Ahora
que acaba el año y es tiempo de resúmenes y valoraciones de lo
ocurrido estos últimos meses, me veo en la necesidad de retomar un
tema que ha sido recurrente todos estos años en mi bitácora. La
Propiedad Intelectual,
la piratería,
las descargas
y la neutralidad
de la red.
El
pasado julio entraba en vigor un Nuevo Canon Digital
que venía a enmendar el anterior denunciado y rechazado por las
instancias judiciales europeas en 2010. Tres legislaturas (cuatro si
contamos la fallida), 3 gabinetes y dos partidos que han venido a
trabajar para satisfacer sólo a una parte de todo el conflicto de la
piratería: El
lobby de las asociaciones de gestión de contenidos como la SGAE.
El
Decreto que el Gobierno aprobó hace 6 meses supone un cambio de
posición histórico. Hasta la primera legislatura de Rajoy teníamos
el canon
digital,
que permitía que las entidades de gestión repartieran bastante
dinero entre autores y editores. Se gravaban los soportes, por
ejemplo los CD’s, y trajo no poca polémica. Primero porque no se
sabía bien cómo se repartía ese dinero —algunas lo hacían
mejor, como DAMA y AISGE, y otras peor, como SGAE— y segundo porque
se presuponía intencionalidad al usuario que adquiría un soporte o
un cachibache
tecnológico, susceptible de compensación en favor de las entidades
de gestión. A M.Rajoy,
en aquel momento en la oposición, el canon tampoco le gustaba.
En
octubre de 2010 el Tribunal Europeo dictó la sentencia conocida como
Padawan,
que establecía que la aplicación indiscriminada del canon por copia
privada no era conforme a la Directiva 2001/29. La Audiencia
Provincial de Barcelona falló en contra de SGAE y el PP, que para
entonces había ganado las elecciones de 2011, empeñado en llevarle
la contraria al PSOE, decidió que lo mejor era hacer la compensación
por copia privada aún más indiscriminada, así que la asignó a los
Presupuestos Generales del Estado para que la pagáramos todos con
nuestros impuestos. Esto no había quien lo entendiera y generó más
crispación aún pero se aprobó debido a la mayoría absolutísima
salida de las elecciones
de 2011.
Aquí
hago un alto en el camino para recordar a modo de fustigamiento que
aquel resultado electoral vino tras el Movimiento
15M
que hay recordar, que empezó a fraguarse en contra de la Ley Sinde
que el Gobierno del PSOE trataba de imponer desoyendo a la totalidad
de asociaciones de consumidores y usuarios de Internet. Si no querías
sopa, toma dos tazas.
Había
que solucionar esto como fuera, así que se decidió que había que
volver al punto de partida, pero con menos dinero, que los tiempos
son duros. Como si no hubiera pasado nada.
Pero
sí pasa, señores del Gobierno. Han pasado muchas cosas. Lo primero,
justo es decirlo, es que le deben mucho dinero a las entidades de
gestión y a través de ellas a los autores, editores y tenedores de
derechos de autor en este país. Podemos estar o no de acuerdo en la
legitimidad de esa “deuda” adquirida por el Estado español con
entidades, algunas de ellas, imputadas o en franca disolución por
gestiones chapuceras y corruptas.
Lo
segundo y me parece lo más reseñable es que el mundo ha cambiado
mucho, y proponer
en 2017 otro canon digital
como si estuviéramos en 2007 es una injusticia pero sobretodo es un
error porque los usos y costumbres, las plataformas y soportes, los
usos sociales de la cultura, la creación, producción, distribución
y la forma en la que disfrutamos de los “productos”
culturales han cambiado.
A
través del móvil, la tablet
o la Smart
TV
llegamos a Spotify,
HBO, Netflix, Amazon Video y cientos de aplicaciones y portales de
emisión de contenidos que no requieren en sus licencias
compensaciones por copia privada, ya que carecen del totem
físico, el disco, el dvd o el BlueRay
en el que se soporta el contenido ya que éste se encuentra en
Internet
disponible a quien tiene un perfil, una cuota y una línea
debidamente dada de alta y pagada.
Mira
que hay otras formas de poder pagar a los creadores de cultura ya
sean músicos, guionistas o productores, por su obra y la difusión
que adquiere, pero no puede ser que se aplique una tasa
indiscriminada que a parte de injusta, acusa
a todo usuario de soportes digitales de pirata.
Así a bote pronto se me ocurre aplicar una tasa específica a los
proveedores de red (otra cosa es fijar lo que cuesta éste
suministro, como el resto, en éste país) o poner
una casilla cultural en la Declaración de la Renta.
Uno
de los mantras
que se lanzan desde la industria de creación y publicación de
contenidos y desde el Gobierno -sin importar el color- y tenemos que
soportar es eso de que España es uno de los países donde más se
piratea. Así, sin más, sin números, sin contexto. Todo ello sin
entrar a valorar que hay 30 países con más población que España y
que ocupamos el puesto 20 en el ránking de países por implementación y uso de líneas de banda ancha.
Así
partiendo de una mentira, o cuando menos una media verdad sin
verificar nos
llaman a todos piratas
y nos exigen con la complacencia del gobierno que acoquinemos un
impuesto revolucionario, un canon en cualquier soporte físico y
cacharro informático o electrónico que adquiramos, sin contar el
posterior uso que se le vaya a dar.
Quienes
nos llaman piratas no han tenido ningún problema, ni ningún reparo
para gestionar el total del canon digital que en sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2010 fue
declarado ilegal y posteriormente protegido por el gobierno del PP
vía Boletín Oficial del Estado (Real Decreto 1657/2012, de 7 de
diciembre) para que no fuera devuelto. Recuerdo en este punto que a
través de las memorias anuales de 2010, 2011 y 2012 de las entidades
de gestión de la propiedad intelectual (SGAE, CEDRO y cía.) suman
más de 225 millones de euros. Dinero que el gobierno que se supone
debe proteger el interés general ha dejado que gestionen entidades
privadas que han actuado como lobbies
como la SGAE con Teddy Bautista a la cabeza y quien hoy está
imputado por toda suerte de delitos. Esas
cantidades es evidente que no han acabado en la promoción de la
música, el arte y la cultura en nuestro país.
Nadie
discute hoy en día en que la gratuidad de los contenidos no puede
ser. Sin embargo la certeza de que la cultura es la riqueza de la
sociedad y de que tiene que ser accesible para toda la población es
ninguneada en éste debate. Generar formulas que permitan a los
creadores vivir con dignidad de sus obras debería ser el objetivo de
la industria y el gobierno, y sin embargo, los vemos implicados en
sangrar a la población para pagar los vicios de sujetos que llevan
viviendo de un éxito años y años.
El
Gobierno -PP + PSOE + Cs y + sectores de Podemos- pactan y dialogan
con las entidades, los lobbies
y hacen
oídos sordos a los organizaciones de consumidores, internautas o
profesionales del sector de la informática o la investigación.
Tampoco se escuchan a muchos creadores de contenidos que si están a
favor de potenciar la difusión a través de Internet de sus obras y
que no sólo no entran en los repartos de la SGAE y similares, sino
que además son perseguidos y acosados por no querer formar parte de
un entramado que se ha demostrado corrupto y amoral.
Vayamos
al fondo del asunto. Es inconcebible y habla muy mal de todos
nosotros como sociedad -y un aspecto más para calificar la
inoperancia de nuestros políticos- que
tras 15 años de debate sobre la piratería en Internet, no hayamos
sido capaces de dar con una solución al problema de la
sostenibilidad de la cultura.
Es decir, que sea posible dedicarse a la cultura con derechos,
dignidad y una remuneración justa (no que te aseguren la mansión en
Miami, Alejandro Sanz).
Hoy
huérfanos de representación los trabajadores
de la cultura,
en cualquiera de sus escalafones y acepciones, son
precarios
y carecen de cualquier tipo de seguridad hacia sus proyectos vitales
y artísticos. No
son distintos al resto de la clase trabajadora,
pero además, cuando valoramos la expresión artística y cultural
añade que esta sea de baja calidad, alienadora del poderoso y las
élites, nada contestataria, zafia, ruin y miserable. Y esto es un
problema social.
Y
todo esto con el telón de fondo del debate sobre la neutralidad de la red,
es decir, la velocidad y difusión de un contenido que dejaría de
ser libre para depender de los criterios de las grandes
distribuidoras de ancho de banda que conseguirían un poder colosal
sobre Internet, cambiándolo para siempre y volviéndolo más
elitista.
Y
no menos importante, en clave nacional es la persecución a la disidencia
y los ataques a la libertad de expresión
que en España están sufriendo cientos de miles de internautas y
asociaciones de toda índole que bajo Leyes
Mordaza
y autos judiciales están viéndose acosados y perseguidos por
fuerzas de opresión del estado y jueces y fiscales al servicio de
las élites que han planteado el saqueo de la sociedad.
Como
siempre he defendido gracias a la piratería, servidor se ha gastado
mucho más en música. He ido a más conciertos y adquirido más
merchandising
-y pagado por ellos- porque he tenido acceso a la música de más
grupos de los que siempre están en los mass
media.
Lo mismo con el cine o las series. Y también con el totem
del disco, como obra de arte y objeto coleccionable.
Muchos
queremos una cultura libre, accesible y de calidad. También que los
autores y autoras reciban un pago justo por su trabajo cultural y su
talento. Lo que no queremos es un gobierno que da pábulo a las
teorías del lobby discográfico
para penalizar e insultarnos constantemente y que además sirve de
coladero para minar Internet como herramienta de conocimiento y
progreso y para aplicar mordazas y represión sobre la disidencia.
