Ayer, martes 19 de julio,
la sociedad salmantina estaba convocada por la Plataforma de
Salamanca para la defensa de la Sanidad Pública en la Plaza
Mayor. Una concentración que buscaba aunar el grito unánime de
profesionales de la sanidad y pacientes por un complejo sanitario y
unos servicios, justos, de calidad y dignos que puedan servir para
mejorar el bienestar de la ciudadanía, aminorando las listas de
espera, poniendo a disposición de todXs los mejores recursos y
garantizando la seguridad laboral y la dignidad profesional de
médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y todXs aquellos que
trabajan en la sanidad.
Con esa intención de
plantar batalla por la Sanidad Pública, frente a un gobierno
regional, del PP, que muestra dos caras, la de los dichos y los
hechos. La de las grandes declaraciones, de defensa de la sanidad
pública y de su calidad, y los hechos de cierre de plantas
hospitalarias, traslado de servicios, externalización a clínicas
privadas con dinero público y obras que por no dar un golpe de
autoridad, se eternizan para desesperación de pacientes y
profesionales.
Porque en Salamanca esa
es otra de las penurias, la de un complejo hospitalario, adherido en
parte a la Universidad pública (que también tiene lo suyo) en una
ya sempiterna obra de ampliación de los servicios, con nuevos
edificios incluidos, que han eliminado cualquier presupuesto para el
mantenimiento de los ya existentes, lo que está trayendo serios
problemas de seguridad, salubridad y en la propia gestión del
Hospital. Ahí es donde entra el equipo de demolición del Partido
Popular.
La “nueva” directora
del Hospital, Cristina Granados, una profesional, refutada y
conocida ya, en la privatización efectiva de la sanidad pública,
como ha demostrado en cada uno de los lugares por donde ha pasado, y
no son pocos precisamente, durante todos estos años, al calor del
dinero público y al servicio de un PP, que ya fuera en Galicia,
Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana ha encontrado en ella el
perfecto caballo de Troya para desmembrar y allanar el camino
a la entrada de los intereses privados y financieros en la salud de
todXs, sin importar lo más mínimo la Sanidad Pública,
universal y gratuita, como garante de la igualdad efectiva entre
ciudadanos, que es a lo que debería aspirar, y preservar, una
democracia.
Frente a esto, con el
convencimiento de que la Sanidad Pública no se vende, se
defiende, y también con cierto grado de trasnochado charrismo,
que no comparto, pero entiendo, unas 5.000 personas, creo yo, nos
concentramos ayer. Ni que decir tiene que es indignante, bochornoso y
apesadumbrante que ante el juego que hacen con nuestros derechos y
nuestro bienestar, sólo 5 millares de personas nos “molestáramos”
en acercarnos a la concentración a defender la Sanidad de todas y
todos.
Yo, que no estoy a favor
de concentraciones y manifestaciones de buen rollito (al contrario,
creo que no hay conflictividad en las calles, que deberían estar
ardiendo por la legítima defensa de nuestra dignidad) acudí con
ánimo de luchar por la sanidad y de que se oyera un manifiesto,
con el que estamos plenamente de acuerdo, pero que ni siquiera nadie
pudo oír, ya que una gran parte de la gente se dedicaba a hablar, a
grito pelao, pero eso es otra cosa, a saludarse y a confraternizar y
a celebrar “que nos hemos encontrado en la Plaza Mayor”. Es
necesario, ya de una vez, tomarse en serio las cosas.
Y es que frente a las
agresiones capitalistas y ultraliberales se hace necesario ya, una
respuesta social, de la clase trabajadora, fuerte, decidida y
respetuosa. Nos estamos jugando mucho, por ejemplo el país, y el
mundo, que le dejemos a “vuestros” hijos e hijas. Porque
los poderosos no van a parar. No van a dejar de asfixiarnos, porque
van ganando. Con vuestros votos y silencios. Y con vuestras
manifestaciones minúsculas de buen rollito. La situación es muy
violenta y exige respuestas firmes, porque como explico a
continuación, privatizar los servicios públicos, es un negocio muy
rentable:
¿Por qué es tan
beneficioso privatizar lo público?
El neoliberalismo nos va
a plantear dentro de poco privatizar hasta el aire que respiramos. En
ese absurdo mundo neoliberal que representa Rajoy y su PP, pretenden
la privatización entre otros aspectos, la sanidad y la educación.
¿Qué significa
privatizar la sanidad? Los neoliberales del PP plantean la
privatización sanitaria, y esto pasa por demoler un sistema público
sanitario eficiente y barato, por otro que nos lleva a la ruina, como
veremos. Veamos algunos aspectos.
Modelos sanitarios que
son referentes para el PP:
El modelo anglosajón o
norteamericano, donde lo privado es lo que manda. Todos deben saber
que las empresas sanitarias norteamericanas que cotizan en el Dow
Jones neoyorkino son las más rentables, muy por encima de las
financieras, es decir, son empresas donde el beneficio prima sobre
la salud. Según numerosos estudios realizados por distintas
organizaciones médicas se reconoce que más de un 20% de las
intervenciones quirúrgicas en centros privados no son necesarias y
lo único que buscan es el beneficio.
El gasto sanitario de
Estados Unidos es del 17% del PIB. Este no cubre al 20% de su
población, pues no tiene ninguna cobertura sanitaria y otro 50%
tiene una cobertura médica muy por debajo del sistema público
español. Sin embargo tiene un coste que duplica al español. ¿Es
esta la alternativa del PP?
El modelo holandés está
gestionado por mutuas privadas. El sistema es universal, gratuito y
el Estado fija los límites de los servicios de salud esenciales. Se
empezó pagando 170 euros mensuales, pero ya están en 210 euros y
con una disminución de las prestaciones que tenían, que rondan el
25%, es decir pagar más por recibir menos. Holanda gastó, en 2010,
el 15% de su PIB, es decir un 65% más que el gasto sanitario de
España y además con menos prestaciones.
Este sistema fue
impulsado por la derecha a inicios del 2000, con los mismos
argumentos que usa el PP, diciendo que lo privado da más barato el
servicio y con mayor eficiencia. Entonces el gasto estaba en el 12%
de su PIB, actualmente está en el 15% y con menores servicios.
Su cartera de
prestaciones sanitarias como ya hemos visto ha disminuido, pero
además el sistema deja hoy a 150.000 holandeses sin ningún tipo de
seguro y otros 320.000 no pueden pagarlo, es decir, tenemos un 5% de
su población sin cobertura médica. A todo ello hay que añadirle,
que en sus presupuestos sanitarios del 2010 se presenta un déficit
de 1.400 millones de euros ¿Es este el modelo que plantean los del
PP?
Sin embargo, en el
sistema sanitario español gasta aproximadamente el 9% de su PIB,
mientras que en la Unión Europea a 15 es del 12%. En la última
década, el crecimiento del gasto sanitario español ha sido del 2,7%
anual, mientras que en los países de la U. E. ha sido del 4,1%. El
coste sanitario en 2010 por cada español era de 1.673 euros,
mientras que en la Unión Europea a 15 era de 2.103 euros anuales.
El número de
trabajadores sanitarios españoles representan el 4,1%, mientras que
en la Unión Europea a 15 es del 6,6%. Estoy totalmente de acuerdo
con lo que dice Vicenc Navarro “gran parte del crecimiento
sanitario en España ha sido en el sector privado. España es uno de
los países en los que la población paga más por sus servicios
sanitarios privados y ello es consecuencia del subdesarrollo del
sector sanitario público”.
¿Qué pasa con la
sanidad madrileña?
En su intento de
privatización, no hay un solo informe económico que lo avale ni
ningún organismo médico que lo apoye. Siguen con la cantinela de
que lo privado es más barato que lo público. Queda desmontado
rápidamente, simplemente consiste en acudir a los presupuestos que
ellos presentan para ver, que la mentira es algo congénito en el PP.
Veamos los datos que aportan los presupuestos sanitarios de la
Comunidad de Madrid.
En el año 2010, la
Comunidad de Madrid presupuestaba en 277.375 euros el coste anual por
cama en le sistema público, mientras que pagó 434.686 euros el
coste anual por cama en los hospitales de gestión privada o semi
privada. ¿Es lo privado más eficiente que lo público con sus
datos?
En el año 2011, los
fondos destinados en los presupuestos sanitarios madrileños
aumentaban en el sector privado un 30%, mientras que los de la
sanidad pública se les recortaban un 9%. Los siete hospitales con
gestión semi-privada y que su construcción, con dinero público
claro, estaba presupuestado en 701 millones de euros, cuando se
terminen de pagar habrán costado a la sanidad madrileña unos 5.000
millones de euros, es decir, un 700%. A esto se le llama hacer un
negocio redondo. ¿Es esto a lo que ellos llaman eficiencia
económica?
Por si aún les quedan
dudas del modelo, en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de
2011, el coste que se pagó a la multinacional Capio por cama/año
fue de 535.000 euros y a la Fundación Jiménez Díaz unos 675.000,
es decir, más del doble que a la pública.
En los presupuestos de
2013 presentaron un recorte de 787,75 millones, que significa un
recorte del 17,1% respecto al de 2012. El reparto de dicho recorte
es: los hospitales públicos tiene un 16,19%, los de gestión semi
privada un 28,66% en un intento de descapitalización para así
justificar su privatización, mientras que los centros privados
tienen un aumento del 4%.
El Modelo Alzira
El balance de los más de
quince años pasados desde que la Generalitat valenciana, gobernada
absolutistamente por el PP, decidió comenzar a experimentar
con un nuevo modelo de gestión sanitaria pública-privada. El
hospital de La Ribera lo construiría y gestionaría una empresa del
ramo, Adeslas (aunque con el generoso apoyo inicial de nuestras cajas
de ahorros del momento, siempre dispuestas a enterrar dinero público
para que otros lo ganaran con red de seguridad), para demostrarnos a
todos que la gestión privada mejora con mucho la pública.
La idea era sencilla.
Tomemos el gasto sanitario público por habitante que se hace por
parte de la Generalitat y, una vez tenemos esa cifra, encarguemos a
la empresa que gestiona el hospital que atienda a la población de la
zona por una cantidad per cápita menor. Y todos contentos. Los
pacientes, que tienen un hospital que parece un centro privado para
ricos, oiga. Los contribuyentes, que por el mismo servicio (o mejor)
pagamos menos. La Administración, que se quita un problema de encima
(esto de gestionar servicios públicos siempre es un marrón). Y los
empresarios del sector, encantados también, pues encuentran una
oportunidad de hacer negocio. Fantástico, ¿verdad?, por mucho que
médicos y demás personal sanitario se quejen, ya que las mejoras en
la eficiencia de la prestación del servicio pasan inevitablemente
por reducir su número y sueldo (pero, ¿y a quién le importa que
la médica o el enfermero que nos atienda reciba un buen sueldo y
trabaje en un lugar de armonía profesional y laboral?).
Lamentablemente, la
práctica demostró desde un primer momento que esta teoría casaba
mal con la realidad. En primer lugar, porque el hospital de Alzira
siempre ha tenido que hacer menos cosas que los de la red pública.
En ese hospital nunca se han desarrollado tareas de investigación
dignas de ese nombre y su implicación docente ha sido muy escasa.
Ambas facetas cuestan dinero y repercuten muy positivamente en la
sociedad, dos axiomas que no entran en el balance de cuentas de una
empresa privada. La red pública las hace, el modelo Alzira no. Es
dudoso que se pueda alardear de mejor eficiencia cuando con menos
coste no haces lo mismo sino menos.
Pero ni siquiera así la
gestión privada logró ganar dinero. La concesión hubo de ser
rescatada por la Administración y la Generalitat pagó varias
decenas de millones de euros a la misma concesionaria a la que, a
continuación, volvió a asignar la gestión del centro. Eso sí, con
el dinero que se cobraba por habitante convenientemente incrementado.
Y, de paso, asumiendo la propia Administración cada vez una mayor
parte de los gastos, como los costes de transporte o farmacéuticos,
por ejemplo. Con estos apaños, oficialmente, el gasto por habitante
que supone ese hospital sigue aparentemente por debajo de la media de
todo el territorio valenciano. En la práctica, sin embargo, los
valencianos y valencianas están pagando más a la gestión privada
de lo que costaría la atención sanitaria en esa comarca si el
servicio lo prestara la Agència Valenciana de Salut. En
cifras, el coste por habitante en la red pública es de poco más de
700 euros (de los que más de 200 corresponden solo al gasto en
farmacia), mientras que a la empresa privada le pagamos unos 6000
euros por habitante de su zona. La estafa es monumental. Un timo en
toda regla que sólo requiere, para ser descubierto, de saber sumar y
restar. Parece, sin embargo, que a nuestros actuales gestores se les
ha olvidado la calculadora en casa y por eso siguen optando por
extender más y más el modelo. Y lo que es peor, a los votantes,
también se les ha olvidado, prefieren mirar a otro lado o son unos
primos que se tragan hasta el más burdo engaño de los más
grotescos chantajistas.
La privatización en
#Españistan
El actual sistema de
privatización se basa fundamental en tres empresas. Veamos:
Capio, que surge en el
año 1998 como Ibérica de Diagnóstico e Cirugía, IDC. Es vendida
en el año 2005 a la multinacional sanitaria sueca Capio por 331
millones de euros. En el 2011, se separa de la multinacional sueca
aunque conserva el nombre, y paga 900 millones de euros. Su actual
accionariado está compuesto por CVC Capital Partners, que es un
fondo de capital riesgo británica con sede en Luxemburgo, que es un
paraíso fiscal, con el 80 % de su propiedad y siendo dirigidos por
personajes muy próximos al PP. El restante 20% está en manos de
Abertis que se dedica a aparcamientos y autopistas, Cortefiel en
textil o la telefónica “R”. El 65 % de sus ingresos provienen
del gasto público.
Ribera Capital que se
creó para llevar adelante el proyecto de privatización de la
sanidad pública valenciana, participando Adeslas que aportaba su
saber sanitario. Las empresas constructoras Dragados y Lubasa y en
el apartado financiero Bancaja y la CAM ¿Les suena?
Actualmente, el Banco
Sabadell está intentando aumentar su participación en dicha
empresa, proveniente de la adquisición de la CAM y negocia con
Bankia para comprarle la parte de Bancaja. Está claro que ve
negocio. Además forman parte, Adeslas que pertenece a la sociedad
británica Goodrower y Sanitas, que pertenece al grupo británico
Bupa International.
Evidentemente, estas
empresas, o mejor dicho holdings financieros, no han tenido, ni
tienen ningún problema en inflar a sobresueldos a los corruptos que
han accedido a la gestión de la sanidad de todos.
Después de todos estos
datos podemos concluir con varias consideraciones:
Quieren convertir un
servicio público eficiente, barato y apreciado, en otro en el que
el beneficio privado prime sobre la salud y además dirigirlo hacia
un oligopolio.
El beneficio privado es
el fin, la propia Capio presume de que por cada euro invertido ella
obtiene 2,7 euros, este negocio se obtiene a costa de nuestra salud.
¿Por qué tanto interés
del PP en la privatización? Hay muchísimos rumores sobre notables
políticos del PP en estas empresas. Yo no tengo datos y además
estos son difíciles de dar dada la opacidad de estas empresas, pero
sí cabe preguntarnos sobre dos exconsejeros de la sanidad
madrileña, Lamela y Güemes.
En Estados Unidos son
las empresas sanitarias y farmacéuticas las que más invierten en
política apoyando al candidato republicano e hicieron todo lo
posible para que Obama no sacara su reforma sanitaria. En un sistema
de financiación de los partidos políticos tan opacas como la
española, cabe preguntarnos, si estas empresas sanitarias no juegan
ya el mismo papel que las norteamericanas.
Es hora de una vez, que
los españoles ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y rechacemos no
solo la privatización sanitaria, sino a todas las empresas españolas
que participan en ella. Para ello propongo, se saquen los dineros del
banco Sabadell, no se compre en Cortefiel, no se aparque en Abertis.
Si lo hacemos podemos pararlos y hacerles entender que con nuestra
salud, cero negocio.
