2017. Otro año que se va dejando un canon digital

Ahora que acaba el año y es tiempo de resúmenes y valoraciones de lo ocurrido estos últimos meses, me veo en la necesidad de retomar un tema que ha sido recurrente todos estos años en mi bitácora. La Propiedad Intelectual, la piratería, las descargas y la neutralidad de la red.

El pasado julio entraba en vigor un Nuevo Canon Digital que venía a enmendar el anterior denunciado y rechazado por las instancias judiciales europeas en 2010. Tres legislaturas (cuatro si contamos la fallida), 3 gabinetes y dos partidos que han venido a trabajar para satisfacer sólo a una parte de todo el conflicto de la piratería: El lobby de las asociaciones de gestión de contenidos como la SGAE.

El Decreto que el Gobierno aprobó hace 6 meses supone un cambio de posición histórico. Hasta la primera legislatura de Rajoy teníamos el canon digital, que permitía que las entidades de gestión repartieran bastante dinero entre autores y editores. Se gravaban los soportes, por ejemplo los CD’s, y trajo no poca polémica. Primero porque no se sabía bien cómo se repartía ese dinero —algunas lo hacían mejor, como DAMA y AISGE, y otras peor, como SGAE— y segundo porque se presuponía intencionalidad al usuario que adquiría un soporte o un cachibache tecnológico, susceptible de compensación en favor de las entidades de gestión. A M.Rajoy, en aquel momento en la oposición, el canon tampoco le gustaba.

En octubre de 2010 el Tribunal Europeo dictó la sentencia conocida como Padawan, que establecía que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada no era conforme a la Directiva 2001/29. La Audiencia Provincial de Barcelona falló en contra de SGAE y el PP, que para entonces había ganado las elecciones de 2011, empeñado en llevarle la contraria al PSOE, decidió que lo mejor era hacer la compensación por copia privada aún más indiscriminada, así que la asignó a los Presupuestos Generales del Estado para que la pagáramos todos con nuestros impuestos. Esto no había quien lo entendiera y generó más crispación aún pero se aprobó debido a la mayoría absolutísima salida de las elecciones de 2011.

Aquí hago un alto en el camino para recordar a modo de fustigamiento que aquel resultado electoral vino tras el Movimiento 15M que hay recordar, que empezó a fraguarse en contra de la Ley Sinde que el Gobierno del PSOE trataba de imponer desoyendo a la totalidad de asociaciones de consumidores y usuarios de Internet. Si no querías sopa, toma dos tazas.

Había que solucionar esto como fuera, así que se decidió que había que volver al punto de partida, pero con menos dinero, que los tiempos son duros. Como si no hubiera pasado nada.

Pero sí pasa, señores del Gobierno. Han pasado muchas cosas. Lo primero, justo es decirlo, es que le deben mucho dinero a las entidades de gestión y a través de ellas a los autores, editores y tenedores de derechos de autor en este país. Podemos estar o no de acuerdo en la legitimidad de esa “deuda” adquirida por el Estado español con entidades, algunas de ellas, imputadas o en franca disolución por gestiones chapuceras y corruptas.

Lo segundo y me parece lo más reseñable es que el mundo ha cambiado mucho, y proponer en 2017 otro canon digital como si estuviéramos en 2007 es una injusticia pero sobretodo es un error porque los usos y costumbres, las plataformas y soportes, los usos sociales de la cultura, la creación, producción, distribución y la forma en la que disfrutamos de los “productos” culturales han cambiado.

A través del móvil, la tablet o la Smart TV llegamos a Spotify, HBO, Netflix, Amazon Video y cientos de aplicaciones y portales de emisión de contenidos que no requieren en sus licencias compensaciones por copia privada, ya que carecen del totem físico, el disco, el dvd o el BlueRay en el que se soporta el contenido ya que éste se encuentra en Internet disponible a quien tiene un perfil, una cuota y una línea debidamente dada de alta y pagada.

Mira que hay otras formas de poder pagar a los creadores de cultura ya sean músicos, guionistas o productores, por su obra y la difusión que adquiere, pero no puede ser que se aplique una tasa indiscriminada que a parte de injusta, acusa a todo usuario de soportes digitales de pirata. Así a bote pronto se me ocurre aplicar una tasa específica a los proveedores de red (otra cosa es fijar lo que cuesta éste suministro, como el resto, en éste país) o poner una casilla cultural en la Declaración de la Renta.

Uno de los mantras que se lanzan desde la industria de creación y publicación de contenidos y desde el Gobierno -sin importar el color- y tenemos que soportar es eso de que España es uno de los países donde más se piratea. Así, sin más, sin números, sin contexto. Todo ello sin entrar a valorar que hay 30 países con más población que España y que ocupamos el puesto 20 en el ránking de países por implementación y uso de líneas de banda ancha.

Así partiendo de una mentira, o cuando menos una media verdad sin verificar nos llaman a todos piratas y nos exigen con la complacencia del gobierno que acoquinemos un impuesto revolucionario, un canon en cualquier soporte físico y cacharro informático o electrónico que adquiramos, sin contar el posterior uso que se le vaya a dar.

Quienes nos llaman piratas no han tenido ningún problema, ni ningún reparo para gestionar el total del canon digital que en sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2010 fue declarado ilegal y posteriormente protegido por el gobierno del PP vía Boletín Oficial del Estado (Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre) para que no fuera devuelto. Recuerdo en este punto que a través de las memorias anuales de 2010, 2011 y 2012 de las entidades de gestión de la propiedad intelectual (SGAE, CEDRO y cía.) suman más de 225 millones de euros. Dinero que el gobierno que se supone debe proteger el interés general ha dejado que gestionen entidades privadas que han actuado como lobbies como la SGAE con Teddy Bautista a la cabeza y quien hoy está imputado por toda suerte de delitos. Esas cantidades es evidente que no han acabado en la promoción de la música, el arte y la cultura en nuestro país.

Nadie discute hoy en día en que la gratuidad de los contenidos no puede ser. Sin embargo la certeza de que la cultura es la riqueza de la sociedad y de que tiene que ser accesible para toda la población es ninguneada en éste debate. Generar formulas que permitan a los creadores vivir con dignidad de sus obras debería ser el objetivo de la industria y el gobierno, y sin embargo, los vemos implicados en sangrar a la población para pagar los vicios de sujetos que llevan viviendo de un éxito años y años.

El Gobierno -PP + PSOE + Cs y + sectores de Podemos- pactan y dialogan con las entidades, los lobbies y hacen oídos sordos a los organizaciones de consumidores, internautas o profesionales del sector de la informática o la investigación. Tampoco se escuchan a muchos creadores de contenidos que si están a favor de potenciar la difusión a través de Internet de sus obras y que no sólo no entran en los repartos de la SGAE y similares, sino que además son perseguidos y acosados por no querer formar parte de un entramado que se ha demostrado corrupto y amoral.

Vayamos al fondo del asunto. Es inconcebible y habla muy mal de todos nosotros como sociedad -y un aspecto más para calificar la inoperancia de nuestros políticos- que tras 15 años de debate sobre la piratería en Internet, no hayamos sido capaces de dar con una solución al problema de la sostenibilidad de la cultura. Es decir, que sea posible dedicarse a la cultura con derechos, dignidad y una remuneración justa (no que te aseguren la mansión en Miami, Alejandro Sanz).

Hoy huérfanos de representación los trabajadores de la cultura, en cualquiera de sus escalafones y acepciones, son precarios y carecen de cualquier tipo de seguridad hacia sus proyectos vitales y artísticos. No son distintos al resto de la clase trabajadora, pero además, cuando valoramos la expresión artística y cultural añade que esta sea de baja calidad, alienadora del poderoso y las élites, nada contestataria, zafia, ruin y miserable. Y esto es un problema social.

Y todo esto con el telón de fondo del debate sobre la neutralidad de la red, es decir, la velocidad y difusión de un contenido que dejaría de ser libre para depender de los criterios de las grandes distribuidoras de ancho de banda que conseguirían un poder colosal sobre Internet, cambiándolo para siempre y volviéndolo más elitista.

Y no menos importante, en clave nacional es la persecución a la disidencia y los ataques a la libertad de expresión que en España están sufriendo cientos de miles de internautas y asociaciones de toda índole que bajo Leyes Mordaza y autos judiciales están viéndose acosados y perseguidos por fuerzas de opresión del estado y jueces y fiscales al servicio de las élites que han planteado el saqueo de la sociedad.

Como siempre he defendido gracias a la piratería, servidor se ha gastado mucho más en música. He ido a más conciertos y adquirido más merchandising -y pagado por ellos- porque he tenido acceso a la música de más grupos de los que siempre están en los mass media. Lo mismo con el cine o las series. Y también con el totem del disco, como obra de arte y objeto coleccionable.

Muchos queremos una cultura libre, accesible y de calidad. También que los autores y autoras reciban un pago justo por su trabajo cultural y su talento. Lo que no queremos es un gobierno que da pábulo a las teorías del lobby discográfico para penalizar e insultarnos constantemente y que además sirve de coladero para minar Internet como herramienta de conocimiento y progreso y para aplicar mordazas y represión sobre la disidencia.