El delito es Julian Assange y Wikileaks, no el contenido de los cables sustraídos y publicados por Wikileaks con los tejemanejes de la diplomacia yankee y la degradación de las libertades y la democracia en todo el mundo provocan por mantener los intereses del gobierno estadounidense o de sus colaboradores y empresas de campaña. Ningún juez estadounidense, sueco o británico ha abierto procedimiento penal alguno. No pensemos mal, seguro que aún lo están estudiando.
Fabricar leyes tiene enormes ventajas prácticas, siempre hay una olvidada que desempolvar para usarla en el momento adecuado o una nueva exprés recién sacada del horno. También puede no haber leyes, como en el limbo de Guantánamo. Es la esencia de ser El Fabricante. En periodismo existe un dicho que ha generado las páginas más lamentables de la profesión: "Que la realidad no te estropee un buen titular". Y en eso estamos. Los creadores de leyes ya han puesto el titular político a este embrollo: "Culpable de lo que sea" y ahora andan con los ajustes, brujuleando en la realidad y en la letra pequeña para que todo encaje.
Se busca a Assange en Suecia por un delito de violación y dos de abusos sexuales y coacción. Lo llaman "sexo por sorpresa". Son temas graves y la gente seria no debería jugar con ellos. El fundador de Wikileaks está convencido de que detrás está la mano de EEUU. Sus abogados hablan de montaje. Según la acusación las mujeres afectadas tuvieron sexo consentido con el hoy acusado pero pidieron que parara al romperse el preservativo. Él no se detuvo. Es lo que deberán dilucidar los jueces.
La justicia sueca ha sido rápida en la tramitación de la demanda y en rechazar las alegaciones de los abogados de Assange. Tanta celeridad puede dar la impresión de una justicia eficaz. La exitosa triología Millenium, escrita por Stieg Larsson, muestra una Suecia menos ejemplar de la que flota en el ambiente.
Interpol ha sido igualmente rápida en tramitar la orden de detención. Es la misma Interpol que ha hecho caso omiso de las órdenes de detención dictadas por el juez español Santiago Pedraz contra tres militares estadounidenses acusados de matar a José Couso.
Justicia de primera, justicia de segunda. Nadie parece igual ante la ley.
El juez británico que ha interrogado a Assange no le ha puesto en libertad con fianza. Lo mantiene en prisión hasta el día 14, fecha de la próxima vista. La primera era de procedimiento, para establecer la identidad de Assange, quien horas antes, al entregarse a la policía británica, se negó a ser fotografiado, a permitir que se le tomaran las huellas y a desvelar su ADN. Los abogados esperaban que fuera puesto en libertad bajo fianza. Tenían preparados hasta 100.000 libras esterlinas (unos 118.000 euros).
El magistrado puede haber basado su decisión en el riesgo de fuga. ¿A dónde? ¿A Suecia que lo reclama? ¿A EEUU que rastrea ideas en el baúl de las ideas urgentes? ¿A Australia cuyo Gobierno resulta más pronorteamericano que el mismo norteamericano? No parece que exista riesgo de fuga en una persona que se entrega libremente. En una persona que se cree símbolo de algo más importante que el cablegate. Assange se sabe símbolo de una batalla moral en la defensa del derecho a la libertad de información aunque esta disguste al poder. Es la diferencia entre una democracia y una dictadura.
La abogada de Assange, Jennifer Robinson, informó ayer de que al fundador de Wikileaks se le ha aplicado la European Arrest Warrant, que permitiría enviarle a Suecia con rapidez. Asegura que es una medida desproporcionada y que las acusaciones no están fundamentadas ni se encuentran escritas en un idioma que su cliente pueda entender con claridad. El fondo de la batalla es EEUU, país que tiene firmado un acuerdo de extradición con Suecia desde los años 60.
Antes de pedir la extradición de Suecia a EEUU, el fiscal general estadounidense Eric Holder debería encontrar un delito. La última idea sobre el tablero es considerar a Assange un hacker como Gary McKinnon y aplicarle el mismo procedimiento para lograr la extradición. Frente a cualquier ley está la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y sentencias de su Tribunal Supremo, como la posterior a los Papeles del Pentágono, que podrían favorecer a Wilikeaks.
Pero eso es el final de esta historia que acaba de empezar. Julian Assange no es Augusto Pinochet quien logró evitar la extradición a España pese a ser un asesino en serie. Ni España es Estados Unidos. Mientras, sin que medie un juez o la justicia, se han cerrado servidores y cancelado cuentas. Lo más sorprendente es el caso de Suiza que clausuró una con 37.000 dólares procedentes de donaciones para Wikileaks con la excusa de que el titular mintió sobre su país de residencia. Suiza ha sido y es un lugar seguro para todo el dinero sucio del mundo supuestamente limpio. Nadie preguntó a Mobutu Sese Seko de dónde había obtenido sus millones. Importa la residencia, no el delito. Como el vídeo que encabeza este post.
Nadie duda de que José Couso fue asesinado en el ejercicio de su profesión por tres soldados americanos. Hasta aquí todos de acuerdo, incluido el Gobierno. Debo reconocer que ver a sus responsables -el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp- entrando por la Audiencia Nacional para rendir cuentas ante el juez Santiago Pedraz me parecería pura ciencia-ficción, pero tener que tragarnos que su impunidad la suscriben ministros y fiscales españoles es un exceso de realismo. Y no consuela constatar en esos miles de cables la sumisión de todos los Gobiernos ante el Imperio. Sigue doliendo igual, y preferiría que el nuestro reconociera en voz alta su impotencia a que se ofrezca a dar explicaciones en privado a la familia Couso -¡como si a los demás no nos incumbiera el caso!-. Si no se asumen responsabilidades en este asunto su autoproclamada inmunidad los igualará a los soldados americanos y los hará cómplices de un crimen que no deberíamos olvidar. ¿De qué pasta esta hecha esta clase política que no se siente obligada a rendir cuentas?
En el otro extremo, 200 sitios actúan hoy como espejo de Wikileaks, garantizando nuestro derecho a saber la verdad. Ojalá sigan haciéndolo y ojalá también conozcamos, la conversación entre Moratinos y Tzipi Livni sobre la rebaja de la legislación española en materia de jurisdicción universal, que ponía en peligro a siete altos cargos israelíes. Tal como está el percal, ¿qué hace una con su voto en 2012 si quiere un Gobierno de izquierdas en este país.
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