Días sin sol, Noches sin estrellas: falsedad

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martes, 27 de marzo de 2012

No somos mercancía en las manos de políticos y banqueros XVIII

"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, de los zapatos y de las medicinas, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales".

Bertolt Bretch

El poder aspira a perpetuarse y detesta los cambios. Forma parte de su propia naturaleza, es una cualidad intrínseca de los que mandan: no ceder ninguna de las prerrogativas de su status. Para seguir moviendo los hilos, las cosas deben continuar como están. Ante cualquier tentativa por transformar la sociedad, tradicionalmente el poder ha reaccionado con violencia. La historia ha sido testigo de múltiples represiones y revoluciones sanguinarias: 1789, 1830, 1848, 1917… Pero la brutalidad ha sido estigmatizada y ya no es un método tolerable. El poder no puede justificarse con la fuerza bruta y necesita otros procedimientos más refinados para conseguir su objetivo de perpetuación. Frente a los indignados, políticos y medios de comunicación han puesto en funcionamiento una alternativa más suave a la violencia.

Hace aproximadamente un año, surgió el movimiento del 15-M por acción de las redes sociales e improvisadas convocatorias en plazas públicas. Este despliegue humano tuvo eco en los medios de comunicación, que le imprimieron connotaciones románticas, con guiños al 68. Algunos políticos, de los que se autollaman de izquierdas, expresaron afinidades con el movimiento (pero respetando las distancias,). Las reuniones fructificaron en una serie de reclamaciones, que se colgaron en las plazas o circularon por Internet. La mayoría de puntos tratados eran de índole político (eliminar el senado, suprimir las pensiones vitalicias que los políticos obtienen tras ocho años ocupando el cargo, un sistema electoral más abierto, eliminar las injerencias del gobierno en la justicia, mayor transparencia en la gestión pública), pero también había sociales (mantener el estado del bienestar), culturales (medios de comunicación verdaderamente abiertos que reflejen todos los puntos de vista) y económicas (una de muy importante: conocer el montante de dinero que los poderes públicos han entregado a los bancos y revelar cuál es la escandalosa diferencia entre el bajo tipo de interés con el que se les ha beneficiado y el más alto que sufren los Estados para cubrir su deuda soberana).

Si las multitudinarias reuniones del 15-M tuvieron eco en los medios de comunicación, no sucedió lo mismo con las cuestiones de fondo.

Un año más tarde, podemos afirmar que TODAS las peticiones de los indignados han caído en pozo vacío. El problema es grave, porque no es que se haya cambiado nada (que no se ha cambiado nada), es que ni tan siquiera los políticos han dado respuestas, ni tienen la intención de hacerlo. Ellos, que son servidores pagados por la población (y para ello viajan en mercedes o en primera clase), no han dedicado ni un segundo a estas peticiones. Quizás no seamos mayoría, pero merecemos, al menos, un mínimo de atención. ¿Alguien ha escuchado al presidente Mas, que tanto se enfureció cuando una muchedumbre le asedió en la puerta del Parlament, referirse de la pensión vitalicia que cobran? ¿Ha explicado el “dúo de los interéses creados” (ministros economía y hacienda) cuanto dinero han entregado a los bancos, a qué tipo de interés y cuándo éstos lo devolverán? ¿Por qué no culpan a las entidades financieras de la crisis de la deuda soberana, cuando el principal motivo de que los Estados estén empeñados hasta las cejas es a causa del dinero que tuvieron que entregar a los bancos? ¿Hay alguna intención de eliminar el senado, una institución cuya única función es la de entorpecer el desarrollo legislativo? ¿Van a crear una estructura judicial verdaderamente independiente, cuando la envejecida Constitución permite que los políticos designen a los miembros del Constitucional o del CGPJ? Ellos no van a responder a ninguna de estas preguntas. No lo dudéis. No lo van hacer porque abordar estas cuestiones significaría afrontar cambios profundos. Ellos son el poder y su misión más importante es conservarlo. Bloquearán cualquier protesta y se escudarán tras un obsesivo mensaje: estamos en crisis y para enfrentarnos a ella hay que llevar a cabo recortes (amplios para el gobierno, menores para la oposición). Todo, absolutamente todo, se justifica dentro de las leyes del ciclo económico.

Nunca había habido tantos periódicos y canales de TDT y nunca la versión de la realidad política había sido tan monótona e insulsa. Pero tenemos un Periodismo de anestesia que funciona con los tradicionales opios, el cinismo y la ignorancia y falta de tensión mediática y social por la información de los ciudadanos como herramientas. Los indignados, arrinconados como disidentes clandestinos, se enfrentan a un diálogo injusto, pues sus oponentes disponen de un apabullante despliegue de mass media. Eso sí, nosotros conocemos y controlamos los tiempos de las redes sociales, y si algo está seguro es que tanto los medios tradicionales, como las redes sociales, su uso, aprovechamiento y dominio no cambiará. Ambas partes pretenden o aparentan conversar, se dirigen una a la otra, pero lo hacen de forma unívoca, sin feed-back, es como relacionarse con una pared. Una pared de políticos y entidades unidos por la misma argamasa: el dinero. Porque detrás del poder, no lo olviden, está el dinero. Este dinero que fluye por la economía como las sangre en nuestras venas y que siempre pasa por el mismo corazón: los bancos. Sindicatos, partidos políticos, empresas, medios de comunicación, todos van a morir al mismo destino: los préstamos bancarios. Nunca muerdas a la mano que te da de comer. Pero los indignados no tienen ninguna mano que les de de comer. Y lo que es aún más digno, la mayoría no la quieren. De lo que piden, puede resumirse en tres conceptos clave: democracia real, transparencia y justicia. Democracia real, porque la democracia sigue en crisis. Una verdadera democracia debería permitir el cambio, cuando éste sea necesario, con un gobierno abierto a las nuevas exigencias de la realidad y no obstinado en mantenerse a toda costa. Pero seguimos dirigidos por una institución arcaica, rígida y refractaria.

El poder pretende anestesiar el movimiento. Desalojan las plazas con la excusa de la suciedad, nos exigen que seamos pacíficos y a la mínima sueltan sus perros guardianes, sin ofrecer nada a cambio. Saben que el tiempo juega a su favor, es cuestión de esperar la llegada del analgésico más potente: el elixir del crecimiento económico, que reducirá el paro e insuflará de dinero nuestros bolsillos. Con el respaldo de esa gran mentira que son las estadísticas, podrán mantener su status.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de una parte de la población: la que calla a cambio de futbol o chismorreo televisivo, que contempla el mundo desde el sofá, que vota cada cuatro años al candidato de la oposición para echar al que gobierna, que cree que marcar una equis cada cuatro años es ejercer la democracia, que piensa que los rabiosos indignados son una camarilla minoritaria de delincuentes, que compró tamiflu, que aplaudió a Bush cuando bombardeó Bagdad, que votó a Gil y a Camps. Esta parte flotante de la sociedad es la materia oscura de los físicos, aquellos que Delacroix olvidó mientras pintaba La libertad guiando al pueblo, en definitiva, un gigantesco agujero negro que engulle Historia.

Y el movimiento indignado, en una verdadera encrucijada, consciente de que ha expirado el plazo para dialogar. Sólo quedan dos caminos: sofá o cóctel. Resignación o rabia. El tercero, la justicia, ha sido sepultado una y otra vez, impunemente, por magistrados decrépitos elegidos a dedo. Con jueces vendidos queda completado el círculo del poder.

Las crisis implican cambios. El poder sólo tiene una forma de mantenerse intacto: modificándonos a nosotros. Su supervivencia pasa por reducir prestaciones sociales, derechos laborales, salarios de trabajadores públicos, sanidad y educación públicas… Ellos mantendrán su status si nosotros lo perdemos.

Ayer hubo elecciones autonómicas en Andalucia y Asturias. El resultado es igual. Ganó una vez más la abstención. En España ya sea el fútbol, la F1, que haga sol, que llueva, siempre encontramos mejores cosas que hacer antes que ir a votar. Pero lo peor de todo es aguantar la hipocresía de los que valientemente y jaleados por la multitud de la barra del bar, soflaman que no entienden de política, pero que cuando tocan elecciones depositan, religiosamente, su voto cambiando del PP al PSOE, y viceversa, con la inercia y la ola del ganador o para echar del poder al otro, con la misma facilidad con la que se cambian de calzoncillos. Por eso queda bien de vez en cuando recuperar alguna cita, como la del encabezado del post de Bertolt Bretch... Hace ya muchas décadas que Bretch nos dejó, pero su mensaje esta de vigente como si fuera su primer día. Ahora a los empresarios se les llaman emprendedores y la explotación laboral flexibilidad o competitividad. Quizás en la huelga General del jueves 29 sea el momento de demostarle a mucha gente que no somos unos papanatas que tragamos con todo y que además nos gusta. Nuestros derechos, como individuo y como sociedad, estan por encima de todo rédito económico de las élites. Para garantizarlo hay que demostrárselo en las calles.

jueves, 26 de mayo de 2011

El maquiavélico sistema electoral español

El sistema electoral español es infinitamente más original de lo que parece a primera vista, y es bastante maquiavélico. Quien así habla no es ni un desinformado ni un antisistema resentido, es Oscar Alazaga, uno de los padres del propio sistema. Los dos adjetivos que utiliza describen a la perfección la criatura que él y otros miembros de la UCD alumbraron durante la Transición y que todavía perdura.

Su originalidad es tal que los especialistas no acaban de catalogarlo. Aunque la Constitución habla de “representación proporcional”, lo cierto es que las desproporciones en los resultados son de las mayores de la escena internacional. No sólo no se garantiza una proporción más o menos ajustada entre votos y escaños, es que ni siquiera se salvaguarda el mero orden en el que los votantes colocan a los partidos: una formación con menos votos que otra puede conseguir más escaños. Por eso muchos estudiosos del sistema no lo consideran proporcional sino mayoritario atenuado.

Pero un sistema mayoritario se caracteriza por sobre-representar al partido ganador facilitando así que forme gobierno. Y nuestro sistema no siempre beneficia al primer partido: en 2004 las elecciones las ganó el PSOE, pero el más beneficiado fue el PP. Mientras los votantes socialistas recibieron un 3’3% de escaños por encima de lo que hubiera sido proporcional, los populares se vieron agraciados con 3’7%. De hecho, con el actual empate técnico puede suceder que el PP quede segundo en votos pero primero en escaños, perdiendo y ganando a la vez las elecciones (¡!). Las más elementales leyes de la semántica impiden denominar “mayoritario” a un sistema que posibilita semejante resultado.

Entonces, ¿qué es? Bien, ya se ha dicho: es original. De hecho, lo es tanto que puede afirmarse que su esencia consiste en su inexistencia. El “sistema electoral español” es una construcción meramente verbal que carece de una realidad empírica a la que aplicarse con sentido. Lo que hay son 52 sistemas electorales (50 por provincia más Ceuta y Melilla). Los sistemas en los que se eligen muchos escaños son proporcionales. Los sistemas en los que se eligen 3, 4 o 5 escaños no. La ciencia política suele estimar que estos últimos tienen efectos “mayoritarios”, algo que a mi juicio no merece el noble principio de mayoría. Por eso, si me permiten la licencia yo les voy a denominar “distorsionantes”. Porque lo que hacen esos sistemas es distorsionar, y por partida doble y superpuesta.

Pensemos en Teruel, con 3 escaños. Un sistema así distorsiona en primer lugar el propio voto de muchos ciudadanos. Un voto útil no es otra cosa que una emisión de preferencias distorsionada: “Yo prefiero A, pero he de votar por B”. Y distorsiona, en segundo lugar, los resultados. Porque el reparto de escaños va a ser prácticamente siempre de 2 a 1 –aunque el partido vencedor lo sea sólo por un voto- y porque todos los votos a terceros partidos se quedan sin representación.

Conviene entonces no claudicar ante la magia de las palabras: no hay “un sistema electoral español”, y es preferible hablar, como empiezan a hacer los especialistas, de “los sistemas electorales para el Congreso”. La imagen mental adecuada no es la de una entidad más o menos unívoca, sino más bien la de una escala. Una escala en la que se sitúan 52 posibilidades y cuyos límites son por un lado la distorsión y por otro la proporcionalidad.

Soria, con 2 diputados, es un extremo de esa escala; Madrid, con 35, es el otro. Y cada provincia se sitúa de acuerdo a su número de escaños. El 62% de los españoles votan en circunscripciones de 10 escaños o menos, por lo que saben que si su primera preferencia no supera aproximadamente el 10% de los votos, su voto será electoralmente inútil. En ellas se impone a fuego el bipartidismo, ya que sólo el PP y el PSOE pueden en la práctica verse representados (o, en su caso, los nacionalistas). En las 5 provincias en las que habita el 38% de españoles restante serían a priori posibles nuevos partidos e iniciativas, pues la proporcionalidad es elevada. Pero recordemos a Alzaga: no sólo original, también maquiavélico.

Como en un taller de alquimia, la escala que acabamos de describir se encuentra salpicada con unas cuantas gotas de sufragio desigual. Las provincias más pequeñas eligen más escaños de los debidos, disfrutando así de un poder de voto mayor. En las últimas generales el precio del escaño basculó desde las 20.000 papeletas de Soria hasta las 100.000 de Madrid. Tenemos así dos escalas que corren paralelas pero en sentido contrario. La primera nos divide en 52 grupos de acuerdo a nuestra mayor o menor proporcionalidad (sistemas electorales diferentes). La segunda nos divide en otros tantos grupos de acuerdo a nuestro mayor o menor poder de voto (sufragio desigual).

Maquiavelo habría tomado apuntes: los electores cuyos votos son fuertes se hallan en los sistemas “distorsionantes” y por tanto presionados para votar útil o, lo que es lo mismo, a los dos grandes; los votantes eximidos de esa losa psicológica son libres, pero sus votos son débiles. En cifras: en Teruel bastan 25.000 votos para alcanzar un escaño, peor es que eso es un 33% de los votantes turolenses y por tanto sólo el PP y el PSOE pueden permitirse tales escaños de saldo. En Madrid un 3% de los votos suponen 3 escaños, pero es que eso equivale nada menos que a 300.000 votantes.

Aunque centrarse sólo en ellos es ya a mi juicio parte del problema, los efectos del entramado son obvios. Por un lado se impone el bipartidismo y se fomenta la polarización, siendo casi imposible que surja un partido de centro que pueda ejercer un factor moderador. Por otro, la única alternativa para pactar la ofrecen los nacionalistas.

¿Qué hacer? La decisión sobre el sistema electoral configura una situación en buena medida excepcional desde el punto de vista de la filosofía política. Nadie defiende, por ejemplo, que sean las empresas las que redacten las leyes anti-monopolio; esa labor ha de corresponder a instituciones que, situadas por encima de ellas, vayan más allá de sus intereses. Pero el sistema electoral lo deciden los partidos y, ¿qué hay por encima de ellos? “La ley y el Estado de Derecho”, se dirá, pero es que la ley y por tanto el derecho son, empezando por la propia Constitución, creaciones suyas.

Si hay otro cuerpo en el Estado que comparte esa situación soberana de los partidos es el militar. El ejército no tiene por encima nada que pueda controlarlo, lo que explica el destacado papel que el honor y la obediencia han desempeñado siempre en su código moral: son nuestra única garantía. De ahí que, de la misma manera que la democracia sólo germinó cuando las cúpulas militares interiorizaron de verdad su acatamiento al poder civil, compartieran o no sus designios, la regeneración de la democracia sólo será posible cuando las cúpulas partidistas asuman ciertos principios, convengan o no a sus intereses.

Por eso, a pesar de que de ellos no se escuche ya últimamente ni el más leve susurro, resulta fundamental volver a hablar de principios. Cuando uno lee a los viejos defensores del ideal de la proporcionalidad descubre los valores que la nutren: a los electores les garantiza la libertad; a los resultados justicia. Y cuando uno vuelve a los clásicos de la democracia, recuerda que hay un valor que bajo ningún concepto puede claudicarse: la igualdad del voto. Son las élites de los grandes partidos las que han impedido que esos tres valores sean hoy y ahora una realidad entre nosotros. Llevar los principios del centro del debate y recordar lo que significa “inalienable” es el primer paso para evitar que puedan seguir haciendo.