Los residentes de Cualedro observan cómo el incendio se propaga en la provincia de Ourense, Galicia.Elena Fernandez / Europa Press. Visto en Público.es.
Hace
3 años escriba la imperiosa necesidad de abordar un pacto de estado que defienda nuestro patrimonio natural ante la
inabordable emergencia del cambio climático y la maldad
interesada de la extrema derecha de este país. Lo que publicaba y
sentía era la consciente, lógica y responsable respuesta ante los
devastadores incendios que asolaron la Sierra de la Culebra en Zamora
en junio de 2022, así como otras grandes áreas de la provincia
(hasta sumar 25.000 hectáreas, aproximadamente un quinto de la
superficie total provincial). Era el dolor por ver tierras y gentes
hermanas llevadas a la desesperación y la ruina, por la colosal
incompetencia de la Junta, de las mentiras interesadas y del fallido
modelo territorial y social español, que si ya condena al ostracismo
al mundo rural en lo que se conoce como España Vaciada,
cuando se habla del Oeste español, del territorio limítrofe con
Portugal, hablamos de la España Olvidada.
Pues
esa idea, esa necesidad, que sentía y siento todavía hoy, ha sido
la propuesta del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante la
oleada de fuegos que están asolando el país en estas últimas
semanas. Desde el 15 de agosto están volviendo a arder la Sierra de
la Culebra y media provincia de Zamora otra vez. Pero también en León, en el Bierzo arrasando el paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas,
siguiendo las llamas hacia Orense y Lugo calcinando la Ribera Sacra y
los cañones del Sil. Por Asturias se han reproducido las llamas
amenazando los Picos de Europa y hasta Cantabria la Montaña
Palentina. Al Sur, en Cáceres se han echado a arder las Hurdes y
buena parte de la Vera. Todos estos parajes de inconmensurable
riqueza paisajística y medioambiental y que además sustentan modos
de vida propios por lo que hay que sumar una pérdida cultural irreparable. Sin olvidar que en algunos de estos fuegos se han
quemado pueblos y aldeas enteros, perdiendo la vida varias personas
tanto voluntarios como profesionales de la extinción.
También
ha habido importantes fuegos en la Comunidad de Madrid y en la
provincia de Toledo. En todos ellos, la mano del hombre ha sido el
detonante de la llama y de la proliferación del combustible. Es más,
pareciera como si la virulencia, profusión y saña de los incendios
fuera fruto de una conveniencia entre pirómanos y políticos
fascistas para hacerle la puñeta al gobierno a cambio de quemar el
patrimonio de todos y con las ascuas llameantes hacer negocio al día
después. Teoría personal ésta en absoluto probada, pero si ellos
tienen total libertad para lanzar bulos y soflamas, por qué yo no.
¿Cómo
es posible que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo se explica que no
estemos preparados? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por si
tenemos las condiciones materiales necesarias y por cuántos son y
cómo trabajan los profesionales en prevenirlos y apagarlos en esta
España nuestra? ¿No somos la cuarta economía de la Unión Europea?
¿No hace ya tiempo que el fuego nos quema con saña y que se ha
llevado vidas por delante? ¿Por qué nos vuelve a pillar en bragas?
Desde
luego, la casi totalidad de estos incendios forestales han tenido la
mano directa del hombre en su ignición. Y todos ellos en las
condiciones previas que han convertido los bosques en yesca. Es
verdad que es difícil entender los motivos que llevan a alguien a
prender fuego a un trozo de tierra, de su tierra. Los intereses
especulativos y la pura piromanía no son suficientes para explicar
el infierno desatado en las últimas semanas en diferentes puntos de
España. Hay que ir más adentro, a la maldad sin ambages, para
intentar hacerse cargo de qué le están o qué le estamos haciendo a
la naturaleza. Desde siempre el fuego ha sido la herramienta en los
campos, montes y pueblos para gestionar el territorio. Para
convertirlo en productivo y así explotarlo, demostrando que el
hombre (importante aquí la adicción masculina del término) es el
dueño absoluto de la naturaleza.
Pero
también son factores de riesgo la administración del territorio.
Con competencias diseminadas en las administraciones autonómicas que
están regidas, y algunas desde hace decenios, por desalmados e
incompetentes que culminan su estupidez con el negacionismo del
cambio climático. Quienes discuten hasta la saciedad las evidencias
científicas. Y quienes se encargan con vehemencia en crear problemas donde no los hay, en recortar fondos
de las brigadas de prevención y extinción tirando al suelo las
condiciones profesionales, laborales y vitales de este imprescindible
colectivo.
Son
además los responsables directos de un modelo de estado
dolorosamente centralizado que deja cientos de miles de hectáreas de
paisaje y paisanaje huérfanas de presente y futuro. Mientras los
pueblos, sus calles y sus campos, se vacían de gente, se llenan las
ciudades, de la más pequeña capital de provincia a la capitalidad
del estado en proporción geométrica. Atrás queda un territorio
desvencijado y abandonado que se convierte en pasto de las llamas año
a año.
Cuesta
creer que estos poderes públicos, que en teoría se eligen para
gestionar estas situaciones y prevenir los problemas, no se dediquen
con empeño, idea y dedicación ante un problema derivado del cambio
climático que está destrozando cientos de kilómetros cuadrados de
nuestro país. No hay bandera lo suficientemente grande para tapar
sus errores, su incompetencia y su maldad.
Mientras
escribo estas líneas y la atención mediática está puesta en los
pueblos de la España Olvidada, las llamas no han cesado, como
tampoco lo hace el esfuerzo de las brigadas forestales, voluntarios y
vecinos que luchan contra el fuego, contra los elementos y contra la
inoperancia de unas administraciones, insensibles ante este valor y
este dolor. Lejos de proponer medidas, coordinación y energía en
solucionar la emergencia tratan de tapar su terrible y amoral
incompetencia en polémicas artificiales con la administración del estado (que si, que tiene lo suyo también pero que es la única que
está poniendo los medios que son de su responsabilidad) para así
pasar de soslayo, licuando sus responsabilidades, hasta la próxima
elección.
La
emergencia de estos incendios ha venido por una ola de calor extrema,
que según datos de la Aemet, ha resultado la más larga y calorífica
desde que hay registros, y particularmente en el noroeste peninsular
con sus propias características naturales y sociales, van a dejar
una cicatriz indeleble en la foto de satélite, en el mapa, y
sobretodo sobre el terreno y las almas de su población. Incendios de
sexta generación, fuegos que por su tamaño, virulencia y
comportamiento erráticos, son imposibles de apagar, y donde la labor
de los equipos de extinción se centra en acotarlos a través del
fuego técnico o el arrasado con maquinaria pesada, poniendo sus
vidas en peligro a cambio de salarios de miseria, que suenan a
escarnio de unos empleadores, directos o no, de la administración
autonómica que subcontrata sus responsabilidades, y es incapaz de
solucionar nada con los incompetentes y corruptos de la derecha extrema y la extrema derecha española a los mandos. Una desgracia.
El
fuego se extinguirá cuando el quiera, cuando no encuentre más
combustible que arder o cuando las condiciones meteorológicas ayuden
por disminución de los vientos, bajadas de las temperaturas, lluvias
y aumentos de la humedad.
La
comunidad científica lleva décadas advirtiendo de los riesgos
derivados de la emergencia climática. No actuar contra el cambio
climático tiene consecuencias, y el aumento de la frecuencia y la
magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, danas, sequías… unido a la despoblación y abandono rural,
genera unas condiciones propicias para que los impactos más extremos
golpeen de lleno en ecosistemas muy vulnerables.
Por
ello es vital e imperecedero el pacto de estado propuesto por
Sánchez, que además de servir para rebajar la extrema virulencia
del clima político españistaní, ayudaría a construir un
mejor país para todos. Personajes lamentables como Mañueco y su
consejero Suárez-Quiñones decirles que se vayan de la Junta. Que se
preparen para atender a demandas por su inacción, su incompetencia y su maldad. No pueden estar los negacionistas del cambio climático,
ni los inútiles, rigiendo gobiernos, administrando presupuestos y
equipos profesionales, y por ende, la vida de millones de personas y
el patrimonio natural y cultural de todos. Deben pagar con el
ostracismo político, extensible a su catadura moral y a su enfermiza
ideología, quienes han precarizado los operativos de extinción
de incendios y han reducido al mínimo las partidas de
prevención. Y quienes niegan el cambio climático, porque el
negacionismo es irresponsable, negligente y criminal.
Las
Comunidades Autónomas, siento decirlo, han demostrado una vez más
su incompetencia para la gestión de los bosques del país.
Llevamos años oyendo decir a los técnicos que los incendios se
apagan en invierno, que es muchísimo más costoso intentar
apagar un incendio que limpiar montes y campos antes de que llegue el
calor. Pero ahí los tenemos, precarizando la vida y el trabajo de
las brigadas forestales. Mandándolos a casa cuando acaba la temporada con una mano delante y otra detrás. A que se busquen la
vida en la ciudad, se vayan de los pueblos donde podían arraigarse,
mientras el monte se descontrola, no se cuida, porque faltan los
pastores que antes pasaban por allí todos los días, y los grandes
herbívoros que son pasto a su vez de la caza indiscriminada. Luego
los llaman a prisa y corriendo a jugarse la vida en plena emergencia.
No
quiero, ni mucho menos, hacerle el trabajo sucio a la extrema derecha
que tiene el estado de las autonomías entre sus objetivos. Si la ley
de Emergencias es de la propia dictadura franquista, será porque
aquellos fascistas entendieron que sabrá más del monte de su pueblo
un vecino o quien vive más cerca que no un militar que vivía en El
Pardo. Mi queja y lamento es que estas administraciones las acaben
dirigiendo desalmados, incultos e incompetentes que solo
buscan su lucro personal y que además, presentan taras y opiniones
enfermizas sobre la realidad de este mundo cada vez más cambiante y
decadente.
No
es ningún secreto que la situación de los bomberos forestales
en España es dispar, por decirlo fino. Por eso se aprobó el
Estatuto Básico de estos profesionales en noviembre de 2024,
tras años de lucha de este colectivo. Ninguna comunidad autónoma lo
aplica todavía. Y cuando lo hagan tampoco terminará con el
problema. El bombero Ángel Malanda, lo dejó claro con su
testimonio: "Nos mandan a un incendio por 2,20 la hora".
Su salario base es mínimo y su plus de peligrosidad por jugarse la
vida ante un fuego insulta. En Castilla y León, cuando te contrata
Tragsa (una empresa pseudopública) puede ser aún peor: ese plus de
peligrosidad es de 1,69 euros por hora. El convenio laboral de esta
comunidad autónoma, además, impone descansos inhumanos cuando llega
la hora de la verdad. Además, ha discutido, y no es el primero al
que se lo oigo, la gestión de la UME en estas catástrofes que tiene
poco de efectiva y si mucho de efectismo diseñado para mejorar la
imagen pública del ejército.
Es
preciso laborar una ley que obligue a los propietarios (públicos o
privados) a mantener limpios los montes y campos. Y a las
administraciones como las autonomías a ayudar a los ayuntamientos
dotándolas de personal y equipos (que de paso mantendrían población
en el territorio) y a vigilar escrupulosamente que se cumple la ley.
Desde luego, todo esto es mucho más urgente que seguir los dictados
de gasto militar por parte de la OTAN, o lo que nos gastamos en este
país en festejos.
Necesitamos
servicios públicos claros, visibles y fiscalizados cada año. Es
imprescindible una ratio de bomberos forestales contratados y bien
remunerados por cada hectárea de superficie forestal -según los
diferentes tipos- para toda España, con unos mínimos salariales y
unas condiciones laborales a la altura del trabajo trascendental que
les encargamos. Que trabajen y coticen todo el año. Que puedan quedarse -o volver-, a los pueblos, arraigarse y elaborar sus
proyectos de vida en el entorno.
Las fuerzas de la naturaleza no tienen ideología ni tampoco pasaporte.
No saben nada de comunidades autónomas, ni de competencias. Tampoco
tienen bandera. Somos nosotros, los habitantes, los que tenemos entre
todos, y pese a otros, desarrollar un sistema publico, un estado con
sus jerarquías y delegaciones, poderoso, capaz de responder ante las
emergencias, de garantizar los servicios públicos, empezando por la
vida, y que nos deje un país más organizado, cohesionado y donde la
igualdad entre ciudadanos y territorios sea efectiva.
Lo
que digo es que los españoles necesitamos más transparencia y control sobre la equidad en los servicios públicos; entender de una
vez que los impuestos son esto. Y que un país y un estado no
es solo tu pulsera con la bandera. Y que la gestión de las
emergencias y la prevención y extinción de incendios es
trascendental. Básica en el contexto actual. Y añado que no debemos
soslayar ningún debate, ni siquiera el que enfrenta la defensa de
los parques naturales con la prevención del fuego; quizá no es tan
buen idea que sean del todo intocables. Nada debería serlo para
hacer frente de la mejor manera posible a estos fuegos que sí o sí
nos amenazan y nos amenazarán... El fuego no va a dejar de quemar
nuestros bosques; la ultraderecha no va a dejar de atacar las grietas
del sistema que o mejora o caerá en sus manos.
Pero
el pacto de estado contra la emergencia climática, los incendios
forestales, la destrucción del patrimonio natural y cultural, y la situación de la España Vaciada y la España Olvidada es
imprescindible y necesario. Y los que no quieren sumarse son la misma
minoría rencorosa, homicida y cruel de siempre.