Hace 3 años escriba la imperiosa necesidad de abordar un pacto de estado que defienda nuestro patrimonio natural ante la inabordable emergencia del cambio climático y la maldad interesada de la extrema derecha de este país. Lo que publicaba y sentía era la consciente, lógica y responsable respuesta ante los devastadores incendios que asolaron la Sierra de la Culebra en Zamora en junio de 2022, así como otras grandes áreas de la provincia (hasta sumar 25.000 hectáreas, aproximadamente un quinto de la superficie total provincial). Era el dolor por ver tierras y gentes hermanas llevadas a la desesperación y la ruina, por la colosal incompetencia de la Junta, de las mentiras interesadas y del fallido modelo territorial y social español, que si ya condena al ostracismo al mundo rural en lo que se conoce como España Vaciada, cuando se habla del Oeste español, del territorio limítrofe con Portugal, hablamos de la España Olvidada.
Pues esa idea, esa necesidad, que sentía y siento todavía hoy, ha sido la propuesta del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante la oleada de fuegos que están asolando el país en estas últimas semanas. Desde el 15 de agosto están volviendo a arder la Sierra de la Culebra y media provincia de Zamora otra vez. Pero también en León, en el Bierzo arrasando el paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, siguiendo las llamas hacia Orense y Lugo calcinando la Ribera Sacra y los cañones del Sil. Por Asturias se han reproducido las llamas amenazando los Picos de Europa y hasta Cantabria la Montaña Palentina. Al Sur, en Cáceres se han echado a arder las Hurdes y buena parte de la Vera. Todos estos parajes de inconmensurable riqueza paisajística y medioambiental y que además sustentan modos de vida propios por lo que hay que sumar una pérdida cultural irreparable. Sin olvidar que en algunos de estos fuegos se han quemado pueblos y aldeas enteros, perdiendo la vida varias personas tanto voluntarios como profesionales de la extinción.
También ha habido importantes fuegos en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo. En todos ellos, la mano del hombre ha sido el detonante de la llama y de la proliferación del combustible. Es más, pareciera como si la virulencia, profusión y saña de los incendios fuera fruto de una conveniencia entre pirómanos y políticos fascistas para hacerle la puñeta al gobierno a cambio de quemar el patrimonio de todos y con las ascuas llameantes hacer negocio al día después. Teoría personal ésta en absoluto probada, pero si ellos tienen total libertad para lanzar bulos y soflamas, por qué yo no.
¿Cómo es posible que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo se explica que no estemos preparados? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por si tenemos las condiciones materiales necesarias y por cuántos son y cómo trabajan los profesionales en prevenirlos y apagarlos en esta España nuestra? ¿No somos la cuarta economía de la Unión Europea? ¿No hace ya tiempo que el fuego nos quema con saña y que se ha llevado vidas por delante? ¿Por qué nos vuelve a pillar en bragas?
Desde luego, la casi totalidad de estos incendios forestales han tenido la mano directa del hombre en su ignición. Y todos ellos en las condiciones previas que han convertido los bosques en yesca. Es verdad que es difícil entender los motivos que llevan a alguien a prender fuego a un trozo de tierra, de su tierra. Los intereses especulativos y la pura piromanía no son suficientes para explicar el infierno desatado en las últimas semanas en diferentes puntos de España. Hay que ir más adentro, a la maldad sin ambages, para intentar hacerse cargo de qué le están o qué le estamos haciendo a la naturaleza. Desde siempre el fuego ha sido la herramienta en los campos, montes y pueblos para gestionar el territorio. Para convertirlo en productivo y así explotarlo, demostrando que el hombre (importante aquí la adicción masculina del término) es el dueño absoluto de la naturaleza.
Pero también son factores de riesgo la administración del territorio. Con competencias diseminadas en las administraciones autonómicas que están regidas, y algunas desde hace decenios, por desalmados e incompetentes que culminan su estupidez con el negacionismo del cambio climático. Quienes discuten hasta la saciedad las evidencias científicas. Y quienes se encargan con vehemencia en crear problemas donde no los hay, en recortar fondos de las brigadas de prevención y extinción tirando al suelo las condiciones profesionales, laborales y vitales de este imprescindible colectivo.
Son además los responsables directos de un modelo de estado dolorosamente centralizado que deja cientos de miles de hectáreas de paisaje y paisanaje huérfanas de presente y futuro. Mientras los pueblos, sus calles y sus campos, se vacían de gente, se llenan las ciudades, de la más pequeña capital de provincia a la capitalidad del estado en proporción geométrica. Atrás queda un territorio desvencijado y abandonado que se convierte en pasto de las llamas año a año.
Cuesta creer que estos poderes públicos, que en teoría se eligen para gestionar estas situaciones y prevenir los problemas, no se dediquen con empeño, idea y dedicación ante un problema derivado del cambio climático que está destrozando cientos de kilómetros cuadrados de nuestro país. No hay bandera lo suficientemente grande para tapar sus errores, su incompetencia y su maldad.
Mientras escribo estas líneas y la atención mediática está puesta en los pueblos de la España Olvidada, las llamas no han cesado, como tampoco lo hace el esfuerzo de las brigadas forestales, voluntarios y vecinos que luchan contra el fuego, contra los elementos y contra la inoperancia de unas administraciones, insensibles ante este valor y este dolor. Lejos de proponer medidas, coordinación y energía en solucionar la emergencia tratan de tapar su terrible y amoral incompetencia en polémicas artificiales con la administración del estado (que si, que tiene lo suyo también pero que es la única que está poniendo los medios que son de su responsabilidad) para así pasar de soslayo, licuando sus responsabilidades, hasta la próxima elección.
La emergencia de estos incendios ha venido por una ola de calor extrema, que según datos de la Aemet, ha resultado la más larga y calorífica desde que hay registros, y particularmente en el noroeste peninsular con sus propias características naturales y sociales, van a dejar una cicatriz indeleble en la foto de satélite, en el mapa, y sobretodo sobre el terreno y las almas de su población. Incendios de sexta generación, fuegos que por su tamaño, virulencia y comportamiento erráticos, son imposibles de apagar, y donde la labor de los equipos de extinción se centra en acotarlos a través del fuego técnico o el arrasado con maquinaria pesada, poniendo sus vidas en peligro a cambio de salarios de miseria, que suenan a escarnio de unos empleadores, directos o no, de la administración autonómica que subcontrata sus responsabilidades, y es incapaz de solucionar nada con los incompetentes y corruptos de la derecha extrema y la extrema derecha española a los mandos. Una desgracia.
El fuego se extinguirá cuando el quiera, cuando no encuentre más combustible que arder o cuando las condiciones meteorológicas ayuden por disminución de los vientos, bajadas de las temperaturas, lluvias y aumentos de la humedad.
La comunidad científica lleva décadas advirtiendo de los riesgos derivados de la emergencia climática. No actuar contra el cambio climático tiene consecuencias, y el aumento de la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, danas, sequías… unido a la despoblación y abandono rural, genera unas condiciones propicias para que los impactos más extremos golpeen de lleno en ecosistemas muy vulnerables.
Por ello es vital e imperecedero el pacto de estado propuesto por Sánchez, que además de servir para rebajar la extrema virulencia del clima político españistaní, ayudaría a construir un mejor país para todos. Personajes lamentables como Mañueco y su consejero Suárez-Quiñones decirles que se vayan de la Junta. Que se preparen para atender a demandas por su inacción, su incompetencia y su maldad. No pueden estar los negacionistas del cambio climático, ni los inútiles, rigiendo gobiernos, administrando presupuestos y equipos profesionales, y por ende, la vida de millones de personas y el patrimonio natural y cultural de todos. Deben pagar con el ostracismo político, extensible a su catadura moral y a su enfermiza ideología, quienes han precarizado los operativos de extinción de incendios y han reducido al mínimo las partidas de prevención. Y quienes niegan el cambio climático, porque el negacionismo es irresponsable, negligente y criminal.
Las Comunidades Autónomas, siento decirlo, han demostrado una vez más su incompetencia para la gestión de los bosques del país. Llevamos años oyendo decir a los técnicos que los incendios se apagan en invierno, que es muchísimo más costoso intentar apagar un incendio que limpiar montes y campos antes de que llegue el calor. Pero ahí los tenemos, precarizando la vida y el trabajo de las brigadas forestales. Mandándolos a casa cuando acaba la temporada con una mano delante y otra detrás. A que se busquen la vida en la ciudad, se vayan de los pueblos donde podían arraigarse, mientras el monte se descontrola, no se cuida, porque faltan los pastores que antes pasaban por allí todos los días, y los grandes herbívoros que son pasto a su vez de la caza indiscriminada. Luego los llaman a prisa y corriendo a jugarse la vida en plena emergencia.
No quiero, ni mucho menos, hacerle el trabajo sucio a la extrema derecha que tiene el estado de las autonomías entre sus objetivos. Si la ley de Emergencias es de la propia dictadura franquista, será porque aquellos fascistas entendieron que sabrá más del monte de su pueblo un vecino o quien vive más cerca que no un militar que vivía en El Pardo. Mi queja y lamento es que estas administraciones las acaben dirigiendo desalmados, incultos e incompetentes que solo buscan su lucro personal y que además, presentan taras y opiniones enfermizas sobre la realidad de este mundo cada vez más cambiante y decadente.
No es ningún secreto que la situación de los bomberos forestales en España es dispar, por decirlo fino. Por eso se aprobó el Estatuto Básico de estos profesionales en noviembre de 2024, tras años de lucha de este colectivo. Ninguna comunidad autónoma lo aplica todavía. Y cuando lo hagan tampoco terminará con el problema. El bombero Ángel Malanda, lo dejó claro con su testimonio: "Nos mandan a un incendio por 2,20 la hora". Su salario base es mínimo y su plus de peligrosidad por jugarse la vida ante un fuego insulta. En Castilla y León, cuando te contrata Tragsa (una empresa pseudopública) puede ser aún peor: ese plus de peligrosidad es de 1,69 euros por hora. El convenio laboral de esta comunidad autónoma, además, impone descansos inhumanos cuando llega la hora de la verdad. Además, ha discutido, y no es el primero al que se lo oigo, la gestión de la UME en estas catástrofes que tiene poco de efectiva y si mucho de efectismo diseñado para mejorar la imagen pública del ejército.
Es preciso laborar una ley que obligue a los propietarios (públicos o privados) a mantener limpios los montes y campos. Y a las administraciones como las autonomías a ayudar a los ayuntamientos dotándolas de personal y equipos (que de paso mantendrían población en el territorio) y a vigilar escrupulosamente que se cumple la ley. Desde luego, todo esto es mucho más urgente que seguir los dictados de gasto militar por parte de la OTAN, o lo que nos gastamos en este país en festejos.
Necesitamos servicios públicos claros, visibles y fiscalizados cada año. Es imprescindible una ratio de bomberos forestales contratados y bien remunerados por cada hectárea de superficie forestal -según los diferentes tipos- para toda España, con unos mínimos salariales y unas condiciones laborales a la altura del trabajo trascendental que les encargamos. Que trabajen y coticen todo el año. Que puedan quedarse -o volver-, a los pueblos, arraigarse y elaborar sus proyectos de vida en el entorno.
Las fuerzas de la naturaleza no tienen ideología ni tampoco pasaporte. No saben nada de comunidades autónomas, ni de competencias. Tampoco tienen bandera. Somos nosotros, los habitantes, los que tenemos entre todos, y pese a otros, desarrollar un sistema publico, un estado con sus jerarquías y delegaciones, poderoso, capaz de responder ante las emergencias, de garantizar los servicios públicos, empezando por la vida, y que nos deje un país más organizado, cohesionado y donde la igualdad entre ciudadanos y territorios sea efectiva.
Lo que digo es que los españoles necesitamos más transparencia y control sobre la equidad en los servicios públicos; entender de una vez que los impuestos son esto. Y que un país y un estado no es solo tu pulsera con la bandera. Y que la gestión de las emergencias y la prevención y extinción de incendios es trascendental. Básica en el contexto actual. Y añado que no debemos soslayar ningún debate, ni siquiera el que enfrenta la defensa de los parques naturales con la prevención del fuego; quizá no es tan buen idea que sean del todo intocables. Nada debería serlo para hacer frente de la mejor manera posible a estos fuegos que sí o sí nos amenazan y nos amenazarán... El fuego no va a dejar de quemar nuestros bosques; la ultraderecha no va a dejar de atacar las grietas del sistema que o mejora o caerá en sus manos.
Pero el pacto de estado contra la emergencia climática, los incendios forestales, la destrucción del patrimonio natural y cultural, y la situación de la España Vaciada y la España Olvidada es imprescindible y necesario. Y los que no quieren sumarse son la misma minoría rencorosa, homicida y cruel de siempre.
