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viernes, 8 de septiembre de 2017

Una huelga de gente como tú y como yo

 Agentes de la Guardia Civil haciéndose cargo de la seguridad en El Prat (foto de El Confidencial, del 14 de agosto).

Hace un par de meses el conflicto de los Estibadores de los puertos españoles ante las legislaciones ultra liberales impuestas por la UE y el Gobierno de España asaltaba la primera línea informativa, ocupando espacios en tertulias e informativos de todos los medios.
La mayoría de las opiniones e informaciones vertidas en los medios de disuasión del capital venían a plantear la inutilidad de la huelga ante la inevitable deriva liberal globalizadora, su presunta ilegalidad, así como el egoísmo de un colectivo al que presentaban como privilegiado (obviando que tales privilegios venían por su actitud y aptitud contestataria frente a las agresiones del capital) y misógino entre otros calificativos.
Era una afrenta nacional que un colectivo de trabajadores pudiera pasársele por la cabeza el poner “patas arriba” el balance de importaciones y exportaciones del país.
Sin embargo, la legítima presión ejercida a través del derecho de huelga (un derecho constitucional, no lo olvidemos) de los estibadores vencía la presión oligarca y ultraliberal, y conseguían arrancar un acuerdo con la patronal en el que se defendía el 100% de los puestos de trabajo, así como unas restricciones salariales menos agresivas con el colectivo.
Lógicamente según se cerraba el acuerdo -que permitía desbloquear las negociaciones del convenio en un contexto de liberalización del sector impuesto por la Unión Europea- las consecuencias, es decir, el éxito de la movilización trabajadora desaparecía de los medios de comunicación. No interesaba mostrar como la organización colectiva y asamblearia de un grupo de trabajadores conseguía el éxito, asegurar su trabajo, su futuro frente a la rueda impuesta de recortes, precariedad y sometimiento de la felicidad humana al orgasmo del capital.


Con está huelga relegada al fondo del cajón de la opinión pública otro conflicto laboral estallaba: Los agentes de seguridad de los controles de pasajeros del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, se declaraban en huelga, exigiendo más personal, más descansos y mejores condiciones salariales.
Un conflicto que provocó colas en el aeropuerto en el lugar donde se vigila que no se introduzcan bombas y armas en la cabina de los aviones, durante el mes e agosto, uno de los momentos del año con mayor tránsito de personas en esa infraestructura.
Es decir, estas colas, con miles de viajeros afectados se producían en un punto clave para la seguridad nacional, y un servicio ahora ejercido por trabajadores, que era llevado hasta hace no tanto tiempo por la Guardia Civil, como cuerpo de Seguridad del Estado y con personal preparado para ello. Pero claro, en su momento se privatizó el servicio, repito un servicio clave para la seguridad del Estado, y se concedió a la empresa que más barata ofrecía el servicio. Por supuesto ese ahorro de la empresa de multi-servicios (Eulen, para más señas, quien tiene servicios de toda índole, por todo el estado) no iba a salir de los beneficios de los dueños, los directivos o de los accionistas. Lo hacía de los trabajadores y de sus condiciones tanto laborales, como profesionales, por lo que pasábamos de tener a la Guardia Civil ocupada con estos menesteres y cobrando lo que le correspondía, a personal contratado sin garantías a la que encima se le aplicaban un convenio elaborado ad hoc que el Gobierno en su afán de privatizar daba por bueno y que establece unas condiciones salariales penosas y contextualizadas, de esclavismo.
Para redondear el círculo del desbarajuste ocasionado, o que iban a ocasionar, al hecho de privatizar servicios básicos, en este caso la seguridad, concedérselo a quien más barato y más denigra por lo tanto las condiciones laborales y profesionales, le sumaron la legislación laboral, violada a través de las reformas laborales (del PSOE en 2010 y del PP en 2012) para así permitir desligues de convenio y bajadas de sueldo, dejando como única alternativa a los trabajadores la resignación.
Os recuerdo que la infame Reforma laboral del PSOE de 2010 permitió que las empresas unilateralmente se descolgarán de convenios sectoriales para adoptar convenios de empresa, mucho más lesivos para sus trabajadores, para luego ya en 2012 con la Reforma laboral del PP, dar total preferencia al convenio de empresa, lo cual es un escenario de empresas multi servicios (donantes de campaña) lucrándose con las privatizaciones de servicios públicos ha traído la ignominia a toda la clase trabajadora, sin olvidar, a la calidad y garantía en la prestación de los servicios, que también derechos, de la ciudadanía.
Pero en este caso no. No todo es sólo resignación y humillación. Los trabajadores de la seguridad del aeropuerto de El Prat, se organización, se auto gestionaron (una vez más brilla la oscura ausencia de CC.OO. y UGT) y se lanzaron a las protestas y la huelga para denunciar su situación y adoptar una posición de fuerza para exigir la negociación y valer sus derechos y su porvenir.
Viene bien en este punto recordar que una huelga no es una fiesta y que los primeros que la sufren son los trabajadores. Para llegar a ella se han sucedido meses e incluso años de tensión y presión sobre las condiciones laborales y profesionales del colectivo, y por lo tanto en la vida de estos trabajadores y sus familias. Seguramente se han encontrando con el pasotismo de las direcciones sindicales (tanto federales, sectoriales, como locales y regionales) y se han tenido que organizar internamente luchando también contra compañeros crápulas y miserables alienados y aliados de la empresa. Así es, amigas y amigos: Hay hijos de puta por doquier.
Por supuesto, en una huelga, si no trabajas, no cobras, lo que ocasionará problemas futuros (pagos de hipotecas, alquileres, manutenciones, suministros domésticos, etc.) y hay que cuidarse, como en este caso, que nos ocupa que la empresa no trate de imponer medidas restrictivas como expedientes (nunca faltan) o incluso despidos (algo absolutamente anti constitucional, que tan de moda es). También, los empresaurios encontrarán la simpatía y cordialidad de los gobiernos que ejecutarán a su favor sin ningún tipo de remilgo.
  • Primero porque les han regalado para que se lucren algo tan básico como la seguridad nacional.
  • Segundo porque les han legado una legislación que otorga una posición dominante a la patronal frente a unos trabajadores individualizados, desorientados, desorganizados, sin representaciones efectivas, carnaza para futuros abusos y más precarización.
  • Tercero porque ante la lógica y legítima respuesta de la clase trabajadora (en un colectivo o en su totalidad) se posicionan sin ambages con el poderoso y el opresor y aducen al interés nacional para exigir unos servicios mínimos de entrada abusivos y anticonstitucionales (de hecho, tras las denuncias, unos años después la Justicia dará la razón a los trabajadores sobre un lecho de tierra quemada).
  • Y cuarto, porque ante esa nueva agresión los trabajadores redoblaron su compromiso lo que obligó al Gobierno a tener que poner nuevamente a la Guardia Civil a hacer esta tarea -como hace no tantos años- y dándoles el papel de esquiroles.
Pero, ¿con qué cara se pueden exigir servicios mínimos? ¿Por qué entonces has privatizado un servicio que ahora defiendes esencial ante la respuesta de la clase obrera? ¿O es qué en realidad lo que buscas es que si se pueden contratar y subcontratar a trabajadores para evitar que metan bombas en un avión, no se pueda contratar y subcontratar hasta la extenuación en cualquier otro sector? ¿No se supone que el objetivo de un gobierno es hacer valer los derechos y el interés general de la mayoría? ¿Cómo se puede tener la desfachatez de poner a la Guardia Civil en un servicio que hace menos de 3 años realizaban?


Todo es mucho más perverso de lo que parece.
Cuando se declararon en huelga y rebeldía los estibadores, la primera premisa para tratar de deslegitimarlos en la opinión pública fue que iban a ocasionar grandes perjuicios al resto de la ciudadanía. Pero, ¿es qué no es ese el objetivo de una huelga?. Demostrar la necesidad de la mano de obra para promover las plusvalías que dan ganancias al empresario y para que no se desmorone la sociedad.
La segunda fue presentarlos como unos privilegiados con sueldos medios que superaban los 70.000€ anuales. Pero, ¿es qué acaso, esos privilegios no vienen porque se trataban de un colectivo con fuerte sentimiento de pertenencia y reivindicativo para su trabajo y profesión?.
Lamentablemente en esta sociedad individualizada, idiotizada y profundamente egoísta es fácil para el poderoso posicionarla en contra o a favor de lo que representan sus oligarcas intereses.
Pero cuando quienes se ponen en vanguardia de la lucha obrera y toman conciencia de la necesidad de la desobediencia y la respuesta ante las agresiones son personas como tú y como yo. Precarios que cobran para casi ni subsistir, o menos, quienes tienen que hacer malabarismos para llegar no a fin de mes, sino a fin de semana, la manipulación y el engaño es mucho más complejo.
Podía pasar que del éxito de una huelga protagonizada por trabajadores de lo más común en el panorama obrero español, se tomará conciencia de la necesidad -y la obligación moral- de luchar por todo lo que nos han arrebatado estos años de estafa económica que llamaron crisis. Y eso, es algo que un sistema depredador, usurpador y anti humano no se pude permitir.
Por todo ello, el último capítulo ha sido imponer un laudo arbitral que ha tomado partido, lógicamente por el lado de la patronal, proponiendo como acuerdo de obligada firma la primera propuesta negociadora de la concesionaria y exigiendo -faltaría más, pues de no hacerlo sería favorecer el incumplimiento de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores- de la invalidez de los despidos ejecutados por la empresa.
El lunes en asamblea, los trabajadores de seguridad de El Prat, tomarán acuerdo o no de esta propuesta y decidirán si continúan con las movilizaciones. Lo hacen ya con el despertar de sus compañeros en otros aeropuertos y en otros departamentos de esta empresa de multi-servicios. Y con la solidaridad de otros pequeños colectivos que han ido despertando por todo el territorio, hartos ya de un sistema capitalista ultra liberal que ha decidido poner nuestros derechos, nuestro entorno y nuestra vida en sus balances de cuentas.
En frente, por un lado millones de ciudadanos que clamarán al cielo por tener que hacer cola una hora, dos o tres más (yo mismo he “sufrido” incluso mayores esperas en otras ocasiones, pero lo considero necesario, básico para el porvenir de toda la clase trabajadora) ignorantes ellos de que sí, estas haciendo cola, pero esa gente esta mucho más jodida que tú y de paso están luchando por ti, porque mañana tú o tus hijos seréis los precarios si no paramos esta rueda de desvergüenza y egoísmo.
También lucharán contra todo el armamento del neoliberalismo beligerante frente a la ciudadanía y la clase obrera. Medios de disuasión, sindicatos adoctrinados, izquierda simpática... Y Unión Europea y gobiernos nacional y autonómico ultra liberales que emplean las mismas tácticas ya probadas con anterioridad, en el Estados Unidos de Reagan en los 80 o en las dictaduras militares de latino América para desprestigiar e impedir la lucha obrera y la toma de conciencia de clase.
Frente a todos ellos, la necesidad y legitimidad de una lucha obrera que no es propia de un único colectivo, los agentes de seguridad, o anteriormente los estibadores. O las Kellys (mujeres que limpian habitaciones de hotel a precios de dos o un euro la habitación)... y cientos de pequeños colectivos que nos encontramos hartos de ser carne de cañón, de estar representados por mediocres y/o corruptos, o por tener nuestros derechos escritos en papel higiénico.
Frente a la opresión, rebelión.

martes, 25 de abril de 2017

Contra las Minas. Si a la vida. Si a nuestros pueblos.

 Los Valles Pasiegos, desde Vega de Pas

En las últimas semanas por distintos motivos he estado viajando y en contacto con zonas rurales y montañosas de nuestra geografía como puedan ser la Sierra de Yemas en Ávila o los Valles Pasiegos en Cantabria.
En ambos al hecho de escapar de la rutina, visitar la montaña, saborear el paisaje y disfrutar de la compañía se le ha añadido el conocer de primera mano la terrible situación que se está viviendo en estas zonas y en otras de nuestro país. De un tiempo a esta parte nuestros vecinos en estos parajes al igual que las gentes del Valle del Yeltes en el Campo Charro están viendo como proyectos megalómanos de minería basados en la especulación están arruinando sus vidas y lastrando para siempre su futuro y el de unas tierras que ya de por sí, han permanecido relegadas y olvidadas, siempre en la retaguardia del interés nacional.
No cabe duda que desde siempre el mundo rural, y más aún, en Castilla son vistos por las administraciones como adyacentes, sin más importancia que la de unos pocos votos, y sobretodo como un buen lugar para especular con un beneficio económico sin importar ni lo más mínimo la vertebración del territorio, el bienestar de la ciudadanía que vive en las zonas rurales, ni tampoco la salud del paraje o la conservación del medio ambiente.
Y es que como un ataque al sentido común y como un agresión al medio ambiente se puede calificar las pretensiones de los promotores y sobretodo de las administraciones que lo permiten el querer montar una mina de uranio en pleno Campo Charro, una mina de feldespatos en la cornisa paisajística de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, de Ávila. O permitir y seguir promoviendo el uso del fracking como técnica de extracción de gas en las zonas de montaña de Burgos, Palencia, Cantabria y Alava.

 La Sierra de Yemas, vista desde Riofrío

Para llevar a cabo tan siquiera el planteamiento de estos atentados se hacen necesarias una serie de cuestiones básicas.
Por un lado es muy importante la legislación. Y en cuanto a las minas, España es un paraíso para las multinacionales extranjeras que tienen ante sí un texto legal que ampara la práctica totalidad de las tropelías que se les ocurra para ir ganando dinero, desde el primer momento, de planteamiento del proyecto, hasta el día en el que se marchen.
La Ley de Minas, del año 73, es decir, no ha pasado ni tan siquiera por un refrendo de unas Cortes democráticas, da prevalencia a los usos mineros y de extracción de los suelos, amparando incluso la expropiación de viviendas tanto para la instalación misma, como para todo lo que esta pueda necesitar, ya sean pasos de camiones, balsas de agua, zonas de seguridad para voladuras, escombreras, etc. Incluso habilita el cauce legal de la expropiación para generar actividad minera en zonas con algún tipo de protección especial de la conservación de la Naturaleza. Y todo esto, además, en un país, no hay que recordarlo mucho, basta con mirar los titulares de cada día, en cuyos dirigentes siguen funcionando como hace 40 años, aceptando sobornos, mordidas y prebendas para facilitar por acción u omisión la ejecución de estas barbaridades.
La legislación además favorece permisos de explotación abusivos, de hasta 30 años y prolongables por término general de 10 en 10 hasta otros 90 años. Un impacto brutal que acabaría para siempre con los modos de vida de nuestros pueblos, mandando al olvido el folclore de cientos de años y borrando el futuro y el entorno que quedaría irrecuperable.
Sin duda a esta legislación propia por origen y funcionamiento de una dictadura fascista, le favorece y mucho el control caciquil y cortesano de la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales, todas ellas desde siempre dominadas con mano de hierro por el Partido Popular. Sus prepostes, no tienen ningún reparo en laminar el medio ambiente de todos y los usos, costumbre y el futuro de los pueblos y sus habitantes si con ello consiguen más comisiones y más re-elecciones. Total, el club de campo y el chalet en la pedanía de Valladolid va a quedar muy lejos de las voladuras y el paso de camiones.

 Escena de el Campo Charro en Villavieja de Yeltes

Resulta curioso cuando menos, como durante años, la Junta de Castilla y León ha dejado a su suerte a comarcas enteras y miles de trabajadores y a sus familias que vivían gracias a las minas de carbón. Alegan con desfachatez su falta de rentabilidad, sin dar alternativa siquiera para tratar de arraigar esas gentes y frenar la despoblación que sufre una región sin futuro, que parece sólo sirve para hacer negocio sin importar gentes, historia o medio ambiente.
Incluso y gracias a su control de las élites, consiguen frenar las iniciativas que han ido modificando normativas en defensa del medio ambiente y las personas. Así, para salvaguardar la obligatoriedad introducida en 1994 para dejar el entorno como lo encontraron antes de empezar la actividad extractora, han encontrando en la ingeniería financiera una solución a todos sus problemas. Lo que hacen es sencillo y muy perverso. La empresa promotora, multinacional, crea una sociedad en el país a la que pone al nombre del proyecto y que “vende” los réditos de la actividad a la multinacional madre a través de paraísos fiscales y demás parafernalía burocrática. Cuando se va a acabar la actividad minera, la sociedad radicada en el país, aduce quiebra económica, por lo que se cierra al día siguiente de acabar el permiso de extracción, quedando esa obligación de retornar el entorno a su estado primigenio en manos de las administraciones. Una burla dolorosa e inmoral más.
Otra parte importante para lograr los objetivos es disponer de unos medios de comunicación serviles en todo momento. Capaces de sin remordimiento lapidar estas informaciones y tergiversarlas hasta el infinito para el beneficio de promotor y administración. En estos medios tradicionales, como puedan ser los periódicos provinciales será imposible encontrar informaciones de las plataformas ciudadanas en contra de este tipo de explotaciones. O las declaraciones de partidos, ecologistas o consumidores que se muestran beligerantes ante estas agresiones. Sin embargo ese espacio y mucho más podrá ser vendido al promotor para que cante durante meses las alabanzas de su proyecto y las supuestas bondades que van a introducir en el pueblo, la comarca y la provincia en forma de inversiones, puestos de trabajo o incluso infraestructuras.
Ni que decir tiene que pasados los tiempos de la propaganda, las inversiones son mínimas, los puestos de trabajo precarios y muy reducidos, y las infraestructuras, no os voy a hacer reír. Un buen ejemplo de todo esto fueron los publirreportajes que durante casi dos años, La Gaceta de Salamanca, fue dedicando a Berkeley la promotora de la Mina de Uranio en Retortillo. Estos, de varias páginas a color y en cuadernillo central los domingos, contrastan con los escasos(o nulos) espacios que se dedican para la información de la actividad de las asociaciones en contra del proyecto, su voz o de las profundas ilegalidades que esta empresa lleva cometiendo en nuestra Salamanca todo este tiempo. Sin embargo, hasta que no saltó el escándalo a nivel nacional nada se leyó en La Gaceta sobre la tala de miles de encinas, algunas centenarias, que Berkeley ha llevado a cabo sin tener los permisos necesarios para ello.
Al final se constata una realidad y es que para las administraciones, los medios tradicionales y por supuesto estas empresas plantear en Castilla y León y en general en el mundo rural español estos proyectos era muy rentable puesto que no se encontraban con oposición y resistencias o si la había era de muy baja intensidad, ya que se trata de zonas despobladas, con población envejecida y además, por lo general, con un bajo nivel de estudios.
Sin embargo y afortunadamente esto ya no es así. La paulatina vuelta al campo de jóvenes, el auge (esperemos que moderado) del turismo rural, el mayor acceso a la información y contactos que la llegada, moderada, de Internet a nuestros pueblos y el siempre rocoso y combativo sentimiento de pertenencia que algunas veces sacamos a pasear los castellanos han tejido redes para saltar las barreras y encontrar altavoces que le hacen llegar a audiencias reivindicativas mayores, tanto en las propias capitales de provincia, como también en Madrid.
Mientras que los medios del capital silencian estas actuaciones y abusos que las multinacionales, de la mano de “nuestras” administraciones, perpetran la sociedad civil, primero en los pueblos y luego poco a poco, en las ciudades, hacen resonar el clamor por la justicia y la defensa del interés general.
Aún con todo, estos pueblos no tienen recursos (casi siempre económicos) para defenderse, alzar la voz y dar conocimiento de su lucha que no sólo es suya, por su porvenir y entorno, sino también por toda la sociedad. Y es que es muy díficil creerse el interés general de estos proyectos cuando los beneficios se los queda una multinacional extranjera, que subcontrata hasta la extenuación y ejecuta trampas fiscales para pagar menos impuestos.
No hay estudio de impacto medio-ambiental, ni análisis de causas económicas y de viabilidad y rentabilidad que avale este tipo de proyectos en nuestro mundo rural. Es absolutamente demagogo y falso ese interés general en la apertura de una mina de cielo abierto a 20 km de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, de Ávila; lo mismo en el caso de la mina de uranio en plena dehesa salmantina, un ecosistema, de intervención humana, único en el mundo que alberga además, humedales y zonas de especial protección para las aves; Y lo mismo podemos hablar sobre el fracking en los Valles Pasiegos que vaciaría unos pueblos con modos de vida peculiares, interesantísimos desde el punto de vista antropológico e histórico, y que también han legado uno de los paisajes más interesantes y ricos de la goegrafía nacional.
En los enlaces anteriores he dejado la información de las Plataformas en contra de estos proyectos mineros y a favor de la vida, el medio ambiente y el futuro para nuestro mundo rural. A continuación dejo las campañas en change.org para presionar y evitar estas agresiones al entorno y a los modos de vida y el futuro de todos y todas:
Por favor, firmar y compartir. Nos jugamos mucho.

El interés general es defender nuestros pueblos. Nuestro medio ambiente. Los campos, montañas, rios y acuíferos de nuestra región. Y los usos y costumbres milenarios. Así como el futuro de un mundo rural y el sector primario (agricultura, ganadería, recursos forestales) que lo sustentan en el día a día. Así como también garantizar los derechos de nuestros vecinos y vecinas en el mundo rural, empezando por el primero de ellos: su elección de un modo de vida.





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