martes, 7 de junio de 2011

No somos mercancía en las manos de políticos y banqueros VI


Las agresiones continúan y el estado de indignación y malestar va en aumento. Las mentiras se suceden. Se busca desaprobar la rebelión, tratando de mostrar a la parte todavía complaciente de la sociedad, como ni-nis, sin futuro, como alborotadores, gente sin nada que hacer. Tratan de justificar la violencia de los desalojos y las acciones antidemocráticas y contrarias al estado de derechos, de sus esbirros policiales. Efectivamente sin nada que hacer, y sin nada que perder, por vuestra corrupta gestión, malversación, pillaje y robo continúo. Por vivir con unos medios deudores de las grandes coorporaciones que tienen prohibido informar e investigar de verdad. Hablar de Botín y sus continúos y sucios trapicheos, o de las amantes del Rey en este país es imposible. Te cierran el kiosko. Pero no nos vamos a callar y las asambles, comunicados y acciones y performances reivindicativas continúan para poco a poco abrir los ojos y las mentes a la ciudadanía, para que no se sientan representados con una clase política que ha convertido este país en un paraíso de conciencias adormecidas, y donde el desbaratamiento de los servicios sociales y la rapiña en la caja de caudales de todos sea tan intensa, continúa y aparentemente sin consecuencias. La deriva neo-con internacional a la que la transición democrática en España se ha sumado con tanto fervor, empatía y ceguera pasará a la historia como la fijación de los interes de los mercados, y en resumidas cuentas de unos pocos agraciados, que utilizan todos los medios a su alcance para mantener su posición, por encima del resto de la humanidad a la que habían condenado a la sumisión, el esclavismo y la infravida.

Esta revolución de los indignados, es también la revolución de las personas, del antropocentrismo del siglo XXI, que busca y va a conseguir poner al hombre, al ser humano en el centro de la sociedad, para poder construir un mundo mejor, en el que las diferencias sean mínimas, y las oportunidades para todos máximas.

Pero eso si. No esta siendo y no será fácil. Las agresiones continúan como lo duro que es constatar que las coorporaciones no van a permitir un reajuste de los factores económicos que nos han llevado a esta crisis financiera que pagan las personas de a pie. En un país en el que el salario medio es un 37% menos que la media de la Unión Europea o donde la alternativa de gobierno central y flamantes vencedores del infame último proceso electoral, mantienen vivito y coleando el refranero español con un inefable y persuasivo "ver la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el propio" y encima se soliviantan ante el legítimo derecho a réplica y defensa de los agredidos. Valientes demócratas.

O por ejemplo y muy significativa, la competida el pasado viernes con la aprobación por parte del Gobierno de un Real decreto que ha sido calificado por algunos medios como “ley contra los abusos en la banca” pone una vez de relieve la desfachatez gubernamental y la directa complicidad de los poderes públicos con la banca privada para permitirle salir de la crisis con más poder y una situación patrimonial saneada.

Se dice que es un decreto contra los abusos bancarios porque se modifican algunos criterios de cómputo de activos para que la exposición al riesgo de los bancos cuando realizan inversiones especulativas y de ingeniería financiera sea más transparente y, sobre todo, porque establece mecanismos para limitar las remuneraciones de los directivos, además de intervenir en el mercado para evitar que los bancos recurran a las llamadas “guerras de depósitos” ofreciendo intereses elevados que, según el gobierno, luego obligan a aumentar el coste de la financiación a la economía.

Decimos que el decreto es una desfachatez porque no se enfrenta realmente a las causas que provocaron la crisis financiera, porque solo pone paños calientes para hacer como que se regulan de otro modo las finanzas, cambiado algo para que nada cambie, y porque engaña a la sociedad haciendo creer que los abusos de la banca provienen de donde en realidad no vienen.

Lo que hay que controlar no son los sueldos de los directivos sino los beneficios de la banca. Y es que en el país de las prejubilaciones para los bancos es imposible mantener el sistema de pensiones. Y es que el sistema de pensiones está cuajado de mentiras, medias verdades y argumentos falaces. ¿Por qué el presupuesto de la Seguridad Social tiene que estar en equilibrio? Yo puedo aceptar que el presupuesto de la Seguridad Social tenga que estar en equilibrio cuando el del Ejército o el de la Casa Real o el de la Justicia o el de la Educación estén en equilibrio. Es una trampa metodológica decir que tiene que estar en equilibrio. En las sociedades hay dos formas de cubrir las necesidades; la privada y la pública y no son alternativas, son conjuntas. Y en la pública está el mantenimiento de los pasivos. Hasta 1995 la Seguridad Social no era un institución independiente. Países como Dinamarca o Canadá tienen hoy modelos distintos. La discusión es a dónde van los gastos colectivos en una sociedad. Si quieren que hagan un referéndum sobre qué es mejor, completar las pensiones o tener un ejército, a ver qué pasa. Porque los que se aprovechan de las prejubilaciones son las empresas. Hay un dato muy curioso: Las cajas de ahorros y los bancos en todo el debate que ha habido de las pensiones están diciendo que la gente se tiene que jubilar a los 70. ¿A qué edad están jubilando los bancos y las cajas a su gente? A los 52. Las empresas se aprovechan de las prejubilaciones para facilitar los ERE y los cierres. Muy poca gente se prejubila voluntariamente; se prejubilan porque les dan incentivos, porque las empresas no quieren a gente mayor. ¿Cuánta gente de más de 50 años está trabajando? Más de la mitad de los jubilados en los últimos años eran parados. Eso quiere decir que la Seguridad Social está pagando con su presupuesto a un montón de gente para facilitar el cierre de empresas o la expulsión del mercado de trabajo. Eso es injusto. Si la edad de jubilación va a llegar a los 67 años, los sindicatos tendrían que haber exigido que por lo menos las empresas se comprometan a tener a los trabajadores hasta esa edad. Pero como no los quieren, lo que habría que hacer es rebajar la edad de jubilación para repartir el trabajo. El aumento de la edad de jubilación no es para que la gente trabaje hasta los 67, sino para hacerle un descuento mayor en sus pensiones a los trabajadores que se jubilan antes, obligándoles a hacer planes de pensiones privados, que es un gran negocio. Los fondos de pensiones son el mayor inversor del mundo; eso explica todo.

Lo que debería hacer el gobierno no es lanzar este canto de sirena sino, de entrada, someter las remuneraciones astronómicas de los directivos bancarios a impuestos justos y progresivos y no hacerlos desaparecer, como viene haciendo. Y, sobre todo, impedir que la banca privada pueda generar los beneficios extraordinarios que obtiene a base de financiar mal a la economía productiva y de gozar de un poder de mercado radicalmente incompatible con el buen funcionamiento del sistema financiero e incluso con el juego de poderes democrático que debe primar en una sociedad que se dice democrática.

Si en España hubiera decencia y justicia decente y si los dos partidos de los que dependen la gobernabilidad, el Partido Socialista y el Popular, junto a los de la derecha nacionalista, no fueran esclavos de los créditos que reciben de la banca y que luego no pagan, se tomarían de verdad medidas contra los abusos de la banca pero éstas no serían las del decreto que acaba de aprobar el gobierno. Serían otras fundamentalmente destinadas a poner en claro y pedir responsabilidades civiles y penales, al menos, por actividades y hechos como los siguientes:

1) La posible responsabilidad de la banca española en la generación de un insostenible crecimiento del crédito bancario que provocó más tarde la crisis en la que estamos y en la utilización de vías de financiación para poder mantener ese crecimiento que claramente comportaban mucho riesgo y problemas futuros que todos estamos pagando ahora.

2) La posible responsabilidad de la banca española en la promoción de miles de contratos de permuta conocidos como clips o swaps inmobiliarios que en realidad han sido un engaño y una estafa descomunal a clientes que han perdido millones de euros.

3) La posible responsabilidad de la banca española en la generación del boom inmobiliario, entre otras vías, mediante la tasación de las viviendas artificialmente al alza para así aumentar su negocio de creación de deuda.

4) La posible responsabilidad de la banca española en la liquidación muy perjudicial de los créditos hipotecarios para miles de familias también por realizar tasaciones artificialmente a la baja.

5) La posibles irregularidades fiscales y de gestión patrimonial de la banca española que puedan estar dándose tras la apropiación de las viviendas adquiridas por familias que no han podido seguir pagando sus créditos.

6) La responsabilidad que pueda haber tenido la banca española en el hecho innegable de que millones de personas no pueden disfrutar de su derecho constitucional a la vivienda por la política crediticia que viene practicando y por su contribución a generar el paro y la pobreza que lleva consigo la crisis que ha contribuido a provocar.

7) La responsabilidad que pueda estar teniendo la banca española en la enorme rigidez a la baja que muestra el precio de la vivienda en España a pesar de haber estallado ya hace meses la burbuja y al mantener fuera del mercado cientos de miles de viviendas que podrían satisfacer necesidades sociales fundamentales.

8 ) La posible responsabilidad de la banca española ante la situación en la que se encuentra la economía española como consecuencia de estar utilizando dinero público y recursos de sus clientes para ampliar sus negocios improductivos y especulativos sin destinarlo, como se supone que es la razón de recibirlo, a financiar a empresas y consumidores.

9) La posible responsabilidad que pueda tener la banca española en nuestra mayor tasa de inflación dado el mayor nivel de gastos inherentes a las operaciones financieras y comisiones que cobra a sus clientes.

10) Las posibles responsabilidades de la banca española como financiadora de negocios criminales, de tráfico de armas y de drogas, tal y como han denunciado algunos organizamos y asociaciones internacionales.

11) La posible responsabilidad de la banca española por utilizar paraísos fiscales para facilitar la evasión fiscal y por los daños que con toda seguridad eso ha causado a la economía española.

l2) La posible responsabilidad que haya podido tener la banca española en la exclusión y segregación financieras que haya podido producirse con colectivos sociales o grupos sociales más vulnerables.

13) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación consciente de la corrupción urbanística.

14) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación irregular de los partidos políticos.

15) La posible responsabilidad de la banca española en el incremento del coste de la deuda soberana y su participación en actuaciones especulativas contra España incluso con recursos recibidos de los poderes públicos y de los ciudadanos españoles.

16) La posible responsabilidad de la banca española en la extensión del fraude fiscal y de la economía sumergida difundiendo productos financieros durante los últimos años con el solo propósito de blanquear dinero y ocultar a la Hacienda Pública las fuentes reales de las rentas y patrimonios de sus clientes.

17) La responsabilidad de la banca por utilizar de un modo palpable e indisimulado su poder financiero para aumentar su influencia mediática, política, académica y social comprando voluntades y publicaciones financiando publicaciones (como ocurre con los informes que justifican la privatización y recorte de las pensiones públicas) en donde una y otra vez se presentan datos que no responden a la realidad pero que contribuyen a crear un estado de opinión favorable a sus intereses económicos. Y, por tanto, engañando a la opinión pública y prostituyendo la deliberación social y la propia democracia.

18) La responsabilidad de la banca española en la enorme pérdida de empleo que se ha producido en su sector, en donde las jubilaciones se producen a las edades más bajas a pesar de que los informes que financia proponen su aumento para el resto de los trabajadores y sectores económicos, y a pesar de que es el negocio que mayores beneficios viene obteniendo desde hace años.

19) La posible responsabilidad de la banca española en la enorme cantidad de errores que se producen en la gestión de las cuentas de sus clientes o en la gestión de documentos y recibos, por los habituales abusos de confianza que llevan a gestionar de forma muy diferenciada y arbitraria sus depósitos y, de forma particular, por la suscripción de fraudulentos “fondos de pensiones” que ocultan su verdadera naturaleza y beneficio real y la desigual rentabilidad que suponen para los clientes y para las entidades bancarias.

20) Y finalmente habría que abrir otro capítulo para depurar también las responsabilidades de los directivos del Banco de España, y más concretamente de sus gobernadores, puesto que son las autoridades encargadas de supervisar a la banca privada y las que podrían haber evitado que todo esto hubiera ocurrido.

Pero ninguna de estas cuestiones se plantea ni se investiga, ni se cuestiona. En lugar de hacerles frente para poner en claro las causas que han provocado un quebranto de docenas de miles de millones de euros para pequeñas y medianas empresas y para las familias y consumidores españoles, y, además de ello, una merma sustancial de su capacidad de decisión, lo que se hace es conceder a los banqueros un régimen de privilegios totalmente incompatibles con la democracia más elemental y de casi total impunidad. El ejemplo del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, es elocuente:

Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual, su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.

Estos son los verdaderos abusos de la banca y los que de verdad hacen daño a la sociedad y no las remuneraciones de sus directivos, por muy altas que sean. Y no hay por qué que seguir aguantando estos abusos. Hay que denunciarlos, censurarlos y reclamar medidas para investigar y depurar responsabilidades.

Ya es hora de que la sociedad despierte y no se deje vencer más por el miedo ancestral hacia quienes manipulan el dinero ante sus manos como si fueran magos que tienen un don especial para hacerse ricos cuando en realidad solo son trileros que se aprovechan de la necesidad ajena y que esconden sus trampas gracias a la impunidad y al poder inmenso que durante siglos han acumulado.

Ya es hora de que la gente reaccione y no permita que, con su dinero, la banca robe, engañe y haga inversiones inmorales y sumamente peligrosas para la estabilidad económica, social y ambiental del planeta.

No puede haber democracia mientras haya abusos bancarios.



Mientras los medios nos ningunean, a nosotros, al igual que han hecho y hacen con las movilizaciones en otros países, siempre eso sí, que no sean arabes. Ya sea en USA (Wisconsin) o en Grecia, donde nuestros hermanos continúan su lucha para no tener que hipotecar todo su futuro y el de al menos 4 o 5 generaciones posteriores por los desmanes y la corrupción de la clientelista clase política que tienen de la que la Unión Europea o el FMI son cómplices, o cuando menos interesados espectadores.

21 propuestas asamblearias:


Los más entusiastas con el Movimiento 15-M estamos seguros de que se ha activado un resorte capaz de cambiar el curso de la historia, pase lo que pase en la Puerta del Sol. O al menos de condicionarla.

Los más escépticos creen en cambio que el 15-M ya está languideciendo ante la falta de resultados concretos y que entramos en una nueva fase: la de las peleas internas que tan bien conoce la izquierda.

Pero lleven las gafas que lleven, entusiastas y escépticos acaban viendo necesariamente lo mismo: a miles de jóvenes y a gente de todas las edades participando en asambleas en plazas abarrotadas haciendo trizas los clichés de borregos o de ni-nis. Y con un hambre voraz de nuevas propuestas para mejorar la democracia y de participar. Muchas de estas propuestas o esbozos de ellas en realidad ya existen y pese a que quizás la coyuntura económica y social no sean las idóneas, no dejan de ser necesarias y posibles.

1) Ley Electoral más proporcional
Propuesta: sistema más proporcional que no anule la voz de los territorios.
Dificultad: exige la reforma de una ley orgánica y de la Constitución de 1978.
De las propuestas de DRY y de Sol sobresale una exigencia: reformar la Ley Electoral para que sea más proporcional y dé más oportunidades a los partidos pequeños.

Los expertos coinciden en que esta reforma por sí sola no arregla los problemas de la democracia, pero desde hace años manejan modelos alternativos que supondrían una mejora en el sistema actual, que sobrerrepresenta el voto rural y a las fuerzas mayoritarias: en 2008, IU necesitó casi 485.000 para conseguir escaño, cuando al PP y al PSOE le costaron 66.000. En total, dos millones de ciudadanos votaron listas que no obtuvieron representación.

Pese a que la responsabilidad suele atribuirse a la ley D'Hondt el sistema empleado para el reparto de escaños el culpable es en realidad el tamaño de una treintena de circunscripciones, que según la Constitución debe ser la provincia y que son demasiado pequeñas para que el reparto llegue a los minoritarios.

Muchas de las fórmulas alternativas se inspiran en el modelo alemán, que combina la proporcionalidad y el voto territorial: se vota una lista de partido con circunscripción única y también a un diputado territorial. Para entrar en el reparto nacional se necesita superar el 5%, pero nada impediría bajar el umbral.

2) Listas abiertas
Propuesta: permitir que el elector pueda elegir a quién vota de una lista.
Dificultad: exige la reforma de una ley orgánica, que requiere mayoría absoluta.

Con independencia de cómo se asigna el número de escaños, otro debate es el margen que se da al elector para elegir o vetar a los diputados que integran una lista. España tiene la opción más restrictiva: lista cerrada y bloqueada. La elabora el partido y el elector la tiene que aceptar entera.

Ello implica, por ejemplo, que un ciudadano de Valencia que deseara apoyar al PP en las últimas autonómicas tenía que votar también a todos los imputados de la papeleta. Si las lista se desbloqueara, tendría la opción de votar al PP y tachar a los imputados.

Las fórmulas son variadas y se aplican en muchísimos países. Dan Kselman, del Instituto Juan March, ha demostrado que la corrupción es más fácil donde las listas son cerradas y bloqueadas.

3) Elecciones primarias para los candidatos
Propuesta: elegir a los candidatos mediante primarias abiertas a toda la sociedad.
Dificultad: debe ser asumido por los aparatos que controlan los partidos.

Los partidos eligen a sus líderes y candidatos como quieren: sólo están obligados a respetar una apariencia democrática. Pero según los expertos, ello explica en parte el bajo nivel de afiliación en España y sus problemas para conectar con la sociedad.

Expertos como Braulio Gómez, de la Universidad de Edimburgo, subrayan que incluso las primarias que el PSOE tiene en sus estatutos se han quedado cortas y el CIS le da la razón: la mayoría cree que toda la sociedad debería poder participar en la elección de candidatos.

Ello ya es posible en países como EEUU, donde cualquiera puede registrarse para participar en las primarias de los partidos. En España lo intentó Pasqual Maragall en 1999.

4) Revocación del mandato
Propuesta: dar a los electores la posibilidad de destituir a un cargo electo.
Dificultad: exige la reforma de la Constitución y tiene mejor encaje en un régimen presidencialista.

En algunos países, los cargos electos se arriesgan a tener que pasar una reválida a mitad del mandato. Y si suspenden, pierden el puesto.

Así llegó al Gobierno de California Arnold Schwarzenegger, en 2003: los ciudadanos críticos con el entonces gobernador, Gray Davis, lograron juntar las firmas necesarias para convocar un referéndum de destitución pese a que Davis había sido reelegido en 2002 y lo ganaron.

Esta posibilidad (recall, en inglés) está prevista en 18 estados de EEUU y en países como Venezuela y Bolivia. Y puede aplicarse también contra diputados.

En California, para forzar un referéndum revocatorio se necesita reunir firmas equivalentes al 12% de los votantes que participaron en las anteriores elecciones. En España, además de las reticencias que provoca en muchos expertos, que temen que los lobbies lo utilicen en beneficio propio, resulta más difícil de aplicar al tratarse de un régimen parlamentario. Además, los diputos tienen garantizado el escaño durante cuatro años en la Constitución.

5) Iniciativa popular y referendos
Propuesta: disminuir las restricciones para que los ciudadanos puedan promover referendos vinculantes o iniciativas legislativas.
Dificultad: exige la reforma de la Constitución.

Sobre el papel, los ciudadanos pueden participar en la construcción de la agenda política a través de los referendos y de la iniciativa legislativa popular (ILP), que permite llevar propuestas a las cámaras.

Pero en la práctica, las limitaciones son muy superiores a las que existen en otros países: la iniciativa para convocar referendos corresponde al Gobierno y no son vinculantes. Y las ILP exigen muchas firmas (500.000) y también tienen vetados muchos temas, como todos aquellos regulados por ley orgánica (derechos fundamentales, estatutos de autonomía...). El objetivo de DRY de forzar la reforma de la Ley Electoral mediante una ILP es imposible precisamente porque afecta a una ley orgánica.

En países como EEUU o Suiza, entre otros, la iniciativa de referendos no está en manos de las autoridades, sino de los ciudadanos. Y continuamente hay consultas vinculantes. Sin embargo, algunos expertos advierten de que este modelo tiene también inconvenientes porque, en la práctica, la gente con más dinero suele tener también más capacidad de recoger firmas y de financiar campañas.

6) Presupuestos participativos
Propuesta: facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones entre elección y elección.
Dificultad: algunos de los proyectos más avanzados en España han quedado en suspenso tras el 22-M.

Frente a la opción de ir a votar cada cuatro años y nada más, los presupuestos participativos hace años que vienen ensayándose como fórmula complementaria que fomente la participación democrática. Empezaron en Porto Alegre (Brasil) en la década de 1990 y se han extendido mucho, sobre todo a nivel municipal.

La idea es que las autoridades sometan a debate público en qué se gastan determinadas partidas de inversión. Los críticos advierten de que los grupos organizados acaban dirigiendo las asambleas en beneficio propio. Sevilla era la mayor ciudad de toda Europa que ensayaba fórmulas de presupuestos participativos, pero la derrota de la izquierda las deja ahora en suspenso.

7) Memorias de participación
Propuesta: incluir en las políticas públicas memorias de participación y de rendición de cuentas.
Dificultad: ninguna.

Cualquier proyecto urbanístico o de infraestructuras importante debe contar con una memoria de impacto ambiental. Los expertos en nuevas fórmulas de participación aspiran a replicar el modelo para la participación y la rendición de cuentas, de forma que cualquier política pública deba plantearse desde su origen qué canales de participación abre y cómo va a rendir cuentas de lo hecho una vez terminado.

Barcelona era una referencia en memorias participativas, pero sus promotores perdieron los comicios. En memorias de rendición de cuentas, está aquí todo por hacer. Tanto, que ni siquiera la expresión rendición de cuentas parece una buena traducción de accountability.

8) Consejos deliberativos
Propuesta: implicación de ciudadanos en la toma de decisiones políticas.
Dificultad: ninguna.

En Francia se llama Comisión Nacional del Debate Público y afronta asuntos de ámbito nacional y en Reino Unido se conoce como jurado ciudadano y depende de los ayuntamientos. La filosofía es la misma: ceder a un consejo de ciudadanos la toma de decisión ante un asunto concreto.

Los expertos lo llaman democracia deliberativa y suele seleccionarse a los miembros por sorteo, con criterios de pluralidad como los que aplica TVE en Tengo una pregunta para usted.

En Ontario (Canadá) se encargó a un consejo nada menos que la reforma electoral. En España ha habido ensayos en Córdoba, pero sin ser vinculantes.

9) Ley de Transparencia
Propuesta: aprobar una ley que obligue a las administraciones a divulgar toda la información que tengan.
Dificultad: ninguna.

Access Info es una ONG internacional que defiende el derecho ciudadano a acceder a la información de interés público en manos de los gobiernos y en 2006 eligió Madrid como sede mundial. ¿El motivo? España es el país más grande de la UE sin Ley de Transparencia (ver gráfico).

Este tipo de leyes ya existen en EEUU desde la década de 1960 y obligan a las autoridades a contestar a cualquier ciudadano preguntas como esta: ¿a qué empresa ha contratado el Departamento de Salud para la limpieza de sus hospitales y por cuánto dinero?

Los expertos ven este tipo de norma como un elemento anticorrupción clave. En España, esta información se canaliza con preguntas parlamentarias, pero los gobiernos disponen de un sinfín de artimañas para ignorarlas.

El Ejecutivo prometió acabar con la anomalía española, pero el proyecto está paralizado. Algunos países, como India, colocan en internet toda la información por iniciativa propia. De esta corriente se nutren los defensores de la llamada cultura libre, cuya prioridad es derogar la ley Sinde.

10) Las cuentas de la casa real
Propuesta: hacer públicas las cuentas de la Corona.
Dificultad: la obstrucción de los partidos mayoritarios.

Existen en España ocho instituciones públicas como el Consejo de Estado con autonomía financiera y sin control externo. Pero ninguna llega tan lejos como la Casa Real, que recibe una asignación anual sin tener que explicar cómo la gasta.

En 2010, esta asignación ascendió a 8,9 millones de euros y cubre sólo una mínima parte del dinero público que se dedica a la institución, cuyo monto global se desconoce. ERC ha denunciado al Tribunal de Estrasburgo la opacidad de las cuentas de la monarquía.

Nada impide en la Constitución que las cuentas de la Corona fueran tan transparentes como las de la monarquía británica: "El rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma", reza el artículo 65. 1.

11) Acceso a las cuentas de los partidos
Propuesta: fiscalización real de las cuentas de los partidos y acceso público.
Dificultad: exige la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.

Siempre que estalla un escándalo que afecta a las cuentas de los partidos políticos, la respuesta es idéntica: "Nuestros presupuestos han pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas".

Es cierto. Pero también es una trampa: la fiscalización del Tribunal de Cuentas se limita a trabajar con el material que le proporcionan los partidos, sin capacidad auditora real y sin posibilidades de acceder a las tripas ni a las fundaciones de los partidos.

Todos estos déficits son subrayados regularmente por el Consejo de Europa. La información que recibe el Tribunal de Cuentas es, además, reservada: nadie puede acceder ni siquiera al listado de proveedores de los partidos. El único órgano fiscalizador que lo permite es el de Galicia.

12) El patrimonio de los políticos, público
Propuesta: publicación del patrimonio completo de todos los cargos electos.
Dificultad: ninguna. Ya existe en Castilla-La Mancha.

Los expertos en corrupción consideran clave el acceso al patrimonio completo de los cargos públicos. Varias instituciones han dado pasos, pero de forma parcial.

La única excepción es Castilla-La Mancha, que ha optado por la máxima transparencia al respecto: publica en el Boletín Oficial el patrimonio completo todas las rentas, todas las inversiones, todos los bienes, todas las actividades de diputados y altos cargos, incluida la Presidencia.

13) Diputados a tiempo completo
Propuesta: impedir que los parlamentarios puedan tener un bufete privado.
Dificultad: ninguna. Una mayoría de partidos apoya la idea, pero no avanza.

Cualquier parlamentario puede compatibilizar hoy su actividad parlamentaria con un bufete privado y otras actividades remuneradas. Sólo tiene que decir que no supone conflicto de intereses. Más de 40 parlamentarios simultanean su actividad con negocios privados.

Que hay profundas lagunas lo ha puesto de manifiesto el caso Gürtel, que ha desvelado las actividades paralelas del exdiputado del PP e imputado Jesús Merino: según la Agencia Tributaria, entre 2002 y 2008 ingresó como parlamentario menos de 500.000 euros. En el mismo periodo, sus consultorías y las de su esposa sumaron 8,4 millones asesorando a empresas.

14) Políticos sin privilegios
Propuesta: eliminar privilegios en las pensiones de los diputados y fijar criterios claros para coches oficiales.
Dificultad: ninguna. La mayoría de partidos admite que hay que "racionalizar".

Cuando se recuperó la democracia, se acordó que los parlamentarios tenían derecho a percibir la pensión máxima con sólo ocho años cotizados. Y el argumento le pareció bien a todo el mundo: la represión franquista había impedido a muchos cotizar.

Pero han pasado más de 30 años y los parlamentarios que han votado ampliar de 15 a 25 años del cómputo para calcular las pensiones siguen disfrutando de aquella decisión.

Los expresidentes del Gobierno y, con variantes, de varias comunidades disfrutan de otro privilegio: una pensión vitalicia de 80.000 euros al año. La izquierda minoritaria la quiere eliminar cuando se perciben otras ganancias privadas importantes. José María Aznar percibió en 2010 ingresos superiores al millón de euros y Felipe González recibe, sólo de Gas Natural, 126.000 euros al año.

La decisión de UPyD de renunciar al coche oficial para sus concejales ha forzado el debate al respecto. Todos los partidos admiten que deberán "racionalizarse". Los expertos apuestan por fijar criterios objetivos.

15) Corrupción sin prescripción
Propuesta: eliminar la prescripción en los delitos de corrupción.
Dificultad: exige la reforma del Código Penal y de otras leyes orgánicas.

La mayoría de delitos de corrupción se han ido castigando cada vez con más dureza en el Código Penal. Y pese a ello muchos delitos acaban sin juicio porque ya han prescrito. Expertos como Víctor Lapuente, de la Universidad de Go-temburgo, sostienen que España lidera probablemente un ranking informal de delitos de corrupción que no se juzgan por haber prescrito.

Entre las causas, destaca la saturación de la Justicia y que aquí suele empezarse a investigar más tarde. Por ello, entre las medidas que sugieren algunos expertos en línea con DRY es que los delitos de corrupción no prescriban.

16) Límites a los regalos
Propuesta: establecer que cualquier regalo superior a 50 euros no declarado sea considerado cohecho.
Dificultad: exige reformar el Código Penal.

Algunos de los mayores casos de corrupción que han estallado en España en los últimos años como Gürtel y Brugal tienen en su origen regalos a cargos electos. La clave para que sean considerados cohecho no depende de su valor, sino de que se regale en razón del cargo o a cambio de algo. Lapuente propone cortar por lo sano cualquier ambigüedad interpretativa e incluir en el Código Penal que todo regalo valorado en más de 50 euros no declarado en un hipotético registro que incluya la identidad del obsequiante sea considerado cohecho. Ahora no existe registro alguno, ni siquiera para los regalos a la Casa Real.

17) Algunos ERE, sin dinero público
Propuesta: las empresas con beneficios que inicien un ERE deberán pagar el paro de los despedidos.
Dificultad: exige una reforma legal ya encarrilada.

Ya estaba en las propuestas de DRY y la izquierda minoritaria llevaba tiempo peleándolo, pero el ERE anunciado por Telefónica con las plazas llenas ha acabado de inflamar a los indignados: la exigencia de que las empresas con beneficios que abran un expediente de regulación de empleo (ERE) tengan que costear el paro de los despedidos se ha convertido en emblema del 15-M y probablemente será su primera victoria tangible.

La demanda cuenta con un apoyo social tan alto que Telefónica ha replanteado el ERE, pese a tener la ley a favor: asumirá el paro de los despedidos que el Estado no abonará. El PSOE ha presentado una enmienda para que esta decisión ahora voluntaria sea obligatoria.

18) Dación en pago para la vivienda
Propuesta: que la entrega del piso cancele la hipoteca y la deuda con el banco.
Dificultad: exige la reforma de la Ley Hipotecaria, que se debatirá en una subcomisión del Congreso.

Otra de las demandas emblemáticas del 15-M es la dación en pago: que la entrega del piso cancele la deuda con el banco, como sucede en varios estados de EEUU.

En España, cuando hay desa-hucio, el banco se queda con el piso y el cliente tiene que seguir pagando. En este intercambio desigual, por el que se fija a cuánto asciende la deuda pendiente, el banco contabiliza el piso devuelto a un precio baratísimo: el 50% de la tasación. Y luego lo puede vender al precio que quiera.

La patronal ha advertido por carta al Gobierno de que la dación en pago supondría un gran perjuicio para el sistema financiero. Pero la presión social se están recogiendo 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular ha forzado la creación de una subcomisión parlamentaria.

Entre las propuestas de los expertos está asumir la dación en pago sin retroactividad, establecer ayudas para los afectados y elevar del 50% al 75% el porcentaje sobre el precio de la tasación cuando el banco se queda con el piso.

19) Registro anti-paraísos fiscales
Propuesta: establecer un registro de mínimos que ayude a seguir el hilo del dinero hacia paraísos fiscales.
Dificultad: cualquier iniciativa efectiva debe tener escala internacional.

Muchos expertos coinciden en que la salida de la crisis, el futuro del Estado del bienestar, la lucha contra la corrupción y la esencia misma de la democracia dependen en buena medida de hacer más difícil que el dinero llegue a los paraísos fiscales. Y pese a que ha habido avances por el empuje del G-20, queda mucho terreno por recorrer.

Los expertos insisten también en que las medidas, para ser efectivas, deben ser globales o al menos a escala europea. Y en este sentido van casi todas las propuestas de un reciente documento de la Fundación Alternativas elaborado por José Luis Escario: creación de una agencia mundial específica, establecer sanciones multilaterales contra los estados que no cooperen con unos mínimos que habría que redefinir al alza, etc. Pero el documento incluye una sugerencia que podría implantarse sin esperar a los demás: crear un registro de compañías mucho más exhaustivo que los existentes, que incluya información relevante para seguir la pista del dinero y haga menos opacas estas estructuras.

20) Tasa 'Tobin'
Propuesta: establecer una tasa para las transacciones financieras especulativas.
Dificultad: para que sea eficaz, debe adoptarse a escala internacional.

Hace ya 40 años que el premio Nobel de Economía James Tobin propuso una tasa mínima de apenas el 0,1% para las transacciones financieras especulativas. Y a finales de los noventa se creó una organización internacional, Attac muy presente en el Movimiento 15-M, que se fijó como prioridad impulsar una propuesta que desde hace años tiene resuelta ya cualquier dificultad técnica.

El G-20 ha amagado con impulsar tasas inspiradas en la propuesta de Tobin. Pero nada se ha llevado a la práctica.

21) Fiscalidad justa
Propuesta: recuperar los impuestos de patrimonio y de sucesiones y gravar más las sicav y los dividendos.
Dificultad: que, ante la libre circulación de capitales, baje la recaudación.

Todos los hijos del15-M han lanzado un grito para conseguir una fiscalidad más justa, que se desande el camino de los últimos años y vuelva a establecerse el objetivo de que paguen más los que más tienen. Hay varias posibilidades: recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio (eliminado en 2008) y el de sucesiones (casi finiquitado en las comunidades donde gobierna la derecha), gravar más a las sicavel instrumento de inversión de los más ricos, que sólo tributa al 1% o tasar todos los dividendos: hoy están exentos de tributar 1.500 euros por contribuyente y año.

Muchos expertos creen que de una fiscalidad más justa va a depender la sostenibilidad del Estado del bienestar. E investigadores como Armin Schäfer han demostrado incluso que la desigualdad es el mayor factor de erosión de la democracia.

Quizá los acampados no lo han estudiado. Pero no hay duda de que lo saben.


Y ahora qué:

El debate sobre si mantener las acampadas o no, es un debate que nos desgasta y ya tiene un recorrido corto por agotamiento y estancamiento. Más vale discutir cómo mantener el movimiento, consolidando estructuras, estableciendo acciones concretas y masivas, y aproximarse a la consecución de alguno de los objetivos.

Todo parece indicar que el movimiento 15M entra en una fase de confusión, de desorientación, de imprecisión frente a los retos que tiene por delante y las dificultades para gestionar la pluralidad. La sostenibilidad y la efectividad del movimiento dependen de varios factores:

1) La consolidación de una estructura territorial con asambleas consolidadas por barrios y universidades y un procedimiento claro de articulación entre las asambleas de barrio y universidades, con el movimiento a escala de ciudad, comunidad y estado. Pero esto solo puede sostenerse con unos objetivos concretos, visibles y aprehensibles que establezcan un reportorio común, ampliamente aceptado. En lo concreto nos manejamos mejor que lo abstracto, descendamos un escalón.
2) Es necesario extender el movimiento a nivel internacional y particularmente europeo y mantenerlo con una agenda política de movilizaciones de forma permanente.
3) Los objetivos del movimiento deben considerar una doble condición, pero con un vínculo directo. ACCIONES EN BASE A PROPUESTAS concretas en distintas escalas territoriales. Sobre esto, desde las asambleas del movimiento en España, habría que hacer en primer lugar un LLAMAMIENTO EXPLICITO A LOS INDIGNADOS EUROPEOS para que desarrollen el movimiento en todas las ciudades europeas. Ese llamamiento podría ir acompañado de una propuesta de movilización a nivel europeo para finales de junio (por ej. el domingo 26 de Junio por la mañana en cientos de ciudades europeas) con una exigencia firme a los gobiernos europeos, a la UE y al Banco Central Europeo en relación a eliminación de los paraísos fiscales y el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras. Medidas encaminadas a que los gobiernos desarrollen políticas distributivas, e impositivas sobre las grandes fortunas y las grandes corporaciones. Que nos devuelvan lo que nos han robado en las dos últimas décadas.
4) Estas exigencias, se acompañarían de otras de carácter nacional y local . Por ejemplo, una ley electoral proporcional para las próximas elecciones generales.

¿ estáis de acuerdo con esto?

P.d.: Y sobre todo, por favor, no es el momento, ni el espacio: Dejaros de gilipolleces. Si ya me parece matar el movimiento en si acampada si o no, y que conste que yo no estoy ya de acuerdo, sino más bien centrarnos en acercar el movimiento a las gentes en sus barrios y pueblos, y quizás mantener las acampadas "diurnas" como mesas informativas, lo que si que no cabe son debates estériles que promueven la segregación del grupo, como pueda ser el de autodeterminación. Ahora, el 15M y Democracia Real Ya, plantean una revolución sobre el sistema, el capitalismo y la forma de control que los mercados tienen sobre los humanos. Es un movimiento global, que representa a todas las personas, a todos los ciudadanos, tanto españoles, catalanes, como de cualquier parte del mundo, porque lo que queremos hacer es mejorar el mundo.

P.d. 2: Para cuando alguién se pregunte si este sistema es sano, democrático, justo y en favor de los ciudadanos: Cayo Lara tiene la respuesta.

P.d. 3: Este personaje, impresentable, al que habría que haberle explicado ya en que consiste la democracia, que nada tiene que ver con la Edad Media de la que proviene y es heredera esa maltrecha y anacrónica monarquía, que por desgracia en este país los medios nos la venden bajo epítetos de bonachona, campechana y cordial. Pues resulta que en Pamplona, el soberbio principito de la independencia a los 40 años en un chalet valorado en 8 millones de euros buscó, como le gusta, la adulación de sus subditos, y se encontro con una señorita que entrará a formar parte de mi gabinete y que le planteó si con él en la regencia los ciudadanos tendrían la oportunidad de elegir en referendúm el modelo de Estado (Va pa 40 años de transición a la democracia, la cosa)... "Ya tienes tu minuto de gloria" le espetó con toda su educación católica romana y pagada por nosotros... ¿Y tú? ¿Cuántos minutos de gloria has tenido a lo largo de tu vida a costa de los demás? ¿Cuántos minutos de gloria porque el traidor designó a tu padre como sucesor suyo, no has disfrutado, pegándote la vida padre mientras el resto del país, gente de tu generación, con tu edad, han tenido que salir a la calle, a pegarle quiebros a las drogas que tu te tomas gratis y puras, para no acabar como los amigos del barrio, a trabajar para cobrar un salario de mierda (y en negro), a recibir palos de la policía por pedir que tus hijos tengan derecho a una vida más digna? Esa ciudadana te ha preguntado en igualdad de condiciones, de tú a tú, con más respeto del que le demuestras en tu respuesta, cosa que no quieres entender porque te va muy bien viviendo en tu país de viejos reyes y súbditos.

Vedlo, y decidme si no os crece tampoco la indignación con ese ejemplo de soberbia hereditaria y también con la inquinia y el sentido NO-democrático del ya saliente presidente de la Comunidad Navarra.

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