El Estado de las Autonomías y el freno a la España plurinacional

Las banderas de las Autonomías en el edificio del Senado en Madrid. En primer término y al centro, más grandes, la bandera de la UE y la bandera de España

 

La ola reaccionaria y fascista que asola el mundo tiene su propia idiosincrasia en España. En parte debido a una endeble herencia y construcción democráticas, fruto de la supervivencia de los poderes salidos de la dictadura franquista y de la ardua negociación-sumisión que se llevó a cabo con las fuerzas de izquierdas. Pero es sobretodo la cuestión nacional, la construcción del estado-nación y la esencia plurinacional de la península Ibérica, la que añade más capas de confrontación, así como una realidad propia que no debe tomarse a la ligera.

Si en otras latitudes es la cuestión de la inmigración, con la “teoría del gran reemplazo” de la identidad racial y cultural del cristianismo, como tensión suprema vinculada a las migraciones, lo que moviliza y cohesiona a la ultra derecha en España, sin perder su cuota de protagonismo esta cuestión, son las dificultades que acarrea un proceso territorial inacabado e ineficiente en eso de dar respuesta a las distintas sensibilidades del estado lo que enerva a las huestes ultras. Recuperando una idea falsaria y absolutamente fantasiosa de la “Gran España”, católica e imperial (la Reconquista, el Imperio, la cristianización, el orden, la Gran Cruzada de la Guerra Civil, etc.) sacralizan la Constitución del 78, de la que se han apropiado (cuando votaron en contra o llamaron al alzamiento militar en su contra), como un ente inamovible. Una biblia dogmática y en piedra imposible de cambiar, de reformar, y a la que deben ajustarse las realidades. Otra aberración política más, puesto que si algo deben de garantizar las constituciones y las reglamentaciones que supervisan y permiten la convivencia entre personas, es su perpetua revisión, su abierta actualización y perenne discusión.

Sin embargo, la Constitución es inamovible, presentada como un programa de máximos que en realidad y a duras penas concede unos mínimos de convivencia y representación, y donde en vez de ajustarse a las demandas de la sociedad, esta tiene que claudicar constantemente y enclaustrarse en los dogmas de la constitución, sus padres (no hubo madres en el parto) y sus hacedores, todos ellos sacralizados a cuenta del esfuerzo y el progreso de las clases trabajadoras y sus diversas identidades.

El politólogo e historiador Benedict Anderson teorizó a comienzos de los años 80, en los albores del neoliberalismo y el neoconservadurismo, sobre el nacionalismo y los procesos de construcción de los estados modernos. Planteaba el autor británico la existencia de “comunidades imaginadas”, esto es, colectivos que se identifican con una serie de valores compartidos (una lengua, una cultura, unas tradiciones, unas instituciones) que acaban constituyendo comunidades políticas propias, soberanas y limitadas por la existencia de otras comunidades imaginadas limítrofes. En este sentido, aparecerían las naciones, como resultado de un proceso de construcción histórica y social, donde los sentimientos de pertenencia a la comunidad imaginada serían más aglutinadores que los factores de clase o desigualdad material que podían desligar la comunidad. De este espíritu compartido de nación podría articularse la estructura material del estado que organiza y jerarquiza el sentimiento nacional. No siempre se daría la creación de un estado, con la existencia de una nación, pero la emergencia del primero, solo puede darse si existe el segundo.

Extrapolada al caso de la España de la transición, y de la actualidad, vemos como la cuestión territorial sigue vigente. En parte como pegamento y cohesión de las ideas conservadoras, ultras y reaccionarias. Pero fundamentalmente, como una cuestión abierta, una tarea inacabada, puesto que la administración territorial del estado no responde a la lógica de las diversas sensibilidades que comparten península. Aunque la Constitución en su artículo 2 del título preliminar avala la esencia plurinacional del estado, lo hace “de aquella manera”, sin recorrer todo el camino a la protección de las naciones o identidades nacionales o regionales (ni de sus lenguas, costumbres propias o culturas), y por supuesto, se queda a medio camino del planteamiento de un estado federal, que es la solución más perfecta a la realidad. El modelo de las Comunidades Autónomas, una peculiaridad propia de la alta política española es el resultado, y como otras soluciones recogidas en la Constitución, es otro formato indefinido a caballo entre la reacción franquista y la revolución progresista de su oposición.

Pareciera que en el caso de España actual, la intención sería seguir la doctrina expresada por el filósofo francés del siglo XIX Ernest Renan, para quien primero vendría el “Estado” como armazón del sentimiento de nación. Si bien en las naciones que se construyeron o coaligaron en la segunda mitad del siglo XIX y hasta hoy en día, parece que han sido las mitologías nacionales las que se han incluido en las celebraciones y fiestas populares (pensemos en Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Irlanda, pero también en los países salidos tras la caída de la URSS y el desmembramiento de la Antigua Yugoslavia), en el caso de España, esta lógica renaniana no ha acabado de cuajar, pese a que pensadores de notables garantías como Jovellanos, Pi Margall, Baroja, Unamuno, Echegaray u Ortega hicieran reclamo por la construcción de la nación española.

Sin embargo, ni una dictadura fascista, ultra conservadora, clerical, militarista, atroz y extremadamente duradera han podido terminar de construir ese nacionalismo español que aglutinase bajo el estado al grueso de la población. Al acabar el franquismo, la mayoría de la ciudadanía, veía España como una nación sólida, si, pero las minorías en Catalunya o Euskadi solo lo reconocían como un estado cuya autoridad no podía silenciar su sentimiento nacional. Además, la oposición democrática, primero en la clandestinidad de la dictadura, después tomando parte en el proceso de transición a la democracia, trabajó junto a los nacionalismos periféricos catalán, vasco o gallego (incluso regionalismos en Andalucía, Valencia, Canarias o hasta Asturias) para construir un sistema democrático, lo que añadió confusión a la idea de la España sólida y garante de las identidades, puesto que eran una oposición a esa idea cercenadora expresada e impuesta desde Madrid.

Fruto de este choque de fuerzas es la Constitución del 78 y el Estado de las Autonomías consagrado a través de ella. De esta manera se consiguió vincular la democracia, como sistema político opuesto a la dictadura fascista, a la idea de una España plural, de una nación de naciones, que a través de los marcos políticos podía discutir y decidir su destino coaligado, prácticamente de tú a tú.

Esto funcionó relativamente bien durante los primeros 25 años. Sin olvidar, por supuesto, el atroz terrorismo etarra. A comienzos de los dosmiles, la primera mayoría absoluta de un partido de derecha en la España democrática, supuso la voladura paulatina de todos estos puentes entre identidades nacionales, hasta la demolición total que supuso la condena del Estatut catalán de 2007 suspendido por el Constitucional conservador por una denuncia del PP. Si bien las derechas nacionalistas de Catalunya y Euskadi aprovecharon su sintonía con el PP para ganar mayor autonomía y desarrollar sus propios sentimientos nacionales, tuvieron que soportar el verse relegados por esa misma fuerza nacionalista españolista que ya no necesitaba su colaboración para sacar las rentas a los trabajadores. Aquellos que hicieron campaña y votaron en contra de un proceso democrático allá por los 70, volvían a impedir concesiones y adaptaciones dentro del marco democrático, toda vez que calculaban ya no necesitar a las burguesías catalanas y vascas (en todo caso hablamos de pactos entre “élites”) porque habían conseguido dinamizar Madrid, como epítome de lo que es la nación española.

Rotos esos equilibrios territoriales y también ideológicos entre las distintas Españas (“nacionales” o “periféricas”, “derechas” o “de centro”) lo que tenemos hoy es un país invertebrado. Muy extenso, sobre una topografía complicada, que no ha impedido la construcción de un sistema radial muy fuerte, que convierte al centro, la capital del Estado, a Madrid, en un agujero negro que fagocita riqueza, talento y futuro de las regiones adyacentes, capturando ya incluso las más alejadas (Galicia, Asturias, Andalucía Occidental, fundamentalmente).

Por su parte, mientras Euskadi resiste con una idea de estado-nación consolidado, con eso si, severas fracturas sociales entre una visión conservadora-liberal y una proletaria-social, en Catalunya la voladura del pujolismo como partido político, y de diálogo entre derechas corruptas, catalana y española, ha generado un ecosistema de partidos muy fracturado en el que conviven fuerzas de derechas e izquierdas, incluidas extremistas, tanto nacionalistas, como españolistas. En Galicia, la construcción nacional está lejos de hacerse por su propio pasado atado al caciquismo franquista, mientras que otras regiones como Valencia, Andalucía o los archipiélagos tienen cada vez mayores dificultades para expresar su propia idiosincrasia, aunque se haga desde los rigores del regionalismo, y sus problemas particulares o compartidos se enquistan, no se resuelven y ni siquiera se tratan porque están apagados por lo que acontece en Madrid. Y eso en cuanto a identidades amparadas por su propia región o comunidad autónoma. Pensemos en las que no, sobretodo en el caso del leonesismo, y de los problemas derivados por la España Vaciada. En todos estos casos, el auge del “españolismo”, del sentimiento nacional español, hace que toda expresión identitaria, ya fuera nacionalista, regional, local o particular se quiera cerrar en la bandera del rojo y gualda, y en la política de Madrid.

En todo esto, la izquierda ha salido mal parada, incapaz de argumentar de manera sólida y cohesionada, por un escenario federal que garantice todas las identidades y su diálogo en igualdad de condiciones. Mientras la España Interior, se convierte en Vaciada, e incluso en Olvidada, y las nacionalidades y sentimientos propios de las distintas regiones son atacados por el “madrileñismo de extremo centro”, esto es, el nacionalismo franquista español. En este sentido, la voluntad de aunar proyectos políticos de izquierdas, ya sean nacionalistas, regionalistas o nacionales, hacia un Frente Popular es siempre una buena idea, y además, una oportunidad para construir desde el posicionamiento político un país mejor, más garantista y más responsable. En definitiva, más real, donde las instituciones políticas sean efectivamente reflejos puros de las identidades y necesidades de la población.

En un mundo en crisis económica perenne, con severas amenazas a la seguridad y la paz, y con una crisis medio ambiental que trasciende hasta la propia supervivencia de la especie, las tensiones en la convivencia entre culturas, fruto tanto de la globalización como de las migraciones, y los ajustes económicos y sociales, están provocando repliegues identitarios en la nación, con las subsiguientes rupturas sociales, en la convivencia y en la democracia, lo que explica en buena parte, el auge actual del fascismo y todo lo que está pasando.

Sin duda, tienen que habilitarse las reformas necesarias para mejorar la convivencia y la dignidad de las distintas naciones y sus entidades dentro del estado español. Una Constitución no es una biblia en piedra. No es palabra santa y sacralizada que no se puede modificar y que tenga que coaccionar las formas de vida de nadie. Somos más nación, más país, y fundamentalmente, más fuertes y felices, si todos nos sentimos respetados y partícipes en procesos de decisión. Reconocerse como una nación de naciones y hacer que así se recoja en los mandatos políticos es la garantía de construir nación y hacer futuro. Por desgracia, el cortoplacismo, y el auge de la extrema derecha, van en dirección contraria, y como resultado tenemos bloqueos institucionales que impiden el avance en las normas y convivencias.

El proyecto plurinacional va de un estado que practique una gobernanza compartida, y a su vez, en contra de las lógicas capitalistas y mercantilistas que profundizan en la desigualdad entre territorios y entre autonomías que vemos cada día (empezando por los dumpings fiscales y las rebajas de impuestos) y hacia ese estado disfuncional donde son incapaces hasta de ponerse de acuerdo en como gestionar los recursos compartidos como puedan ser, por ejemplo, los ríos que transcurren por varias comunidades. Además, ayudaría a garantizar los estados de bienestar, haciéndolos más eficientes, más cercanos al ciudadano que los usa, defiende y trabaja en ellos (Sanidad, educación, servicios sociales, servicios de emergencia).

 

La Región Leonesa: Una solución del pasado, para el presente y por un futuro

La tabla que encabeza este artículo está sacada del INE justo durante la convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León el pasado diciembre. Los datos de personas con derecho a voto fuera de cada provincia muestran un denominador común: La abrumadora emigración exterior del Oeste de la Región, el antiguo e histórico Reino de León, en cuyas provincias -León, Zamora y Salamanca- de media se triplica el número de emigrados.

Un dato así no es ni mucho menos anecdótico, sino más bien la demostración empírica de las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales que durante los últimos 60 años han regido la región centro de la Península Ibérica. Desde finales del Siglo XIX se procuró una organización administrativa que permitiera por un lado la supervivencia de identidades culturales concretas, siempre buscando mantener un equilibrio, primero dentro de las propias regiones con sus relaciones internas y vecinales; y después, exterior, tratando de equilibrar un sistema de contrapesos regionales que limitaran el desarrollo del eje del Ebro (País Vasco, Catalunya y Levante) con respecto al resto del estado español peninsular.

Así y de ese modo, el viejo Reino de Castilla se desmembró en varias unidades con cierta coherencia interna, que sirvieran para atar en corto a las potentes regiones del nordeste, en el marco de las Cortes de la Restauración. Surgieron las dos Castillas, separando ambas mesetas, con León incluida al Norte, y las cuatro autonomías uniprovinciales, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia.

Fue ya en la Segunda República cuando se fue un paso más allá con un nuevo régimen administrativo, mucho más garante y protector de las identidades culturales en búsqueda de un sistema federal de convivencia y solidaridad en el que la expresión de las singularidades regionales no truncarán el bien común. Así, al tiempo, que los estatutos nacionales de Euskadi, Catalunya o Andalucía avanzaban, también se fraguaba la división de lo que hoy conocemos como Castilla y León. El histórico Reino de León tomaba identidad y autonomía, desligado de Castilla, y así sus gentes, encabezados por sus propias burguesías podían construir sus marcos propios de convivencia y futuro. El Golpe de Estado del 36, la posterior Guerra Civil y la dictadura fascista resultante cercenaron aquellos aires de cambio y avance político, cultural y social. León se reintegró en Castilla, y sus campos, minas y ríos quedaron a disposición de las viejas noblezas castellanas, convertidas entonces en proto-burguesías, al calor de sus íntimos vínculos con la élite franquista y las concesiones que entre ellas se regalaron.

La Transacción a la democracia, no cambió de fondo la cuestión territorial. El mapa político del estado a penas tuvo modificaciones (salvo el cambio de color de unas pocas comarcas) y en el proceso de negociación política entre partidos estatales y nacionalistas dio como resultado un híbrido entre el estado centralista del franquismo y el estado federal al que aspiraba la República: la España de las Autonomías.

En principio, estas autonomías atesoran competencias y la capacidad de recaudación y gestión necesarias para llevarlas a cabo. Bajo los órganos de coordinación en la gestión y de representación política en el Senado y en las Cortes regionales se da una imagen de operatividad federal. En realidad, está sigue limitada de manera atroz por el excesivo impulso de Madrid, como gran metrópoli de la Península Ibérica, con unas capacidades políticas, mediáticas y económicas tan superiores al resto de territorios que configuran un estado a varias velocidades en su desarrollo.

Esto es Historia, resumida si, pero de la que existen multitud de obras y archivos que la cuentan, paso a paso como ocurrió. Es en esas distintas velocidades de desarrollo donde se han fraguado las diferencias de progreso, dinamismo y futuro de las diversas regiones, y en como han podido crecer, albergar progreso y garantizar una gestión correcta de su patrimonio, tanto histórico y cultural, natural y económico.

Las Españas en realidad, son las diversas velocidades entre territorios que han definido su forma, su presente y también su futuro. Madrid, es el agujero negro del estado español. Todo lo fagocita. Ahoga económicamente todo lo que tiene alrededor, atrapando los flujos económicos y la vida de las personas. Sus recursos, su medio ambiente, su tiempo y su ocio.

Año a año, legislatura a legislatura amplía su área de influencia. Capta riquezas, oportunidades, población, talento… Su capacidad extractiva se va ampliando y con ella crecen las desigualdades en el territorio y las dificultades que tienen las periferias para financiarse y gestionar con dignidad su patrimonio y futuro. El círculo pernicioso se va ampliando, atrapando a más población y creando ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría.

La economía y el poder giran en torno a Madrid, y al tiempo que el modelo se va replicando en el territorio hacia la costa se agravan las diferencias escalón por escalón. Particularmente lesivas son las que atañen a Castilla y León y a su composición territorial y administrativa.

Castilla y León se vertebra entorno a la cuenca hidrográfica del Duero. El río cruza la Meseta Norte en un enorme valle, llano y recogido por las cadenas montañosas del Cantábrico al Norte, del Sistema Ibérico al Este y del Sistema Central al Sur. Por las capitales provinciales a Norte y Sur transcurren los principales afluentes del Duero de ambas vertientes. La capilaridad del territorio se percibe en el mapa por los ríos más pequeños, afluentes secundarios y terciarios, que dan sentido a los municipios que vertebran el territorio.

Desde el punto de vita administrativo, Castilla y León es una Comunidad Autónoma sin capital reconocida en su Estatuto, pero que sin embargo, reúne en el centro geográfico, en la urbe de Valladolid la práctica totalidad de los organismos autonómicos. Esto ha hecho que la influencia de Valladolid, en su condición de capital regional no reconocida, vaya aumentado. Se convierte cada vez en un polo mayor de atracción de riqueza y oportunidades, al tiempo que se vacían los espacios entre capitales provinciales, y la competitividad y complementariedad entre ellas.

Esto ha provocado la desigualdad territorial entre urbes. Las capitales de provincia y ciudades de importancia de las provincias del Oeste sufren un lento deterioro y una lacerante falta de oportunidades, que contrastan con el dinamismo del resto de ciudades importantes de la región. El eje Valladolid-Palencia es vigoroso; Burgos y Miranda reciben de buen agrado la influencia de la actividad económica del País Vasco. Avila y Segovia reciben una influencia abierta de la capital del Estado. Sólo Soria languidece alejada y en medio de la nada. Por el contrario, los problemas de la despoblación, el éxodo de los jóvenes, el envejecimiento y el abandono en general del mundo rural es una realidad compartida, no sólo por las nueve provincias de Castilla y León, sino por todas las del interior peninsular, excepción hecha con Madrid.

Cuando en 1978 se tomó la decisión de mantener León unida a Castilla, fundamentalmente se buscaba disipar la notable influencia del movimiento obrero en torno a las minas de León en una región de mayor tamaño, dónde sus justas reclamaciones no serían oídas. Generar un polo de izquierdas de fuerte implantación en el Noroeste, provocaría el desequilibrio ideológico del estado. Sin embargo, diluida León en Castilla, el carácter conservador de las otras provincias serían ya el contrapeso ideal a su influencia progresista.

Con el paso de los años lo que ha quedado en el Oeste de Castilla y León son unos territorios desvencijados, desposeídos de su propio talento y juventud y por ende, de las iniciativas que empoderen y otorguen mayor futuro y dignidad al territorio.

Por supuesto que todos estos territorios comparten mucho. Ya son más de 40 años de Estatuto de Autonomía y de vivir bajo un mismo paraguas administrativo. Pero como no se ha procurado que quienes estén bajo ese paraguas nos conozcamos mejor entre nosotros, y como no ha cubierto a todos del mismo modo, las diferencias culturales y de desarrollo económico y social se han ampliado, hasta hacerse evidentes y poder así amparar, las legítimas reclamaciones, no sólo de mayor atención al Oeste de Castilla y León, sino de incluso componer este espacio como una nueva autonomía.

Si viajas por la región, y yo tengo la suerte de haberlo hecho mucho, ves diferencias. En la gastronomía y en el habla. En los trajes regionales y el folclore propio. En las jotas. En los cultivos. En las actividades. Pueden parecer sutiles, más allá de dialectos o de cómo hacen la matanza a un lado u otro de una raya dibujada en un mapa hace doscientos años. Pero esas diferencias culturales explotan cuando se suceden agravíos y las diferencias económicas, sociales y políticas, generan territorios e identidades de segunda categoría.

De un tiempo a esta parte, y fruto de la especial situación administrativa y también política en el ayuntamiento y provincia de León, se han llevado a cabo iniciativas que buscan la constitución de León como la décimo-octava autonomía. La diferencia con movimientos pasados, es que ahora, el descontento por la situación de León, Zamora y Salamanca es mucho mayor, ha calado en más habitantes que ven el deterioro y el exilio económico al que su juventud tiene que hacer frente.

Evidentemente, las ansías regionalistas de León no son sentidas del mismo modo en Zamora y Salamanca, con respecto a la provincia leonesa. Esta, incluso tiene que tratar el asunto de El Bierzo, en el valle del Sil, aislado por montañas del resto del espacio leonés, con un dialecto, folclore y problemáticas propias.

¿Cuál es el camino a recorrer?

Pues el corsé de la Constitución del 78, en un texto que está claramente auto-protegido en sus limitaciones y pactos con el régimen anterior, deja algunos resquicios como los artículos 2 y 143. Especialmente este último, donde pese a que diversos juristas (del ámbito conservador) interpretan que el carácter transitorio de su disposición ya ha sido sobrepasado, los promotores del leonesismo, aportan los datos estadísticos (demográficos, sociales, económicos), como el de la tabla del principio de este artículo, que demuestran claramente el fallado sistema autonómico, como provoca desigualdad y falta de futuro y como somos leoneses, zamoranos y salmantinos los que nos llevamos la peor parte cuando nos asignaron en una región artificial (cuidado, que todas lo son) que no cumple con los propósitos del estado autonómico, y presuntamente, descentralizado.

Si el sentido del Estado de las Autonomías es acercar la administración a la ciudadanía, cómo se explica una región con una extensión mayor que la de Portugal. O la de otros 19 estados europeos. Castilla y León es ilegal, puesto que su Estatuto y naturaleza no fueron refrendados de forma directa vía referendum. Vinieron impuestos junto con otras normativas como la Constitución o las campañas electorales. Qué miedo puede existir ahora a buscar alternativas y soluciones.

Esto para los que aducen al sentido práctico de las reclamaciones leonesistas, porque desde luego si hay que hablar de regiones históricas, no se puede hablar de León, como un ente propio de Castilla, sino que más bien, en la mítica Reconquista, avanzaron de los primeros condados a reinos consolidados. Hay quien dice que el argumento historicista ha de ser falso siempre porque encierra un elemento determinista: al pasado gobierna el presente y el futuro, obviando que los vivos son los que gobiernan y habrán de decidir ellos mismos su propio destino, sin cortapisas del pasado. No resulta demasiado serio discutir sobre sucesos acaecidos entre los siglos IX al XIII, para decidir sobre la política del siglo XXI. Y es verdad, que no podemos vivir hoy con soluciones del pasado. Pero por eso mismo no podemos vivir hoy con lo decidido por las élites de hace 40 años. Y habrá que cuidarse de que estos procesos no los vuelvan a decidir los de arriba para su beneficio. Sino que lo hagamos entre todos con garantías y con toda la información disponible. Y lo que no se puede tampoco olvidar, es que somos pasado, somos memoria y es preciso recordar las raíces, justo cuando esas raíces sirven a otros para provocar desigualdad y problemas en los territorios que no son agraciados o peor aún, son olvidadizos.

Por supuesto, que de producirse y crearse la autonomía leonesa (con o sin Zamora o Salamanca, y con el Bierzo como provincia constituida dentro de la nueva región, -no olvidar que sólo Ponferrada ya atesora más población que Soria, y que la comarca está más poblada que la provincia de Teruel-,) esto no debería ser hacer un presidente, unas Cortes y una bandera y estatuto más. Se trata de no repetir errores pasados y gestionar el territorio con responsabilidad para garantizar las identidades y sobretodo, para buscar un futuro mejor para la población. Para repetir caciquismos y corrupciones ya nos sobra con Castiga a León.

Una Constitución o un mapa autonómico, no están cerrados, no son irreversibles. Deben de estar abiertos a la realidad objetiva y presente de los habitantes que componen el territorio que comparten. Al anhelo de un futuro mejor, más seguro, progresista, igualitario y digno. Pero también a la cuestión subjetiva de la identidad y la cultura, como garantía de su conservación. Sin embargo, toda la caverna conservadora nos habla de una Constitución grabada en piedra, que no se puede modificar. Cuando los fondos de los accionistas de los bancos alemanes lo necesitaron, la Constitución se modificó, el odioso artículo 135, sin ningún problema con nocturnidad y agosticidad.

El marco autonómico y político de la Transicion y su Constitución, está sobrepasado. Lo está en el ámbito territorial, pero también en el resto de frentes. Las presiones bajo las que se construyo provocaron severos déficits y rémoras que no han hecho más, que hacer languidecer el país. Sólo basta esperar a que caiga por si mismo. Será antes o después, pero caerá y en el camino ocasiona un dolor y desigualdades de diversa índole, que no son necesarias y que deberían bastar, para que la sociedad en su conjunto, y sus representantes, asumieran la tarea no sólo de meras modificaciones, sino de abrir un proceso constituyente que nos haga un país mejor, más grande, más digno y fraterno. Es su responsabilidad, pero también la de toda la sociedad civil.