Por experiencia histórica sabemos bien lo que cuesta echar a un rey. En España lo hemos intentado ya varias veces, pero reaparecen en cuanto bajas la guardia. La última vez que lo conseguimos fue en 1931, con Alfonso XIII, y aquí seguimos, con su nieto ejerciendo, y el bisnieto calentando en la banda.
Cualquiera pensaría que a estas alturas la monarquía es ya un producto viejo, pasado de moda. Pero lo cierto es que sigue contando con una cuota de mercado importante, y son muchos todavía los consumidores que valoran bien el producto. Juancarlistas los llaman. La clave del éxito está en la fuerte inversión publicitaria, claro, pero también en el blindaje mediático que lo protege. Lo que ya no está tan claro es que cuando llegue al mercado la última actualización del producto, Felipe 6.0, los usuarios mantengan el entusiasmo. Tal vez por eso sigue activa la vieja versión, pese a que ya empieza a tener fallos; porque no confían en las prestaciones del relevo.
Así que los republicanos podemos esperar sentados a que los consumidores se cansen y la empresa quiebre. O podemos pensar en otras vías. A mí se me ocurre una posibilidad, muy adecuada a estos tiempos: despidamos al rey. Echemos al rey por la vía laboral, mediante un despido en toda regla, con su preaviso, su finiquito y adiós muy buenas. Ya sé que parece poco serio derrocar un rey en la magistratura de trabajo, pero déjenme fantasear un poco.
¿No llevamos años escuchando que es un gran profesional, que está al servicio de los españoles? Pues muy bien: ya que no parece dispuesto a jubilarse ni dimitir, llamémosle hoy mismo al despacho y comuniquémosle el despido. Gracias por los servicios prestados, ha sido un placer, recoja sus cosas y adiós.
De entrada, echemos un vistazo a su vida laboral para estudiar el caso. En su expediente dice que fue contratado para el puesto un 22 de julio de 1969, aunque ya llevaba 20 años en período de formación. Pasó seis años de becario a la sombra de Franco, al que sustituyó un par de veces cuando enfermó. Por fin, tomó posesión del puesto un 22 de noviembre de hace treinta y cuatro años. Y en 1978 se le renovó en el cargo, se le hizo indefinido, y así hoy.
Con esta trayectoria, hay varias posibilidades para despedirlo. Podemos declarar el contrato en fraude de ley. Sobran los motivos para ello: no se ajusta a la legislación laboral vigente (que no contempla puestos de trabajo hereditarios) y, en caso de que lo sometamos a la ley monárquica, también hubo fraude, pues se saltó la sucesión natural,ya que le tocaba heredar a su padre.
Lo ideal sería que dejase la empresa de manera amistosa, por finalización de contrato o por realización de obra o servicio, pero ya vimos que tiene contrato indefinido. De manera que habrá que intentar un despido procedente, o de lo contrario nos saldrá por un pico. Hagan cuentas: una indemnización de 45 días por año trabajado, con cuarenta años de servicio son 1.800 días, es decir, cinco años de sueldo. Si pensamos que cada año recibe nueve millones de euros, la broma nos saldría muy cara. Y además, si declaran el despido improcedente tendremos que readmitirlo.
Más barato nos saldría un despido disciplinario, que de paso nos resarciría por tantos siglos de monarquía. Basta algún motivo de incumplimiento de contrato, como por ejemplo abuso de confianza. Para ello tendríamos que conocer cuánto hay de cierto en todos esos rumores que desde hace años adornan al rey, sobre sus negocios y amistades peligrosas, imposibles de comprobar por el blindaje informativo.
Si conseguimos despedir al rey, todavía nos quedará la extensa familia real. Para ella haría falta un ERE, un despido colectivo que incluya el cierre del negocio, o el traslado de la producción a otro país donde quieran contratarlos quizá alguna de esas petromonarquías con las que tienen buena relación.
En cuanto a los monárquicos, haría falta un plan de reconversión para recolocarlos. Es esperable que la mayoría de juancarlistas se recicle sin protestar cuando falte, pero siempre quedarán unos cuantos yonquis que necesitarán ayuda para superar el mono.
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