recesión que siguió al estallido del modelo neoliberal sirvió para rebajar los precios ni en propiedad, ni en alquiler, y mientras se activaban y apagaban revoluciones y movilizaciones por todo el mundo de generaciones excluidas del bienestar, los precios del alojamiento se mantenían estables con respecto a la época de teórica y vanagloriada bonanza.

Y es que la vivienda, a parte de su componente material (“la casa”, “el hogar”) funciona como un activo financiero seguro, debido fundamentalmente a que su propio carácter como derecho humano inalienable le otorga una demanda alta y por lo general constante (no exenta de picos al alza). Y también con una rentabilidad creciente desde el plazo medio (de 6 meses a 2 años) y fundamentalmente en el largo (a partir de los 2 años) porque siempre garantiza subidas.

Esto se explica a la propia naturaleza del bien de la vivienda. En momentos de zozobra, dada la especial sensibilidad con el tema es común que los poderes públicos estimulen la demanda (bajadas de impuestos y desgravaciones, garantías de avales para la creación de préstamos hipotecarios, presupuestos de vivienda protegida que acabará en el mercado privado, etc.) que en ningún caso suponen una bajada de los precios de compra-venta o de alquiler, y si que garantizan las ganancias de especuladores y rentistas. Además, las propias limitaciones del espacio físico, el suelo y su localización, hace que los bienes inmuebles mantengan o suban su valor debido a que la disponibilidad de vivienda es determinada por su cercanía a los centros de trabajo, de ocio, transportes o a los servicios básicos (efecto que se multiplica en casos como las islas o los centros de las ciudades ya muy congestionados de por si). Por si esto fuera poco, cuando las cosas se pusieron bien feas, los organismos nacionales e internacionales (autonomías, gobiernos, UE, FMI o Banco Mundial) corrieron a socorrer a los gigantes, socializando laspérdidas y asegurando los privados beneficios.

Por resumir se trataría de que ante el umbral de comprar una vivienda preferentemente la mayoría de la gente quiere adquirirla, o mejor dicho habitarla, en su entorno natural. Dónde vive ya. Dónde está su familia. Cerca de dónde trabaja. O dónde haya equipamientos sociales y necesarios. Por lo tanto, en esos espacios geográficos siempre tiende a escasear la oferta, mientras que la demanda se presenta cuando menos estable, lo que hace que los precios suban. Y además, estos suben más porque cada generación quiere sacar un provecho, un rendimiento económico directo, a la vivienda que ha ocupado. Ya sabéis, si hace 30 años se compró una vivienda por por ejemplo 10 millones de pesetas (unos 60.000 euros) ahora queremos venderla por unos 250.000 … Por esto la vivienda no funciona como otros bienes o servicios en un mercado que debería tener una predisposición “natural” al equilibrio; sino más bien permite, además de la función social de alojamiento, ofrecer una función especulativa de alta seguridad y alta rentabilidad.

En este contexto, la seguridad, garantía y certeza de rentabilidad que la propiedad de vivienda ofrece provoca que siempre exista una excesiva especulación en los bienes inmuebles. Rentistas, bien personas físicas de pequeños propietarios de dos o tres viviendas, que complementan sus ingresos y ahorros con la inversión en vivienda. De profesionales que buscan un nivel de vida con hasta 20 propiedades para suplir con alquileres las rentas del trabajo. Y de enormes propietarios, por lo general grandes fortunas (nacionales o extranjeras) y de fondos buitres erradicados en paraísos fiscales que compran y acaparan vivienda para subir de manera artificial los precios y con ello su rentabilidad. Un caso paradigmático es lo que se está viviendo en todo el estado español, pero especialmente en algunas ciudades, digamos de moda (Málaga, en la actualidad, pero también Valencia -sin olvidar las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024-, Granada, Girona, ciudades a las que llega el AVE como Segovia; como casi siempre Madrid o Barcelona y sus barrios, o en las zonas de costa, etc.,) con los pisos para alquiler turístico. También señalo aquí la tolerancia que en algunas autonomías como la región valenciana o Murcia se ha tenido con la proliferación de viviendas ilegales durante muchos años y que no ha redundado en una bajada de precios, sino más bien, en un deterioro colosal del medio ambiente, de los modos de vida tradicionales y alternativos, así como de crear serios problemas en los pueblos y ciudades para dotar hoy en día de sentido a sus poblaciones, garantizando derechos y servicios desde la atención administrativa, la movilidad, el acceso al agua o la luz, o la recogida de basuras.

Para llevar a cabo toda esta serie de tropelías, encuentran de manera necesaria e interesada la colaboración de organismos públicos, en especial Autonomías y ayuntamientos (que son quienes tienen las competencias en materia de urbanismo e intervención de sus respectivos mercados inmobiliarios) regidos por la derecha, pero también algunos del psoe (bueno los mismos perros) que lejos de garantizar el acceso a la vivienda para sus vecinos (y votantes) aseguran una mayor rentabilidad para los especuladores con el derecho básico de la vivienda. El bipartidismo y su estado natural de la corrupción beben y han bebido de continuo de la especulación inmobilaria.

De hecho, aunque se manifieste la ausencia de control del estado o de organismos públicos en el mercado de la vivienda, la realidad es que esa falta de intervención no lo es tal, ya que si se garantiza por un lado una demanda mayor que la oferta (al no construir vivienda pública, no poner a disposición los pisos del Sareb, etc.), o favoreciendo la tenencia de más y más propiedades por los mismos propietarios (incluso vendiendo bloques enteros de vivienda protegida a fondos buitre).

Y es que a la hora de gestionar el derecho a la vivienda la realidad política (y también mediática) no se ha hecho una política de vivienda, es decir, una praxis política en defensa y valor de la vivienda como garantía social y puntal de integración, sino que se ha hecho política inmobiliaria, esto es se ha permitido, a través de desregulaciones algunas veces, y otras muchas inyectando dinero público a los grandes propietarios, constructores y promotores, de manera directa o indirecta a través de ayudas a los inquilinos, para que el mercado siguiera manteniendo precios cada vez más altos. La ausencia en la totalidad de Comunidades Autónomas, ayuntamientos y por parte de la Administración General del Estado de un parque de viviendas públicas es su principal consecuencia, y con el paso del tiempo, una causa indeleble de nuevas subidas y disfuncionalidades de este mercado inmobiliario.

Como está claro, y sólo hay que preguntar a cualquier persona normal que trabaja para vivir al día, este modelo no funciona. Las oleadas de desahucios, las tasas de emancipación juvenil que en España son las más bajas de Europa, la gentrificación de los centros urbanos, la proliferación de barriadas marginales y guetos, incluida el repunte que el chabolismo y la infra-vivienda, etc.,. Y ya sabemos que cuando se ejecuta ingeniería social es más fácil adjudicar a los pobres y desamparados proyectos y megalomanías varias.

Se ha averiado sin remisión el ascensor social, ha añadido un estrés y unas dificultades colosales a los proyectos de vida de varias generaciones creando y regenerando problemas de índole social cuyas consecuencias más dramáticas están por venir. Algunas ya aparecen en la puerta como las tasas de suicidios hoy en día, comparadas con las de hace 20 o 25 años en la franja entre 30 y 50 años. Se deslizan sin más como efectos de diversa índole o multi-causales, pero sin duda, inherentes a las dificultades para conseguir un proyecto de vida satisfactorio, imposibilitado hoy, y cada vez más, por unos precios de la vivienda inasumibles.

Las soluciones a este drama colosal no son fáciles. Muchas de ellas pasan por el alquiler que debe potenciarse, para lo que es decisivo fomentar un cambio de enfoque en la mentalidad del españolito de a pie. Durante décadas se fomentó un mantra de que “alquilar es tirar el dinero”, y que “no tener una vivienda en propiedad es no tener nada”. Eso ha dejado un mercado de alquiler raquítico y encima disparado en sus precios, por lo que acompañado a resaltar la validez social de la vida en alquiler debe legislarse para que todo alquiler que se firme, toda relación entre inquilinos y caseros (particulares o empresas) sea directamente gestionada y supervisada por los ayuntamientos a través de empresas municipales de vivienda y servicios municipales de alquiler. Seguro que un funcionario supervisando 50 alquileres, nos ahorra unos cuantos policías en el futuro.

El objetivo debe ser rebajar los precios de los alquileres entre ⅔ y la mitad de su precio actual. Y que siempre se mantengan en ese baremo con respecto al precio del metro cuadrado a la venta en cada respectivo barrio o ciudad. También deben fijarse precios máximos con respecto a los salarios moda, es decir los más comunes en cada ámbito geográfico, no los medios, para garantizar a su vez el ahorro de los más jóvenes y vulnerables y al mismo tiempo unos cimientos sólidos para sus proyectos de vida (tampoco estaría de más acabar con la precariedad del empleo).

Es fundamental implementar unas políticas de vivienda atrevidas y en ello cobra especial significación la necesaria potenciación, cuando no creación, de unidades de seguimiento e inspección inmobiliaria y fiscal. Tiene que perseguirse y luchar contra los abusos del dinero frente al derecho a la vivienda, sea infligido tanto por particulares como por empresas. Se trata de intervenir, si, el mercado y de politizar la cuestión para darle salidas ordenadas que permitan una vida digna para todas y todos y no la salvaje ley de la selva del más fuerte.

Y es que lo que hoy tenemos, y llevamos teniéndolo desde 2002 es una crisis de la vivienda salvaje. Si la gente en todos estos años, generación a generación, con un salario normal, el más común (insisto, no el medio que tiende al alza, sino el salario moda el más habitual en la población) no puede, año a año, garantizarse un techo (y una manutención y servicios básicos) que no implique un sobre-endeudamiento del 4000% de ese salario anual es que estamos fallando. Fallando como sociedad y como modelo de estado. Porque estamos supeditando y esclavizando la vida de millones de personas a las que se obliga a vivir en penuria, a aceptar condiciones cada vez más precarias, a cerrar la puerta a un progreso generalizado para construir, en vez de sociedades ricas y diversas, un modelo dual de muy pocos privilegiados y muchos desfavorecidos. Cuyas huestes aumentan cada día a más. Y fallamos porque nos fallan “nuestros políticos” empeñados en un modelo neoliberal que nada tiene que ver con las condiciones sociales, naturales y tradicionales de este país o de Europa, pero que les sirve para facturar y enriquecerse a costa de la democracia, el porvenir o de la dignidad de sus conciudadanos. Pero es que encima además, ese modelo neoliberal impuesto lleva fallando y causando dolor ya casi 20 años.

Por todo esto es fundamental blindar la vivienda como un derecho. Frente al difícil acceso a la vivienda, consecuencia de su inabordable gasto para un cada vez mayor sector de la población se hacen necesarias propuestas y decisiones que confirmen la vivienda, el hogar, como el punto de arranque vital, como garantía de inclusión social, y no de exclusión.

La demanda es evidentemente cada vez más fuerte debido entre otras causas al incremento de la población (fruto de una inmigración mayor que la emigración) pero también de la intervención en el mercado de especuladores que anteponen el carácter financiero de la compra de vivienda a su uso efectivo y por supuesto a su función como derecho básico de ciudadanía. Entre las medidas ineludibles están la necesidad de regular el alquiler de temporada o turístico, cuando no prohibirlo en su totalidad, persiguiendo el fraude, dotando a ayuntamientos de personal que lo persiga y expeda licencias municipales. Es necesario aumentar el gasto gasto público en vivienda previsto en los Presupuestos de cada administración, desde los Generales del Estado debería de elevarse hasta el 0,5% del PIB (unos 7.000 millones de euros), con el fin de impulsar la construcción de viviendas protegidas destinadas al alquiler y que sean asequibles para hogares con bajos niveles de ingresos. Pero también los autonómicos y los de los ayuntamientos (estos últimos en virtud de sus posiblidades) por lo que no estaría de más aunar un nuevo pacto de estado por la vivienda que viniera a solventar o intentarlo por lo menos, el principal problema que la población identifica cada vez que se le cuestiona. Así también se podría exigir a los medios de comunicación mucha mayor responsabilidad y seriedad con este colosal problema y que no desviasen la atención a lo anecdótico, esquivando el tratamiento de lo importante.

La Ley de Vivienda pactada en el Gobierno de coalición en la anterior legislatura se ve claramente ineficaz y muy cortita de miras e impulso. La ausencia de régimen sancionador, en especial con respecto a las viviendas de los grandes “tenedores”; de regulación frente al alquiler turístico, frente a la gentrificación y la intervención en zonas especialmente tensionadas, y sobretodo el atrevimiento para desnudar los complejos e intereses de políticos en algunas de las autonomías ha vaciado de efectos el contenido de esta ley, que encima ya salió raquítica en el BOE. Tampoco ayudaban las bonificaciones para los caseros que automáticamente las incluyen en su plusvalía sobre la vivienda sin que los inquilinos olieran el dinero público dedicado a esto. Y no hablemos los privilegios fiscales que la especulación inmobiliaria continua atesorando frente a los pagos (consumo a través del IVA o trabajo por el IRPF) a los que algunos no podemos ni soñar.

La especulación con la vivienda sigue funcionando. Sigue comportándose como un negocio redondo, mientras millones de ciudadanos tienen cada día un acceso a la vivienda más problemático y con menores garantías. Actividades de gran lucro que no sólo es que no generen riqueza en el medio ni el fisco patrio, es que destruyen espacios, barrios y ciudades expulsando a vecinos, cambiándolos por turistas.

Ello hace evidente la lucha de clases donde la vivienda compone un hito fundamental, porque el acceso a ella permite la integración social y con ella la reproducción y estabilidad social necesarias para una sociedad que se replica y auto-perpetúa. Los incrementos desmesurados en los precios de los alquileres, las dificultades en el acceso a la compra, la discriminación social que sufren determinados colectivos -para la derecha, individuos- racializados o estigmatizados, o las disposiciones legales que favorecen a los propietarios y caseros en detrimento de los inquilinos y los que no tienen vivienda propia forman parte de un conflicto que va más allá de las responsabilidades, decisiones y capacidad de actuación de las personas.

El estado del bienestar es absolutamente incompatible con un “mercado” de la vivienda especulativo, abusivo y donde la propiedad acumulativa está más protegida que el derecho a habitar un espacio digno y con unas mínimas condiciones. Ya no es sólo el ascensor social averiado. Es además el puntal de una cada vez mayor desigualdad social, puesto que las rentas del trabajo de la mayoría que no tienen “nada” o como mucho una vivienda, se licuan hacia arriba, hacia las élites (individuos, empresas o fondos buitre) que acaparan cada vez más viviendas para ampliar su rentabilidad, no sólo por la propia acumulación, sino por la intervención directa del mercado al que pervierten.

La lista de traumas y dolor que provoca la especulación inmobiliaria es cada vez más lesiva. No es exclusiva de España, puesto que la inversión y especulación financiera en vivienda es un negocio perfecto para los fondos y acaudalados, y los mismos problemas que aquí se ven en prácticamente todo el mundo. Cada vez hay más desahucios, gente sin casa, viviendas dedicadas al negocio turístico por lo que se les desprende su función social; el número de cambios de residencia que generación a generación se duplica; problemas psicológicos, estrés, consumos de sustancias y adicciones, bajas por enfermedad y depresiones, la insatisfacción vital por salarios cada vez más escuálidos ante precios por la necesidad habitacional cada vez más altos…

Es básico hacer valer el hecho de que la vivienda es un derecho humano, no una simple mercancía o bien con el que especular y obtener una rentabilidad. De este modo, con esta idea, que no es en absoluto nueva, ni rompedora, se tiene que cambiar las políticas de vivienda y de urbanismo. Es imperativo que este principio, el de la vivienda como derecho, se tenga en cuenta como primer factor a la hora de planificar la política de vivienda, de su acceso, tanto en el aspecto geográfico (suelos, agua, recursos, impacto medio ambiental, urbanismo), como demográfico (habitantes, sus edades, sus necesidades, estratificaciones), como también sociológico (movilidad social, progreso, satisfacción).

Por todo esto es fundamental que como sociedad, los inquilinos, la clase trabajadora en su conjunto se ponga en pie y avance en defensa de la vivienda vista como derecho humano y factor de desarrollo personal y colectivo. No hay más tiempo. No hay más excusas. Nos jugamos la paz social (o mejor dicho “ellos” se la están jugando) y ha llegado el momento de hacerla volar por los aires si no se revierten políticas homicidas y extractivas que condenan a millones a malvivir para pagar los vicios de unas élites cleptómanas y alejadas de la calle.

Nadie tiene duda de que la cuestión de la vivienda, de la que su manipulación torcitera por parte de los medios de ultra derecha, se va a llevar por delante el gobierno "progresista". Y de ahí, como alternativa no va a salir nada bueno. De nuestro impulso saldrán las normativas y leyes valientes que quiten el valor especulativo a la vivienda y le devuelvan el valor social y de derecho humano. Y porque por encima del dinero, se trata de futuro y se trata de justicia.