Resulta que subidos en la ruleta del descalabro intelectual, moral y dirigente, a nuestro querido gobierno, tan de izquierdas, no se le ha venido a la cabeza otra genial idea que promover una revisión del Pacto de Toledo, no invocándolo a debate entre las fuerzas políticas y sociales, con el tema del alargamiento de la vida laboral (concretamente, hasta los 67 años) como excusa. De momento no entramos en lo necesario o no de tal planteamiento, para centrarnos (una vez más) en la ambigüedad de las propuestas, ideas, políticas económicas y sociales de un gobierno, que nos sume en la desesperanza de que es imposible salir de la espiral neo-con y no hay lugar para un verdadero socialismo, con un sistema adecuado, responsable y ahorrador.
Evidentemente dentro de un sistema demográfico en el que la conjugación de factores tales como el alargamiento de la vida por la mejora sanitaria, la baja natalidad, los trabajos en principio cada vez más "descansados fisicamente" y el déficit que las sociedades post-modernas tienen de experiencia y tranquilidad parece inconcebible un sistema en el que cada vez condenamos a menos población a pagar los subsidios de más gente a la que colocamos la etiqueta de inútiles, o que por circunstancias de la producción sacamos de un ERE bajo el disfraz de las prejubilaciones. No nos engañemos. Con crisis o sin ella, quizás ahora o en menos de tres años este debate había que plantearse, puesto que irá adquiriendo tintes de necesidad y prioridad.
Personalmente defiendo la libertad. Que sea el individuo, trabajador o trabajadora, el que decida llegados los 60, 62, 65, o 67 años si quiere seguir llevando a cabo su actividad laboral. Si puede es otro tema, y en el deberían conjugarse los informes médicos y psicológicos necesarios para garantizar plenamente que el/la trabajador/a esta en plenas condiciones para llevarlos a cabo. Si se cumplen todos estos requisitos, empresa, trabajador, autoridad competente y sección sindical procederían a llevar la "post-jubilación". Por supuesto que de esta manera diferenciariamos a los trabajadores, en gran medida por la actividad desarrollada durante su vida profesional, porque como es asumible, existen trabajos que se desarrollan en condiciones de más penosidad que otros. No es lo mismo, o no debería serlo, ser profesor que albañil, y por lo tanto ya las condiciones personales del aspirante, a visitante de obras o de cursos de informática para la tercera edad, decida jubilarse o no.
Lo que si que habría que defender es un sistema social que impidierá, forzar a muchos de nuestros ancianos a tener que sufrir dos situaciones. Por un lado los que malviven con la pensión de un prejubilado, sin entrada ya en el mercado laboral, sin capacidad de reinsercción, ya no sólo por falta de ganas de la sociedad sino también por falta de medios. Y también evitar que esas personas que hallan cotizado sus rigurosos 35 años tengan que seguir inmersos en la vorágine de la productividad (en infinitos casos, en la economía sumergida) para poder pagar el alquiler de renta antigua o los medicamentos para este o aquel achaque médico.
No es el momento ni la forma. No es momento, ni para el PSOE como opción política-electoral, ni para la sociedad porque ambos tenemos un primer problema único e indisoluble que responde al nombre de paro y reforma laboral. Ambos van de la mano y una buena reconversión industrial, con unas buenas dosis de inversión en I+D+i y reestructuración del mercado laboral español producirián la bajada del paro así como colocar a la economía nacional dentro del contexto geográfico-político en el que se encuentra. El siglo XXI en las democracias (aunque sea la más joven) de la Vieja Europa. Tampoco es la forma porque aparece el debate a gritos desde un mitín, sin saberlo desde el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y vociferado a estilo presidencialista, cualidad que ZP ha demostrado tener de sobra, pero que poco tiene que ver con el sistema político que tenemos que sufrir.
Y todo eso si, porque otra de esas grandes manías, o deportes nacionales, o vicios confesables y vergüenzas ocultas que tenemos los españoles. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio:
Hay una pequeña guía para políticos y aprendices de políticos que dice literalmente, "Las 5 reglas de oro para conseguir una buena pensión de jubilación, y que como planfeto de cabecera para algo más alla de la subsistencia me ha servido con ciertas dosis de investigación para analizar en profundidad las pensiones de colectivos privilegiados, como los altos cargos institucionales (ministros, diputados, secrearios de Estado, etc). Precisamente, para estos altos cargos existe la posibilidad de compatibilizar dos y hasta tres tipos de pensiones como recompensa por el arduo trabajo realizado.
Efectivamente, la primera gran diferencia entre una pensión pública y una pensión de un alto cargo, o mejor dicho entre un ciudadano y un alto cargo institucional, es que así como el ciudadano nunca podrá percibir dos salarios del erario público, el ministro, el senador, diputado, secretario, etc…, podrán percibir dos y tres salarios del Erario Público.
Es más, todos los contribuyentes deben tributar por sus ingresos, pero un tercio del sueldo de los diputados o senadores no está sujeto a IRPF porque se considera como indemnización para gastos de su cargo.
Además, todos nosotros debemos cotizar durante 35 años para cobrar la totalidad de la base reguladora de la pensión a la que tengamos derecho, sin embargo a los miembros del Gobierno les basta con jurar el cargo y acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima de jubilación.
Y este gran privilegio lo tienen gracias a la llamada pensión parlamentaria, que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.
Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado, en resumen, las Cámaras pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación.
Curiosamente, esta pensión parlamentaria se establece según su "Exposición de Motivos" para equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los países de nuestro entorno.
Indemnización por cese del parlamentario
Más gracioso todavía es el motivo que indican para justificar la indemnización por cese del parlamentario. Según la Exposición de Motivos del Reglamento de 11.06.2006, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga a dejar la ocupación habitual de modo que cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades. La dificultad más “relevante”, según esta Exposición de Motivos, es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña cargo parlamentario.
Es decir, un parlamentario que al mes percibe como salario medio mensual 4.000 €, tendrá la gran preocupación de que cuando cese su cargo no tendrá la prestación de desempleo, así que, claro, esto supone una gran problema, por ello se establece una suculenta indemnización por cese.
Además, también se establece la indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo.
La indemnización por cese parlamentario será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización además se abonará mensualmente.
Idénticos motivos se adujeron para justificar la indemnización por cese de los ministros, permitiendo que dicha indemnización fuera compatible con el cargo de diputado o senador o con cualquier otro tipo de remuneración.
De manera que cuando el ministro cesa en su cargo, tendrá derecho a una indemnización del 80% de su salario hasta dos años como máximo y tal percibo de cantidades la podrá compaginar con la remuneración por diputado o senador y cuando cese en el cargo de diputado o senador también tendrá derecho a una indemnización por cese que será una mensualidad por año de cargo y además tendrá asegurada la base máxima de la pensión de jubilación si ha estado en el cargo parlamentario al menos siete años.
Asimismo, podrá compatibilizar este mismo Ministro su indemnización por cesantía en el Parlamento europeo como es el caso de muchos ministros que cobran pensiones como ex comisario europeo por ejemplo compatibilizando esa pensión con su remuneración como ministro del Gobierno y cuando cese en ese cargo percibirá también la pensión del 80 % por cesantía como Ministro y así indefinidamente.
Jueces y magistrados
Más precaria es la situación de los jueces y magistrados que pasan de percibir un activo de 4.000 o 4.500 € a ser beneficiarios de una pensión de jubilación de unos 1.800 €, siempre y cuando acrediten, al menos, 35 años cotizados, lo que no es tan fácil teniendo en cuenta la edad media de ingreso en la Carrera judicial que suele oscilar entre los 31 o 32 años.
No siempre fue así el tratamiento de los jueces y magistrados jubilados en España. Antes para calcular el importe de su pensión servía como salario regulador para la jubilación el salario mayor que hubieran percibido durante dos años por lo menos, cuantía significativamente más alta que la actual pensión que se les ofrece.
Así que tanto jueces como magistrados están en pie de guerra solicitando una equiparación de la pensión de jubilación y del salario activo pidiendo que no les aplique un tope máximo de pensión para de esa manera poder percibir una pensión exactamente igual al salario que venían percibiendo durante su judicatura.
Además también están solicitando una rebaja en el período de prestación efectiva de servicios (35 años) porque no se puede empezar a trabajar como juez a los 16 años. Dicha aspiración la tenemos todos por supuesto, pero no podemos ni siquiera pedirla, ya que sería una auténtica locura que Notarios, abogados o arquitectos, por nombrar algunas profesiones que tampoco se pueden iniciar a los 16 años, tuvieran la misma pretensión que los Jueces ya que ello implicaría el fin del sistema del bienestar social y de las arcas de la seguridad social.
Sin embargo, los jueces se ven en todo su derecho. Además como su jubilación forzosa está fechada a los 70 años en vez de a nuestros 65 años, también entonan su queja de que trabajan cinco años más que el resto de los mortales por lo que es necesario que no les apliquen nuestros topes máximos de jubilación y que, en definitiva, se les pague como hace 23 años, de acuerdo con lo que efectivamente venían cobrando al momento de su jubilación.
Con todo esto desde el Gobierno hablan de austeridad y de contención económica y es muy significativo que ninguno de los ex parlamentarios o ex ministros renuncien a su indemnización por cesantía y sigan acumulando y simultaneando pensiones y remuneraciones con todas las garantías legales y con el dinero de los contribuyentes.A todo esto sin olvidar a toda esa calaña que nos dice como tenemos que vivir, sin que ellos se aflojen el cinturón o el pie del acelerador del monovolumen-deportivo-todoterreno que se gastan. Sigue sin dimitir, y sin personarse como imputado por estafa, a parte de ser pésimo empresario (o listillo cojonudo) Diáz Ferrán, que se sentará en la mesa de negocación. (¿Quién sabe si con interlocutores que también tienen vergüenzas que esconder?). Han pasado meses ya de la insercción urgente por vía oral, aérea y por transferencia de fondos para que los bancos tuvieran la liquidez suficiente, para poder olvidar así las hipotecas "subprime" y que no se parará la economía. Pues bien después de tanto dramatismo, los currelas siguen perdiendo sus casas, los precios de productos básicos siguen por las nubes, y lo único que recibimos de los bancos, los primos que hemos pagado sus platos rotos, son sus negaciones y exigencias por vía anal.
Los artistas de farándula, barbiloque y robo de guante blanco siguen campando, aunque no saben muy bien cómo. Incluso se atreven a dar lecciones como Aznarín, que no contento con cerrar la Fiscalía Anti-corrupción, nos embriaga con perlas como que la corrupción ha vuelto. Será cabrón, el borratxuzo, si son todos tus lacayos, aliados, yernos, hijas, testigos de boda y maleantes que has metido y protegido. Arrasan con todo, se proclaman mártires, perseguidos por una injusta inquisición, que sólo busca sus bienes, ya sean obras de arte, fincas antiguamente rústicas y la fama de encerrar al alcalde o el concejal de urbanismo del pueblo, tal, tal de mar... No importa que gentes de Valencia se queden sin su casa, enclavada en centro histórico-artístico, si es para hacer una bonita avénida que nos lleve a ver los barquitos de la Copa América o los cochecitos de la F1 (traete los prismáticos que tus naúticos no son de marca).
Con un poco de investigación, espíritu periodístico y altas dosis de vergüenza ajena y malestar interiorizado, se pueden ir viendo y conociendo historias, pequeñas y grandes, que nos hacen llegar a una conclusión clara. En este país se desparrama mucho dinero, que ponemos cada día, los proletariados, y que se funden en prebendas particulares la amalgama de sin-vergüenzas, chorizos y corruptos que tenemos la "suerte" de padecer. Somos los mileuristas la base de la pirámide cada vez más encabronada que aguanta la mula del excesivo, inmoral y perbertido nivel de vida de las clases políticas y dirigentes que se nutren de un sistema político perverso y construido para el hurto y el engaño, de una sociedad huérfana de referentes y liderazgo real y productivo. Mientras estemos sentados enbobados por el Gran hermano o por su puta madre, por el fútbol o la basura que nos quieran enseñar seguirán lucrándose y tu espinazo, al igual que el mio, ya sea juvenil, de mediana edad o anciano el que se parta. Levantémonos, informémonos y actuémos.
