En julio de 2025 fue aprobada en Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Información Clasificada. La ley pasó a las Cortes, como es preceptivo en la normativa legislativa, para su análisis, enmiendas, debate y por último, aprobación, previo paso a su publicación definitiva en el BOE. Y ahí sigue.
La Ley de Información Clasificada nacía, sobre el papel, para derogar la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales aprobada por el dictador fascista en 1968. Una aberración democrática que no corresponde a un despiste o un olvido. Pareciera, más bien, que cuando se han asegurado que a ningún vivo le va a ocasionar un trastorno descubrir la verdad sobre nuestra Historia es cuando se deciden a cambiar una normativa franquista y anti-democrática.
En principio, los historiadores, los periodistas, pero también cualquier persona decente, demócrata y sensible a la Memoria y la Verdad, deberíamos esperar la desclasificación automática de toda la información del período dictatorial y de la Transición. Sin embargo, ya sabemos que la ley salió de Moncloa correctamente amputada, calificando cierta información clasificada como alto secreto, cuyo plazo podría prorrogarse hasta 15 años más, lo que impediría el acceso a documentos sensibles. Además, si estos, u otros, documentos corresponden a eventos “vigentes” que no han finalizado o personas todavía vivas, pueden mantenerse ocultos.
Desde el Gobierno se proclama el derecho de los ciudadanos a saber y de las administraciones a informar, y sin embargo, se ejercita una normativa que busca añadir más oscurantismo e indignidad a lo que tenía que ser transparencia y facilidades para estudios rigurosos, tanto desde el punto de vista académico, como político, y eminentemente, jurídico.
Todo el proceso normativo por actualizar y dar empaque democrático a temas como los secretos oficiales y la transparencia están motivados por la adhesión al Convenio de Tromso o Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Oficiales, que procura que los distintos estados construyan legislaciones abiertas y garantistas con los archivos oficiales, su acceso, disponibilidad, conservación, difusión, estudio, debate y publicación. El Convenio entró en vigor para el estado español en enero de 2024 uniéndose así a otros 15 estados europeos (curiosamente los nórdicos y repúblicas de la extinta Yugoslavia y del bloque del Este).
Entre los temas a desclasificar, a quitarles el membrete de Alto Secreto, está todo lo relacionado con el papel de la Iglesia durante la dictadura. Y especialmente, en la figura del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. Si ya son públicas, ya lo eran y evidentes, sus corrupciones, desmanes y amoralidad, conviene recordar su papel como “vice-caudillo” antes de la muerte de Franco. Como heredero oficialista del régimen, Juan Carlos tuvo que asumir la jefatura del estado durante el verano del 74, por la indisposición del dictador. No se sabe qué decisiones tomó, bajo qué presiones y con qué contrapartidas.
Por contra, lo que tuvimos en el pasado aniversario del golpe de estado del 23F de 1981 fue un paripé de desclasificación de documentos inocuos que mantenían el secreto y la sombra sobre cómo se planificó el golpe. ¿Qué buscaba?. Y fundamentalmente, el papel de los implicados, empezando por el Borbón, que sin embargo, ante la selección de documentos y extractos aparecidos sería el objetivo de la Operación Salvar al Soldado Juan Carlos I.
Y por supuesto es fundamental y de derecho, democracia, memoria y reparación conocer el rastro de las fosas como las asociaciones por la Memoria Histórica están reclamando desde hace años. Se calcula que a día de hoy, más de 50 años después de que falleciera en la cama el sanguinario y traidor dictador, todavía siguen desaparecidas unas 100.000 víctimas. No es poca cosa esto porque se desconoce el paradero, si es que no fue destruido, el “mapa” y todo el archivo que el régimen construyó con los testimonios y atestados de matanzas y enterramientos en fosas por todo el estado español. Este mapa fue empleado para determinar que fosas eran exhumadas y sus restos trasladados a Cuelgamuros, y de existir, podría ayudar a hacer justicia y otorgar descanso y reparación a las miles de víctimas y sus familias.
En general investigar qué ocurrió durante la Guerra Civil, empezando por el golpe de estado del 18 de julio, en cómo se preparó, pero también sobre el propio desarrollo de la guerra, sus fases, realidades y afectaciones para la vida de los españoles (en el frente o en las retaguardias) requieren estudios que necesitan acceso y garantías sobre los materiales del ejército y otros archivos de carácter público y privado. Insisto en este punto que hay que trabajar sobre lo ocurrido durante la Segunda República, pero fundamentalmente en los movimientos de los opositores al régimen republicano, y en cómo se fraguó la reacción de las élites contra el pueblo español.
Conocer exactamente todo lo acontecido durante la Dictadura y la Transición es de vital importancia para construir una Democracia sólida y garantista que tenga en la Memoria y la Justicia por los que lucharon por la libertad un lcimiento fuerte y estable. Frente a eso las mentiras y los ocultamientos. Y los premios a los criminales como Martín Villa, que como Ministro del Interior entre 1976 y 1978 era capaz a la vez de oprimir y asesinar a las clases trabajadoras y democráticas, y quemar innumerable documentación para salvaguardar el legado y la riqueza de los pro-hombres del franquismo.
Ya sobre el período histórico de la transición es muy pertinente estudiar, conocer y publicar todo lo acontecido en el estado español: Las negociaciones antes y durante la Ley de Amnistía de 1977 o con la Ley de Refoma Política. Los GAL y la Guerra Sucia contra el terrorismo. La corrupción política y económica tanto del estado español, del bipartidismo y de los democristianos catalanes. La vidorra de Juan Carlos I y sus acólitos. Quién se benefició de la Guerra ilegal con Irak en la que nos metió Aznar. ¿Cómo los servicios secretos y las fuerzas de seguridad pasaron de un día a otro de ser franquistas a demócratas?. Las relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos, Israel y Marruecos en todo lo referente a la cuestión del Sáhara Occidental.
Desgraciadamente, “llegamos” como sociedad tarde. Cuando muchos de los autores y testigos han fallecido sin ver su nombre puesto en la palestra. Sin ser condenados. Sino, es más, manteniendo medallas, pensiones y parabienes. Y sobretodo cuando también han fallecido los familiares directos de los represaliados, que vivieron una vida, sin saber dónde estaba su padre o su madre, o sus hermanos, y además aguantaron la vergüenza y el oprobio de un régimen fascista que se sabía intocable, y una pseudo-democracia que parece perezosa y condescendiente con sus tareas ineludibles.
Es evidente que cuando se trata de Derechos Humanos y de su ataque y violación no hay secretos oficiales que valgan. Es triste vivir en un país con casi 50 años de democracia incapaz hasta hoy, y veremos cómo queda el texto final, de asumir que los crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad no son materia clasificable en ningún caso. Que no tienen cabida en un archivo secreto.
Es evidente que la tramitación parlamentaria de la nueva ley de secretos oficiales en democracia va dolorosamente lenta y tiene terribles zancadillas como las de una mayoría de ultraderecha directamente heredera del franquismo, cuando no de mercenarios que saben qué mano les da de comer. Proteger un régimen corrupto y fascista, en esencia criminal y traidor a su propio pueblo, es lo que llevan haciendo desde julio del 36, estén en un Parlamento, un altavoz de la prensa o mandando ejecutar a jornaleros y profesores. No nos sorprende su ruindad y mezquindad. Por eso mano firme y apuesta por la aprobación definitiva de la Ley de Información Clasificada. Por una democracia sólida y garantista para todas y todos. Por Justicia y por Memoria.
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