Dos años acaba de cumplir el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y lo hace inmerso en una catarata de contradicciones. Por un lado, parece seguro que dado el radicalismo, y la absoluta falta de sentido de estado, con el que el principal partido de la oposición está funcionando, la estabilidad de la coalición de gobierno va a continuar y cumplir su mandato. Pero por el otro lado, vemos como el tradicional alineamiento de la élite del partido socialista con el modelo del 78 y el neoliberalismo, provoca severas tensiones sobre el acuerdo de investidura y los eventuales y necesarios apoyos de los partidos nacionalistas y regionalistas.
Basta con ver la artificial polémica en la que el ministro de consumo, Garzón, se ha visto inmerso por decir lo que es verdad y a estas alturas de la película todo el mundo sabe. Qué las macrogranjas existen. Que son una aberración climática que sepulta los modos de vida del campo y el entorno rural. Que sus productos son de ínfima calidad y enfocados a alimentar a una masa cada vez más precaria a la que se condena por segunda vez. Que se saltan todos los estándares de dignidad laboral. Y que carecen de las mínima ética con animales torturados, masacrados, enfermos, atiborrados a antibióticos que redundan en su ineficacia cuando los productos cárnicos llegan al consumo humano. Que incluso tienen que ver y mucho con la situación de pandemia.
A estas palabras de Alberto Garzón respondió el corrupto, inútil e impresentable de Mañueco, para y en campaña, tratar de movilizar al sector rural. Mañueco lanzaba el bulo, transformando las declaraciones de Garzón y pedía la dimisión o cese del ministro. Encontraba aliados enconados en la ultraderecha y en los medios de comunicación donde las voces para desautorizarse desaparecían y callaban. Y también en la parte socialista del gobierno, dándose por aludido, en vez de respaldar a su ministro -y de paso los propios acuerdos que tiene firmados- se ponía del lado de la mentira. Incluso los presidentes autonómicos Page y Lambán hacían lo propio respaldando el modelo de ganadería extensiva que asfixia y lastra de futuro el mundo rural de La Mancha o Aragón (también en Castilla Y León). En ese sentido, eran coherentes con los lobbys e intereses privados de caciques y caza subvenciones de todo pelaje que anquilosan sus regiones al atraso, el desamparo y la despoblación.
La falta de ética de este sector es lacerante como mínimo y como las pocas expresiones de periodismo independiente de este país han mostrado, también hay que decirlo, en contadas ocasiones. Pero lo indignante es que cuenten con el respaldo de politicuchos de medio pelo como los barones del bipartidismo que desde la urbanización privada de la capital regional viven fenomenal de los cohechos otorgados por los beneficios de las plusvalías materiales y morales de este sistema de producción agro alimentaria.
El otro polo de indignación viene de un PSOE que timorato y anquilosado no se toma en serio su propia palabra y parece incapaz de hacer cumplir una tibia agenda de lucha contra el cambio climático.
El debate está en la calle y en los pueblos lo lleva estando ya bastantes años. Si salieran a las calles y campos de los pueblos y el mundo rural sabrían de la injusticia del modelo, de la falta de ética del sector, de la condena a futuro que supone, de que hasta la Unión Europea se ha hecho eco reclamando un cambio de modelo productivo y de consumo. Pero no, siguen encerrados en su endogamía, absortos ante los problemas de la gente y aplicando el guante de terciopelo ante los oligarcas de este país, arrodillados ante su poder millonario y mediático y las influencias que todavía captan en las provincias. Con el ministro de Agricultura o los presidentes autonómicos de La Mancha y Aragón disparando a las rodillas de sus poblaciones rurales, al tiempo que seguro, cobrarán los servicios prestados de estos caciques provinciales. Con la ministra de Medio Ambiente y desarrollo sostenible en un inexplicable silencio, al tiempo que Garzón, pausado, manteniéndose firme ganaba la batalla y acaba tomando el pulso a las organizaciones agrarias y a numerosos habitantes de los pueblos y pequeños productores ganaderos y agrícolas.
Que al final el tiro les ha salido por la culata se demuestra en cómo ha pasado al ostracismo todo el debate toda vez que ha quedado claro que la opinión de Garzón es la correcta. La que más futuro aporta al medio rural, al sector primario y a la lucha contra el cambio climático y la degradación de los ecosistemas.
Frente a un modelo colectivo de ganadería extensiva, progresivo en los beneficios, basado en la cooperación y el trabajo, sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental como en cuanto a derechos laborales y los derechos animales, respetuoso con los recursos naturales, en especial el agua, pero también en cuanto a la contaminación de suelos, aire y acuíferos en el que estamos la sociedad civil, con un mínimo de sentido común, ponen los intereses de las grandes fortunas y los especuladores. La ganadería intensiva de los caciques de siempre basadas en la explotación del territorio y de todos sus recursos, en su contaminación, en la precarización de los derechos laborales y en la inexistencia de los de los animales. Un modelo basado en el individualismo y el consumismo de productos baratísimos, de bajísima calidad.
Alberto Garzón y Unidas Podemos han salido fortalecidos ante toda la caverna mediática y hedionda de la derecha de este país, incluido los propios y presuntos “aliados” del PSOE, por mantenerse firme en sus propuestas y que estas sean certeras y representantes del sentimiento general de la sociedad civil.
Sin embargo, la Reforma laboral de Yolanda Díaz es un ejemplo concreto de lo contrario. Para la patronal y la derecha de este país representada desde el PSOE hasta Vox es una oportunidad magnífica. En nombre de la concordia y el consenso se les ha presentado un texto que sacraliza las tropelías y atracos perpetrados por el PP hace 10 años.
Y es que hace una década no había diálogo social, ni consenso y se aprobaba por Decreto Ley una normativa laboral que nos ha desposeído como clase trabajadora a unos niveles brutales. Pero por desgracia, casi todas las tropelías de aquella fechoría (salvo la recuperación de los convenios) quedan autorizados y respaldados porque con tal de conseguir la firma final de la patronal, el visto bueno de la UE y la aprobación del componente ultraliberal del gobierno representado en Calviño se fue bajando el listón.
Es cierto que se recuperan ciertos derechos, se reduce el horizonte hacia acabar con la precariedad y la temporalidad y en definitiva, la orientación de la nueva ley laboral cambia el componente tradicional de defensa de la parte contratante para garantizar estabilidad y poder de negociación a la parte contratada, es decir, a los trabajadores. Pero hay otras muchas que quedan expuestas, se mantienen hachazos y se va a hacer muy difícil recuperar muchos de los derechos y garantías que se perdieron en 2012.
El siguiente paso escabroso está ya siendo la Ley de vivienda. Garantizar el acceso a la vivienda de la población debería ser el objetivo final del texto, desvirtuando el componente de bien económico, especulativo y patrimonial de la vivienda, para poder convertirla en un derecho aspiracional que permita la vida en dignidad. Que sea un seguro del ascensor social y no otro componente más de su avería. Frente a este planteamiento tenemos a los tenedores de toda la vida: la derecha patria, los fondos buitres, los medios de comunicación y la convicción general de que la vivienda es una inversión siempre provechosa que no debe ser frenada por darle una cobertura social.
En estos temas es donde se ve la diferente concreción de España, de su sociedad y economía que tiene tanto el PSOE como Unidas Podemos. No está demás recordar que hace casi 11 años salió la gente a la calle a reclamar vivienda digna frente al abuso de tanta corrupción y latrocinio. Y no hablemos ya de la izquierda real o de la que tienen actores decisivos como puedan ser las izquierdas nacionalistas. De si lo dejamos todo en la mano del talante y el pactismo del PSOE de toda la vida con el estado de las cosas de este país, o si luchamos y trabajamos hacia un mundo mejor, más fraterno, digno y donde se aporten soluciones a los problemas que nos lastran desde hace siglos.
De momento y ante las próximas elecciones generales, la mejor baza de Unidas Podemos es Yolanda Díaz y saber capitalizar los avances sociales, que aún siendo tibios y tímidos son, sin duda, responsabilidad directa de la presencia en el gobierno.
Ya he dicho otras veces que es fundamental que desde la izquierda seamos tan beligerantes cuando ostentamos el poder como lo es la derecha cuando lo tiene. Y que seamos ambiciosos y luchemos con los boletines oficiales para defender a la clase trabajadora, garantizando la igualdad, los servicios públicos y las condiciones de trabajo y de vida de la gente. Porque si no será imposible que confíen en nosotros y en vez de avanzar en democracia acabaremos avocados a caminos de fascismo, tecnocracia u oligocracia.
Sin duda no tiene la misma importancia (al menos aparente) los asuntos de fondo que han movilizado la acción política de unos y otros. Pero mientras con la Ley de Vivienda o la Reforma Laboral se ha transitado a través de un camino marcado para no disgustar a los poderosos, Alberto Garzón nos ha mostrado qué hay que hacer. Mantenerse firme frente a los bulos, las amenazas. Reafirmarse en la verdad aunque esta sea incómoda. Ser coherentes en lo más básico y diferencial: en la defensa de los más vulnerables frente a las tropelías de los poderosos, acostumbrados a usar este país para su nauseabundo disfrute.
Sólo así, siendo agresivos legislando y ejecutando, pero también comunicando, se conseguirá que la sociedad, la clase trabajadora, reconozca en Unidas Podemos a quien le defiende, al tiempo de una más que necesaria, imprescindible, toma de conciencia obrera. No en el PP o en la extrema derecha a los que es preciso desenmascarar. Y ni mucho menos en el PSOE que lleva 40 años traicionando la memoria y la esencia de sus bases electorales. Es la única manera de movilizar y hacer que se amplíen los apoyos a la izquierda a dos años vista de las próximas elecciones generales y evitar que lleguen los que no sólo quieren que nada cambie, sino que además, se verán legitimados para desmontar las condiciones de trabajo y de vida de la gente haciendo que la desigualdad ya campante sea total.
