Mañana huelga General 11 de noviembre

 

Mañana miércoles 11 de noviembre estoy de huelga. Ni trabajo. Ni consumo. Asistiré a la manifestación programada por la tarde en mi lugar de residencia. También a la concentración que se haga en el hospital público en solidaridad con mi mujer, y también en reconocimiento del colectivo laboral sanitario, así de protección de la sanidad pública como servicio público. Tengo intención de madrugar y entre las 6 y 10 de la mañana hacer acto de presencia en el polígono en el que tengo que ir a trabajar. A ver qué ocurre. Asumo los riesgos, el primero de ellos, el del día de menos salario a final de mes. El siguiente el de estar señalado por la dirección -¡cómo si no lo supieran ya!-, y estar atento a ver qué clase de putaditas comienzan a partir del jueves. Además, contemplo la casi segura posibilidad de acabar el día con el dni intervenido por las fuerzas de opresión del estado, estar identificado y quizás hasta tenga que ver una notificación. Pero es lo que hay qué hacer.

La Huelga General del 11 de noviembre es una llamada de activación política, obrera y social de clase. Y así es como debe ser considerada.

Es una huelga diferente. Primero porque ha pasado mucho tiempo desde la última convocada, y hay que valorar si continua siendo un elemento de expresión del conflicto de la clase trabajadora y qué fuerza tiene. También porque hay que medirla en confrontación con este ecosistema de falsa paz social, impulsada por los sindicatos mayoritarios, que salieron trasquilados de la huelga del 29N de 2012, y que no han querido o no han podido activarla ante las continua laminación del bienestar de la masa obrera de este país.

Después, es una huelga distinta por la propia convocatoria de la misma. Porque nace del impulso indignado y colectivo de la lucha ciudadana por la situación de la vivienda, en la que el sindicato de inquilinas han sido la llama, tras el detonante del desahucio y muerte de Mari Carmen Abascal como detonante, ante una crisis de la vivienda que deteriora la vida de la gente.

Eso sí, hay semejanzas entre huelgas y movilizaciones. Por supuesto, es una huelga política. Es evidente. A quién quieren engañar. Por qué pretenden quitarla legitimidad usando el apelativo de “político”. Es reclamar que la gente tenga casa, y que las casas alojen personas, que sean escenarios de proyectos de vida de gente que nace, vive y se desarrolla en este país. Y que no sean activos de especulación de inmorales avariciosos de aquí y de más lejos. Es hacer valer el artículo 47 de la Constitución, y además, hacer un llamamiento a todas las instituciones implicadas (locales, autonómicas, gobierno central, pero también partidos políticos que las han gobernado, gobiernan o aspiran a gobernarlas, bancos, patronal, etc.) a que se impida y se luche contra la especulación y que se garantice la vivienda como un derecho humano, un derecho económico reconocido y protegido porque sin el es casi imposible la vida en dignidad.

Es también una huelga política, porque mañana vamos a volver a poner en el debate la defensa y garantía de los servicios públicos. Educación, sanidad, servicios sociales y emergencias que tienen que estar también protegidos y bien dotados tanto de recursos materiales como de personas. Y por supuesto es una huelga política, porque frente a los adelantos propagandísticos de la extrema derecha en cruzada contra los servicios públicos, los subsidios públicos y el sistema público de pensiones mañana vamos a hacer valer la fuerza de la unión obrera más allá de siglas, edades, generaciones, profesiones, razas y credos.

Para mantener todos estos derechos, mejorarlos y protegerlos, hace falta voluntad política y convencimiento social y cultural. Y parte de esa convicción está en la gestión, y en el caso español, la creación de un verdadero sistema impositivo justo y democrático que permita sufragar estas inversiones públicas que tienen que ser columnas de carga de una mejor democracia, una mayor dignidad, y donde se luche sin descanso frente a la desigualdad económica de un capitalismo de amiguetes echado al monte.

También es una huelga con un reclamo claro para mejorar los salarios, en plena batalla abierta por la patronal en contra de redistribuir la riqueza que se está generando. Y en la misma línea, una huelga contra la inflación como un llamamiento para que el gobierno y sus instituciones luchen contra una cesta de la compra cada vez más abusiva, prohibitiva y que deja alimentos de peor calidad para las clases más bajas. La escalada de precios, más allá de contextos geoestratégicos internacionales, tiene causa y motivos en la especulación de las cadenas de intermediarios, y tanto los extremos, los productores y los consumidores, son pisoteados por toda la línea de especuladores y amorales, y por quienes les protegen.

Por lo tanto, mañana, a la huelga. A luchar. A activarse.

No sé si será suficiente para activar esa remontada con la que quieren imbuirse lo partidos que han formado parte del gobierno de coalición, o de esa “izquierda” que ha sido incapaz de aglutinarse en un frente popular. En todo caso, y por lo menos, que impliqué una activación como para que la gente, la clase trabajadora vote el domingo 29 de noviembre y lo haga en conciencia a sus problemas materiales directos: La vivienda, la educación de sus hijos, su sanidad, sus pensiones y las de sus mayores, su trabajo y sus condiciones; la cesta de la compra de calidad. Probablemente, lleguemos tarde, y una vez más en España las elecciones generales refrenden un resultado que es el último coletazo de la ola internacional del momento, pero en ese caso, mejor que los que vienen sepan qué nos tienen en frente. Qué nos hemos concienciado, activado y organizado. Qué no vamos a ceder. Qué vamos a luchar y qué vamos a acabar venciendo porque somos mejores, somos más, y la dignidad, la justicia y la verdad está en nuestra causa, en la causa de la lucha obrera.

Quién fue Emmett Till y por qué su vida y legado son trascendentes

 

Emmett Till y su madre Mamie Till Mobley a principios del verano de 1955. Fuente Wikimedia.

 

De manera aleatoria, viendo la televisión el otro día un poco a horas intempestivas, en uno de esos canales de la tdt que se repiten y acaban siendo totalmente prescindibles, vi una historia de esas que hacen, que hicieron, Historia.

El hilo del documental era el estado de abandono que tiene un lugar de memoria en Estados Unidos. Un día de estos debería escribir sobre el estado arquitectónico, pero también patrimonial, cultural y social, de muchas de las ciudades y entornos rurales y naturales de este país, y también de otros incluida la nación de las barras y estrellas que para cuestiones tanto sociales, económicas o culturales, le pueden, perfectamente, catalogar como un estado fallido. El nivel de abandono, desolación, pobreza, miseria, desesperación y deterioro es tal que ya ha sobrepasado la gracieta de los videos por los centros comerciales abandonados que aparecían por Internet hace 10 años (infra estructuras que en Estados Unidos apenas llegan de media a una vida útil de 15 años). Es sobretodo conocer cómo y por qué una nación que ha detentado una posición hegemónica en el tablero geo-estratégico mundial, que tiene un sistema educativo potente -aunque privatizado hasta lo obsceno-, con lo cual tiene una potencia en recursos humanos evidente con una población diversa cien millonaria, y que además ha tenido el tejido industrial y productivo idóneo y las materias primas y energéticas necesarias ha podido dilapidar todo ese caudal en menos de 30 años, sacándolos del bienestar, ya no sólo del planeta en general, sino de su propio pueblo para licuarlo a una élite parasitaria oligárquica.

El caso es que el programa de televisión nos enseñaba un escenario histórico y trascendente de la Historia de Estados Unidos venido abajo. Abandonado a su suerte, comido o reconquistado por la naturaleza y totalmente perdido en el tiempo.

A finales de 1955 un joven afroamericano de 14 años nacido en Chicago y llamado Emmett Till acudió a visitar a sus tíos abuelos al pueblo de Money en Mississippi. En el sur profundo.

Pese a las advertencias de su madre quién ya le había avisado “que tuviera cuidado que el Sur no es Chicago” el joven Emmett ya había “llamado la atención” entre la población blanca de la localidad, que dominaba y oprimía a los negros, y les sentaba mal que "un negrito fuera con la cabeza tan alta por Money”. El caso es que aún con diversas y controvertidas versiones, Emmett acudió con su primo a la tienda local a comprar unos dulces. Al interior sólo accedió Emmet y allí solo se encontraba la dueña, una mujer de 21 años llamada Carolyn Bryant. Todavía hoy no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. La propia mujer cayó en contradicciones en su denuncia popular, en lo que su marido Roy declaró después, tanto con el sheriff del distrito como ante el juez, así como con periodistas y escritores que con el tiempo trataron de obtener la verdad.

Según Carolyn, Emmett Till coqueteó con ella e incluso llegó a tocarla. Según el primo de Emmet la mujer alterada los amenazó a que marcharan de la tienda con un revolver en la mano. En ese momento Till confesó a su primo su deseo de volver a Chicago, pero se quedo varios días más para no molestar a su tío.

El caso es que cuando el 28 de agosto Roy Bryant de 24 años volvió de viaje su mujer ya había hecho lo posible para contar en todo el pueblo su versión de lo vivido con el “joven negro”. Esto hinchó el afán de venganza de Roy dentro de una sociedad fuertemente jerarquizada y con un racismo que lo impregnaba todo, hasta la indignidad hacia los afroamericanos.

Roy recogió a su hermanastro John William de 36 años, y ambos se dirigieron a la vivienda del tío de Emmett, para a punta de pistola secuestrar al joven. Lo llevaron a un granero en las afueras del pueblo, y en la oscuridad de la noche le propinaron una brutal paliza para dejarlo malherido y después rematarlo con dos disparos de revolver. Se deshacieron del cadáver tirándolo al rio Tallahatchie que pasa por el pueblo colgándole del cuello un peso (según se indica en el atestado policial un viejo ventilador). Al tercer día el cadáver apareció y pudo ser reconocido gracias a su ropa y a un anillo de plata con sus iniciales grabadas.

Al sexto día, el cadáver de Emmett Till fue devuelto a su madre en Chicago quien lo recibió en un ataúd sellado y con un lacrado del estado de Mississippi que prohibía su apertura. Sin embargo, su madre, en un acto de dignidad y valentía decidió abrirlo para despedirse de su hijo, y al ver, el terrible estado que mostraba la tortura a la que fue sometido, oficiar un funeral con el ataúd abierto para que todo el mundo viera como tratan a los negros en el sur.

 

La madre de Till, acompañada por su prometido Gene Mobley, contempla el cuerpo de su hijo en la morgue; foto en la revista Time, 15 de septiembre de 1955. Fuente Wikimedia.

 

Se calcula que más de 50.000 personas acudieron al funeral y vieron el rostro maltratado del joven Emmett convirtiendo todo el suceso en un acontecimiento nacional. La prensa se hizo eco y se tomaron fotos del cadáver que aparecieron en los principales periódicos tanto del Norte, como de las principales ciudades al Este y Oeste del país. La conmoción fue tremenda y tanto la población negra como la blanca del Norte estaban escandalizados. Con la decisión de la madre de Emmett, Mamie Till-Mobley había cambiado la secuencia de actos de barbarie y racismo que vivía la población negra, y de impunidad que tenía la población blanca al Sur. Se cuestionaban de manera clara los privilegios de unos y las discriminaciones de otros, así como lo fallado de los acuerdos y del ecosistema social que surgió cuando se construyó la nación y la sociedad tras la Guerra de Secesión (1861-1865). Al dar a conocer la extrema violencia y crueldad, y el dolor de una madre no debía quedar impune. No iba a ser un asesinato más. La muerte de su hijo debía servir para algo.

La investigación por el secuestro, apaleamiento y muerte de Emmet en el estado de Mississippi fue rápida. Hubo un testigo, otro joven negro que trabajaba cerca del granero quien confesó haber oído los lamentos de un chico joven mientras era agredido por “al menos tres personas distintas”. Sin embargo el testimonio del afroamericano Willie Reed ni fue tenido en cuenta para la investigación, ni tampoco para el juicio.

Aún con todo, debido a lo público de lo sucedido en la tienda de los Bryant con el chico, y a ciertas incongruencias, contando la ausencia de una coartada, la investigación sentó a Roy Bryant y a John William ante el banquillo y fueron juzgados por un jurado de doce hombres blancos. Quedaron absueltos. Años después, cuando sabían que ya no podían ser juzgados dos veces por un mismo delito, confesaron jactándose el crimen. Incluso a meses de su muerte en 2008 Carolyn Bryant confesó que Emmett Till no se había dirigido a ella de ningún modo. “That part’s not true”.

La farsa del juicio fue también seguida por los medios de comunicación del norte que enviaron equipos de reporteros a Mississippi. Allí recibieron amenazas y seguimientos del Ku-Klux-Klan y de otras organizaciones supremacistas y racistas, pero su trabajo valió la concienciación de toda la población, y en especial de una parte de la población blanca, con la situación racial en el país.

Tan sólo unos pocos meses después, el 1 de diciembre de 1955 en la capital del estado de Alabama, Montgomery, una mujer afroamericana se negaba a ceder su asiento a un hombre blanco rompiendo las leyes de segregación en los transportes públicos e imbricando con un acto de rebeldía la lucha por los derechos civiles. En aquel acto valiente y trascendente de Rosa Parks también está la memoria de Emmett Till y la lucha por la justicia y una vida digna.

Si nos paramos a pensar un momento, a bucear en la memoria y a dar algo de contexto, rápido y sin alarde de mucha precisión, uno ve que la situación en Estados Unidos, y en todo el mundo, con el racismo no ha cambiado mucho. Sigue matándose a personas por su color de piel. Y por supuesto discriminándolas en su día a día. En los 90 la televisión captó el momento en el que la policía de Los Ángeles asesinaba a Rodney King. En 2020 las redes sociales viralizaron el momento en el que la policía de Mineapolis asesinaba a George Floyd. En los últimos meses se han dado a conocer los casos de Corey Ruiz de 38 años asesinado en Wisconsin tras recibir una descarga con un tasser por la policía del estado y después rematado con 3 disparos en la cabeza. O el de Nolan Wells de 18 asesinado también en Mississippi cerrado el caso por la policía como “muerte accidental”. O el de Trey Reed hallado ahorcado en el campus de la Universidad Estatal del propio estado sureño.

Con un supremacista declarado en la Casa Blanca, fanático fascista, misántropo, misógino y aporafóbico, un inmoral ignorante y corrupto, el racismo es alentado. Las personas negras, latinas, asiáticas y los nativos son tratados como escoria por las fuerzas de seguridad (siempre y en cualquier lugar las componen los más desalmados de la sociedad para ejercer la fuerza y la violencia del estado), por los funcionarios y administraciones de inmigración y fronteras (los ICE las renovadas SS de Trump), por mercenarios y por juristas y leyes ideadas para alentar la segregación, el racismo y la impunidad de las prácticas que denigran a los seres humanos por su condición.

Y eso, solo en Estados Unidos. Aquí y en todo el mundo, dentro de esta salvaje ola reaccionaria de la ultra derecha fascista, en cualquier lugar, los adalides de la pureza racial encuentran colectivos que oprimir y denigrar, justificarles todas las tropelías y acusarles del mal que ellos provocan con su inmoralidad e inutilidad.

Por ello, no debemos, es más es imprescindible aprender, y dar a conocer, el legado de todas las luchas por los derechos civiles, en Estados Unidos y en cualquier lugar. Porque la humanidad es más completa, diversa y justa cuando incluimos a todos. Porque tenemos futuro juntos. Y porque debemos erradicar a las basuras humanas que amparan el odio y la violencia. Porque nos quieren separar cuando todos somos atracados y abusados por estas élites cleptómanas que quieren seguir pasando por el mundo oprimiendo y robando, esfuerzos y patrimonios ajenos.

De hecho, buscando información sobre el legado de Emmet Till y su madre, Mamie Till-Mobley, he encontrado que este mismo 23 de julio, el gobernador de Illinois, JB Pritzker firmó un proyecto de ley ante la Cámara de Representates estatal para designar el 25 de julio como Día de Emmet Till, y de esa manera conmemorar y recordar lo sucedido hace ya 61 años y que fue, sin duda un detonante decisivo en la lucha por los Derechos Civiles.

Un terrible accidente en medio de una nefasta campaña electoral

 

Todo mi apoyo y solidaridad con las víctimas, familiares, heridos y allegados del accidente ferroviario del miércoles 28 de octubre entre Urda y los Yébenes, en la provincia de Toledo. También mi solidaridad con los trabajadores del sistema ferroviario español. Apoyo, como no puede ser de otra manera, sus reivindicaciones y movilizaciones.

Tan sólo unos días después de escribir sobre la polarización y la politización el accidente ferroviario en Toledo pone a prueba lo publicado. Para ello, parte imprescindible son unos medios de comunicación enfangados en la carnaza de la noticia, que deja su momento de interés y trascendencia cuando se confirman los peores vaticinios de la colosal tragedia acaecida. Mantener durante toda la parrilla diaria supuestos espacios de información, que no son más que opinión y confabulaciones, que no aportan nada salvo sembrar confusión y más desconocimiento es un error, que no por repetido en otras situaciones se deba seguir tolerando. Es una muestra más de la finalidad última de los grandes emporios mediáticos de este estado, que no es otra que polarizar todavía más si cabe a la sociedad. La búsqueda de la lágrima fácil se conjuga con la defensa de trinchera de las posiciones políticas que cada uno traía de casa. Testimonios a micrófono que no añaden información, y “todólogos” de partido que dispersan y teorizan sobre lo sucedido, la propia investigación y las responsabilidades políticas, que de hecho las hay, no digo que no, pero que quizás ahora deberían mantenerse para dar explicaciones y mantener la cadena de mando.

A falta de conocer bien las causas del accidente, lo que está claro es que el modelo ferroviario actual tiene un problema y bien gordo. Dos accidentes graves en menos de un año, en la misma línea, la más antigua de la Alta Velocidad española, son suficiente muestra de un modelo que por lo pronto es ineficiente, que ha eliminado el tren para millones de españoles que no viven en las grandes capitales, y en especial en el agujero negro “Madrid”, y que encima ahora aparece como inseguro. Es decir, para mi hay dos problemas, y es fundamental que como sociedad los politicemos y lo tratemos de forma racional, adulta y científica: Uno el del AVE; y otro el del sistema ferroviario español, absolutamente fracasado en eso de dar cohesión territorial y en ofrecer un transporte terrestre colectivo, sostenible, funcional y que permitiera vaciar las carreteras. Pero ahora me centro en el AVE.

Desde luego y en buena medida el problema nacional que tenemos con el tren de alta velocidad se debe a su liberalización, bajo los parámetros del neoliberalismo, que ha incrementado presión sobre la infraestructura y sobre las condiciones laborales, al mismo tiempo que se han ido reduciendo recursos públicos para mantener el sistema ferroviario en las mejores condiciones. Es de un descalabro ético, económico, social, político y hasta intelectual el que, mientras se ha promovido una agenda de liberalización de todos los servicios posibles eliminando la función pública y democrática que cumplen, en aras de añadir más negocio y más beneficios para las élites (nacionales, europeas y si, también extranjeras), y se imponían recortes y tijeretazos en el dinero público que es con lo que se tiene que sufragar el mantenimiento y la salud de las infraestructuras que hacen más país y que son el estado en si. Por lo tanto, aquí tenemos unos muertos más a añadir a la lista de los muertos del capitalismo y los muertos del neoliberalismo, listas que tiene menos adeptos que la del comunismo, pero que cuentan por varios millones más. Y seguimos sumando. El fracaso práctico del neoliberalismo es tan absoluto, que lo verdaderamente trágico es que antes de ponerlo en funcionamiento no se descartará por los supuestos lumbreras que lo idearon sobre el papel.

La liberalización del sector ferroviario fue promovida desde la Unión Europea a partir de 1991 en un periodo neoliberal en el que se creía que privatizar y liberalizar sectores económicos, que hasta entonces tenían regulaciones y controles públicos (entre ellos reglamentaciones en materia laboral, medio ambiental o de consumo), era una muy buena idea. Más de 30 años después, la opinión internacional, académica y generalizada es la contraria.

El gobierno de Aznar aprobó en 2003 la separación en ADIF (encargada de la infraestructura) y de Renfe (encargada del transporte), así como el inicio de la privatización de las mercancías. Zapatero y Rajoy continuaron dando pasos en la liberalización, sin discutir ni la agenda ni los tiempos marcados.

En 2018 el gobierno de Sánchez transpuso la directiva europea para liberalizar el transporte de viajeros. En 2020 se adjudicaron a Renfe Alta Velocidad (paralela de Renfe ideada para competir en el nuevo mercado tras el proceso de liberalización), Ouigo (francesa pública) e Iryo (italiana pública) los tres corredores principales. Estos corredores son las líneas que se han identificado como rentables. Es decir, no sólo metemos a empresas públicas de Francia e Italia a comerse el pastel del ferrocarril español, sino que además ponemos las que más dinero ganan a su disposición, privando al resto de la red nacional de ese beneficio que podría invertirse en mejorar las demás conexiones del estado español. De locos.

Se desató entonces la competición. Se decía que la competencia empresarial empujará el precio del billete a la baja, pero... ¿a qué coste? ¿y por cuánto tiempo? En primer lugar, la entrada de más operadoras y su intención de poner una oferta en los lugares (estaciones y líneas) y horas más rentables provoca una mayor presión sobre la infraestructura, lo que unido a la búsqueda de un ahorro en costes de producción y la presión para cumplir horarios va acrecentando un desgaste colosal, tanto de materiales como de las personas. Tanto Ouigo como Iryo operan en sus primeros años en números rojos para poder ser competitivos. Los precios de los billetes son por lo general entre un 50 y un 90% más baratos que los precios de coste (la referencia son los de Renfe cuando estaba sola operando el servicio). Ambas, como he dicho, son empresas propiedad de las operadoras públicas francesa e italiana. Es decir, tenemos en España a dos empresas foráneas compitiendo con el operador público español, Renfe. Pero las tres, ya no son operadoras públicas como tal enfocadas a satisfacer una necesidad común y de interés general o nacional. Las tres son ahora empresas, y tienen que ganar dinero. Tienen que incluir el beneficio económico directo, el retorno de inversión, las ganancias o como queráis llamarlo en la ecuación de un modelo de negocio que es lo que han convertido el servicio público ferroviario.

Una de las formas que encontraron para ahorrar y poder maximizar la inversión y ganar dinero más pronto, fue presionar para que se redujeran los cánones a ADIF para poder operar en la red, algo que consiguieron gracias al apoyo político y mediático de la derecha. Menos cánones implica menos recursos para la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias para el mantenimiento de la vía. Y para el personal que necesita para todas las tareas funcionales que se le suponen.

Además, recordemos el contexto: tras la crisis del año 2008 los gobiernos de Zapatero y Rajoy recortaron salvajemente la inversión pública, porque es la que no tiene coste a corto plazo. Los mandatos de la troika y de la UE de los frugales era el austercidio, el recorte del gasto (de la inversión) público. Esto sólo cambió, y a duras penas, cuando llegó el gobierno de coalición actual.

Con todos estos recortes, ADIF perdió más de 2.300 trabajadores entre 2005 y 2020, hasta el punto de que secifra en el 90% personal operativo promoviendo bajas y jubilaciones parciales o anticipadas. Con menos recursos humanos, se vio obligada a contratar a empresas privadas para el mantenimiento de las vías. Una de ellas fue la encargada de la soldadura que falló en Adamuz.

Volviendo al punto de la liberación, es verdad que más empresas y más competencia implicaron más trenes y más viajeros: entre 2019 y 2024, los viajeros de alta velocidad comercial se duplicaron. Eso es mucha mayor presión para la infraestructura. Se antepuso el negocio a cualquier otra cosa.

El gobierno actual, apoyado también en los Fondos Next Generation, ha aumentado mucho la inversión y el mantenimiento de la infraestructura de alta velocidad, aunque si se tiene en cuenta la inflación y el número de kilómetros nuevos, los números no destacan tanto. Por contra, los sobrecostes en la red de alta velocidad han lastrado y con mucho, los servicios ferroviarios que quedan a disposición de las españolas y los españoles: los media distancias que deberían poder unir capitales de provincia limítrofes y áreas de influencia regionales para generar un mallado más justo. Y sobretodo las cercanías imprescindibles en el día a día de millones de personas y que cada vez viajan en trenes más lentos, más viejos y con menos frecuencias. Y particularmente el escaso volumen que es transportado a través del tren de mercancías. Un hándicap para la competitividad de la economía española, y también un punto que provoca mayor tráfico en las carreteras y un mayor consumo de combustibles fósiles.

Por lo que fuera desde 1992 hasta 2021, cuando Renfe mantenía el monopolio y no se tenía que ver obligada a competir, no hubo accidentes mortales en el AVE, aunque sí varios en las redes de cercanías, media distancia y en los ALVIO (trenes que en su red combinan alta velocidad con velocidad media), con el accidente de Santiago como punto clave porque demuestra que no era tan buena idea lanzarse a construir líneas y estaciones en territorios que geográfica y demográficamente tienen unos condicionantes concretos. Desde 2021 a 2026, con la competición desatada, ya van más de 200 incidencias, de los que hay dos accidentes de extrema gravedad. No creo que en las casualidades.

Los problemas de liberalizar el sector ferroviario no son exclusivos de España: muchos estudios han identificado que esos procesos han aumentado los costes, afectado al mantenimiento y reducido la eficiencia en países como el Reino Unido, Argentina, Suecia y Nueva Zelanda, países en los que se han revertido estos procesos, a veces por falta de oferta de empresas (porque los requisitos administrativos no hacían rentables esos mercados) y otras veces, porque una vez lanzadas las liberaciones se veían las ineficiencias de un sistema de servicio público. Por ejemplo, Francia que lleva años oponiéndose y no permitiendo la agenda de la Unión Europea en su sector ferroviario. Aunque si ha optado, y conseguido, licencias de operación en el sistema ferroviario español.

De hecho, algunos países como Reino Unido, Argentina o Nueva Zelanda han dado marcha atrás en la liberalización y privatización del sector. Se han dado cuenta de que fue un error grave. Francia, por su parte, lleva décadas oponiéndose a la presión europea y finalmente ante el chantaje de una Comisión Europea volcada al neoliberalismo, ha abierto su sector, pero sin separar operadora de administradora de infraestructuras y manteniendo unos cánones altísimos para mantener la red, lo que está provocando la ausencia de empresas privadas que no ven rentabilidad en el negocio. Hay una buena batería en la red, tanto en castellano como en inglés, de artículos académicos (economistas, sociólogos, geógrafos, arquitectos, urbanistas, …) que descartan la privatización del sector ferroviario. Son más recientes y numerosos que los que alentaban su “liberalización” que además y por lo general, abogan por la necesidad de regular la infraestructura y garantizar las obligaciones de servicio público, extremos estos que en el caso español han brillado por su ausencia.

Lo que en 1992 eran 4 trenes diarios por sentido Madrid-Sevilla a través de 472 kilómetros y operados por un mismo operador (Renfe) hoy, 32 años después, son más de 330 trenes de alta velocidad, circulando por más de 3.700 kilómetros y operados por tres compañías, dirigidas por el ente público ADIF, como administrador de la infraestructura ferroviaria. Solo en 2025 se contabilizaron un total 44 millones de viajeros en AVE, de un total de toda la red ferroviaria del estado de 547 millones de pasajeros, lo cual nos habla, por otro lado, sobre cuántas personas y fundamentalmente, qué tipo de personas (barrio de residencia, trabajo, etc.) están quedando atrás en cuanto al servicio de tren en nuestro país. Y si no merecen algo más de inversión en su día a día que la elitista red de alta velocidad que además se presenta como un modelo interesado en atraer a los turistas extranjeros.

Es verdad, que dentro de la red circulan también más trenes de viajeros de media velocidad y cercanías, básicamente porque los trabajadores cada vez viven más lejos de los centros de las ciudades y de los centros productivos (y universitarios, culturales, etc.). Con lo cual conviven en la misma red con distintos anchos (cosa que es normal), pero normativas de construcción divergentes, sistemas de señalización, seguridad, logística e informática de diversas generaciones. Y eso genera incompatibilidades y problemas.

Por lo tanto, la red ferroviaria hoy es mucho más compleja y también, mucho más frágil. Si funciona bien, sin incidencias, va perfecta y no pasa nada. Si hay un fallo, una vulnerabilidad o un accidente todo se desmorona. Lo vimos el miércoles cuando un fallo en la seguridad informática (hay que aclarar qué ocurrió ahí y cuáles son las responsabilidades) hizo que los procesos informatizados o mecanizados caen, se vuelve a las comunicaciones por radio, a las decisiones de trabajadores individuales (operadores y maquinistas) y ahí es donde se hacen más grotescos los errores. Habría que saber las condiciones de trabajo del operador (y del todo el colectivo), la casuística aplicada, el flujo de mando y supervisión, la supuesta redundancia de mecanismos de seguridad y control (por qué fallaron, por qué los más modernos siguen sin estar implementados, estado, etc.), así como si hubo sabotajes por robo de los materiales (no sería la primera vez por esa zona) o con otros intereses dado el momento que pasamos hoy. Se trata tanto de la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido. Como la política y periodística para mejorar como sociedad. Que esto es también politizar una cuestión.

En consecuencia, cualquier debate para mejorar nuestro sistema ferroviario debe incorporar la necesidad de transformar radicalmente el modelo actual basado en la competencia feroz entre operadoras, sopesando incluso la posibilidad de revertirlo por completo, y volver a un modelo de sistema ferroviario que tenga entre sus objetivos el servicio público de calidad para las personas, la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental (de conjunto a través de la intermodalidad de los transportes) y la eficacia en la movilidad de viajeros y mercancías. No únicamente el beneficio privado.

Y todo esto, con el terrible drama acontecido en medio de la campaña electoral que ya dura desde la misma convocatoria de elecciones y ni distingue entre fases ni intensidades. El accidente es carnaza para la ultra derecha que estaba dando verdaderos tumbos discursivos y era incapaz de posicionarse como una opción medio segura para el trabajador y la trabajadora española, más allá del “Perro Sánchez HdP”. Descolocada por la revelación del problema de la vivienda como el primer y más grave problema del país. Evidentemente entra la crítica a la labor de gobierno, y en particular del Ministro de Transportes, Óscar Puente. Por supuesto. Y si es necesario el relevo y que haya que fiscalizar hasta lo posible todo lo que ha devengado en el accidente, pues es lo que hay que hacer. Como por ejemplo habría que haber hecho tras la nefasta gestión del Yak42 o del accidente de Santiago, que curiosamente el señor Feijoo como presidente de la Xunta no tuvo ningún problema en cerrar en falso la comisión de investigación hasta en 5 ocasiones. Y cómo no, tras la dana de 2024, donde todavía tenemos el oprobio del principal responsables político, que no estuvo a la altura y luego se tiro un año mintiendo descaradamente, no solo en la calle, sino encima en el parlament, con chófer, secretaria y sueldo. Así que, pocas lecciones y ningún intento de aleccionar a nadie desde la derecha cuando se trata de investigar, dar información y estar en su sitio en la gestión de una crisis. Por otro lado, la ultraderecha montana ya aprovechó para hacer campaña, llamando al odio y a la sinrazón desde el mismo día del accidente con la conveniencia imprescindible, una vez más, de la fascista policía que padecemos en el estado español.

Si, personalmente ya era poco optimista de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras el suceso del pasado miércoles, pintan bastos. Nos vamos a arrepentir como sociedad.

Por último, entre las víctimas está la ex-ministra de empleo con los gobiernos de Rajoy, Fátima Bañéz. No me alegro de la muerte de nadie, pero recordar que con esta incompetente durante 5 añazos no se subieron las pensiones al IPC -y aún así cuando entró el siguiente gobierno en 2018, “la hucha de las pensiones” estaba bajo mínimos-; se abarató un 65% el coste del despido improcedente para las empresas dando con ello el resultado de la destrucción de un 35% del empleo fijo que había en España en 2012, quedando con ello una indemnización media inferior a los 800 euros por año trabajado (cuando en 2011 estaba en 1200). Bajaron las cotizaciones pagadas por la empresa en un 25% entre 2014 y 2018. En su mandato el paro bajó, es verdad fruto de una mayor dinamización económica motivada por el contexto internacional, pasando de 5.346.451 personas sin empleo a 3.849.145, y de una ocupación de 17,5 millones a 18,9, pero sus políticas articularon una bajada de la calidad en el empleo colosal que todavía hoy no se ha revertido, y probablemente nunca lo hará. Se ve que la virgen no da para tanto.

Polarización y politización antes de las elecciones del 29N

Lula da Silva ha ganado las elecciones de Brasil. Contra todo pronóstico y en contra de lo acontecido en la primera vuelta, el Partido de los Trabajadores ha ganado la segunda vuelta a la extrema derecha brasileña representada por un prescindible hijo de Bolsonaro. Otro corrupto, faltón y vende patrias como su padre. Lula obtiene su cuarto mandato con 81 años y mantiene a Brasil como faro de la izquierda en latino América, mientras el resto de naciones vecinas han ido cayendo en brazos de la derecha ultraliberal y fascista. Y ahí van sus poblaciones y clases trabajadoras perdiendo poder adquisitivo, derechos y produciéndose en consecuencia la contestación social. Sin embargo, Brasil se mantiene, junto a México, como dique de la izquierda en un momento de tremendo avance imperialista de Estados Unidos sobre el continente.

Y como viene siendo habitual, la extrema derecha no reconoce los resultados. Pide su anulación y clama contra un presidente al que ya consideran ilegítimo. Ya sabéis: Si las elecciones las ganamos “nosotros” (o los nuestros) “son un verdadero ejemplo de democracia”, “son una fiesta”, legales y con totales garantías; si ganan las izquierdas, es que ha habido manipulación, son ilegales y por lo tanto, es lícito enclaustrarse en el poder y/o amenazar y ejecutar golpes de estado. De todo tipo ya en los últimos años, y en el propio Brasil también.

Este es un comportamiento ya bien conocido y un ejemplo más de las peores tácticas de la anti-política que representa una derecha echada al monte y a los brazos del fascismo. La salida de la crisis-estafa de 2007, de ese capitalismo ultraliberal que hacía aguas, ha sido para la élite el último recurso de usar a la extrema derecha ultramontana para desviar la atención sobre sus propias responsabilidades y para apuntalar los discursos identitarios y nacionalistas que se plasman en las luchas entre el último y el penúltimo. El feminismo, el ecologismo, la lucha contra el cambio climático, los derechos LGTBI, el racismo y la xenofobia, y por supuesto, los rojos, son los que han provocado que no puedas comprar una casa, que tu trabajo sea más precario e inseguro ante el avance de la IA y la ultra-tecnificación, o que echen a tu abuela del barrio. Por poner unos pocos ejemplos.

Todo con tal de que la atención se desvíe de los verdaderos culpables y abrir los procesos revolucionarios que se necesitan para volver a construir un mundo, y unas sociedades, más plenas y garantistas. Donde la justicia social no sea sólo retórica, y en el que se asuman, respeten y protejan pactos sociales sólidos y convincentes, bien necesarios para solucionar los problemas que tenemos hoy en día, y los que vendrán en el futuro. Es decir, hacer política y que la hagan todas y todos, no sólo quienes interesan para los que mandan.

Pues bien, una de esas tácticas deleznables es la de la polarización de las sociedades. “Es que ahora las opiniones están muy enfrentadas, y los medios de comunicación, las redes y los políticos son culpables”. Todos por igual. Los que defienden esta tibia democracia liberal y los fascistas que han venido a derruirla desde dentro. Todos y todas igual de culpables. Si ya, y un cuerno.

Porque la verdad es que desde siempre, pero fundamentalmente y de manera abusiva desde 2016, una extrema derecha desatada ha conseguido imponer sus marcos de opinión y actuación. La inversión que las élites han hecho para que se acepten ideas y declaraciones, que hace 20 años eran inimaginables en los medios de comunicación y en los propios debates políticos, nos deberían dar la pista de qué se ha hecho, por qué y quiénes son los responsables. Como siempre seguir la pista del dinero ayuda.

Por qué se ponen en cuestión convenciones que como sociedad “habíamos” tomado en acuerdo. Por ejemplo, las cuestiones sobre las pensiones, incluida la propia pervivencia de los sistemas, la edad de jubilación de las clases obreras o la solidaridad intergeneracional que como principio rector la sustenta, o lo que tiene que ver con el carácter público y la calidad de los servicios de democracia como la sanidad o la educación públicas. O la fiabilidad del sistema democrático, de las elecciones mismas y en especial el voto por correo que se emplea como primera carga de demolición de la legitimidad política cuando las cuentas no salen o las encuestas no son tan favorables. En el tablero discursivo se han aceptado, y sigue ocurriendo, ideologías y amenazas hacia la democracia, la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas que son intolerables. El eje político (y el mediático, el electoral o el social) se ha corrido hacia la derecha, hacia la extrema. Y al resto no nos queda otra que amarrarse a unas posiciones de mínimos, que nos alejan de los objetivos legítimos de mayor igualdad y de un reparto de la riqueza (y por cierto, también de las responsabilidades) más justo y democrático. En este contexto artificial -porque es creado ex profeso por las élites alterando la realidad social-, los temas y debates quedan tergiversados.

Las condiciones materiales de vida y la identidad de clase queda subyugada a una defensa de mínimos de los más elementales derechos civiles expuestos hace más de 200 años y que a estas alturas de la vida debían de estar asegurados por la praxis política, y fundamentalmente por la militancia activa del grueso de la sociedad civil convencida defensora y promotora de un bienestar colectivo y de una democracia funcional. Sin embargo, el eje político y el sentir mayoritario se desplaza de posiciones centristas que contemplaban con simpatía la ampliación de los estados de bienestar a posiciones ultras en lo nacionalista y radicales en lo económico apoyando un modelo ultraliberal que nunca, en ningún sitio, se explicó antes de ponerse en práctica y cuyas consecuencias venimos padeciendo el grueso de la población con cada vez menor bienestar. Y encima tenemos que cuidarnos de todos aquellos miembros de las clases bajas que votan en contra de sus propios intereses materiales, y especialmente los de sus hijos, para hacerlo en favor de una  identidad y unos valores disfrazados, que no corresponden a sus valores y necesidades sino a los de las élites, tal y como describió en 2004 el filósofo estadounidense George Lakoff. El mayor ejemplo es la defensa y apoyo a propuestas de bajadas generalizadas de impuestos: A uno de la élite la propuesta le puede ahorrar millones de euros al año; a un miembro del lumpen a penas un centenar de euros. Y luego nos lamentamos de cómo y de qué manera se financian los servicios públicos.

 

Del mismo modo, otro de sus más execrables insultos para deslegitimar a la propia política es usar el naipe de la politización. Cuando se habla de politización se habla en negativo. ¡Qué mal que se politice una cuestión! ¡Qué cosa más improcedente, doliente o incluso, nefasta el que tratemos un asunto en términos políticos! Por contra, si se pone en tela de juicio o se valora en términos económicos una cuestión, ¡qué ejercicio más brillante y necesario se plantea!. Es todo de un absurdo lamentable.

Porque no hay nada más democrático que politizar un asunto. Politizar es dotar de sentido y contenido a las circunstancias, los entornos, los contextos, las acciones, los pensamientos, etc. Los problemas que nos afectan. Ponerlos en cuestión con todas su variantes y posibilidades. Hacer que las cuestiones salten del ámbito íntimo y personal del individuo o de la familia y se ponga en común con otras y otros. Que se reconozcan que hay problemas, cuestiones y soluciones que han de ser comunes. Politizar es también despertar la conciencia política de individuos o grupos, incluida la formación política que hoy más que nunca es bien necesaria. En definitiva, politizar es generar una motivación y con ella una militancia democrática (da igual si de derechas o de izquierda) por participar y hacer más fuerte los acuerdos que se incluyen en ella (con todo lo imperfecta, exasperante o lenta que resulte).

No hablo de manipulación. Hablo de politización. De hacer que las personas cuenten en la detección y resolución de su propia vida y condiciones. ¿Qué malo hay en eso?

En realidad, y aunque no lo recordéis niños, la polarización y la politización siempre estuvieron ahí. Cuando la derecha pierde elecciones, como en 2004 ya clamaron por una deslegitimización de los resultados y ejercieron una oposición traicionera y ruidosa. Los gobiernos de Rajoy fueron de un autoritarismo bárbaro y de una inoperancia absoluta, menos para laminar derechos de las mujeres, las personas migrantes y de todos los trabajadores. Cuando perdieron el poder, entre otras cosas por su manifiesta y probada corrupción y latrocinio, volvieron, ahora ya si, con una ultra derecha desligada a componerse en turba reaccionaria que solo sabe inventar problemas donde no los hay o transformar la responsabilidad de los existentes para que no les salpique. Amparados y fortalecidos por las élites, y en especial por la avanzadilla ultra internacional, proponen una ofensiva totalitaria para evitar la solución de los problemas reales, que empiezan y en buena parte acaban, en un capitalismo ultraliberal que se desmonta de manera estructural.

Hay quienes agotados por estas legislaturas, por esta “excesiva” polarización y politización, dicen “dejarles gobernar”, por lo menos se acabaría el ruido. Se equivocan: Las ultra derechas, pp y vox, tanto montan, con el poder ejercerían un gobierno ultra y reaccionario. Radical y voraz en transformar nuestro país y nuestra sociedad para hacerla más opresiva, conservadora, cutre, corrupta y con menos futuro y sí, mucho más dolor. No cejarían en su estrategia como se está comprobando allí donde están rascando el poder: En Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Chile o en la Hungría de Orban.

El ruido va a continuar, por lo tanto es imperecedero votar y hacerlo en defensa de la clase trabajadora. Así de claro.

Y después, por un lado se tratará de preservar la politización para hablar en términos de debate y política, más allá de la lucha partidista (y mediática afín) y de las urgencias electorales, favoreciendo la información, el aprendizaje y el acompañamiento de una ciudadanía empoderada y adulta que exige decisiones políticas para resolver problemas políticos, que se manifiestan en la economía y en las características sociales y culturales de las personas, los grupos y del territorio. Por el otro, y para frenar la polarización reinante, habrá que intervenir y sacar estos discursos desaforados de debate político. Volver a construir consensos de país y anular a quienes ven al adversario político como una amenaza por lo que se justifica su ataque, opresión e incluso, eliminación. Me temo que quienes deberían hacer este camino no están ni capacitados ni tienen el interés para intentarlo.

Lo que si que es imperecedero es meter mano y legislar sobre los medios de comunicación, las redes sociales (atendiendo especialmente a su origen y los intereses de sus dueños) y a los propios partidos políticos, para que se hagan responsables de su impacto en la sociedad y del peligro al que someten al pueblo cuando publican y difunden mensajes simplificados, burdos e incluso inventados.

Como en Brasil, otras sociedades y pueblos despiertan, se activan y luchan por su país y su futuro. 

La coyuntura francesa

 

Consecuencia política directa de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 fue la convocatoria de elecciones legislativas en Francia para agosto de ese año. El presidente de la República, el tecnócrata y liberal Enmanuel Macron se veía empujado a una adelanto electoral en la cámara de representantes debido al nefasto resultado que su coalición obtuvo en la votación europea y al auge de la extrema derecha en aquellos comicios, mientras un estado de perenne ingobernabilidad en Francia le empujaban a buscar una nueva mayoría legislativa que reaccionara en su figura, a través de una coalición de urgencia entre conservadores y liberales y el apoyo puntual de los socialistas. Sin embargo, el resultado de las legislativas mientras el país vivía el furor de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue la victoria de la coalición de izquierdas de la Francia Insumisa que paró en seco el crecimiento electoral y favorable de la extrema derecha y dificultó aún más, la consecución de mayorías operativas en la Asamblea Nacional.

Una vez más, la cultura política de las militancias de izquierdas en Francia volvió a mostrar cuáles son los caminos a realizar y dónde están las prioridades cuando están en peligro los valores democráticos, la identidad nacional, así como la salud de la civilización moderna y los valores republicanos. Con aquella votación se paró, al menos momentáneamente el auge de la extrema derecha en Europa, garantizando de paso un respiro a la integridad y la construcción de una Europa común que se enfrente a los retos del Mundo Actual, y en especial, a las agresiones y a la violenta hegemonía de Estados Unidos en su enfrentamiento geoestratégico frente a Rusia y China.

Evidentemente estos dos años no han servido para facilitar una estabilidad política en la República. Los primeros ministros designados por Macron van durando menos que un respiro y el enfrentamiento entre Presidente de la República, una cámara de izquierdas, y una sociedad civil empoderada y muy atenta a lo que se decide en el Eliseo y en la Asamblea Nacional auguran una conflictividad social cada vez mayor, mientras que la extrema derecha espera paciente sacar réditos políticos en las próximas elecciones de 2027 a la Presidencia de la República. No lo olvidemos.

El fracaso del neoliberalismo, como ideología y por desgracia, como práctica política y económica nos han traído el auge de una extrema derecha desatada, auspiciada por las propias élites en su búsqueda de perpetuarse en la hegemonía. Mientras la sociedad está cada vez más fragmentada en múltiples aspectos, desde lo político donde la polarización de una extrema derecha crecida ha tratado de arrastrar todos los sentimientos e ideales hacia una defensa centrista de mínimos, hasta también lo económico y social, donde la desigualdad económica creciente, la crisis de vivienda, la precariedad del trabajo o el fracaso de unos servicios públicos entregados al capital y que han dejado de ser garantes de la igualdad y el bienestar, están rompiendo o han roto ya los pactos sociales y la propia convivencia.

Antes de las elecciones legislativas de 2024 Macron ya había dejado claras sus prioridades. El que fuera ministro de economía con el socialista Hollande, había abandonado el partido y el gobierno para impulsar su propio partido (En Marcha) para con una agenda claramente neoliberal y tecnócrata, bien recibida por las élites, los medios y los mercados, profundizar en la hegemonía neoliberal y económica sobre el discurso político y los valores republicanos y democráticos. Como repuesta fue recibiendo una cada vez mayor movilización social, con el movimiento de los chalecos amarillos (Gillets jeunne) de 2018 como punto de inflexión, y como descontento latente y trascendental que agrupaba en una serie de medidas, puntos ideológicos e identidades políticas extremas a derecha e izquierda. Hasta 2024, la pandemia de covid o los JJOO en casa “paralizaron” el motor reivindicativo, pero eso no quiere decir que se desactivarán y abandonarán las luchas, sino que se han reorganizado en torno a unos valores políticos y culturales de igualdad y justicia social.

Por lo tanto, estos dos años no ha parado la conflictividad social, y los continuos fracasos de Macron para poner en marcha sus medidas ultraliberales han dado alas a la Francia Insumisa, y también a las calles para clamar por una mejor democracia, por mayor igualdad y libertad, además de poner en cuestión la hegemonía del neoliberalismo en el discurso como hizo el movimiento Bloquons tout en septiembre del año pasado. En este contexto entran las actuales protestas estudiantiles que han inaugurado el curso escolar luchando y exigiendo unas mejores condiciones en los institutos y universidades públicas francesas, que al final quedan como única opción para los hijos de la clase trabajadora, mientras se articula con recursos públicos y caudal político, un sistema elitista que favorece una desigualdad social cada vez mayor. Señalar que en España en Madrid y la Comunitat Valenciana el curso escolar también ha empezado con protestas de estudiantes, familias y profesores por la educación neoliberal practicada en estas comunidades. Como están defendiendo desde las asambleas estudiantiles en Francia: “dinero para los institutos y no para la guerra”, puesto que Macron va por el cuarto presupuesto nacional donde el gasto militar crece y se protege, frente a partidas sociales cada vez más reducidas y exenciones fiscales más beneficiosas para las élites.

La extrema violencia de la respuesta policial y gubernamental frente a las protestas, no siempre pacificas, de los estudiantes frente a los institutos han vuelto a poner el foco por un lado en la legitimidad de la violencia del poder, y en si es lícito y fundamentalmente, ético usar a las policías para no escuchar la voz de los que piden más profesores, mejores instalaciones y más recursos para la educación pública. Sobre todo cuando son chavales de los barrios donde habita la población de origen migrante. Por el otro lado y como reacción, las distintas luchas y sensibilidades que cruzan a la población civil francesa se han levantado en solidaridad con los estudiantes y ejercido una confluencia de protestas y malestar social.

Este fin de semana ha sido el de una movilización histórica en Francia. Una puesta en común de las reivindicaciones de diversos colectivos, donde se mezclan lo urbano y lo rural, lo material con los derechos, y con un fuerte componente intergeneracional de quienes han comprendido la necesidad de trabajar en frentes comunes que puedan discutir las imposiciones de las élites. Las manifestaciones del sábado y el domingo han cruzado el país de Norte a Sur y de Este a Oeste, haciéndose sentir, de manera más intensa, en las grandes ciudades del estado francés. Y si, la violencia ha aparecido. Hay miles de detenidos, cientos de heridos de diversa consideración y millones de euros en daños y pérdida económica por un fin de semana con el país parado. Ha ardido, y es una pérdida lamentable, el histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges, pero nunca se sabrá quién ha provocado toda esta violencia y por qué: Los propios militantes de las izquierdas, los jóvenes o los chalecos amarillos. O han sido las policías, infiltradas en los movimientos, reventadores profesionales, o los propios anti-disturbios. O quizás hayan sido grupúsculos de derechas que aprovechan la algarabía para hacer daño a su principal opositor político y social. Puede que incluso hasta grupos criminales hayan aprovechado para hacer su labor. Sin embargo, la estrategia está clara: criminalizar la protesta, no los saqueos o cargas, para deslegitimar la lucha, tratándola como radical, aunque en el poso de las reivindicaciones y manifestaciones esté que se mantengan y refuercen los pactos sociales que las élites han roto unilateralmente.

En cualquier caso, y lamentando estas imágenes y estos destrozos que no suelen ayudar a las causas justas, lo cierto es que el empoderamiento de la sociedad civil francesa, en sus distintas escalas y tipos (edades, orígenes, profesiones, sectores, entornos, etc.) es la muestra de un hartazgo colosal. Se habla de "radicales" cuando no se discute el radicalismo con el que la teoría neoliberal ha impuesto sus marcos y directrices. Nadie desde arriba asume que la situación en Francia, y en Europa y en todo el mundo es muy violenta, y que se debe a que en los últimos 40 años se han ido rompiendo sistemáticamente los pactos sociales, tácitos o no, que permitían un entorno social más justo y con un futuro más optimista para todas y todos en cuanto a bienestar y satisfacción personal y colectiva. Y esto lo han entendido todos los agentes sociales que tienen en la igualdad, la libertad y la fraternidad, los valores republicanos, y también en la identidad colectiva y la solidaridad, son fundamentos: la izquierda. Los sindicatos se han sumado sin imposiciones ni protagonismos en las luchas estudiantiles, y la sociedad civil, por lo demás atomizada y enfrentada artificialmente entre sí, se ha sumado y con ellos sus reivindicaciones y propuestas particulares para plantear en conjunto, un marco revolucionario que dé respuesta a la situación de colapso social, político, económico y cultural del neoliberalismo y el capitalismo desregulado.

Y es que la verdadera potencia de los movimientos en Francia está en que saben donde poner el acento de lo que está sucediendo, sin distraerse, ni equivocarse aunque fuera lo fácil, con la presión y la amenaza de la extrema derecha. La unidad frente al fascismo se supone, pero lo trascendente es señalar las políticas, las ideologías y los nombres, partidos, medios y empresas que abren las puertas al fascismo, mientras se desmontan los valores sociales que entre todos se habían construido. La lucha contra el desempleo, la precariedad laboral, el precio de la vivienda, la especulación, el deterioro de los servicios básicos como la salud, la educación públicas, la crisis ecológica y la crisis humanitaria provocadas por el cambio climático, o la emergencia de la situación internacional con genocidios en marcha y con un mayor autoritarismo y belicismo en las relaciones internacionales no han sido provocados por la izquierda, o el comunismo o el feminismo. Tampoco la laminación de los derechos de colectivos discriminados como las personas racionalizadas, las mujeres, los mayores, los niños o las personas LGTBi. Por ello, recalco, es importante poner el foco y la acusación en quienes han favorecido las situaciones injustas que estamos viviendo y la ruptura, en general, de los pactos sociales que habíamos asumido. El neoliberalismo no se puede ir de rositas.

Si bien Macron llegó al poder como una medida de emergencia ante un auge incontrolado de la extrema derecha y una V República en crisis, va a acabar su era con un país completamente soliviantado, con el centro del discurso político entregado de facto a esa extrema derecha y con una conflictividad social enorme donde se pone la violencia policial contra el pueblo como respuesta institucional. No se asumen las responsabilidades por acción directa u omisión interesada en la laminación de la convivencia y en el deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Y mientras las élites económicas y la derecha conservadora tradicional abraza al fascismo de Le Pen como su mejor baza para mantener el estatus que no es otro que la destrucción de todo el programa social francés. El resultado vendrá en las elecciones presidenciales de 2027, y si no antes, pueden derivar en la disolución de la República y en la construcción de un nuevo modelo social y político para Francia.

 

En clave española, no somos pocos los que vemos en estas movilizaciones en Francia y en una izquierda unida y combativa, bajo la Francia Insumisa y el sindicato CGT -que además son generosos y amparan a los colectivos que reclaman mayor justicia social-, el ejemplo de cómo trabajar y luchar por una mejora colectiva de nuestra vida, nuestro entorno y nuestro futuro. En todos los frentes que tenemos abiertos. Pero hay que ser conscientes de que “nuestro frente popular” ya estaba operativo. Ya ejercía un gobierno, que aunque en minoría, tenía recursos para haber ejecutado acciones en beneficio de la mayoría, y no tanto del capital y de sus propietarios. Y sin embargo, una vez más, hemos sido traicionados por la dirección del psoe y su entrega al neoliberalismo; mientras las élites de los partidos de la izquierda a la izquierda del psoe han quedado desubicadas y retratadas, incapaces de llegar a acuerdos para lanzar esa candidatura única e inclusiva, esa España Insumisa, o esa España Indignada, que diera cabida a todas las sensibilidades bajo un programa común anti-fascista y anti neoliberal.

Si las próximas elecciones generales del 29 noviembre en España no se saldan con un gobierno de ultraderecha será por la movilización de la gente de izquierdas, y lo conseguirá contra otras cosas, frente a la incapacidad y la deshonestidad de unas élites partidistas egoístas, parasitarias y mentirosas. Por eso, el ejemplo de lo que acontece en Francia es significativo para quienes pensamos que todavía no hemos salido de la crisis-estafa de 2007, ya que seguimos siendo las clases trabajadoras las que fuimos derrotadas, en especial en el proceso revolucionario entre 2011 y 2016, y por lo tanto, las que seguimos pagando las facturas y la destrucción de todo el tejido político, económico y social que se ha venido eliminando con el neoliberalismo los últimos 30 años.