La ola reaccionaria y fascista que asola el mundo tiene su propia idiosincrasia en España. En parte debido a una endeble herencia y construcción democráticas, fruto de la supervivencia de los poderes salidos de la dictadura franquista y de la ardua negociación-sumisión que se llevó a cabo con las fuerzas de izquierdas. Pero es sobretodo la cuestión nacional, la construcción del estado-nación y la esencia plurinacional de la península Ibérica, la que añade más capas de confrontación, así como una realidad propia que no debe tomarse a la ligera.
Si en otras latitudes es la cuestión de la inmigración, con la “teoría del gran reemplazo” de la identidad racial y cultural del cristianismo, como tensión suprema vinculada a las migraciones, lo que moviliza y cohesiona a la ultra derecha en España, sin tener su cuota de protagonismo esta cuestión, son las dificultades que acarrea un proceso territorial inacabado e ineficiente en eso de dar respuesta a las distintas sensibilidades del estado lo que enerva a las huestes ultras. Recuperando una idea falsaria y absolutamente fantasiosa de la “Gran España”, católica e imperial (la Reconquista, el Imperio, la cristianización, el orden, la Gran Cruzada de la Guerra Civil, etc.) sacralizan la Constitución del 78, de la que se han apropiado (cuando votaron en contra o llamaron al alzamiento militar en su contra), como un ente inamovible. Una biblia dogmática y en piedra imposible de cambiar, de reformar, y a la que deben ajustarse las realidades. Otra aberración política más, puesto que si algo deben de garantizar las constituciones y las reglamentaciones que supervisan y permiten la convivencia entre personas, es su perpetua revisión, su abierta actualización y perenne discusión.
Sin embargo, la Constitución es inamovible, presentada como un programa de máximos que en realidad y a duras penas concede unos mínimos de convivencia y representación, y donde en vez de ajustarse a las demandas de la sociedad, esta tiene que claudicar constantemente y enclaustrarse en los dogmas de la constitución, sus padres (no hubo madres en el parto) y sus hacedores, todos ellos sacralizados a cuenta del esfuerzo y el progreso de las clases trabajadoras y sus diversas identidades.
El politólogo e historiador Benedict Anderson teorizó a comienzos de los años 80, en los albores del neoliberalismo y el neoconservadurismo, sobre el nacionalismo y los procesos de construcción de los estados modernos. Planteaba el autor británico la existencia de “comunidades imaginadas”, esto es, colectivos que se identifican con una serie de valores compartidos (una lengua, una cultura, unas tradiciones, unas instituciones) que acaban constituyendo comunidades políticas propias, soberanas y limitadas por la existencia de otras comunidades imaginadas limítrofes. En este sentido, aparecerían las naciones, como resultado de un proceso de construcción histórica y social, donde los sentimientos de pertenencia a la comunidad imaginada serían más aglutinadores que los factores de clase o desigualdad material que podían desligar la comunidad. De este espíritu compartido de nación podría articularse la estructura material del estado que organiza y jerarquiza el sentimiento nacional. No siempre se daría la creación de un estado, con la existencia de una nación, pero la emergencia del primero, solo puede darse si existe el segundo.
Extrapolada al caso de la España de la transición, y de la actualidad, vemos como la cuestión territorial sigue vigente. En parte como pegamento y cohesión de las ideas conservadoras, ultras y reaccionarias. Pero fundamentalmente, como una cuestión abierta, una tarea inacabada, puesto que la administración territorial del estado no responde a la lógica de las diversas sensibilidades que comparten península. Aunque la Constitución en su artículo 2 del título preliminar avala la esencia plurinacional del estado, lo hace “de aquella manera”, sin recorrer todo el camino a la protección de las naciones o identidades nacionales o regionales (ni de sus lenguas, costumbres propias o culturas), y por supuesto, se queda a medio camino del planteamiento de un estado federal, que es la solución más perfecta a la realidad. El modelo de las Comunidades Autónomas, una peculiaridad propia de la alta política española es el resultado, y como otras soluciones recogidas en la Constitución, es otro formato indefinido a caballo entre la reacción franquista y la revolución progresista de su oposición.
Pareciera que en el caso de España actual, la intención sería seguir la doctrina expresada por el filósofo francés del siglo XIX Ernest Renan, para quien primero vendría el “Estado” como armazón del sentimiento de nación. Si bien en las naciones que se construyeron o coaligaron en la segunda mitad del siglo XIX y hasta hoy en día, parece que han sido las mitologías nacionales las que se han incluido en las celebraciones y fiestas populares (pensemos en Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Irlanda, pero también en los países salidos tras la caída de la URSS y el desmembramiento de la Antigua Yugoslavia), en el caso de España, esta lógica renaniana no ha acabado de cuajar, pese a que pensadores de notables garantías como Jovellanos, Pi Margall, Baroja, Unamuno, Echegaray u Ortega hicieran reclamo por la construcción de la nación española.
Sin embargo, ni una dictadura fascista, ultra conservadora, clerical, militarista, atroz y extremadamente duradera han podido terminar de construir ese nacionalismo español que aglutinase bajo el estado al grueso de la población. Al acabar el franquismo, la mayoría de la ciudadanía, veía España como una nación sólida, si, pero las minorías en Catalunya o Euskadi solo lo reconocían como un estado cuya autoridad no podía silenciar su sentimiento nacional. Además, la oposición democrática, primero en la clandestinidad de la dictadura, después tomando parte en el proceso de transición a la democracia, trabajó junto a los nacionalismos periféricos catalán, vasco o gallego (incluso regionalismos en Andalucía, Valencia, Canarias o hasta Asturias) para construir un sistema democrático, lo que añadió confusión a la idea de la España sólida y garante de las identidades, puesto que eran una oposición a esa idea cercenadora expresada e impuesta desde Madrid.
Fruto de este choque de fuerzas es la Constitución del 78 y el Estado de las Autonomías consagrado a través de ella. De esta manera se consiguió vincular la democracia, como sistema político opuesto a la dictadura fascista, a la idea de una España plural, de una nación de naciones, que a través de los marcos políticos podía discutir y decidir su destino coaligado, prácticamente de tú a tú.
Esto funcionó relativamente bien durante los primeros 25 años. A comienzos de los dosmiles, la primera mayoría absoluta de un partido de derecha en la España democrática, supuso la voladura paulatina de todos estos puentes entre identidades nacionales, hasta la demolición total que supuso la condena del Estatut catalán de 2007 suspendido por el Constitucional conservador por una denuncia del PP. Si bien las derechas nacionalistas de Catalunya y Euskadi aprovecharon su sintonía con el PP para ganar mayor autonomía y desarrollar sus propio sentimiento nacional, tuvieron que soportar el verse relegados por esa misma fuerza nacionalista españolista que ya no necesitaba su colaboración para sacar las rentas a los trabajadores. Aquellos que hicieron campaña y votaron en contra de un proceso democrático allá por los 70, volvían a impedir concesiones y adaptaciones dentro del marco democrático, toda vez que calculaban ya no necesitaban a las burguesías catalanas y vascas (en todo caso hablamos de pactos entre “élites”) porque habían conseguido dinamizar Madrid, como epítome de lo que es la nación española.
Rotos esos equilibrios territoriales y también ideológicos entre las distintas Españas (“nacionales” o “periféricas”, “derechas” o “centro”) lo que tenemos hoy es un país invertebrado. Muy extenso, sobre una topografía complicada, que no ha impedido la construcción de un sistema radial muy fuerte, que convierte al centro, la capital del Estado, a Madrid, en un agujero negro que fagocita riqueza, talento y futuro de las regiones adyacentes, capturando ya incluso las más alejadas (Galicia, Asturias, Andalucía Occidental, fundamentalmente).
Por su parte, mientras Euskadi resiste con una idea de estado-nación consolidado, con eso si, severas fracturas sociales entre una visión conservadora-liberal y una proletaria-social, en Catalunya la voladura del pujolismo como partido político, y de diálogo entre derechas corruptas, ha generado un ecosistema de partidos muy fracturado en el que conviven fuerzas de derechas e izquierdas, incluidas extremistas, tanto nacionalistas, como españolistas. En Galicia, la construcción nacional está lejos de hacerse por su propio pasado atado al caciquismo franquista, mientras que otras regiones como Valencia, Andalucía o los archipiélagos tienen cada vez mayores dificultades para expresar su propia idiosincrasia, aunque se haga desde los rigores del regionalismo, y sus problemas particulares o compartidos se enquistan, no se resuelven y ni siquiera se tratan porque están apagados por lo que acontece en Madrid. En todos estos casos, el auge del “españolismo”, del sentimiento nacional español, hace que toda expresión identitaria, regional, local o particular se quiera cerrar en la bandera del rojo y gualda, y en la política de Madrid.
En todo esto, la izquierda ha salido mal parada, incapaz de argumentar de manera solida y cohesionada, por un escenario federal que garantice todas las identidades y su diálogo en igualdad de condiciones. Mientras la España Interior, se convierte en Vaciada, e incluso en Olvidada, y las nacionalidades y sentimientos propios de las distintas regiones son atacados por el “madrileñismo de extremo centro”, esto es, el nacionalismo franquista español. En este sentido, la voluntad de aunar proyectos políticos de izquierdas, ya sean nacionalistas, regionalistas o nacionales, hacia un Frente Popular es siempre una buena idea, y además, una oportunidad para construir desde el posicionamiento político un país mejor, más garantista y más responsable. En definitiva, más real, donde las instituciones políticas sean efectivamente reflejos puros de las identidades y necesidades de la población.
En un mundo en crisis económica perenne, con severas amenazas a la seguridad y la paz, y con una crisis medio ambiental que trasciende hasta la propia supervivencia de la especie, las tensiones en la convivencia entre culturas, fruto tanto de la globalización como de las migraciones, y los ajustes económicos y sociales, están provocando repliegues identitarios en la nación, con las subsiguientes rupturas sociales, en la convivencia y en la democracia, lo que explica en buena parte, el auge actual del fascismo y todo lo que está pasando.
Sin duda, tienen que habilitarse las reformas necesarias para mejorar la convivencia y la dignidad de las distintas naciones y sus entidades dentro del estado español. Una Constitución no es una biblia en piedra. No es palabra santa y sacralizada que no se puede modificar y que tenga que coaccionar las formas de vida de nadie. Somos más nación, más país, y fundamentalmente, más fuertes y felices, si todos nos sentimos respetados y partícipes en procesos de decisión. Reconocerse como una nación de naciones y hacer que así se recoja en los mandatos políticos es la garantía de construir nación y hacer futuro. Por desgracia, el cortoplacismo, y el auge de la extrema derecha, van en dirección contraria, y como resultado tenemos bloqueos institucionales que impiden el avance en las normas y convivencias.
El proyecto plurinacional va de un estado que practique una gobernanza compartida, y a su vez, en contra de las lógicas capitalistas y mercantilistas que profundizan en la desigualdad entre territorios y entre autonomías que vemos cada día (empezando por los dumpings fiscales y las rebajas de impuestos) y hacia ese estado disfuncional donde son incapaces hasta de ponerse de acuerdo en como gestionar los recursos compartidos como puedan ser hasta los ríos. Además, ayudaría a garantizar los estados de bienestar, haciéndolos más eficientes, más cercanos al ciudadano que los usa, defiende y trabaja en ellos (Sanidad, educación, servicios sociales, servicios de emergencia).
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