La violencia sexual también se instala en el mercado inmobiliario

La actitud machista llega allí donde hay mercado y necesidad. Algunos llegan a llamarlo "libre mercado", "intercambio mutuo" o "acuerdo entre partes". En cualquier caso, esta nueva moda inmobiliaria trata el cuerpo de la mujer como un bien de consumo, como un crédito de mercado, además de especular con el derecho a una vivienda digna. El artículo 47 de la Constitución Española dice que "toda persona tiene derecho a una vivienda digna", mientras que el 15.1 dicta que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a (…) tratos inhumanos o degradantes." Ambos artículos quedan manifiestamente violados con este tipo de anuncios.

"Alquilo habitación en Quintana a cambio de sexo. Es un piso de 3 habitaciones, con cocina, baño, despensa y cuarto de estar, tambien hay conexion a internet y tv. Solo chicas.", es sólo un ejemplo de anuncio publicado en internet y de libre acceso de cualquier internauta.

De nuevo es la mujer quien paga los problemas derivados del precio de la vivienda. Si en otras ocasiones hemos hablado del alto coste de la vivienda, de la imposibilidad de buena parte de la población para adquirir un lugar en el que vivir, ahora tenemos que sumar a esta realidad la imposición de un mercado de alquiler degradante e insultante para la mujer y para todo ciudadano con un mínimo de sentido ético.

La cosificación de la mujer es tradición en otros ámbitos. La explotación sexual de inmigrantes es el ejemplo más claro de cómo, en alianza con la miseria, se puede usar a la mujer como objeto. Incluso hemos conocido clínicas donde llevar pantalón era motivo de despido. Ahora, aprovechando los residuos de la especulación inmobiliaria -que afecta directamente al mercado del alquiler-, nos encontramos con que el machismo ha encontrado una nueva forma de agresión sexual: "o follamos, o a la puta calle".

Las autoridades competentes -y también las agencias de anuncios clasificados- tienen la obligación de proteger a la mujer de esta forma de violencia sexual, de acuerdo con el Artículo 15.1 de la Constitución acerca de los derechos y libertades. Es impensable que, en una democracia moderna, el acceso a una vivienda digna -que garantiza la Constitución- esté en función de la aceptación de una serie de prácticas sexuales abusivas sobre la desprotegida mujer que sin recursos, sin techo y, probablemente, sin trabajo, ve degradada su integridad moral desde el momento en que lee el vomitivo anuncio del proxeneta disfrazado de casero.

La Igualdad es un asunto de Estado para todo país democrático por ser el pilar fundamental de esta forma de gobierno. Y, en España, sigue brillando por su ausencia. ¿Quién dice ahora que la Igualdad no necesita un ministerio?