Polarización y politización antes de las elecciones del 29N

Lula da Silva ha ganado las elecciones de Brasil. Contra todo pronóstico y en contra de lo acontecido en la primera vuelta, el Partido de los Trabajadores ha ganado la segunda vuelta a la extrema derecha brasileña representada por un prescindible hijo de Bolsonaro. Otro corrupto, faltón y vende patrias como su padre. Lula obtiene su cuarto mandato con 81 años y mantiene a Brasil como faro de la izquierda en latino América, mientras el resto de naciones vecinas han ido cayendo en brazos de la derecha ultraliberal y fascista. Y ahí van sus poblaciones y clases trabajadoras perdiendo poder adquisitivo, derechos y produciéndose en consecuencia la contestación social. Sin embargo, Brasil se mantiene, junto a México, como dique de la izquierda en un momento de tremendo avance imperialista de Estados Unidos sobre el continente.

Y como viene siendo habitual, la extrema derecha no reconoce los resultados. Pide su anulación y clama contra un presidente al que ya consideran ilegítimo. Ya sabéis: Si las elecciones las ganamos “nosotros” (o los nuestros) “son un verdadero ejemplo de democracia”, “son una fiesta”, legales y con totales garantías; si ganan las izquierdas, es que ha habido manipulación, son ilegales y por lo tanto, es lícito enclaustrarse en el poder y/o amenazar y ejecutar golpes de estado. De todo tipo ya en los últimos años, y en el propio Brasil también.

Este es un comportamiento ya bien conocido y un ejemplo más de las peores tácticas de la anti-política que representa una derecha echada al monte y a los brazos del fascismo. La salida de la crisis-estafa de 2007, de ese capitalismo ultraliberal que hacía aguas, ha sido para la élite el último recurso de usar a la extrema derecha ultramontana para desviar la atención sobre sus propias responsabilidades y para apuntalar los discursos identitarios y nacionalistas que se plasman en las luchas entre el último y el penúltimo. El feminismo, el ecologismo, la lucha contra el cambio climático, los derechos LGTBI, el racismo y la xenofobia, y por supuesto, los rojos, son los que han provocado que no puedas comprar una casa, que tu trabajo sea más precario e inseguro ante el avance de la IA y la ultra-tecnificación, o que echen a tu abuela del barrio. Por poner unos pocos ejemplos.

Todo con tal de que la atención se desvíe de los verdaderos culpables y abrir los procesos revolucionarios que se necesitan para volver a construir un mundo, y unas sociedades, más plenas y garantistas. Donde la justicia social no sea sólo retórica, y en el que se asuman, respeten y protejan pactos sociales sólidos y convincentes, bien necesarios para solucionar los problemas que tenemos hoy en día, y los que vendrán en el futuro. Es decir, hacer política y que la hagan todas y todos, no sólo quienes interesan para los que mandan.

Pues bien, una de esas tácticas deleznables es la de la polarización de las sociedades. “Es que ahora las opiniones están muy enfrentadas, y los medios de comunicación, las redes y los políticos son culpables”. Todos por igual. Los que defienden esta tibia democracia liberal y los fascistas que han venido a derruirla desde dentro. Todos y todas igual de culpables. Si ya, y un cuerno.

Porque la verdad es que desde siempre, pero fundamentalmente y de manera abusiva desde 2016, una extrema derecha desatada ha conseguido imponer sus marcos de opinión y actuación. La inversión que las élites han hecho para que se acepten ideas y declaraciones, que hace 20 años eran inimaginables en los medios de comunicación y en los propios debates políticos, nos deberían dar la pista de qué se ha hecho, por qué y quiénes son los responsables. Como siempre seguir la pista del dinero ayuda.

Por qué se ponen en cuestión convenciones que como sociedad “habíamos” tomado en acuerdo. Por ejemplo, las cuestiones sobre las pensiones, incluida la propia pervivencia de los sistemas, la edad de jubilación de las clases obreras o la solidaridad intergeneracional que como principio rector la sustenta, o lo que tiene que ver con el carácter público y la calidad de los servicios de democracia como la sanidad o la educación públicas. O la fiabilidad del sistema democrático, de las elecciones mismas y en especial el voto por correo que se emplea como primera carga de demolición de la legitimidad política cuando las cuentas no salen o las encuestas no son tan favorables. En el tablero discursivo se han aceptado, y sigue ocurriendo, ideologías y amenazas hacia la democracia, la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas que son intolerables. El eje político (y el mediático, el electoral o el social) se ha corrido hacia la derecha, hacia la extrema. Y al resto no nos queda otra que amarrarse a unas posiciones de mínimos, que nos alejan de los objetivos legítimos de mayor igualdad y de un reparto de la riqueza (y por cierto, también de las responsabilidades) más justo y democrático. En este contexto artificial -porque es creado ex profeso por las élites alterando la realidad social-, los temas y debates quedan tergiversados.

Las condiciones materiales de vida y la identidad de clase queda subyugada a una defensa de mínimos de los más elementales derechos civiles expuestos hace más de 200 años y que a estas alturas de la vida debían de estar asegurados por la praxis política, y fundamentalmente por la militancia activa del grueso de la sociedad civil convencida defensora y promotora de un bienestar colectivo y de una democracia funcional. Sin embargo, el eje político y el sentir mayoritario se desplaza de posiciones centristas que contemplaban con simpatía la ampliación de los estados de bienestar a posiciones ultras en lo nacionalista y radicales en lo económico apoyando un modelo ultraliberal que nunca, en ningún sitio, se explicó antes de ponerse en práctica y cuyas consecuencias venimos padeciendo el grueso de la población con cada vez menor bienestar. Y encima tenemos que cuidarnos de todos aquellos miembros de las clases bajas que votan en contra de sus propios intereses materiales, y especialmente los de sus hijos, para hacerlo en favor de una  identidad y unos valores disfrazados, que no corresponden a sus valores y necesidades sino a los de las élites, tal y como describió en 2004 el filósofo estadounidense George Lakoff. El mayor ejemplo es la defensa y apoyo a propuestas de bajadas generalizadas de impuestos: A uno de la élite la propuesta le puede ahorrar millones de euros al año; a un miembro del lumpen a penas un centenar de euros. Y luego nos lamentamos de cómo y de qué manera se financian los servicios públicos.

 

Del mismo modo, otro de sus más execrables insultos para deslegitimar a la propia política es usar el naipe de la politización. Cuando se habla de politización se habla en negativo. ¡Qué mal que se politice una cuestión! ¡Qué cosa más improcedente, doliente o incluso, nefasta el que tratemos un asunto en términos políticos! Por contra, si se pone en tela de juicio o se valora en términos económicos una cuestión, ¡qué ejercicio más brillante y necesario se plantea!. Es todo de un absurdo lamentable.

Porque no hay nada más democrático que politizar un asunto. Politizar es dotar de sentido y contenido a las circunstancias, los entornos, los contextos, las acciones, los pensamientos, etc. Los problemas que nos afectan. Ponerlos en cuestión con todas su variantes y posibilidades. Hacer que las cuestiones salten del ámbito íntimo y personal del individuo o de la familia y se ponga en común con otras y otros. Que se reconozcan que hay problemas, cuestiones y soluciones que han de ser comunes. Politizar es también despertar la conciencia política de individuos o grupos, incluida la formación política que hoy más que nunca es bien necesaria. En definitiva, politizar es generar una motivación y con ella una militancia democrática (da igual si de derechas o de izquierda) por participar y hacer más fuerte los acuerdos que se incluyen en ella (con todo lo imperfecta, exasperante o lenta que resulte).

No hablo de manipulación. Hablo de politización. De hacer que las personas cuenten en la detección y resolución de su propia vida y condiciones. ¿Qué malo hay en eso?

En realidad, y aunque no lo recordéis niños, la polarización y la politización siempre estuvieron ahí. Cuando la derecha pierde elecciones, como en 2004 ya clamaron por una deslegitimización de los resultados y ejercieron una oposición traicionera y ruidosa. Los gobiernos de Rajoy fueron de un autoritarismo bárbaro y de una inoperancia absoluta, menos para laminar derechos de las mujeres, las personas migrantes y de todos los trabajadores. Cuando perdieron el poder, entre otras cosas por su manifiesta y probada corrupción y latrocinio, volvieron, ahora ya si, con una ultra derecha desligada a componerse en turba reaccionaria que solo sabe inventar problemas donde no los hay o transformar la responsabilidad de los existentes para que no les salpique. Amparados y fortalecidos por las élites, y en especial por la avanzadilla ultra internacional, proponen una ofensiva totalitaria para evitar la solución de los problemas reales, que empiezan y en buena parte acaban, en un capitalismo ultraliberal que se desmonta de manera estructural.

Hay quienes agotados por estas legislaturas, por esta “excesiva” polarización y politización, dicen “dejarles gobernar”, por lo menos se acabaría el ruido. Se equivocan: Las ultra derechas, pp y vox, tanto montan, con el poder ejercerían un gobierno ultra y reaccionario. Radical y voraz en transformar nuestro país y nuestra sociedad para hacerla más opresiva, conservadora, cutre, corrupta y con menos futuro y sí, mucho más dolor. No cejarían en su estrategia como se está comprobando allí donde están rascando el poder: En Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Chile o en la Hungría de Orban.

El ruido va a continuar, por lo tanto es imperecedero votar y hacerlo en defensa de la clase trabajadora. Así de claro.

Y después, por un lado se tratará de preservar la politización para hablar en términos de debate y política, más allá de la lucha partidista (y mediática afín) y de las urgencias electorales, favoreciendo la información, el aprendizaje y el acompañamiento de una ciudadanía empoderada y adulta que exige decisiones políticas para resolver problemas políticos, que se manifiestan en la economía y en las características sociales y culturales de las personas, los grupos y del territorio. Por el otro, y para frenar la polarización reinante, habrá que intervenir y sacar estos discursos desaforados de debate político. Volver a construir consensos de país y anular a quienes ven al adversario político como una amenaza por lo que se justifica su ataque, opresión e incluso, eliminación. Me temo que quienes deberían hacer este camino no están ni capacitados ni tienen el interés para intentarlo.

Lo que si que es imperecedero es meter mano y legislar sobre los medios de comunicación, las redes sociales (atendiendo especialmente a su origen y los intereses de sus dueños) y a los propios partidos políticos, para que se hagan responsables de su impacto en la sociedad y del peligro al que someten al pueblo cuando publican y difunden mensajes simplificados, burdos e incluso inventados.

Como en Brasil, otras sociedades y pueblos despiertan, se activan y luchan por su país y su futuro. 

Inicio del curso político para los ciudadanos y ciudadanas

 

Arranca en estas fechas el curso político 2026-2027 en España que acabará con las elecciones generales en julio del año que viene. Con ellas se cierra la XV Legislatura de la democracia del reino de España tras la transición española que siguió a la dictadura franquista.

A estas elecciones generales o de ámbito nacional -a las Cortes Generales, es decir Congreso de los Diputados y Senado-, le anticiparán en un par de meses las elecciones municipales y autonómicas en varias de las autonomías del Estado. Por importancia Madrid, Comunitat Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla La Mancha también pondrán en liza a sus representantes y con ellos a sus gobiernos, por lo que prácticamente la mitad del estado estará llamada a las urnas hasta en 3 ocasiones en uno o dos meses.

Por lo tanto, este curso político se antoja decisivo en el futuro del estado. A saber, si España se suma a la ola reaccionaria que asalta los gobiernos democráticos en buena parte del globo, esencialmente en el hemisferio Occidental (Estados Unidos y América Latina), así como también muchas de las naciones europeas. O si por el contrario, España se mantiene como un dique de la democracia liberal frente a un mayor autoritarismo y al dominio de los marcos de discusión, o mejor dicho de abuso, que la extrema derecha está logrando imponer.

Anticipar los resultados electorales a prácticamente un año vista es un ejercicio inútil y condenado al fracaso. Más si cabe en un caso como España, con una alta política volátil en extremo, muy condicionada a los estados de opinión inducidos desde arriba (habitualmente por la prensa escrita en Madrid y las direcciones empresariales, de los grandes bancos y de los partidos del bipartidismo; ahora dispersada a través de las redes sociales y los personajes que pululan alrededor) y en el que el hartazgo de los votantes tradicionales de la izquierda determinan tanto el voto. Si estos no votan uniendo en unas pocas papeletas el sentir de opiniones y voluntades diversas en torno al feminismo, las cuestiones identitarias o de clase, y las sensibilidades hacia temas tan trascendentes en este momento como la situación de la vivienda, la protección del medio ambiente o la posición internacional y geoestratégica en defensa de los derechos humanos y el anti-fascismo, la victoria para la derecha estará más cerca, porque estos últimos consiguen aunar sus votos sin discrepancia ni casi ausencias.

El ciclo de elecciones autonómicas de esta primavera ha reforzado una tendencia hacia fortalecer los gobiernos de la extrema derecha en coalición entre PP y Vox, y a castigar a los partidos en el gobierno central, en especial al PSOE al que se le presenta una crisis profunda en regiones que tradicionalmente habían votado socialista como puedan ser Andalucía, Extremadura o Aragón. Sin embargo, estos resultados no han tenido la amplitud que buscaba la dirección nacional del PP, sino más bien han demostrado su propia debilidad al tener que volver a ceder y por un margen bastante mayor a los postulados ultras de Vox, lo que a su vez, imposibilita a menos de momento, cualquier acercamiento entre las derechas nacionalistas y burguesas vascas y catalanas, con lo cual o asaltan el umbral de escaños de la mayoría absoluta sin contar con Euskadi o Cataluña, o el período que se abrirá será el de nuevo gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.

Y es que en la capacidad de resistencia de Sánchez y en el papel central y vertebrador que el PSOE tiene entre las diversas sensibilidades en la política española radica el principal argumento que pueda tener una victoria de la España progresista -con notorios matices-, ante la avalancha ultra a la que, no olvidemos, mantiene y potencia la ola reaccionaria internacional de un capitalismo depredador y oligarca.

Desde luego el gobierno central tiene un desgaste colosal. Son 8 años desde que Pedro Sánchez asumió el poder y se convirtió en Presidente del Gobierno (el segundo más largo en duración de la democracia española). Ocho años de un ataque que no cesa. Que tiene un fuerte carácter personal hacia la deshumanización del personaje y de su familia. Que ha surgido desde la oposición, desde los medios de los emporios mediáticos de la derecha (incluidos los pseudo-medios patrocinados por estos emporios y financiados por las autonomías del PP), y con furibundos ataques de la justicia y los mandos anticorrupción policiales que ahondan en un cada vez mayor desprestigio de estas instituciones entre el pueblo. Y sí, también del goteo de casos de corrupción en torno al PSOE, a su figura o a la de Zapatero que han provocado un desgaste colosal y puesto en solfa la superioridad moral de la izquierda y la propia coherencia y legitimidad de los altos cargos del PSOE. Sean ciertos o no, sean manipulaciones, bulos o campañas orquestadas desde la oposición y de los enemigos internos y externos a la democracia y a un tibio reparto de la riqueza.

Tampoco se debe de olvidar en el período de análisis y reflexión durante este año, la situación de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda. Partidos, sindicatos, organizaciones, asocaciones, colectivos y las consiguientes confluencias entre todos estos agentes deben ser puestos a consideración.

Pero lo cierto es que todo este descrédito, que queda por ver si se debe a unas causas concretas verídicas, y no a campañas orquestadas de “el que pueda hacer que haga” (el miserable de Aznar dixit) no ha acabado de abrir las puertas de la Moncloa a esta ola reaccionaria. Hay varias causas:

Una de las primeras es el propio fantochismo y la incapacidad absoluta, moral, política, comunicativa y funcional de quienes aspiran a gobernar el país. Feijoo y Abascal no son más que unos mamarrachos. Unos títeres que responden a las órdenes de los que mandan, y sus silencios y sus palabras dejan a la altura del betún el interés nacional. Sistemáticamente. Y eso, no es favorable para ganar unas elecciones por mucho dinero e interés que se ponga.

Las incongruencias, la inconsistencia mental y discursiva, las fotos con un narco, las asociaciones con ultras que insultan y menosprecian a una España, que aunque se empeñen, ya no es una única, centralizada y gloriosa, impiden, de momento, aunar la suma de apoyos electorales que requieren. Eso si, están cerca. Y además, no se debe olvidar que esta España también es esa Españistan de corrupción y chiringuito. Que no se pierda en perspectiva.

Pero también el gobierno de coalición ha hecho sus cosas buenas. Los datos macro-económicos son excelentes. El proceso de diálogo y Amnistía con Catalunya ha permitido cierta reconciliación entre Catalunya y España, con una normalización que ha rebajado en varios tonos la crispación que el tema identitario provoca entre los españoles. De hecho, sabedores de que este tema ya no funciona, ha quedado desactivado, las derechas apenas lo mencionan, y lo dejan todo a las negociaciones subterráneas que entre derechas burguesas y parasitarias estén llevándose a cabo. Y otro éxito incontestable del actual gobierno que desmorona el argumentario de la derecha en torno a la cohesión territorial está en el fin de los controles fronterizos en Gibraltar.

Y por supuesto, Pedro Sánchez y todo el gobierno han adquirido una notoria trascendencia internacional por su oposición a esta ola reaccionaria que representan personajes como Trump o Netanyahu, con especial énfasis en el genocidio del pueblo palestino. También no ha habido dudas en abrir conflictos diplomáticos con Italia o Dinamarca por las cuestiones migratorias. De hecho, la propia regularización de inmigrantes (más allá de que se abran las puertas a cientos de miles de ciudadanos latinoamericanos no muy proclives a votar izquierda, digámoslo así) no supone ni "una teoría de reemplazo", ni "un efecto llamada", sino que ha ayudado a mejorar las perspectivas económicas y salariales, al fortalecer los escudos sociales así como la hucha de la pensiones. Más allá estará por ver si la política y la sociedad española son capaces de tejer redes de colaboración y asimilación ante una composición demográfica mucho más diversa.

Evidentemente la labor de gobierno también es censurable en muchos temas. En materia laboral estos 8 años se han mejorado las condiciones empezando por una mejor equiparación entre los salarios mínimos españoles con los europeos. Sin embargo, seguimos lejos en las políticas de racionalización de horarios, reducciones de jornadas, mucha mayor beligerancia en torno a la seguridad laboral y los accidentes y enfermedades profesionales, y mejoras de la movilidad y la vida diaria de las clases trabajadoras.

El terrorismo machista sigue ejerciendo su violencia silenciosa con el beneplácito de unas derechas fascistas y machistas que componen todo ello una lacra social. Ha habido fallos en la protección policial y judicial a las mujeres y esto no se debe tolerar. Tampoco se pueden olvidar las polémicas con los socios de gobierno en torno al tema de la dignidad de la mujer y la igualdad entre géneros, pero es preciso recordar quienes amparan la desigualdad, la atacan y pretenden volver a un mundo talibán de dominio abosluto del hombre sobre la mujer. No lo olviden.

Por otro lado, el gasto militar ha seguido creciendo en un contexto de mayor volatidad internacional. Las guerras en Ucrania, Oriente Próximo, Irán y la situación en África han avalado estos impulsos militaristas que además, no discuten la permanencia en la OTAN, mientras sus aliados en el gobierno, y buena parte de la sociedad, está ya cansada y dispuesta a debatir sinceramente sobre la OTAN, la política de bloques y si esto es una estrategia de defensa como se presenta, o en realidad es un sistema de ataque propiciado por la ideología neoliberal y consolidación del imperialismo estadounidense con la complicidad de los países europeos.

Y por supuesto, la vivienda es el principal problema del estado sin atisbo de acuerdos entre las diversas partes y que sigue castigando inter-generacionalmente a las clases trabajadoras. Estas imposibilidades de acuerdo motivadas en buena parte por la cainita actitud de las derechas patrias impiden acuerdos de Estado en otras materias que por ejemplo permitan la defensa de los bienes públicos, en especial la educación y la sanidad (ambas con conflictos laborales y profesionales muy intensos y lejos de solucionar en la maraña de administraciones y competencias), o el más que recurrente e imprescindible Pacto contra el Cambio Climático y en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural. De hecho, agosto tuvo la nefasta noticia de la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Tampoco es positivo para el gobierno su poca implicación en la defensa de las libertades civiles, y en especial, la de pensamiento, opinión y prensa cuando estas voces han sido atacadas por la ultra derecha y no han encontrado ni la solidaridad, y ni mucho menos, la respuesta enérgica en su defensa por parte del Gobierno. No han hecho nada, y parece que la inacción ha favorecido un abuso creciente de brutalidad policial y la sensación de impunidad, para que las policías ejerzan su labor conforme a un estado de derecho democrático, y sin embargo, ahí los tenemos afianzando a la ultra derecha, anticipando un estado policial. La Ley Mordaza sigue vigente y tampoco en materia de memoria democrática se han dado todos los pasos imprescindibles. Pero aún queda otro factor que no puede pasarse por alto.

En la gestión de las múltiples y concatenadas emergencias que el gobierno de la nación ha tenido que afrontar en estos años radica otra potencia de movilización electoral que el PSOE y sus socios pueden y deben activar. Mientras que la gestión de la pandemia de covid, la situación en el Hierro tras la erupción volcánica de 2021, la de la DANA en Valencia tanto antes, como durante y después de la tragedia, el asalto de la frontera en Ceuta y las subsiguientes crisis migratoria y humanitaria (el episodio de emergencia nacional peor tratado y todavía no resuleto por el gobierno central en estos años), o los episodios de incendios forestales masivos han demostrado la incapacidad absoluta de los mandos políticos de la derecha, así como lo nefasta que resulta su ideología inmoral y reaccionaria con una estrategia de bajadas de impuestos, recortes en servicios públicos (sanitarios, educativos y sí también en emergencias) y asignación de presupuestos en chiringuitos de la derecha (como símbolo el taurino), ha sido el gobierno central los que han tenido que asumir el mando y dotar de eficacia a la respuesta institucional y administrativa que todas estas emergencias han ido reclamando. Aún con matices, críticas y propuestas para mejorar estas respuestas, el ciudadano debe extraer sus propias conclusiones y comparar cómo se ha sentido ante una catastrofe natural o humana cuando gobiernan unos u otros. Y la principal, es que mientras el gobierno central muestra capacidad resolutiva, implicación y voluntad de acuerdos y trabajo común por solucionar los problemas, la derecha regiendo administraciones o desde la oposición, solo se limita a poner palos en las ruedas, a mostrar su inoperancia y su sinvergoncería en vender el patrimonio de todos, y otras veces a tapar su incapacidad atacando a quien ha venido a salvarles el culo.

De hecho, en cuanto a las elecciones autonómicas y municipales en el horizonte es muy importante que el electorado analice y saque sus propias conclusiones para hacerse valer y defenderse de las agresiones que el capital perpetra con el consentimiento, cuando no, el enérgico apoyo de casi todos los ayuntamientos y autonomías que están en manos de la derecha.

No hay gran ciudad del estado español, ni área regional, que no estén siendo pasto de la degradación del entorno natural y de la propia convivencia. El turismo desatado, auspiciado por la economía del pelotazo ha convertido cualquier espacio en un lugar y un momento sobre el que extraer la riqueza económica denigrando los derechos y el bienestar de los habitantes, y de hecho convirtiéndolos en ciudadanos de tercera, totalmente prescindibles si a la ciudad (o al pueblo, o a la playa, o a la montaña) llegan turistas con dinero en el bolsillo. Especialmente si pensamos en ciudades como Málaga, Valencia, los archipiélagos, Galicia, y por supuesto, y dominando el debate público, Barcelona y Madrid.

Por lo tanto, todos estos ayuntamientos y los gobiernos regionales que caducan mandato en 8 meses deben ser puestos bajo el análisis racional, la crítica constructiva y la reflexión sobre qué modelo de sociedad queremos para nuestros municipios y autonomías.

Temas decisivos como las políticas de vivienda, de movilidad, de protección del medio ambiente y tratamiento de los residuos, de gestión de los espacios, los recursos naturales (especialmente el agua potable) y de las emergencias, las políticas públicas de empresa y sectores productivos (qué y cómo se produce en cada espacio), la defensa de los ciudadanos en su rol de consumidor o de vecinos de un lugar, la protección del patrimonio y de la cultura, entre otras, son políticas traspasadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos y sus organismos derivados (diputaciones, consejos comarcales, consejos insulares, mancomunidades, etc.) y son quienes las deben de ejercer para beneficio del pueblo. Es el momento de exigir una política municipal y autonómica centradas en el bien común.

Sería inabordable para mi hablar qué retos particulares tienen que afrontar cada una de estas autonomías y la miriada de ayuntamientos que serán elegidos en mayo de 2027. Además, convendría hacerlo con un mayor conocimiento del contexto actual y fundamentalmente, de los problemas y necesidades que van teniendo los vecinos y habitantes. Sin embargo, centrándose en los grandes temas expuestos en el párrafo anterior, y haciéndolo con un sentido público de gestión sincera y eficaz por el beneficio colectivo, buena parte de ellos podrían ir solucionándose para goce de toda la población.

Por todo esto, es un año muy importante y lo es, fundamentalmente, para las y los electores. Es la ciudadanía la que tiene ante sí una etapa trascendente de su vida y de su país. Y es sobre su acción política, simplificada en el acto de la votación donde debe ejercer su derecho y deber democráticos con una clara y sincera reflexión en el bien común y en la prosperidad del estado. Es a lo que se reduce el papel ciudadano en la democracia liberal, toda vez que se han desmontando las herramientas de conflicto colectivo y de expresión y actuación social, y que el propio sistema no iba a permitir que el pueblo, en bruto, tomará sus decisiones de acuerdo a sus necesidades, principios y posibilidades. Aún con todo, es el momento de preocuparse y de hacer los deberes que como ciudadano todos tenemos obligación y necesidad de acometer ante unas elecciones. Se trata de exigir y conseguir una información veraz, que aporte datos y que nos permita discernir el sentido de nuestras opiniones, el contraste de alternativas, el análisis de hechos, de causas y de consecuencias, y en definitiva, la decisión que hayamos de tomar. Hacerlo de forma sosegada y razonada, no dejándose llevar por impulsos, ni por los forofismos de partido sería lo ideal. Pero por desgracia, en España no funcionamos así.

Memoria y legalidad: Ley de Información Clasificada Democrática

  

En julio de 2025 fue aprobada en Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Información Clasificada. La ley pasó a las Cortes, como es preceptivo en la normativa legislativa, para su análisis, enmiendas, debate y por último, aprobación, previo paso a su publicación definitiva en el BOE. Y ahí sigue.

La Ley de Información Clasificada nacía, sobre el papel, para derogar la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales aprobada por el dictador fascista en 1968. Una aberración democrática que no corresponde a un despiste o un olvido. Pareciera, más bien, que cuando se han asegurado que a ningún vivo le va a ocasionar un trastorno descubrir la verdad sobre nuestra Historia es cuando se deciden a cambiar una normativa franquista y anti-democrática.

En principio, los historiadores, los periodistas, pero también cualquier persona decente, demócrata y sensible a la Memoria y la Verdad, deberíamos esperar la desclasificación automática de toda la información del período dictatorial y de la Transición. Sin embargo, ya sabemos que la ley salió de Moncloa correctamente amputada, calificando cierta información clasificada como alto secreto, cuyo plazo podría prorrogarse hasta 15 años más, lo que impediría el acceso a documentos sensibles. Además, si estos, u otros, documentos corresponden a eventos “vigentes” que no han finalizado o personas todavía vivas, pueden mantenerse ocultos.

Desde el Gobierno se proclama el derecho de los ciudadanos a saber y de las administraciones a informar, y sin embargo, se ejercita una normativa que busca añadir más oscurantismo e indignidad a lo que tenía que ser transparencia y facilidades para estudios rigurosos, tanto desde el punto de vista académico, como político, y eminentemente, jurídico.

Todo el proceso normativo por actualizar y dar empaque democrático a temas como los secretos oficiales y la transparencia están motivados por la adhesión al Convenio de Tromso o Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Oficiales, que procura que los distintos estados construyan legislaciones abiertas y garantistas con los archivos oficiales, su acceso, disponibilidad, conservación, difusión, estudio, debate y publicación. El Convenio entró en vigor para el estado español en enero de 2024 uniéndose así a otros 15 estados europeos (curiosamente los nórdicos y repúblicas de la extinta Yugoslavia y del bloque del Este).

Entre los temas a desclasificar, a quitarles el membrete de Alto Secreto, está todo lo relacionado con el papel de la Iglesia durante la dictadura. Y especialmente, en la figura del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. Si ya son públicas, ya lo eran y evidentes, sus corrupciones, desmanes y amoralidad, conviene recordar su papel como “vice-caudillo” antes de la muerte de Franco. Como heredero oficialista del régimen, Juan Carlos tuvo que asumir la jefatura del estado durante el verano del 74, por la indisposición del dictador. No se sabe qué decisiones tomó, bajo qué presiones y con qué contrapartidas.

Por contra, lo que tuvimos en el pasado aniversario del golpe de estado del 23F de 1981 fue un paripé de desclasificación de documentos inocuos que mantenían el secreto y la sombra sobre cómo se planificó el golpe. ¿Qué buscaba?. Y fundamentalmente, el papel de los implicados, empezando por el Borbón, que sin embargo, ante la selección de documentos y extractos aparecidos sería el objetivo de la Operación Salvar al Soldado Juan Carlos I.

Y por supuesto es fundamental y de derecho, democracia, memoria y reparación conocer el rastro de las fosas como las asociaciones por la Memoria Histórica están reclamando desde hace años. Se calcula que a día de hoy, más de 50 años después de que falleciera en la cama el sanguinario y traidor dictador, todavía siguen desaparecidas unas 100.000 víctimas. No es poca cosa esto porque se desconoce el paradero, si es que no fue destruido, el “mapa” y todo el archivo que el régimen construyó con los testimonios y atestados de matanzas y enterramientos en fosas por todo el estado español. Este mapa fue empleado para determinar que fosas eran exhumadas y sus restos trasladados a Cuelgamuros, y de existir, podría ayudar a hacer justicia y otorgar descanso y reparación a las miles de víctimas y sus familias.

En general investigar qué ocurrió durante la Guerra Civil, empezando por el golpe de estado del 18 de julio, en cómo se preparó, pero también sobre el propio desarrollo de la guerra, sus fases, realidades y afectaciones para la vida de los españoles (en el frente o en las retaguardias) requieren estudios que necesitan acceso y garantías sobre los materiales del ejército y otros archivos de carácter público y privado. Insisto en este punto que hay que trabajar sobre lo ocurrido durante la Segunda República, pero fundamentalmente en los movimientos de los opositores al régimen republicano, y en cómo se fraguó la reacción de las élites contra el pueblo español.

Conocer exactamente todo lo acontecido durante la Dictadura y la Transición es de vital importancia para construir una Democracia sólida y garantista que tenga en la Memoria y la Justicia por los que lucharon por la libertad un lcimiento fuerte y estable. Frente a eso las mentiras y los ocultamientos. Y los premios a los criminales como Martín Villa, que como Ministro del Interior entre 1976 y 1978 era capaz a la vez de oprimir y asesinar a las clases trabajadoras y democráticas, y quemar innumerable documentación para salvaguardar el legado y la riqueza de los pro-hombres del franquismo.

Ya sobre el período histórico de la transición es muy pertinente estudiar, conocer y publicar todo lo acontecido en el estado español: Las negociaciones antes y durante la Ley de Amnistía de 1977 o con la Ley de Refoma Política. Los GAL y la Guerra Sucia contra el terrorismo. La corrupción política y económica tanto del estado español, del bipartidismo y de los democristianos catalanes. La vidorra de Juan Carlos I y sus acólitos. Quién se benefició de la Guerra ilegal con Irak en la que nos metió Aznar. ¿Cómo los servicios secretos y las fuerzas de seguridad pasaron de un día a otro de ser franquistas a demócratas?. Las relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos, Israel y Marruecos en todo lo referente a la cuestión del Sáhara Occidental.

Desgraciadamente, “llegamos” como sociedad tarde. Cuando muchos de los autores y testigos han fallecido sin ver su nombre puesto en la palestra. Sin ser condenados. Sino, es más, manteniendo medallas, pensiones y parabienes. Y sobretodo cuando también han fallecido los familiares directos de los represaliados, que vivieron una vida, sin saber dónde estaba su padre o su madre, o sus hermanos, y además aguantaron la vergüenza y el oprobio de un régimen fascista que se sabía intocable, y una pseudo-democracia que parece perezosa y condescendiente con sus tareas ineludibles.

Es evidente que cuando se trata de Derechos Humanos y de su ataque y violación no hay secretos oficiales que valgan. Es triste vivir en un país con casi 50 años de democracia incapaz hasta hoy, y veremos cómo queda el texto final, de asumir que los crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad no son materia clasificable en ningún caso. Que no tienen cabida en un archivo secreto.

Es evidente que la tramitación parlamentaria de la nueva ley de secretos oficiales en democracia va dolorosamente lenta y tiene terribles zancadillas como las de una mayoría de ultraderecha directamente heredera del franquismo, cuando no de mercenarios que saben qué mano les da de comer. Proteger un régimen corrupto y fascista, en esencia criminal y traidor a su propio pueblo, es lo que llevan haciendo desde julio del 36, estén en un Parlamento, un altavoz de la prensa o mandando ejecutar a jornaleros y profesores. No nos sorprende su ruindad y mezquindad. Por eso mano firme y apuesta por la aprobación definitiva de la Ley de Información Clasificada. Por una democracia sólida y garantista para todas y todos. Por Justicia y por Memoria.

 

 

90 años de un Golpe de Estado

Un grupo de milicianos republicanos son conducidos por sublevados armados tras rendirse.

 

 

Hoy 18 de julio de 2026 se cumplen 90 años del golpe de estado que provocó el estallido de la Guerra Civil española. Aquel sábado una parte significativa del ejército español, y más concreto los principales generales acantonados en las guarniciones de los protectorados españoles en el Norte de África (los “africanistas”) se saltaron su juramento de fidelidad al pueblo y la patria y se sublevaron contra el orden establecido y el gobierno legítimo de la Segunda República Española. Detrás como auspiciadores los prohombres de la derecha española (monárquicos, carlistas, falangistas, etc.,), que ya se habían asegurado el favor de las potencias fascistas del Eje, y en especial los jerarcas de la iglesia católica española que había perdido su monopolio en la educación para adoctrinar a los españoles y españolas. Y por supuesto, la financiación del golpe y posterior guerra llevada a cabo por las principales familias de banqueros y hombres de negocios del estado español, con fundamental énfasis en la figura de Juan March.

El golpe de estado que debía llevar a una usurpación rápida del poder en favor de los promotores y golpistas para elevar un gobierno militar de talante fascista fracasó por la resistencia interna del estado republicano, que aunque joven había podido desarrollar algunas contra medidas que resultaron eficaces. Y sobretodo, por la actitud de las clases trabajadoras urbanas españolas, de los mineros asturianos y de varios oficiales militares que mantuvieron leales a la república a sus subordinados y cuarteles que impidieron la consecución de los planes de control militar del territorio nacional.

Como resultado se abrió una contienda civil entre ideologías en España que supuso una guerra cruenta y de extrema violencia durante 3 años, en los que la eliminación absoluta del enemigo era el objetivo íntimo a la victoria militar y el dominio político y social. La victoria franquista trajo una “eterna” dictadura fascista, que supuso en conjunto con el total de la guerra, más de un millón de muertos, de los que todavía hoy hay al menos 150.000 desaparecidos del bando republicano, además de un exilio de entre medio millón y 700.000 españoles (según fuentes) entre 1937 y 1942. Entre las consecuencias políticas y económicas del conflicto y la posterior dictadura están el anclaje a un conservadurismo fascista, un sobre-dimensionado de la estructura centralizada del estado y un afianzamiento del dominio jerárquico de los vencedores de la guerra sobre las clases trabajadoras e identidades subalternas del estado español.

Escribir hoy, noventa años después, del 18 de julio, la Guerra Civil y la criminal dictadura franquista (sin olvidar la transición “democrática”) no supone un simple ejercicio de nostalgia o de inmovilismo que provoque tanto las divisiones del pasado, no satisfechas en el presente, ni tampoco la absolución de los perpetradores de tanto dolor, tanto de un bando como de otro. Recordar y estudiar todo lo que gira en torno al 18 de julio implica comprometerse en la veracidad histórica, con capacidad crítica. Explicar quienes y por qué abrieron el conflicto, cómo se desarrolló, qué fases lo secuenciaron, y sobretodo, qué consecuencias legó, cómo han ido imbricándose en cada momento histórico (desde la propia posguerra, hasta hoy en día) y por qué cuesta, nos cuesta tanto, hablar sobre nuestro pasado.

Quizás buena parte de estas preguntas se respondan con un hecho evidente que sin embargo los “escribientes” del bando vencedor (sublevado o mal llamado nacional) se empeñan en saltarse: La Guerra Civil no fue ni un hecho natural, ni una catástrofe imposible de evitar. La Guerra Civil, todo lo acontecido desde el advenimiento de la Segunda República fue una suma de decisiones de carácter político e ideológico, alimentado por los intereses económicos de las élites con el fin último de seguir explotando a las clases pobres y clases trabajadoras españolas. Incluso si había que derribar un régimen democrático (incipiente), provocar un enfrentamiento armado o abrir un estado perenne de violencia política.

Hoy cuando se pone en discusión los valores propios de la democracia, y aunque sea liberal, los principios más elementales del antifascismo, es un deber de una sociedad seria y responsable explicar con rigor los procesos históricos que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Cuando se habla de violencia política, de deshumanización del adversario ideológico o de la persona distinta (en raza, género, capacidad adquisitiva, opinión política, religiosa, etc.,), de desacreditar las instituciones y al tiempo se banalizan los hechos del franquismo y se loan unas falsarias y supuestas bondades (totalmente desacreditadas por la documentación, los relatos de quienes vivieron bajo tales yugos, y por la propia Historia) más convencimiento hay que poner en trabajar las fuentes, analizar los hechos y poner el contexto necesario para explicar nuestro pasado de manera clara, que no lleve a equívocos y que desmienta las opiniones interesadas.

Pese a la lentitud a la hora de abrir archivos oficiales y frente al apagado de la voz de los protagonistas, tanto quienes ejecutaron y se beneficiaron, y quienes sufrieron y vivieron la Segunda República, la posterior Guerra Civil y la siguiente dictadura, las y los historiadores han hecho un trabajo encomiable por reconstruir lo acontecido y darlo a conocer. Y en esto contra los intereses de algunas instituciones educativas o culturales que parecen empeñadas en esconder los hechos que no les conviene. Por lo que sea.

A través de archivos judiciales, expedientes militares, consejos sumarísimos y de guerra, los registros civiles, parroquiales, de partidos y sindicatos, los testimonios directos, tanto orales o escritos, las excavaciones arqueológicas, y en conjunto, la puesta en común de toda esta documentación y el trabajo desarrollado en torno a ella se han podido esclarecer y asentar los sucesos que promovieron el golpe, la evolución de la Guerra, la violencia ejercida tanto en los frentes como en las retaguardias, las condiciones de vida durante el conflicto, la represión institucionalizada por los vencedores y el desarrollo de una dictadura que ató al país y a sus gentes a 40 años de dolor y lastrado de su vida y su futuro.

Por lo tanto poseemos una historiografía sólida y contundente ante la verdad histórica de la España del siglo XX, que hoy, en pleno siglo XXI, resulta imposible de trasladarse al conjunto de la sociedad para su aprovechamiento y conocimiento. Esta paradoja corresponde a los intereses de quienes se lucraron con la guerra y la dictadura, y a sus firmes herederos. No es que se intente silenciar lo que ya sabemos y está plenamente confirmado sobre la Guerra Civil y el franquismo sino que además se presenta una tendencia historicista empeñada en blanquear el fascismo, relativizarlo y maquillarlo, cuando no mentir abiertamente y “vender” los supuestos éxitos que las políticas del caudillo dejaron para España y los españoles. Basta con leer un poco para conocer la verdad y la realidad de todos estos embustes, y profundizar un poco, a veces en las biografías de quienes vender estas mentiras, para derribar los intereses que hay por detrás.

Frente a la verdad histórica y el profesionalismo de las y los historiadores o de los propios profesores de Historia, se popularizan con mucha fuerza (es decir, con mucho dinero detrás) una versión del franquismo que obvia todo aquello que no les conviene: las cárceles, el exilio, la explotación cuando no esclavitud de las huestes trabajadoras, los genocidios de españoles a manos de españoles, la opresión, el miedo, las torturas, los “paseos”, las “sacas”, las condenas morales, el hambre, las atrocidades, los bombardeos indiscriminados sobre población civil (Gernika, Eibar, Benicarló, Alcoy, la desbandá, etc.,).

Y es que, pese a esta manipulación interesada de la Historia, la verdad es que con la guerra perdió España. Sobretodo su clase trabajadora que aspiraba a construir un país más moderno, más justo y por fin con capacidad en aquel momento de desembarazarse de los largos brazos del conservadurismo y la cerrazón clerical católica, y de la opresión de unas clases parasitarias, aristocrática y burguesa, para abrir un futuro donde la razón, la ciencia y el progreso entrarán con fuerza. Una generación irrepetible de intelectuales (científicos, literatos, filósofos, artistas) desapareció. Pero también una generación de trabajadores que empezaron a comprender las causas de su situación y a imaginar las soluciones para revertirla que pasaban por su toma de conciencia, primero individual y luego colectiva, de su situación, a la organización y la puesta en práctica.

Por ello el 18 de julio hay que recordar. Y hay que recordar a las víctimas. Esas víctimas que son incómodas para las derechas de este país (incluidas la extrema castellana, o madrileña, pero también la vasca o catalana). Esas víctimas que yacen en cunetas o exiliadas. A sus familias que permanecieron silenciadas durante la dictadura y la transición y sólo en los últimos años gracias al trabajo de historiadores y documentalistas alguien les ha escuchado y su relato no queda sepultado. Por ello las leyes de memoria son tan necesarias, imprescindibles. Como es un acto de justicia devolver la nacionalidad española a quienes tuvieron que exiliarse para preservar su vida. Una devolución que se hace a quienes abandonaron España a veces ni con una maleta, y que se hace, como natural, extensible a sus descendientes. Es la mejor manera de que la ignorancia y los intereses de quienes nos quieren hacer permanecer ignorantes no gane de nuevo. La manipulación de la Historia, la ocultación de la verdad y también la indiferencia hacia nuestro pasado no son inocuos. Buscan un objetivo que es que el autoritarismo, aunque sea distinto o disfrazado, se siga imponiendo. Explicar la Historia es la mejor forma de proteger la vida. La democracia y la justicia social se deben defender entendiendo la Historia, explicando por qué y cómo fue destruida en el pasado, quiénes lo provocaron, con qué fines, y cuáles fueron las consecuencias de todo aquello.

No hay concordia sin memoria. No hay democracia sin justicia. No hay historia sin olvido

La ultra derecha española ha anunciado en la última semana una serie de iniciativas legislativas en las Comunidades donde gobiernan en contra de la Memoria Histórica y la Memoria democrática. “Leyes de Concordia” que son el pago por los acuerdos de investidura, pero también el compromiso personal y sentimental con el franquismo y la impunidad de sus familias durante todo el siglo XX. Blanquear y ocultar su pasado por parte de los herederos, mientras siguen deslizando su oposición ilegítima y fuera de todos los cauces legales a través del más básico lawfare y de la más burda y continua manipulación mediática.

La presentación de estas leyes sigue el patrón rutinario de la ultraderecha. Una utilización capciosa y orwelliana del lenguaje, en el sentido de acusar a los demás de lo que están ellos haciendo. Llamadlo “adoctrinar”, “perseguir”, “odiar”, pero no lo llames concordia a planteamientos que provocan discordia en la sociedad española por la nauseabunda intención continuada de blanquear el fascismo, del que son orgullosos herederos.

No podemos y no debemos sorprendernos de que la derecha presentada como “constitucional” y “democrática” avale el discurso de su socio de gobierno en Castilla y León, en Valencia, en Extremadura o en Baleares. El PP tiene una fuerte tradición, precisamente anti-constitucional (esta por el primer derecho cívico, social o económico de la Constitución que defiendan vía acción, declaración o incluso omisión) y anti-democrática que marca una tendencia con la línea trumpista actual. El auge de una fuerza de extrema derecha desligada del propio PP la ha llevado a subirse de nuevo al monte a defender el marco ideológico franquista y a atacar todos los convencionalismos que la ciencia histórica, la decencia y el sentido democrático de un estado de derecho marcan como inexcusables.

En un contexto de grave crisis institucional en España que ha hecho volar el sistema de mayorías parlamentarias en todos los escenarios, el acceso al poder, y con él a los recursos económicos de todos, necesita del concurso de esta extrema derecha ultramontana, negacionista de todo (igualdad entre géneros, razas, naciones y sentimientos, del cambio climático, de la memoria, etc.), y profundamente antidemocrática para plantarse como una alternativa de gobierno. Como bien se ha dicho no van a enfangarse y perder dinero (es lo único que les interesa) por una cosa de rojos, como la memoria histórica.

No les importa ni lo más mínimo hacer estallar su propia coherencia y deshacer sus propios acuerdos previos, como la Ley de Memoria de CyL con tal de no discutir el estado de las cosas, profundamente marcado por el pasado. Por lo que cualquier intento de restaurar la verdad, la justicia y la reparación es vilmente atacado y malversado.

La intención es articular un modelo de estado donde la memoria se amolde al escenario del mito de la transición y el Régimen del 78. Donde prevalece una interpretación equidistante que ha alentado el franquismo sociológico que nos está estallando en la cara. Ese falsario reparto de la responsabilidad entre los dos bandos, esa leyenda de la “guerra fratricida” como si ambos bandos hubieran sido igual de responsables en la guerra y si hubieran tenido las mismas armas, condiciones y legitimidad (obviando la necesaria participación de tropas extranjeras, regulares con todo lo que implicó en el bando nacional, y de voluntarios en el republicano) o el de que “todos hicieron barbaridades” o “recuerda Paracuellos”. Como si las víctimas del bando republicano no hubieran tenido reparaciones formales y patrimoniales en algunos casos durante la larga noche de la dictadura. Equiparando a torturador con la víctima, negando una vez más como durante la Dictadura, esa condición a los represaliados, a los asesinados, a los exiliados del bando de la legalidad vigente y luchadores por la democracia y la libertad. O esa intención de englobar toda la contienda incluida la execrable dictadura fascista y clerical que tuvo como consecuencia, con el primer período democrático de la Historia de España, como fue la Segunda República. El objetivo de estas “leyes de concordia” es sustentar estos relatos y cerrar la página de la reparación, de la memoria y de lajusticia.

La teoría de la equidistancia y la concordia de los herederos de los vencedores, que fueron, no se olvide, los golpistas, asesinos y fascistas, en oposición a las leyes de memoria democrática. Frente al derecho internacional y la justicia universal que consagra los Derechos Humanos y el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y al establecimiento de una sociedad civil democrática, primera y mejor garantía de que no se repita el doloroso pasado. Una manipulación obscena que pretende igualar a víctimas y verdugos, a quienes atacaron y dieron un golpe de estado alzándose contra su propio pueblo, y a quienes defendieron la dignidad obrera y la democracia de la República.

El problema viene una vez más de la falta de rotundidad de la izquierda cuando ha tenido el poder. De no ser igual de agresivos de como lo es la derecha cuando ostenta la legitimidad de los boletines oficiales. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 tienen muchas limitaciones, omisiones (entre ellas y clave dotaciones económicas presupuestarias que hubieran abierto todas las fosas y todos los archivos) y carestía de recursos públicos para instaurar el relato de la verdad histórica y la memoria democrática en la sociedad española.

Una democracia que nació como un punto y seguido a la dictadura autoritaria franquista, sin la preceptiva y saludable depuración de responsabilidades y la investigación de la miriada de corrupciones. Una transición donde prevaleció la forma del objetivo, la consolidación democrática por la vía pacífica (habría que hablar también de la violencia política durante la transición), frente al fondo, esto es, la construcción de una sociedad democrática plena. Donde el ruido de sables de gerifaltes del franquismo asustados ante el cambio permitió la aprobación de una Ley de Amnistía (esta amnistía no se discute) que supuso una “ley de punto final” en la que aparentemente (a nivel internacional como ya se ha hecho en varias ocasiones los crímenes de lesa humanidad como los del franquismo no prescriben) se renunciaba a juzgar los crímenes del bando nacional en la Guerra Civil y la dictadura.

No hubo una política de reparación y de memoria que reescribiera con verdad la falsaria historia del franquismo y su relato que quedó avalado como “un mal menor”, “una incomodidad pasajera” o incluso, “una absoluta tranquilidad.

En este sentido, no sorprende que en este momento de crisis global, con repliegue identitario en los valores nacionalistas, el auge de la extrema derecha haya traído el revisionismo y la estrategia del olvido del pasado. Si esto pasa en cualquier país europeo ahora mismo, incluidos los que fundaron sus sistemas democráticos bajo principios del anti-fascismo, qué decir de España donde la transición no supuso ni ruptura, ni reparación, ni justicia. Esto ha dejado indudables taras en el sistema político español. Eso sí, en nuestro caso se trata de un pasado olvidadizo a la carta, obviando lo que les perjudica pero usando y manoseando hasta el asco a las víctimas que si les propician votos como por ejemplo se ve con los distintos tipos de terrorismo (etarra, islámico, de ultraderechistas sobre sindicalistas, etc.).

Por ello, ante esta deriva la sociedad civil, y los historiadores que trabajan investigando y difundiendo la verdad de nuestra Historia Contemporánea (repugna el silencio de la Academia de la Historia española instalada en la endogamia, la mediocridad, la mendicidad moral y financiera y atada por los mismos herederos del fascismo) han alzado la voz denunciando la intención anti-democrática de la derecha de este país. No se puede tolerar tanta mentira, tanta indecencia y tanta negación a la justa reparación de las víctimas. Es imposible pretender construir un futuro sobre unas bases de impunidad y olvido. Sobre la doble violencia que sufren los luchadores por la democracia en este país, primero como víctimas directas del fascismo, y ahora que intentan borrarlos de la memoria colectiva y el patrimonio común, los herederos de sus verdugos.

Frente a la manipulación, la des-memoria y la indignidad, verdad histórica, anti-fascismo y democracia con mayúsculas y con todo lo que implica.

El tiempo de las bestias

Si todo va como debe el próximo jueves Pedro Sánchez será reelegido presidente del gobierno después de aunar los apoyos parlamentarios necesarios para lograr la mayoría, tras las elecciones generales del pasado julio. Lo hace a través de una mayoría que no sólo suma más parlamentarios que los partidos que se van a oponer. Además suma más votos en comparación. Y será presidente con un respaldo en número de diputados y de votos (sumados los de todas las fuerzas que apoyan la investidura), mayor al que tuvieron en el segundo y cuarto gobierno de Felipe González, que el primero de José María Aznar, o que los dos de Mariano Rajoy. Digo esto por poner un contexto.

Toda la sesión de investidura va a estar oprimida por la violenta y excesiva respuesta de la ultraderecha política, económica, mediática y cultural de este país, exacerbada tras unos resultados electorales peores que los que ansiaban y esperaban, y de la frustración del candidato Feijoo (si el más votado) pero que ha sido incapaz de lograr la investidura consiguiendo los apoyos que fueran necesarios. Felipe VI, el preparao, cometía un error de bulto que habrá que pasárselo en la cuenta al proponer un candidato que no reunía un mínimo de apoyos y voluntades que permitieran articular su mayoría parlamentaria hasta el umbral de los 176 diputados. El Rey, con apenas unas charlas, la más larga de una hora y viente minutos y varias por debajo de los 10 minutos, proponía al candidato del Partido Popular con el único aval de ser el más votado y fijando unas sesiones de investidura que hacían improbables los pactos. No tenía obligación el monarca de hacerlo, tal y como muchos expertos en derecho constitucional han remarcado, y si que podía haber citado una segunda ronda más adelante. Si lo ha hecho cabe suponer una intencionalidad que quizás, ya viendo como estaba el panorama la noche electoral, buscase legitimar un argumentario que sustentará el relato. No es poca cosa el ser el más votado, pero ni la institución monárquica, y muchos menos el país, estamos para perder el tiempo por los favoritismos de un monarca que ejerce en un plano absolutamente irreal. Como digo con esta decisión ha acercado el final de la arcaica monarquía borbónica y ampliada su imagen con un halo reaccionario y ultra conservador que no debería de existir, o al menos expresarse públicamente una y otra vez, en una institución que debería de ser todas y todos. Lamentable, como digo, pero una buena noticia para quienes ansiamos República.

El ambiente de estas semanas es el de una ola pregolpista y de exacerbación fascista. El acuerdo de Sánchez y Puigdemont ha sido el último en llegar y el imprescindible para garantizar la investidura. Y ha hecho hiperventilar a todo el fascio patrio que ve como se aleja la posibilidad de gobernar y sobretodo, de hincar sus corruptas y amorales manos en la segunda parte de las ayudas europeas del Plan de recuperación. Esa es la realidad de tanta provocación y tanta marcha de cayetanos y “señoros”, y “señoras”, de la manita de ultras de aquí y de allá, exhibiendo banderas preconstitucionales, cuando no abiertamente fascistas, y exudando una caterva de lemas e himnos que van del más rancio historicismo de derechas, a la liturgia eclesiástica más funesta. Pasando por composiciones lisérgicas que apestan a estulticia. Piden respetar un supuesto orden constitucional (cuando se decidió desde arriba limitar la soberanía nacional para gusto de los bancos alemanes no vi yo estas manifestaciones), y a la vez levantan la manita, cantan el Cara al Sol o vivas a Franco y a Hitler.

Está de moda ser facha y ahí tienes a las nuevas generaciones desfilando de la mano de las fuerzas vivas del falangismo. Haciendo apología de su clasismo, su intolerancia, su racismo, su xenofobía, su machismo, su incultura… Y fundamentalmente mostrándonos una vez más que este país es su cortijo y no admiten no tenerlo asido por la pechera para intimidarlo y vaciarlo.

Al final todo esto va de eso. De no saber perder. No va de la Amnistía que por otro lado es una manera de reconducir la situación de Catalunya. No hay que perder de perspectiva que en 2006 el PP de Mariano Rajoy ya hacía gala de su control judicial y mandaba a un Supremo, copado por sus representantes judiciales, para que echarán para atrás el Estatut que el pueblo catalán pactó y votó en masa aquel año. De aquellos polvos parte de estos lodos. Porque no cabe duda de que lo de la unidad de España les da igual a estas élites cleptómanas pero es un muy buen argumento para soliviantar a las huestes unineuronales que se tragan sin rechistar lo que les digan. Y más si tienes la baza de unas instituciones judiciales politizadas, y encima por los tuyos. Por lo que pueda pasar en la sucesión de cargos contra corrupción.

Yo no estoy precisamente a favor de una Amnistía que vaya a “perdonar” a líderes políticos que hayan cometido delitos adminstrativos a la hora de proveer de recursos el referéndum del 1 de octubre. Si que estoy a favor de que se despenalice a las personas que sufrieron, primero toda la violencia policial y después la persecución judicial y mediática de matones a sueldo reconvertidos en jueces y periodistas. No puede aplicarse la apisonadora de un estado coercitivo a 2700 personas que lo único que querían ese día era votar. La elección era lo de menos. O somos demócratas todos los días o ninguno. Esto no es un uniforme que te puedes poner un día y quitártelo al siguiente. Tampoco he estado de acuerdo y ni estoy de acuerdo con las amnistías “que han perdonado” a los defraudadores fiscales. A todos los mangantes con pulserita en el brazo y lacito en el audi, con la bandera de españita, que nos dicen como tenemos que obrar y vivir los demás, mientras ellos se han buscado las triquiñuelas para pagar menos o directamente, no pagar lo que les corresponde. Y sin embargo, esas amnistías e indultos se han venido realizando en gracia a corruptos, asesinos del G.A.L., o hasta incluso violadores, y “nadie” se había quejado. Y no hablemos de la Ley de Amnistía del 77 que permitió que pasarán a ser "demócratas intachables" los torturadores, políticos y militantes franquistas.

Por qué, ¿cómo pretende la derecha fascista de este país que España no se rompa a base de aplicar violencia y negar la identidad de los ciudadanos que sienten otra nación? Incluyo aquí a los muchas y muchos que conozco, que se sienten españoles, pero a la vez catalanes, galegos, vascos o valencianos. ¿Qué clase de país pretenden “construir” a base de mordazas, porras y cadenas? Ya lo conocemos, lo tuvimos 40 años de dictadura y más de 45 de tibia socialdemocracia liberal

Y sin embargo a menos de 48 horas de que se llevé a cabo la investidura, las calles están ocupadas por los ultras tratando de amedrentar a todos, especialmente a los militantes del PSOE en sus sedes, sus políticos y a su líder Pedro Sánchez. Con la policía reaccionando como dóciles corderitos ante alteraciones gravísimas del orden público, con y sin autorización, y que contrastan con la violencia cargada contra los manifestantes de izquierdas, que nos las hemos visto con sus porras, sus cascos y sus tanquetas. No olvidamos la violencia desatada en Cádiz en las protestas de los trabajadores del metal, en Catalunya el 1 de Octubre o en los desalojos de las plazas del 15M, en las marchas de la dignidad, en las luchas contra el Plan Bolonia. Tampoco vamos a olvidar esta convivencia tan pacífica y dicharachera con esta extrema derecha de parásitos, haraganes y ultras. Queda apuntada con la de las “protestas” de los pijos durante confinamiento de la covid.

El relato es el de amedrentar a todas y todos que no pensamos como ellos. Que somos demócratas. Antifascistas. Que somos clases trabajadoras hartas de ser explotadas por parásitos fascistas e infrarepresentadas por un sistema político liberal y burgués diseñado para usurpar poder y perpetrar la extracción de riqueza. La amenaza a la voluntad popular esta ahí. Como en el asalto al Capitolio o la Batalha de Brasilia. Una ola fascista que es necesaria erradicar en todos los frentes.

Tampoco ayuda tener todos estos meses tras las elecciones a todo el escenario de políticos de extrema derecha y de derecha extrema de este país recitando una y otra vez “Qué Sánchez está haciendo un golpe de estado”, “qué es ilegítimo” y toda esa sarta de mentiras, sandeces y burradas, y que ni un sólo periodista (bueno sí, un par de ellos) les hayan plantado cara y desmentido en vivo y en directo. El periodismo patrio tendrá que pagar estas afrentas y esta absoluta dejación de sus funciones como pilar del sistema democrático.

Pareciera como si los Feijoo, Ayuso, Almeida, los fachas de vox y los gilipollas abducidos que les siguen no supieran como funciona el sistema de partidos, el sistema parlamentario liberal. Exigían que en el PSOE les prestarán o se saltarán la disciplina de voto 5 diputados díscolos para facilitar la investidura de Feijoo. Pues mira tú, que si la situación fuera tan grave, ahora podían haber prestado 7 al PSOE para evitar el pacto con Puigdemont. Pero efectivamente quizás no conozcan el funcionamiento jurídico y político del sistema parlamentario, pero por lo menos se espera es que los medios, fueran de comunicación y no de intoxicación y fueran lo suficientemente responsables para denunciar esta sinrazón y no darle más altavoz.

Y mientras la izquierda estamos en casa. Llevamos demasiado tiempo sentados, quedándonos en casa, y delegando la acción en favor de unos políticos que nos llamaban al resto casta y que se han pertrechado en una pseudo organización que para lo único que ha funcionado es para fagocitar toda la fuerza y trabajo que se volcó con el 15M.

Ahora, 12 años después los que viven “su marcha indignada” es la ultraderecha, con el beneplácito, faltaría más, de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, judicatura y grandes medios, y mediocres medios de opinión fascistas, todos unidos en insultar a la inteligencia, deslegitimar los procesos electorales y su propia Constitución.

Es todo tan ridículo que acusan de golpistas y antidemocráticos a los demás, y hoy, si hoy, el PP se ha valido de su mayoría en el Senado para cambiar el reglamento, antes de que empiece formalmente la legislatura, para torpedear toda la acción ejecutiva del nuevo gobierno. Y los unineuronales de Vox piden al Supremo que se inmiscuya en el proceso reglado de la investidura, cagándose en Montesquieu y en la separación de poderes. Qué dictadura más rara esta de Perro Sanxe. Es que es todo así de denigrante. Para esta gentuza la democracia sólo es si la ganan y les sirve para seguir oprimiendo al pueblo.

Este ambiente pre-golpista no es nuevo. Se dio en el 36. Y llevamos viendo como se inflama en las tertulias y las redes sociales desde que en 2018 viendo como estaba el PP, alguien decidió financiar a un partido de extrema derecha para que dejara de ser residual y verbalizara lo que la derecha franquista institucionalizada no podía decir. Y también decidió que ese partido apareciera a todas horas en tv escupiendo su odio. Y como se ejecutan acciones y mensajes que favorecen al más violento y reaccionario. Con la excusa de la libertad de expresión se han colado mensajes de odio que desde el primer momento había que haber sacado de antena. Ahora ya son imparables.

Hay que ver cuánto va a durar este gobierno y legislatura con el umbral del proceso electoral en Catalunya para finales de 2025, pero el del País Vasco el próximo verano.

Mientras tanto, y como decía un par de párrafos más arriba, en la izquierda real estamos que no sabemos qué hacer. Digo yo, ¿no deberíamos estar plantando cara a los radicales ya sean pijos, nostálgicas, "opinadores" incendiarios, ultras, medios, policías, guardias civiles o jueces? ¿Por qué permitimos que acosaran a la familia de un rival político, solo por ser rival político? ¿Por qué estamos dejando desiertas las asambleas en este momento? ¿A qué esperamos? ¿Vamos a dejar a que suceda algo desagradable o tenebroso? Y si sucede, ¿vamos a hacer algo y luchar por nuestra dignidad y libertad?

 

 

A todo esto nos ha dejado un hombre bueno: Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres, por Izquierda Unida. Aquí tenéis a todo su pueblo despidiéndole y valorando la vida y compromiso de un hombre que hacía política para los demás, para el patrimonio de todas y todos y para las clases trabajadoras. Qué la tierra te sea leve, compañero.