Memoria y legalidad: Ley de Información Clasificada Democrática

  

En julio de 2025 fue aprobada en Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Información Clasificada. La ley pasó a las Cortes, como es preceptivo en la normativa legislativa, para su análisis, enmiendas, debate y por último, aprobación, previo paso a su publicación definitiva en el BOE. Y ahí sigue.

La Ley de Información Clasificada nacía, sobre el papel, para derogar la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales aprobada por el dictador fascista en 1968. Una aberración democrática que no corresponde a un despiste o un olvido. Pareciera, más bien, que cuando se han asegurado que a ningún vivo le va a ocasionar un trastorno descubrir la verdad sobre nuestra Historia es cuando se deciden a cambiar una normativa franquista y anti-democrática.

En principio, los historiadores, los periodistas, pero también cualquier persona decente, demócrata y sensible a la Memoria y la Verdad, deberíamos esperar la desclasificación automática de toda la información del período dictatorial y de la Transición. Sin embargo, ya sabemos que la ley salió de Moncloa correctamente amputada, calificando cierta información clasificada como alto secreto, cuyo plazo podría prorrogarse hasta 15 años más, lo que impediría el acceso a documentos sensibles. Además, si estos, u otros, documentos corresponden a eventos “vigentes” que no han finalizado o personas todavía vivas, pueden mantenerse ocultos.

Desde el Gobierno se proclama el derecho de los ciudadanos a saber y de las administraciones a informar, y sin embargo, se ejercita una normativa que busca añadir más oscurantismo e indignidad a lo que tenía que ser transparencia y facilidades para estudios rigurosos, tanto desde el punto de vista académico, como político, y eminentemente, jurídico.

Todo el proceso normativo por actualizar y dar empaque democrático a temas como los secretos oficiales y la transparencia están motivados por la adhesión al Convenio de Tromso o Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Oficiales, que procura que los distintos estados construyan legislaciones abiertas y garantistas con los archivos oficiales, su acceso, disponibilidad, conservación, difusión, estudio, debate y publicación. El Convenio entró en vigor para el estado español en enero de 2024 uniéndose así a otros 15 estados europeos (curiosamente los nórdicos y repúblicas de la extinta Yugoslavia y del bloque del Este).

Entre los temas a desclasificar, a quitarles el membrete de Alto Secreto, está todo lo relacionado con el papel de la Iglesia durante la dictadura. Y especialmente, en la figura del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. Si ya son públicas, ya lo eran y evidentes, sus corrupciones, desmanes y amoralidad, conviene recordar su papel como “vice-caudillo” antes de la muerte de Franco. Como heredero oficialista del régimen, Juan Carlos tuvo que asumir la jefatura del estado durante el verano del 74, por la indisposición del dictador. No se sabe qué decisiones tomó, bajo qué presiones y con qué contrapartidas.

Por contra, lo que tuvimos en el pasado aniversario del golpe de estado del 23F de 1981 fue un paripé de desclasificación de documentos inocuos que mantenían el secreto y la sombra sobre cómo se planificó el golpe. ¿Qué buscaba?. Y fundamentalmente, el papel de los implicados, empezando por el Borbón, que sin embargo, ante la selección de documentos y extractos aparecidos sería el objetivo de la Operación Salvar al Soldado Juan Carlos I.

Y por supuesto es fundamental y de derecho, democracia, memoria y reparación conocer el rastro de las fosas como las asociaciones por la Memoria Histórica están reclamando desde hace años. Se calcula que a día de hoy, más de 50 años después de que falleciera en la cama el sanguinario y traidor dictador, todavía siguen desaparecidas unas 100.000 víctimas. No es poca cosa esto porque se desconoce el paradero, si es que no fue destruido, el “mapa” y todo el archivo que el régimen construyó con los testimonios y atestados de matanzas y enterramientos en fosas por todo el estado español. Este mapa fue empleado para determinar que fosas eran exhumadas y sus restos trasladados a Cuelgamuros, y de existir, podría ayudar a hacer justicia y otorgar descanso y reparación a las miles de víctimas y sus familias.

En general investigar qué ocurrió durante la Guerra Civil, empezando por el golpe de estado del 18 de julio, en cómo se preparó, pero también sobre el propio desarrollo de la guerra, sus fases, realidades y afectaciones para la vida de los españoles (en el frente o en las retaguardias) requieren estudios que necesitan acceso y garantías sobre los materiales del ejército y otros archivos de carácter público y privado. Insisto en este punto que hay que trabajar sobre lo ocurrido durante la Segunda República, pero fundamentalmente en los movimientos de los opositores al régimen republicano, y en cómo se fraguó la reacción de las élites contra el pueblo español.

Conocer exactamente todo lo acontecido durante la Dictadura y la Transición es de vital importancia para construir una Democracia sólida y garantista que tenga en la Memoria y la Justicia por los que lucharon por la libertad un lcimiento fuerte y estable. Frente a eso las mentiras y los ocultamientos. Y los premios a los criminales como Martín Villa, que como Ministro del Interior entre 1976 y 1978 era capaz a la vez de oprimir y asesinar a las clases trabajadoras y democráticas, y quemar innumerable documentación para salvaguardar el legado y la riqueza de los pro-hombres del franquismo.

Ya sobre el período histórico de la transición es muy pertinente estudiar, conocer y publicar todo lo acontecido en el estado español: Las negociaciones antes y durante la Ley de Amnistía de 1977 o con la Ley de Refoma Política. Los GAL y la Guerra Sucia contra el terrorismo. La corrupción política y económica tanto del estado español, del bipartidismo y de los democristianos catalanes. La vidorra de Juan Carlos I y sus acólitos. Quién se benefició de la Guerra ilegal con Irak en la que nos metió Aznar. ¿Cómo los servicios secretos y las fuerzas de seguridad pasaron de un día a otro de ser franquistas a demócratas?. Las relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos, Israel y Marruecos en todo lo referente a la cuestión del Sáhara Occidental.

Desgraciadamente, “llegamos” como sociedad tarde. Cuando muchos de los autores y testigos han fallecido sin ver su nombre puesto en la palestra. Sin ser condenados. Sino, es más, manteniendo medallas, pensiones y parabienes. Y sobretodo cuando también han fallecido los familiares directos de los represaliados, que vivieron una vida, sin saber dónde estaba su padre o su madre, o sus hermanos, y además aguantaron la vergüenza y el oprobio de un régimen fascista que se sabía intocable, y una pseudo-democracia que parece perezosa y condescendiente con sus tareas ineludibles.

Es evidente que cuando se trata de Derechos Humanos y de su ataque y violación no hay secretos oficiales que valgan. Es triste vivir en un país con casi 50 años de democracia incapaz hasta hoy, y veremos cómo queda el texto final, de asumir que los crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad no son materia clasificable en ningún caso. Que no tienen cabida en un archivo secreto.

Es evidente que la tramitación parlamentaria de la nueva ley de secretos oficiales en democracia va dolorosamente lenta y tiene terribles zancadillas como las de una mayoría de ultraderecha directamente heredera del franquismo, cuando no de mercenarios que saben qué mano les da de comer. Proteger un régimen corrupto y fascista, en esencia criminal y traidor a su propio pueblo, es lo que llevan haciendo desde julio del 36, estén en un Parlamento, un altavoz de la prensa o mandando ejecutar a jornaleros y profesores. No nos sorprende su ruindad y mezquindad. Por eso mano firme y apuesta por la aprobación definitiva de la Ley de Información Clasificada. Por una democracia sólida y garantista para todas y todos. Por Justicia y por Memoria.

 

 

90 años de un Golpe de Estado

Un grupo de milicianos republicanos son conducidos por sublevados armados tras rendirse.

 

 

Hoy 18 de julio de 2026 se cumplen 90 años del golpe de estado que provocó el estallido de la Guerra Civil española. Aquel sábado una parte significativa del ejército español, y más concreto los principales generales acantonados en las guarniciones de los protectorados españoles en el Norte de África (los “africanistas”) se saltaron su juramento de fidelidad al pueblo y la patria y se sublevaron contra el orden establecido y el gobierno legítimo de la Segunda República Española. Detrás como auspiciadores los prohombres de la derecha española (monárquicos, carlistas, falangistas, etc.,), que ya se habían asegurado el favor de las potencias fascistas del Eje, y en especial los jerarcas de la iglesia católica española que había perdido su monopolio en la educación para adoctrinar a los españoles y españolas. Y por supuesto, la financiación del golpe y posterior guerra llevada a cabo por las principales familias de banqueros y hombres de negocios del estado español, con fundamental énfasis en la figura de Juan March.

El golpe de estado que debía llevar a una usurpación rápida del poder en favor de los promotores y golpistas para elevar un gobierno militar de talante fascista fracasó por la resistencia interna del estado republicano, que aunque joven había podido desarrollar algunas contra medidas que resultaron eficaces. Y sobretodo, por la actitud de las clases trabajadoras urbanas españolas, de los mineros asturianos y de varios oficiales militares que mantuvieron leales a la república a sus subordinados y cuarteles que impidieron la consecución de los planes de control militar del territorio nacional.

Como resultado se abrió una contienda civil entre ideologías en España que supuso una guerra cruenta y de extrema violencia durante 3 años, en los que la eliminación absoluta del enemigo era el objetivo íntimo a la victoria militar y el dominio político y social. La victoria franquista trajo una “eterna” dictadura fascista, que supuso en conjunto con el total de la guerra, más de un millón de muertos, de los que todavía hoy hay al menos 150.000 desaparecidos del bando republicano, además de un exilio de entre medio millón y 700.000 españoles (según fuentes) entre 1937 y 1942. Entre las consecuencias políticas y económicas del conflicto y la posterior dictadura están el anclaje a un conservadurismo fascista, un sobre-dimensionado de la estructura centralizada del estado y un afianzamiento del dominio jerárquico de los vencedores de la guerra sobre las clases trabajadoras e identidades subalternas del estado español.

Escribir hoy, noventa años después, del 18 de julio, la Guerra Civil y la criminal dictadura franquista (sin olvidar la transición “democrática”) no supone un simple ejercicio de nostalgia o de inmovilismo que provoque tanto las divisiones del pasado, no satisfechas en el presente, ni tampoco la absolución de los perpetradores de tanto dolor, tanto de un bando como de otro. Recordar y estudiar todo lo que gira en torno al 18 de julio implica comprometerse en la veracidad histórica, con capacidad crítica. Explicar quienes y por qué abrieron el conflicto, cómo se desarrolló, qué fases lo secuenciaron, y sobretodo, qué consecuencias legó, cómo han ido imbricándose en cada momento histórico (desde la propia posguerra, hasta hoy en día) y por qué cuesta, nos cuesta tanto, hablar sobre nuestro pasado.

Quizás buena parte de estas preguntas se respondan con un hecho evidente que sin embargo los “escribientes” del bando vencedor (sublevado o mal llamado nacional) se empeñan en saltarse: La Guerra Civil no fue ni un hecho natural, ni una catástrofe imposible de evitar. La Guerra Civil, todo lo acontecido desde el advenimiento de la Segunda República fue una suma de decisiones de carácter político e ideológico, alimentado por los intereses económicos de las élites con el fin último de seguir explotando a las clases pobres y clases trabajadoras españolas. Incluso si había que derribar un régimen democrático (incipiente), provocar un enfrentamiento armado o abrir un estado perenne de violencia política.

Hoy cuando se pone en discusión los valores propios de la democracia, y aunque sea liberal, los principios más elementales del antifascismo, es un deber de una sociedad seria y responsable explicar con rigor los procesos históricos que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Cuando se habla de violencia política, de deshumanización del adversario ideológico o de la persona distinta (en raza, género, capacidad adquisitiva, opinión política, religiosa, etc.,), de desacreditar las instituciones y al tiempo se banalizan los hechos del franquismo y se loan unas falsarias y supuestas bondades (totalmente desacreditadas por la documentación, los relatos de quienes vivieron bajo tales yugos, y por la propia Historia) más convencimiento hay que poner en trabajar las fuentes, analizar los hechos y poner el contexto necesario para explicar nuestro pasado de manera clara, que no lleve a equívocos y que desmienta las opiniones interesadas.

Pese a la lentitud a la hora de abrir archivos oficiales y frente al apagado de la voz de los protagonistas, tanto quienes ejecutaron y se beneficiaron, y quienes sufrieron y vivieron la Segunda República, la posterior Guerra Civil y la siguiente dictadura, las y los historiadores han hecho un trabajo encomiable por reconstruir lo acontecido y darlo a conocer. Y en esto contra los intereses de algunas instituciones educativas o culturales que parecen empeñadas en esconder los hechos que no les conviene. Por lo que sea.

A través de archivos judiciales, expedientes militares, consejos sumarísimos y de guerra, los registros civiles, parroquiales, de partidos y sindicatos, los testimonios directos, tanto orales o escritos, las excavaciones arqueológicas, y en conjunto, la puesta en común de toda esta documentación y el trabajo desarrollado en torno a ella se han podido esclarecer y asentar los sucesos que promovieron el golpe, la evolución de la Guerra, la violencia ejercida tanto en los frentes como en las retaguardias, las condiciones de vida durante el conflicto, la represión institucionalizada por los vencedores y el desarrollo de una dictadura que ató al país y a sus gentes a 40 años de dolor y lastrado de su vida y su futuro.

Por lo tanto poseemos una historiografía sólida y contundente ante la verdad histórica de la España del siglo XX, que hoy, en pleno siglo XXI, resulta imposible de trasladarse al conjunto de la sociedad para su aprovechamiento y conocimiento. Esta paradoja corresponde a los intereses de quienes se lucraron con la guerra y la dictadura, y a sus firmes herederos. No es que se intente silenciar lo que ya sabemos y está plenamente confirmado sobre la Guerra Civil y el franquismo sino que además se presenta una tendencia historicista empeñada en blanquear el fascismo, relativizarlo y maquillarlo, cuando no mentir abiertamente y “vender” los supuestos éxitos que las políticas del caudillo dejaron para España y los españoles. Basta con leer un poco para conocer la verdad y la realidad de todos estos embustes, y profundizar un poco, a veces en las biografías de quienes vender estas mentiras, para derribar los intereses que hay por detrás.

Frente a la verdad histórica y el profesionalismo de las y los historiadores o de los propios profesores de Historia, se popularizan con mucha fuerza (es decir, con mucho dinero detrás) una versión del franquismo que obvia todo aquello que no les conviene: las cárceles, el exilio, la explotación cuando no esclavitud de las huestes trabajadoras, los genocidios de españoles a manos de españoles, la opresión, el miedo, las torturas, los “paseos”, las “sacas”, las condenas morales, el hambre, las atrocidades, los bombardeos indiscriminados sobre población civil (Gernika, Eibar, Benicarló, Alcoy, la desbandá, etc.,).

Y es que, pese a esta manipulación interesada de la Historia, la verdad es que con la guerra perdió España. Sobretodo su clase trabajadora que aspiraba a construir un país más moderno, más justo y por fin con capacidad en aquel momento de desembarazarse de los largos brazos del conservadurismo y la cerrazón clerical católica, y de la opresión de unas clases parasitarias, aristocrática y burguesa, para abrir un futuro donde la razón, la ciencia y el progreso entrarán con fuerza. Una generación irrepetible de intelectuales (científicos, literatos, filósofos, artistas) desapareció. Pero también una generación de trabajadores que empezaron a comprender las causas de su situación y a imaginar las soluciones para revertirla que pasaban por su toma de conciencia, primero individual y luego colectiva, de su situación, a la organización y la puesta en práctica.

Por ello el 18 de julio hay que recordar. Y hay que recordar a las víctimas. Esas víctimas que son incómodas para las derechas de este país (incluidas la extrema castellana, o madrileña, pero también la vasca o catalana). Esas víctimas que yacen en cunetas o exiliadas. A sus familias que permanecieron silenciadas durante la dictadura y la transición y sólo en los últimos años gracias al trabajo de historiadores y documentalistas alguien les ha escuchado y su relato no queda sepultado. Por ello las leyes de memoria son tan necesarias, imprescindibles. Como es un acto de justicia devolver la nacionalidad española a quienes tuvieron que exiliarse para preservar su vida. Una devolución que se hace a quienes abandonaron España a veces ni con una maleta, y que se hace, como natural, extensible a sus descendientes. Es la mejor manera de que la ignorancia y los intereses de quienes nos quieren hacer permanecer ignorantes no gane de nuevo. La manipulación de la Historia, la ocultación de la verdad y también la indiferencia hacia nuestro pasado no son inocuos. Buscan un objetivo que es que el autoritarismo, aunque sea distinto o disfrazado, se siga imponiendo. Explicar la Historia es la mejor forma de proteger la vida. La democracia y la justicia social se deben defender entendiendo la Historia, explicando por qué y cómo fue destruida en el pasado, quiénes lo provocaron, con qué fines, y cuáles fueron las consecuencias de todo aquello.

No hay concordia sin memoria. No hay democracia sin justicia. No hay historia sin olvido

La ultra derecha española ha anunciado en la última semana una serie de iniciativas legislativas en las Comunidades donde gobiernan en contra de la Memoria Histórica y la Memoria democrática. “Leyes de Concordia” que son el pago por los acuerdos de investidura, pero también el compromiso personal y sentimental con el franquismo y la impunidad de sus familias durante todo el siglo XX. Blanquear y ocultar su pasado por parte de los herederos, mientras siguen deslizando su oposición ilegítima y fuera de todos los cauces legales a través del más básico lawfare y de la más burda y continua manipulación mediática.

La presentación de estas leyes sigue el patrón rutinario de la ultraderecha. Una utilización capciosa y orwelliana del lenguaje, en el sentido de acusar a los demás de lo que están ellos haciendo. Llamadlo “adoctrinar”, “perseguir”, “odiar”, pero no lo llames concordia a planteamientos que provocan discordia en la sociedad española por la nauseabunda intención continuada de blanquear el fascismo, del que son orgullosos herederos.

No podemos y no debemos sorprendernos de que la derecha presentada como “constitucional” y “democrática” avale el discurso de su socio de gobierno en Castilla y León, en Valencia, en Extremadura o en Baleares. El PP tiene una fuerte tradición, precisamente anti-constitucional (esta por el primer derecho cívico, social o económico de la Constitución que defiendan vía acción, declaración o incluso omisión) y anti-democrática que marca una tendencia con la línea trumpista actual. El auge de una fuerza de extrema derecha desligada del propio PP la ha llevado a subirse de nuevo al monte a defender el marco ideológico franquista y a atacar todos los convencionalismos que la ciencia histórica, la decencia y el sentido democrático de un estado de derecho marcan como inexcusables.

En un contexto de grave crisis institucional en España que ha hecho volar el sistema de mayorías parlamentarias en todos los escenarios, el acceso al poder, y con él a los recursos económicos de todos, necesita del concurso de esta extrema derecha ultramontana, negacionista de todo (igualdad entre géneros, razas, naciones y sentimientos, del cambio climático, de la memoria, etc.), y profundamente antidemocrática para plantarse como una alternativa de gobierno. Como bien se ha dicho no van a enfangarse y perder dinero (es lo único que les interesa) por una cosa de rojos, como la memoria histórica.

No les importa ni lo más mínimo hacer estallar su propia coherencia y deshacer sus propios acuerdos previos, como la Ley de Memoria de CyL con tal de no discutir el estado de las cosas, profundamente marcado por el pasado. Por lo que cualquier intento de restaurar la verdad, la justicia y la reparación es vilmente atacado y malversado.

La intención es articular un modelo de estado donde la memoria se amolde al escenario del mito de la transición y el Régimen del 78. Donde prevalece una interpretación equidistante que ha alentado el franquismo sociológico que nos está estallando en la cara. Ese falsario reparto de la responsabilidad entre los dos bandos, esa leyenda de la “guerra fratricida” como si ambos bandos hubieran sido igual de responsables en la guerra y si hubieran tenido las mismas armas, condiciones y legitimidad (obviando la necesaria participación de tropas extranjeras, regulares con todo lo que implicó en el bando nacional, y de voluntarios en el republicano) o el de que “todos hicieron barbaridades” o “recuerda Paracuellos”. Como si las víctimas del bando republicano no hubieran tenido reparaciones formales y patrimoniales en algunos casos durante la larga noche de la dictadura. Equiparando a torturador con la víctima, negando una vez más como durante la Dictadura, esa condición a los represaliados, a los asesinados, a los exiliados del bando de la legalidad vigente y luchadores por la democracia y la libertad. O esa intención de englobar toda la contienda incluida la execrable dictadura fascista y clerical que tuvo como consecuencia, con el primer período democrático de la Historia de España, como fue la Segunda República. El objetivo de estas “leyes de concordia” es sustentar estos relatos y cerrar la página de la reparación, de la memoria y de lajusticia.

La teoría de la equidistancia y la concordia de los herederos de los vencedores, que fueron, no se olvide, los golpistas, asesinos y fascistas, en oposición a las leyes de memoria democrática. Frente al derecho internacional y la justicia universal que consagra los Derechos Humanos y el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y al establecimiento de una sociedad civil democrática, primera y mejor garantía de que no se repita el doloroso pasado. Una manipulación obscena que pretende igualar a víctimas y verdugos, a quienes atacaron y dieron un golpe de estado alzándose contra su propio pueblo, y a quienes defendieron la dignidad obrera y la democracia de la República.

El problema viene una vez más de la falta de rotundidad de la izquierda cuando ha tenido el poder. De no ser igual de agresivos de como lo es la derecha cuando ostenta la legitimidad de los boletines oficiales. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 tienen muchas limitaciones, omisiones (entre ellas y clave dotaciones económicas presupuestarias que hubieran abierto todas las fosas y todos los archivos) y carestía de recursos públicos para instaurar el relato de la verdad histórica y la memoria democrática en la sociedad española.

Una democracia que nació como un punto y seguido a la dictadura autoritaria franquista, sin la preceptiva y saludable depuración de responsabilidades y la investigación de la miriada de corrupciones. Una transición donde prevaleció la forma del objetivo, la consolidación democrática por la vía pacífica (habría que hablar también de la violencia política durante la transición), frente al fondo, esto es, la construcción de una sociedad democrática plena. Donde el ruido de sables de gerifaltes del franquismo asustados ante el cambio permitió la aprobación de una Ley de Amnistía (esta amnistía no se discute) que supuso una “ley de punto final” en la que aparentemente (a nivel internacional como ya se ha hecho en varias ocasiones los crímenes de lesa humanidad como los del franquismo no prescriben) se renunciaba a juzgar los crímenes del bando nacional en la Guerra Civil y la dictadura.

No hubo una política de reparación y de memoria que reescribiera con verdad la falsaria historia del franquismo y su relato que quedó avalado como “un mal menor”, “una incomodidad pasajera” o incluso, “una absoluta tranquilidad.

En este sentido, no sorprende que en este momento de crisis global, con repliegue identitario en los valores nacionalistas, el auge de la extrema derecha haya traído el revisionismo y la estrategia del olvido del pasado. Si esto pasa en cualquier país europeo ahora mismo, incluidos los que fundaron sus sistemas democráticos bajo principios del anti-fascismo, qué decir de España donde la transición no supuso ni ruptura, ni reparación, ni justicia. Esto ha dejado indudables taras en el sistema político español. Eso sí, en nuestro caso se trata de un pasado olvidadizo a la carta, obviando lo que les perjudica pero usando y manoseando hasta el asco a las víctimas que si les propician votos como por ejemplo se ve con los distintos tipos de terrorismo (etarra, islámico, de ultraderechistas sobre sindicalistas, etc.).

Por ello, ante esta deriva la sociedad civil, y los historiadores que trabajan investigando y difundiendo la verdad de nuestra Historia Contemporánea (repugna el silencio de la Academia de la Historia española instalada en la endogamia, la mediocridad, la mendicidad moral y financiera y atada por los mismos herederos del fascismo) han alzado la voz denunciando la intención anti-democrática de la derecha de este país. No se puede tolerar tanta mentira, tanta indecencia y tanta negación a la justa reparación de las víctimas. Es imposible pretender construir un futuro sobre unas bases de impunidad y olvido. Sobre la doble violencia que sufren los luchadores por la democracia en este país, primero como víctimas directas del fascismo, y ahora que intentan borrarlos de la memoria colectiva y el patrimonio común, los herederos de sus verdugos.

Frente a la manipulación, la des-memoria y la indignidad, verdad histórica, anti-fascismo y democracia con mayúsculas y con todo lo que implica.

14 de Abril: Memoria, dignidad y libertad

Hoy hace 90 años que la voluntad popular de éste país torno en forma de República y hoy toda persona de bien, democrática, libertaria y con sentido critico y de respeto tiene que defender el legado (sin negar las deficiencias y errores) de aquel experimento de libertad, frente a la desmemoria del fascismo, el cainismo y traición de una Guerra Civil, el nefasto régimen franquista, el posterior pactismo que nos trajo la Transición, con su Ley de Amnistía al frente.

Centrándose propiamente en el modelo de estado, en su jefatura, en forma de Corona hereditaria, no cabe duda que pese al apoyo incondicional de tres de los cuatro principales partidos -el cuarto, Podemos, sin discutir abiertamente su legitimidad-, el apoyo de los medios de comunicación -empezando por el propio CIS que ya lleva 4 sin preguntar por la Casa Real-, y la propia regeneración con la abdicación del corrupto y vividor Juan Carlos, en su elitista y retrógrado hijo (y su tan absolutista esposa), la institución vive un constante deterioro de su imagen pública que provoca inexorablemente, las dudas en la idoneidad del modelo de estado.

Ya en 1984, Adolfo Suárez, para nada sospechoso de republicano, confirmaba en una entrevista cuyo fragmento fue silenciado hasta hace pocos años, que en el 78 no se pregunto a los españoles por la jefatura del estado en la persona de Juan Carlos Borbón, y de forma hereditaria en su familia, puesto que los sondeos que se manejaban indicaban una mayoría social a favor de la República.

La corrupción, el lobbismo para con sus intereses, la falta de credibilidad de la institución en su mensaje de servicio público, su posicionamiento en la caverna más reaccionaria del espectro político, la falta de transparencia y mucho más lamentable la falta de empatía para con los problemas de los ciudadanos (baste por ejemplo recordar la reacción de “el preparao” cuando un ciudadano le tendió escoba en la mano para ayudar a desembarrar los pueblos afectados por una riada) son sus mayores pecados.

Durante años, muchos años, la disidencia ideológica que pedía, entre otras muchas cosas, República y democracia, fue tratada con displicencia, como una nota de color en el pentagrama de lo que ha sido la España post-franquista: Turnismo entre el centro derecha liberal y la derecha nacional católica, bajo postulados del libre comercio con un Rey, impuesto por el dictador, y un primer presidente elegido por ese Rey.

Pedir República era un ejercicio de estoicismo y era claramente utilizado por el sistema, por el Régimen del 78, para dar un empaque de libertad de opinión, de prensa o de manifestación, a una deriva que en realidad era autoritaria e injustificable.

 

 

Pero con la estafa llamada crisis el chiringuito comenzó a desmoronarse. Las minorías que pedían República pasaron a movilizarse en mayor numero y ocasión. Se acompañaban de forma solidaria y mutua con las protestas de índole social (jubilados, funcionarios, estudiantes, mujeres, sectores precarizados, trabajadores en multinacionales,…). El tema catalán ponía en solfa los pactos secretos del 78, y la actitud hacia el llamamiento republicano y la decisión colectiva, se trata con autoritarismo, castigos y silencio mediático.

Es la misma crisis del sistema, la de la política-social de la España de finales del XX y principios del XXI que se viene abajo por momentos y que tiene a la monarquía como aglutinador. Existen notables intereses económicos y de poder en torno a la figura del Rey -y su familia-, ya que están garantizados en el propio pacto franquista, que garantizó Corona y Constitución en el mismo paquete. En ese paquete, no se discute, ni mucho menos se investiga o se judicializa, los desmanes de 40 años de dictadura fascista, de masacre a los disidentes y trabajadores y de notables riquezas, patrimonios y emporios personales hechos gracias a y debido a, el propio régimen franquista.

En 1931, y en 1936, había una España que luchaba por crecer y convertirse en un lugar digno donde vivir donde la libertad, la igualdad y la justicia no fueran meros eslóganes. Hoy esa España sigue existiendo y existirá porque nunca la opresión fascista terminará con las ansias democráticas y de futuro de un pueblo. Y hoy como entonces, los poderes fácticos del estado -nobleza, ejército y burguesía reaccionaria- lucharán para impedir que sus privilegios se colectivicen, o se repartan.

Hoy, por fin, tenemos a los jóvenes que han superado el silencio de la educación, no sólo concertada y religiosa, sino dolorosamente pública, de lo que es su historia reciente y se auto-organizan en referéndums para discutir el modelo de estado: Monarquía o República. Una discusión en la que hay más, mucho más, de la simple dicotomía entre un cargo elegido por votación, u ostentado por herencia, con insultantes y abusivos privilegios económicos. Es la discusión y el reconocimiento del fracaso económico y social de nuestro país, que como en los últimos tres siglos, con sus tres guerras civiles, tiene al pueblo trabajador y jornalero siendo explotado y sostenedor de aristócratas y mangantes.

La Constitiución del 31 comenzaba diciendo que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase”, para continuar en su artículo 3 con que “El Estado español no tiene religión oficial”. Más tarde, en el 6 decía “España renuncia a la guerra como instrumento de política oficial”, y recuerdo aquí la traición de los generales conjurados que habían jurado fidelidad a la República y faltaron a su palabra, algo que en cualquier ejército del mundo supondría su condena, burla y desprecio. Aquí ya sabemos lo que tenemos en “nuestros” cuarteles.

En la España plurinacional que tenemos, y que es innegable a poco que se conozca la historia, cabe recordar que la Constitución del 31 en su artículo 10 decía que “las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a la ley que determinará su régimen, funciones y la manera de elegir su órgano gestor”, siendo recogidos y aprobados tanto en el Estatut de Catalunya del 35 y en el del País Vasco.

En el artículo 25 se decía que, “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios.”. Esto finalizaba con las discriminaciones que sufría con la mujer, terminaba con los privilegios de la aristocracia y las prebendas de la iglesia católica empezando por su mantenimiento económico. Se reconocía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la separación matrimonial en igualdad de condiciones.

Ya en el artículo 44 “Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional…con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.” se ponía en tela de juicio la gran hecatombe de la economía española, la propiedad de la tierra, siempre en muy pocas y aristocráticas manos, frente a los más de dos millones de jornaleros que vivían en la extrema y miserable pobreza.

Sobra decir como nobleza, burguesía, clero y ejército se conjuraron frente a la soberanía popular, obrera y legal. Traicionaron su propio país y después de masacrarlo con decisiva ayuda del fascismo alemán e italiano, lo lastraron 40 años de oscuridad e inmundicia y ya a 40 de mentira y oprobio.

Aquella Constitución, aquella revolución pacífica obrera y libertaria que muchos celebramos hoy 14 de abril, se adelantaba más de medio siglo a lo que se conseguía en Europa a finales de siglo XX. Y sin duda, supone un modelo, mínimo exigible, para España.

Siempre se ha dicho que había más “Juancarlistas” que monárquicos, y desde luego parece ya cercano el momento en el que una amplia mayoría social clame por la defensa a su derecho a decidir el modelo de sociedad, y de estado en el que desea vivir. En ese momento, se constatará que aquí, somos más ciudadanos y ciudadanas, que súbditos, y justo en ese instante, será el ideal para recuperar la dignidad, la memoria y la libertad en España.

 

 

Esta noche es nochebuena y toca homilía real

 

El discurso del Rey, además de una película estupenda con unas interpretaciones brillantes, es en España, un género periodístico más. Es por supuesto, un momento culmen de la vida política patria. La única ocasión en la que el Jefe de Estado se digna a dirigirse a sus conciudadanos (nos llaman súbditos) y hacer un repaso somero a lo más destacado del año acorde con una visión concreta y muletillas y frases hechas que ya de tanto repetirse, no sólo es que hayan perdido su significado, sobretodo con el deterioro del significante, sino que ya emborrona la dignidad de quien escucha.

En las redacciones periodísticas de este país sobretodo de los medios pro-régimen es imprescindible seguir un guión para edulcorar la figura y sus palabras, mostrar a tono unísono la avalancha de parabienes que lanzan los dirigentes pro-sistema y callar. Callar las voces, cada vez más, de quienes estamos hartos de tanta inmoralidad. Y callar la corrupción y la hipocresía de la casa real.

A mi, a veces me parece que el discurso del Rey es el telonero de la cena familiar de nochebuena. Mejor aún. Como si la sarta de soflamas y lugares comunes del monarca fuera el breefing de los temas a tratar mientras pelamos langostinos y con disimulo profanamos el diseño modernista de las tablas de quesos y embutidos.

Y el de este año promete. Porque esta mierda de año 2020 que ha reventado las costuras de los convencionalismos sociales que teníamos han quedado claras tres cosas: la importancia capital de los servicios públicos como garantes de la democracia (sanidad, educación y servicios sociales) empezando por recuperar de la economía más salvaje todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, especialmente nuestros ancianos.; la importancia crucial de la ciencia como motor de avance del ser humano; la necesidad urgente de articular una economía social que proteja el medio ambiente y pare la degradación actual y luche contra el cambio climático.

El coronavirus ha tapado las bocas con mascarillas higiénicas pero no oculta un clamor ante la avalancha de noticias que demuestran la falsa moralidad de la monarquía. Mientras el país, y todo el mundo, está pasando una crisis que debería replantearnos la prevalencia del dinero por encima de todo, incluida la vida, la Casa Real emitía comunicados y escondía la cabeza bajo el barro cuando salían a la luz (gracias a ese periodismo que actúa como tal y no como un vasallo, y sobretodo extranjero) todas las corrupciones, comisiones y líos de faldas del Emérito (todavía hay silencio en torno a la parece ser no envidiable vida personal de los titulares en trono).

No tiene que ser fácil ponerte a escribir o casi mejor repetir lo que te han escrito, cuando vives una vida que no tiene nada que ver con la de esos millones, algunos fusilables, a los que te diriges. Porque vives rodeado de abraza-farolas, pesebrederos y compiyoguis que desconocen como se conjuga el verbo trabajar. Porque defiendes un estado de las cosas inamovible que es la única forma de mantener la vidorra que llevas, tú, tu familia y el resto de vividores. Y porque hablas a un público cautivo al que no conoces, porque te lo presentan detrás de cordones de seguridad y lejos de palacio. Si lo conocieras aunque fuera un poquito, entenderías que en esta sociedad, para convencer hay que ejemplificar, no sólo con la palabra, sino sobretodo, con los hechos.

La figura del Rey y la persona de Felipe de Borbón, no valen para presentarse ahora como un mediador o un árbitro que ponga paz y construya puentes. El 3 de octubre de 2017 dinamitó su propia versión apolítica al entrometerse en el fango del independentismo catalán para favorecer la causa centrista. Y el 15 de marzo de este año al día siguiente de que nos viéramos en un Estado de alarma, la monarquía salía por la tangente para separar al actual inquilino de la Zarzuela de las tropelías de su padre. Como si éste no las hiciera siendo Rey, y como si esa herencia envenenada no forme también parte del paquete de corona y palacio.

Por lo tanto, no hay ejemplaridad en la conducta de la familia real, y el Rey no tiene empaque para promover una serie de pactos y actuar como un “destensionador” de la situación política que se encrespa por momentos. Pero hagamos un momento un ejercicio de imaginación y pongámoslo con su traje caro, su nacimiento napolitano de colección y sus fotos familiares delante de la pantalla.

Podría hablar del modelo de estado. No con la imposición de una visión del país que no tiene nada que ver con la verdad de esa España única e indisoluble. Sino con el país que tiene hasta 4 lenguas co oficiales además del castellano. Que tiene más dialectos y realidades culturales significativas que enriquecen todo lo que somos. En definitiva, frente a la opresión a la que ya demostró fidelidad, sitemos con la libertad y con el sentido público de solucionar problemas antes que crearlos y en dejar una solución para los próximos 20 años.

Felipe VI podría dejar de llenarse la boca con la Constitución del 78 y comenzar a ejercerla para hacer una defensa pública sobre los derechos y libertades de todas y todos. Artículos hay que defienden la vivienda digna, el trabajo digno, la igualdad efectiva entre géneros o la aconfesionalidad del estado. Promover con urgencia pactos: contra la violencia machista, por la situación de la vivienda en este país; por la ciencia; por la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente; contra la corrupción y el nepotismo. Por limpiar las instituciones de fascistas sobretodo ejército, fuerzas de seguridad y judicatura.

Podía intentar acercarse a los jóvenes por ejemplo. A universidades o a donde se reúnen los riders. Podía ir a un centro de atención de inmigrantes. O escuchar por videoconferencia a sus compatriotas emigrados por la falta de oportunidades. Podía ir a escuchar las reclamaciones de los jubilados, los parados de larga duración, los agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores. Qué les sucede a quienes viven en el entorno rural. Ir e interesarse por la situación en un centro de ayuda a mujeres maltratadas. Le pitarán, abuchearán y alguien le contará a la cara la sinvergoncería de su familia y su institución. Pero eso, también va en el cargo y en la asignación millonaria que recibe cada año.

 

Pero no lo hará. ¿Sabéis por qué? Porque el deleznable estado de las cosas son causas y consecuencias del Régimen del 78, y en él está su figura, su corona y sus privilegios como una dotación presupuestaria creciente y una inviolabilidad judicial, extensible a toda la familia y como hemos ido viendo, a parte de componer un derecho medieval totalmente anacrónico es un insulto a la inteligencia y dignidad del país.

Una institución poderosamente heteropatriarcal se nos dirige esta noche con un paternalismo vomitivo, mientras que no tenemos datos filedignos del respaldo o repudia de su figura y de un modelo de estado donde no sólo se nos impide expresarnos, sino donde ni siquiera nos preguntan sobre la aceptación de la monarquía. Las pocas encuestas privadas marcan un desgaste colosal y la preferencia por un modelo republicano, mientras la oficial, la del CIS, la que pagamos todos, se niega sistemáticamente a preguntar sobre le modelo de estado no vaya a ser que apuntale el declive innegable.

Usados hasta lo pornográfico palabras como convivencia, transición o consenso no son más que epítetos que tratan de reforzar un relato. El de su propia supervivencia como monarca cimentado en una historia que es real porque le puso una corona, pero no es la realidad. No es la verdadera.

Y es que trono y corona son dos regalos envenenados más que nos colaron bajo el ruido de sables en una Transacción que dejó impune una dictadura fascista, el franquismo, que enraizó algunas de sus costumbres más execrables como la corrupción, el autoritarismo, el machismo, la xenofobia y la versión de una España que no ha sido nunca así y que no lo será. El golpismo, el revanchismo y las ínfulas de grandeza de militares trasnochados que vemos hoy en día ganaron músculo en la dictadura pero son lacras propias de la política españistaní.

La monarquía es la clave de bóveda de todo lo que supone el atado y bien atado franquista: el Régimen del 78. Si cae la familia real también caerán los privilegios de la iglesia católica. Se investigarán a todos los próceres del régimen, prohombres de la economía patria que se lucraron con trabajo esclavo y las corrupciones propias de la dictadura. Se caerá la vergüenza nacional que supone la Ley de Amnistía que blinda a los criminales de la dictadura y se podrán ya limpiar instituciones plagadas de fascistas como las fuerzas de seguridad, el ejército y los juzgados.

Esta noche durante la reunión familiar, en persona o como desgraciadamente será más habitual, por videoconferencia o teléfono, el Rey se dirige a la nación. Cuando recordamos a los seres queridos que todos hemos perdido durante esos doce meses, el monarca largará su discurso habitual de palabras huecas y contenidos vacíos. Cuando al acabar la cena, brindemos con vino o un digestivo estaremos viviendo en fraternidad con quienes más nos importa. Nos alejaremos de la crispación y el dolor que causan quienes defienden y veneran tanta indignidad, tanta inmoralidad. Muchos millones de españoles huímos de esta parafernalia, de esta homilía rodeada de fascismo. No hay mayor desprecio que no dedicar, no perder, un minuto en ellos. Mañana habrá que seguir luchando para recuperla. 

 

Feliz noche a todas y todos.

El anciano Rey desnudo

Portada de El Jueves, nº2251 del 15 de julio de 2020.

La serie de éxito de esta temporada de primavera-verano no está ni en Netflix, ni en HBO. No es un producto de las cadenas de Mierdaset o A3Mierda. De hecho se afanan en taparlo en sus informativos. La serie de verdad que supera todos los registros de ficción en tramas plenas de golfería, sinvergüencería y corrupción es la que está protagonizando muy a su pesar, el Rey emérito, Juan Carlos I, y con él toda la familia real y con actuaciones estelares de los partidos pro-regimen tratando de mantener con más o menos arcadas la supuesta dignidad de la institución.

Los medios extranjeros han olido el hedor a mierda que todo lo emponzoña en torno a la casa real y a la figura de su patriarca. Los escándalos sexuales bien callados durante años con dinero público, son el aderezo a una trama de corrupción que han convertido a los Borbones en una de las mayores riquezas del mundo, al tiempo que engañaban a la opinión pública, más o menos, monárquica o republicana, con más o menos ganas de cambiar de régimen, pero desde luego ya harta de tanto latrocinio y de que se rían tanto en su cara.

Parece probado lo que era un secreto a voces. Juan Carlos I ha llevado una contabilidad paralela a la asignación presupuestaria por su labor como Jefe del Estado, y tanto ejerciendo de titular, como de jubilado, ha llevado a cabo una labor de comisionista de altos vuelos con cada barril de petróleo que ha entrado en éste país o con cada metro de AVE a la Meca. Y siguen apareciendo más y más chanchullos investigados por la fiscalía suiza, con la británica también atenta, y con la española absorta, cuando no impedida por políticos y medios que deben pleitesía y sumisión al caradura. Incluso se hacen públicos sus tejemanejes con el yerno predilecto, el condenado Urdangarín, lo que debería llevar inequívocamente a la reapertura de toda la causa del caso Noos cerrada en falso.

Como ya he dicho en alguna ocasión existe un relato oficial que presenta a Juan Carlos I como hacedor de la democracia. Relato que está en claro deterioro ahora que se descubren lo que parecía evidente: la corrupción intrínseca del cabeza de familia y la más que probable, colaboración necesaria de su familia y de cortesanos políticos, militares, periodísticos y empresarios.

Para todo el establishment, para toda la oligarquía españistaní se hace imprescindible salvar todo ese relato y la verosimilitud con que se instale en las cabezas de los obreros votantes. Sin él, se desmonta todo el tinglado y saben perfectamente, que si el anciano monarca es cuando menos desacreditado (no confió en ver a nadie en la cárcel), la familia real depuesta y abierto un proceso constituyente para modificar la forma de estado, los siguientes en la lista son ellos.

Porque saben que tras la dictadura donde algunos se hicieron obscenamente ricos y poderosos intimando con el fascismo (corrupción, trabajo esclavo, opresión, robos, etc.) la continuidad hacia un régimen democrático sin hacer justicia, ni investigar lo sucedido, necesitaba de una gran mentira orquestada en la figura de un personaje responsable y de intachable moralidad.

Por eso ya se han tapado todos los escándalos de un depredador sexual. Por eso la prensa rosa “no entra” en palacio desde hace veinte años, no fuera a no encontrar a la Reina emérita, emigrada desde entonces a Londres. Por eso se han cerrado periódicos, programas de radio y páginas de internet que denunciaban toda la corrupción borbónica.

Porque derruida la mentira queda la verdad. Y la verdad es que “nuestra democracia” es la continuación de una dictadura militar-fascista en la que no se reparó a las víctimas. No se fiscalizó todas las tropelías. No se recuperaron los huesos de los muertos por la democracia y la libertad. Aquellos criminales fascistas de la noche a la mañana se convirtieron en demócratas de toda la vida y bajo el relato de Juan Carlos I, montaron un sistema que garantizaba los privilegios usurpados al pueblo y la permanencia del relato franquista como verdad suprema, por encima de la historia y de la justicia.

Nuestro estado sigue cubriendo ochomiles en materia de indignidad y vergüenza. Tener un estado como monarquía parlamentaria, con dos jefes de estado, el titular y el emérito, ambos bien salvaguardados por la inviolabilidad jurídica en la Constitución, un privilegio propio de la Edad Media y con el que se aferran a su trono los que no quieren que se destape la verdad y ganemos credibilidad como democracia y dignidad como pueblo.

Juan Carlos I convivió con el dictador más de veinte años. Le juró lealtad en varias ocasiones, dos de ellas en el pseudo parlamento. A la muerte del dictador ya eran conocidas por Madrid -basta con leer las biografías no autorizadas-, sus correrías de juerguista donde no faltaba el sexo con las musas del destape y las drogas. No cambió de hábitos durante el reinado y en su primera parte, mantuvo línea directa con los coroneles fascistas que afilaban sables llegando a postularse como futuro caudillo. Parece evidente su intervención como instigador en el golpe del 23F. Durante toda su vida mantuvo estrecha relación con algunos de los sátrapas más siniestros de la historia contemporánea, aceptados como monarcas como puedan ser la dinastía real saudí, de los emiratos o la marroquí (nunca intercedió por el pueblo saharuí)

Tuvo que abdicar en 2014 cuando la revolución ciudadana se estaba organizando. Antes tuvo que salir a la palestra a pedir perdón porque le pillaron cazando elefantes en Botswana con una de sus amantes, mientras el pueblo pasaba las penurias de la crisis económica y los recortes en derechos sociales del miserable Rajoy.

Ahora la parte de relato a salvar dada la abochornante mierda que está saliendo a la luz es la de situar a Felipe VI como un rey honesto y ejemplar que desconocía la vida privada de su padre. Algo que suena a pitorreo y que además intenta tomarnos por tontos a toda la ciudadanía (que no digo yo, que no haya alguno o alguna, pero vamos…).

Como si no viéramos en Felipe VI a un déspota muy vinculado a la derecha más rancia y recalcitrante del estado. Un rey distante y alejado kilómetros de la ciudadanía. Con una reina altiva, creída e incapaz de articular un mensaje que ayude a empatizar familia con institución y de paso con el pueblo llano. Metidos en su burbuja de cortesanos y pleitesías de periodistas, políticos y empresarios. De una élite que sabe que en la salud de la monarquía reside su propia salud, por encima de la justicia social y la justicia histórica que España implora y necesita.

Siguen quemándose etapas y desangrándose un régimen monárquico, el de la familia Borbón, y con él todo el estado de las cosas de la transacción. El régimen del 78 está en las últimas y sólo hay que ver que sus principales valedores son políticos de ultraderecha como Abascal, Casado, Teodoro o Page y periodistas más cerca de la defenestración profesional que de salvaguardar la ética y la verdad.

El desapego de esta gentuza con la realidad de su supuesto pueblo es inversamente proporcional al encubrimiento que se hace de su criminal actividad. No se pregunta al pueblo la aceptación de la monarquía y de Felipe VI desde hace casi 6 años. Saben que el resultado sería la puerta abierta a un plebiscito y a abrir el modelo de estado. No se puede aguantar más inmundicia. Es el momento ya de echar a toda esta familia de corruptos fascistas al mundo real, a tener que ganarse la vida, como todos los demás. España merece justicia y dignidad. Si hay que llenar las calles para que se judicialice y se sepa todo lo que ha pasado se hace.

Como banda criminal que es, que devuelvan lo robado a la Sanidad Pública, entreguen la corona y se disuelvan. España merece República.