Imagen de la acampada en Sol. fuente: diario Público.es
Desde 2018 las derechas extremas, y en Europa, y en el mundo, están consiguiendo imponer su relato. Centrándose en lo identitario frente a lo material. La inmigración, la seguridad, las fronteras, la delincuencia, lo tradicional, el género, las decisiones individuales en torno a la identidad de género han sido los temas los que se han impuesto en el debate público, partiendo de la élite mediática y partidista y llegando a la calle y a la percepción de preocupación de la ciudadanía. Lo material quedó relegado.
No era preciso que la realidad sustentará los bulos y mentiras en torno a las cuestiones identitarias; lo prioritario era hacer ruido, mucho ruido, y que no quede tiempo ni espacio para tratar los temas que afectan a la vida diaria y física de las personas, las familias y los colectivos. El auge fascista y la violencia política orgullosa y activa como desde hacía 40 años (antes seguía presente pero invisibilizada), han hecho el resto. La lucha de clases sigue vigente para todos y más que activa para las élites que imponen sobre quiénes, qué, cuándo y cómo se ejecuta.
El mundo del trabajo, en un proceso inacabable de precarización para devolverlo a la esclavitud con una patina pos-moderna, ultra tecnificada y tecnológica. Los servicios sociales, la educación y la sanidad públicas abiertas de par en par al negocio privado mientras se deterioran y destruyen cientos de miles de empleos de calidad en estos sectores, y los ciudadanos, ven como los elementos que hacen más país, y más democracia, desaparecen en la lógica artificial del capitalismo de beneficios y costes. Ni siquiera eventos históricos como la pandemia de covid-19 o el cambio climático que aceleran y propician emergencias vitales cada vez más extremas se tienen en consideración desde los medios de difusión del sistema. Se discute y ridiculizan hasta las más elementales cuestiones, porque lo importante es quitar el barniz de consenso a la ciencia y no pasar a debatir quién tiene que pagar los costos del descalabro climático: los pobres del mundo o la élite.
Y por supuesto, la vivienda, a la que ya dediqué unas entradas a principio del año dada su trascendental importancia, y que desde 1998 vive una burbuja perenne de escalada de precios irracional y homicida, de la que la crisis, perdón estafa inmobiliaria de 2007, ni siquiera sirvió para controlar los precios y menos para discutir una doctrina económica convertida en dogma que sustenta la avaricia y la podredumbre moral de los miserables. El neoliberalismo reúne en su ser todas las tropelías sociales y morales de todos estos años, y hasta que no se destierre por su criminal voluntad y su estupidez económica probada, no se podrá volver a dotar al mundo de justicia social. Un problema enquistado que germina en forma de rupturas intergeneracionales, proyectos vitales inacabados, a veces ni siquiera iniciados, y en definitiva, un malestar larvado que necesita ser resuelto. Y tiene que hacerlo, forzosamente, a través del empoderamiento y la toma de conciencia para transformar la opresión en una lucha generacional.
Pero volviendo a la vivienda, en el todo el mundo, y particularmente en España se trata del tema que iba a determinar el sentido político del gobierno y del ruido mediático y político. El desahucio de Mari Carmen, el pasado miércoles 23 de septiembre, una mujer de 87 años con problemas de movilidad y salud, que llevaba viviendo en su casa desde hacia 70 años en alquiler, sacada por la policía nacional en un despliegue vomitivo, amparada por unos jueces y unos políticos inmorales para dar rienda suelta a la especulación de unos rentistas criminales metidos a jugar al monopoly con las vidas humanas, ha sido el detonante de la indignación ciudadana, especialmente de los más jóvenes, por la situación de la vivienda en España. El desahucio para Mari Carmen y todas las personas trabajadoras. El ático para Ayuso y los rentistas a los que su calaña ampara.
Mientras la organización colectiva a través del sindicato de inquilinas, unidos a otras plataformas ciudadanas sensibilizadas en el tema de la vivienda durante todos estos años, trataba de parar el desahucio a través de la resistencia pasiva y la protesta amparada, aunque recortada por la Ley Mordaza, los policías (anti)-pro-disturbios cargaban con extrema violencia ejercitando el abuso de poder. Pero ni con esa amenaza para disuadir la protesta han parado los jóvenes, y no tan jóvenes también, de movilizarse y avanzar en más acciones, todas de carácter solidario y de clase para denunciar la situación de la vivienda en España, y además, hacerlo proponiendo medidas. En los últimos años se ha ido activando de nuevo el conflicto, poco a poco, porque en ningún momento ha llegado a resolverse, sino que se ha ido caldeando al tiempo que las élites parasitarias robaban más dinero de las clases trabajadoras a través de rentas y expulsando a la gente de sus casas, sus barrios y sus pueblos. La gran manifestación de octubre de 2024 marcó un hito y articulo todo el movimiento que ha seguido trabajando en la sombra, y que con el desahucio de Mari Carmen como símbolo, ha tomado el impulso por la rabia y la injusticia.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de segundos poniendo el foco en un problema social gravísimo que además es compartido por todas las sociedades civiles del globo, secuestradas por la especulación de un puñado de fondos, bancos, sociedades, pero al final de personas sin escrúpulos. Se convocaron protestas por todo el estado español el mismo día y los siguientes, grandes marchas para el sábado 26 de septiembre, que han tenido una notabilísima respuesta ciudadana, volviendo a poner la cuestión de la vivienda yla brecha social que provoca, entre propietarios y no propietarios, y entre rentistas y especuladores frente a la sociedad, en el objetivo. La marcha del sábado en Madrid terminó con la ocupación del espacio público, de la Puerta de Sol, en una nueva acampada indignada, tejiendo un hilo directo con el 15M de 2011.
Bajo esta presión ciudadana el gobierno de coalición tuvo que reaccionar y redactar dos decretos sobre vivienda que incluían entre otras cosas la moratoria de desahucios, la congelación de las rentas de alquiler, una mínima y laxa regulación de los alquileres vacacionales y por habitaciones (cáncer del rentismo a extirpar ya mismo), así como nuevas exenciones fiscales para caseros, y como novedad, para los inquilinos. Ambos decretos fueron rechazados por las derechas, tanto las extremas de PP y Vox, como las de las burguesías vascas y catalanas. Ni PNV, ni mucho menos Junts, tomaron partido por un gobierno que les debía ser mucho más simpático, que la alternativa y votaron contra su pueblo, que no contra su gente, para mantener la rentabilidad de la inversión y la especulación sobre la vivienda.
De este modo estamos ante una etapa acelerada de la previsión de hace apenas un mes. El debate público está en las cuestiones materiales de la gente. De su vida, de su trabajo, de su bienestar y de su futuro y el de sus vástagos. No está en cuestiones identitarias, pese a lo sucedido en Ceuta (que por otro lado está enquistado porque quien tiene las competencias, el gobierno de Ceuta, sigue empeñado en hacer política nacional pese a las necesidades de la población ceutí y de las personas migrantes). La extrema derecha política y mediática sabedora de que perdía el foco y su posición predominante en el discurso público ha sacado a pasear las peores de sus artimañas para tratar de deshumanizar al personaje (la desahuciada Mari Carmen), así como diluir la protesta a través de la violencia tanto institucionalizada (policía y juzgados que para eso se les paga) y la de sus "cachorros" ultras.
Pero el malestar social está ahí. La inmensa mayoría de la gente, por no decir todas las españolas y españoles, tienen en la vivienda un problema. Si no ahora, y no lo tienen ya porque han pagado su casa, lo tendrán en un futuro cuando sus hijos e hijas quieran independizarse y llevar a cabo su proyecto de vida. Por lo tanto, las protestas continúan y se organizan hacia una convocatoria de Huelga General, que recibe un tibio amparo por parte de los sindicatos mayoritarios, pero un fuerte respaldo social.
La Constitución proclama en su artículo 47 la vivienda como un derecho, y la obligación del estado y sus administraciones a intervenir para garantizarlo y evitar la especulación. Evidentemente, desde el gobierno central, pero también los autonómicos y los ayuntamientos, que no se olvide, tienen las competencias, se ha obviado esta función, y se ha dejado “al mercado” campar a sus anchas y proceder a la laminación de todo tejido social del territorio en aras de la rentabilidad, que por otra parte se acumula cada vez en menos manos, y además siempre sale fuera del Estado. Una catástrofe amparada, promocionada y protegida por el sistema.
También los juzgados han prevaricado a conciencia y decisión amparando el rentismo frente al valor social y jurídico que la vivienda tiene. Han protegido la extracción de recursos y de esfuerzos de las clases trabajadoras que solo quieren vivir en su barrio o en su pueblo, frente a la propiedad del capital y la salud y rentabilidad de la inversión.
Mientras tanto, todo este tiempo, la extrema derecha y sus voceros se handedicado a señalar al diferente, al migrante, a la mujer, "al marica" que si tu barrio cambia, o que si no puedes acceder a una vivienda digna se debe a que hay más extranjeros pobres, que se quedan con las ayudas sociales y además te suben el precio de los alquileres. La progresía se preocupa más de las minorías que del bien común, y por eso los servicios sociales son peores, te sientes más desamparado y más inseguro. Y aunque es verdad que las élites de las izquierdas se han centrado demasiado en mi opinión en comprar estos relatos y jugar en el juego identitario de las derechas, en vez de irse a por las cuestiones materiales, que todos sin excepción sufrimos, la verdad, la realidad, es que son las élites cleptómanas y parasitarias de fondos buitres, bancos y propietarios especuladores los que han destrozado la convivencia y la salud del ecosistema social.
En este sentido no hay que perder de perspectiva que para la derecha, dentro de su ideario para tergiversar y transformar las inquietudes o problemas de la clase trabajadora en puntales sobre los que inducir su ideología perversa, la vivienda funciona muy bien. Al final, quien tiene una vivienda no percibe un problema, y si una inversión sobre la que ganar dinero en el futuro, y convertirse en esa mentira social de la clase media. O cuando menos de la clase media aspiracional. Por lo tanto, ellos no tienen un problema de acceso a la vivienda y de satisfacción con su bienestar. No les han roto el pacto social, para formarse, educarse, trabajar y labrarse un porvenir. Sin embargo, si no tienes vivienda en propiedad tu vida se va a desarrollar en la inmediatez; en un fino alambre de inestabilidad y sin un sustento mínimo (un techo bajo el que cobijarte con unas condiciones mínimas, entre las que tendrían que destacar estar cerca del entorno más próximo y familiar de uno), por lo que al no poder acceder porque se está cometiendo una injusticia y una usurpación del valor social de la vivienda, para extraerle cada vez más capital y beneficios económicos, si que la vivienda se convierte en un problema. El problema de no poder acceder a la vivienda. De hecho, aquí se va a labrar la próxima batalla electoral: A saber, un país donde la gente puede tener casa, o un país donde la gente sueña con tener esa casa y en el futuro sacarle cuatro perras, mientras los grandes especuladores y parásitos, por su posición inabordable en el mercado le podrán sacar muchos más beneficios. Esta es la cuestión.
Si cada año tienes que dedicar más renta mensual a pagar el alquiler (por poner un ejemplo, en 3 años, mi alquiler ha pasado de 500 euros en un piso bueno, a 650 en un piso peor en una ciudad pequeña), cuando los jóvenes no pueden independizarse hasta pasados con mucho los 30 (los más tardíos de Europa, lo que lleva a que las mujeres españolas sean las europeas que tienen su primer hijo a mayor edad), cuando pese a formarse espléndidamente no tienen acceso al “mercado” de la vivienda ni el alquiler, ni mucho menos en propiedad, por lo que tienen que alejarse de sus centros (familiares, culturales, sociales, laborales, etc.) añadiendo precariedad a su bienestar, cuando tienes la espada de la no-renovación de contrato por parte del arrendador de manera unilateral y sin protección (así me quede yo el año pasado), cuando ves que los blancos europeos si que pueden comprar casas a toca-teja subiendo los precios, o cuando los centros de las ciudades y pueblos las viviendas se subastan en los alquileres de temporada y vacacionales porque tienen una rentabilidad superior por lo que disminuye la oferta,… cuando todas estas tropelías se repiten en el tiempo y por todo el estado, entonces el problema ya no es de identidad de género o racial. Es de identidad de clase, y por lo tanto, se trata de un conflicto entre las clases trabajadoras, y las clases parasitarias que se lucran con el esfuerzo de los demás. Es un problema por tanto de distribución. Y es por lo tanto, un problema político y social que es deber de todos, empezando por los representantes debatirlo y solucionarlo. Y si las administraciones no intervienen para reconducirlo y mantener el valor social de la vivienda, el siguiente paso es la activación social y la propuesta para cambiar las cosas. La lucha se convierte en el medio y el fin. Como dijo Victor Hugo, “cuando la dictadura es un hecho, la Revolución se convierte en un derecho”, en este caso cuando la inacción y la injusticia se convierte en norma y ampara la dictadura del capital sobre la vida, es legítima y consecuente iniciar el camino para cambiarlo.
Como corolario, al menos de momento, tras el rechazo de los decretos por parte de un Congreso derechizado, un nuevo fin de semana de protestas y de reflexión para el Presidente del Gobierno fue la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Pedro Sánchez volvía una vez más a pillar a todo el mundo con el pie cambiado y a intentar aprovechar la ola para reeditar un nuevo gobierno, que forzosamente será de coalición o no lo será. En ese caso habrá que ver qué medidas en política de vivienda y con la emergencia social y las rupturas intergeneracionales que provoca se articulan. Qué se promete en campaña y qué se ejecuta en con el BOE en la mano. Unas elecciones que se centrarán en la cuestión material. Un primer éxito para Pedro Sánchez frente a la caterva ultra y la élite económica. Habrá que ver si será suficiente.
En todo caso, es el momento de que la situación injusta de la vivienda articule la revolución que este estado, y que este sistema necesita.
