Arranca en estas fechas el curso político 2026-2027 en España que acabará con las elecciones generales en julio del año que viene. Con ellas se cierra la XV Legislatura de la democracia del reino de España tras la transición española que siguió a la dictadura franquista.
A estas elecciones generales o de ámbito nacional -a las Cortes Generales, es decir Congreso de los Diputados y Senado-, le anticiparán en un par de meses las elecciones municipales y autonómicas en varias de las autonomías del Estado. Por importancia Madrid, Comunitat Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla La Mancha también pondrán en liza a sus representantes y con ellos a sus gobiernos, por lo que prácticamente la mitad del estado estará llamada a las urnas hasta en 3 ocasiones en uno o dos meses.
Por lo tanto, este curso político se antoja decisivo en el futuro del estado. A saber, si España se suma a la ola reaccionaria que asalta los gobiernos democráticos en buena parte del globo, esencialmente en el hemisferio Occidental (Estados Unidos y América Latina), así como también muchas de las naciones europeas. O si por el contrario, España se mantiene como un dique de la democracia liberal frente a un mayor autoritarismo y al dominio de los marcos de discusión, o mejor dicho de abuso, que la extrema derecha está logrando imponer.
Anticipar los resultados electorales a prácticamente un año vista es un ejercicio inútil y condenado al fracaso. Más si cabe en un caso como España, con una alta política volátil en extremo, muy condicionada a los estados de opinión inducidos desde arriba (habitualmente por la prensa escrita en Madrid y las direcciones empresariales, de los grandes bancos y de los partidos del bipartidismo; ahora dispersada a través de las redes sociales y los personajes que pululan alrededor) y en el que el hartazgo de los votantes tradicionales de la izquierda determinan tanto el voto. Si estos no votan uniendo en unas pocas papeletas el sentir de opiniones y voluntades diversas en torno al feminismo, las cuestiones identitarias o de clase, y las sensibilidades hacia temas tan trascendentes en este momento como la situación de la vivienda, la protección del medio ambiente o la posición internacional y geoestratégica en defensa de los derechos humanos y el anti-fascismo, la victoria para la derecha estará más cerca, porque estos últimos consiguen aunar sus votos sin discrepancia ni casi ausencias.
El ciclo de elecciones autonómicas de esta primavera ha reforzado una tendencia hacia fortalecer los gobiernos de la extrema derecha en coalición entre PP y Vox, y a castigar a los partidos en el gobierno central, en especial al PSOE al que se le presenta una crisis profunda en regiones que tradicionalmente habían votado socialista como puedan ser Andalucía, Extremadura o Aragón. Sin embargo, estos resultados no han tenido la amplitud que buscaba la dirección nacional del PP, sino más bien han demostrado su propia debilidad al tener que volver a ceder y por un margen bastante mayor a los postulados ultras de Vox, lo que a su vez, imposibilita a menos de momento, cualquier acercamiento entre las derechas nacionalistas y burguesas vascas y catalanas, con lo cual o asaltan el umbral de escaños de la mayoría absoluta sin contar con Euskadi o Cataluña, o el período que se abrirá será el de nuevo gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.
Y es que en la capacidad de resistencia de Sánchez y en el papel central y vertebrador que el PSOE tiene entre las diversas sensibilidades en la política española radica el principal argumento que pueda tener una victoria de la España progresista -con notorios matices-, ante la avalancha ultra a la que, no olvidemos, mantiene y potencia la ola reaccionaria internacional de un capitalismo depredador y oligarca.
Desde luego el gobierno central tiene un desgaste colosal. Son 8 años desde que Pedro Sánchez asumió el poder y se convirtió en Presidente del Gobierno (el segundo más largo en duración de la democracia española). Ocho años de un ataque que no cesa. Que tiene un fuerte carácter personal hacia la deshumanización del personaje y de su familia. Que ha surgido desde la oposición, desde los medios de los emporios mediáticos de la derecha (incluidos los pseudo-medios patrocinados por estos emporios y financiados por las autonomías del PP), y con furibundos ataques de la justicia y los mandos anticorrupción policiales que ahondan en un cada vez mayor desprestigio de estas instituciones entre el pueblo. Y sí, también del goteo de casos de corrupción en torno al PSOE, a su figura o a la de Zapatero que han provocado un desgaste colosal y puesto en solfa la superioridad moral de la izquierda y la propia coherencia y legitimidad de los altos cargos del PSOE. Sean ciertos o no, sean manipulaciones, bulos o campañas orquestadas desde la oposición y de los enemigos internos y externos a la democracia y a un tibio reparto de la riqueza.
Tampoco se debe de olvidar en el período de análisis y reflexión durante este año, la situación de las fuerzas políticas y sociales de la izquierda. Partidos, sindicatos, organizaciones, asocaciones, colectivos y las consiguientes confluencias entre todos estos agentes deben ser puestos a consideración.
Pero lo cierto es que todo este descrédito, que queda por ver si se debe a unas causas concretas verídicas, y no a campañas orquestadas de “el que pueda hacer que haga” (el miserable de Aznar dixit) no ha acabado de abrir las puertas de la Moncloa a esta ola reaccionaria. Hay varias causas:
Una de las primeras es el propio fantochismo y la incapacidad absoluta, moral, política, comunicativa y funcional de quienes aspiran a gobernar el país. Feijoo y Abascal no son más que unos mamarrachos. Unos títeres que responden a las órdenes de los que mandan, y sus silencios y sus palabras dejan a la altura del betún el interés nacional. Sistemáticamente. Y eso, no es favorable para ganar unas elecciones por mucho dinero e interés que se ponga.
Las incongruencias, la inconsistencia mental y discursiva, las fotos con un narco, las asociaciones con ultras que insultan y menosprecian a una España, que aunque se empeñen, ya no es una única, centralizada y gloriosa, impiden, de momento, aunar la suma de apoyos electorales que requieren. Eso si, están cerca. Y además, no se debe olvidar que esta España también es esa Españistan de corrupción y chiringuito. Que no se pierda en perspectiva.
Pero también el gobierno de coalición ha hecho sus cosas buenas. Los datos macro-económicos son excelentes. El proceso de diálogo y Amnistía con Catalunya ha permitido cierta reconciliación entre Catalunya y España, con una normalización que ha rebajado en varios tonos la crispación que el tema identitario provoca entre los españoles. De hecho, sabedores de que este tema ya no funciona, ha quedado desactivado, las derechas apenas lo mencionan, y lo dejan todo a las negociaciones subterráneas que entre derechas burguesas y parasitarias estén llevándose a cabo. Y otro éxito incontestable del actual gobierno que desmorona el argumentario de la derecha en torno a la cohesión territorial está en el fin de los controles fronterizos en Gibraltar.
Y por supuesto, Pedro Sánchez y todo el gobierno han adquirido una notoria trascendencia internacional por su oposición a esta ola reaccionaria que representan personajes como Trump o Netanyahu, con especial énfasis en el genocidio del pueblo palestino. También no ha habido dudas en abrir conflictos diplomáticos con Italia o Dinamarca por las cuestiones migratorias. De hecho, la propia regularización de inmigrantes (más allá de que se abran las puertas a cientos de miles de ciudadanos latinoamericanos no muy proclives a votar izquierda, digámoslo así) no supone ni "una teoría de reemplazo", ni "un efecto llamada", sino que ha ayudado a mejorar las perspectivas económicas y salariales, al fortalecer los escudos sociales así como la hucha de la pensiones. Más allá estará por ver si la política y la sociedad española son capaces de tejer redes de colaboración y asimilación ante una composición demográfica mucho más diversa.
Evidentemente la labor de gobierno también es censurable en muchos temas. En materia laboral estos 8 años se han mejorado las condiciones empezando por una mejor equiparación entre los salarios mínimos españoles con los europeos. Sin embargo, seguimos lejos en las políticas de racionalización de horarios, reducciones de jornadas, mucha mayor beligerancia en torno a la seguridad laboral y los accidentes y enfermedades profesionales, y mejoras de la movilidad y la vida diaria de las clases trabajadoras.
El terrorismo machista sigue ejerciendo su violencia silenciosa con el beneplácito de unas derechas fascistas y machistas que componen todo ello una lacra social. Ha habido fallos en la protección policial y judicial a las mujeres y esto no se debe tolerar. Tampoco se pueden olvidar las polémicas con los socios de gobierno en torno al tema de la dignidad de la mujer y la igualdad entre géneros, pero es preciso recordar quienes amparan la desigualdad, la atacan y pretenden volver a un mundo talibán de dominio abosluto del hombre sobre la mujer. No lo olviden.
Por otro lado, el gasto militar ha seguido creciendo en un contexto de mayor volatidad internacional. Las guerras en Ucrania, Oriente Próximo, Irán y la situación en África han avalado estos impulsos militaristas que además, no discuten la permanencia en la OTAN, mientras sus aliados en el gobierno, y buena parte de la sociedad, está ya cansada y dispuesta a debatir sinceramente sobre la OTAN, la política de bloques y si esto es una estrategia de defensa como se presenta, o en realidad es un sistema de ataque propiciado por la ideología neoliberal y consolidación del imperialismo estadounidense con la complicidad de los países europeos.
Y por supuesto, la vivienda es el principal problema del estado sin atisbo de acuerdos entre las diversas partes y que sigue castigando inter-generacionalmente a las clases trabajadoras. Estas imposibilidades de acuerdo motivadas en buena parte por la cainita actitud de las derechas patrias impiden acuerdos de Estado en otras materias que por ejemplo permitan la defensa de los bienes públicos, en especial la educación y la sanidad (ambas con conflictos laborales y profesionales muy intensos y lejos de solucionar en la maraña de administraciones y competencias), o el más que recurrente e imprescindible Pacto contra el Cambio Climático y en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural. De hecho, agosto tuvo la nefasta noticia de la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Tampoco es positivo para el gobierno su poca implicación en la defensa de las libertades civiles, y en especial, la de pensamiento, opinión y prensa cuando estas voces han sido atacadas por la ultra derecha y no han encontrado ni la solidaridad, y ni mucho menos, la respuesta enérgica en su defensa por parte del Gobierno. No han hecho nada, y parece que la inacción ha favorecido un abuso creciente de brutalidad policial y la sensación de impunidad, para que las policías ejerzan su labor conforme a un estado de derecho democrático, y sin embargo, ahí los tenemos afianzando a la ultra derecha, anticipando un estado policial. La Ley Mordaza sigue vigente y tampoco en materia de memoria democrática se han dado todos los pasos imprescindibles. Pero aún queda otro factor que no puede pasarse por alto.
En la gestión de las múltiples y concatenadas emergencias que el gobierno de la nación ha tenido que afrontar en estos años radica otra potencia de movilización electoral que el PSOE y sus socios pueden y deben activar. Mientras que la gestión de la pandemia de covid, la situación en el Hierro tras la erupción volcánica de 2021, la de la DANA en Valencia tanto antes, como durante y después de la tragedia, el asalto de la frontera en Ceuta y las subsiguientes crisis migratoria y humanitaria (el episodio de emergencia nacional peor tratado y todavía no resuleto por el gobierno central en estos años), o los episodios de incendios forestales masivos han demostrado la incapacidad absoluta de los mandos políticos de la derecha, así como lo nefasta que resulta su ideología inmoral y reaccionaria con una estrategia de bajadas de impuestos, recortes en servicios públicos (sanitarios, educativos y sí también en emergencias) y asignación de presupuestos en chiringuitos de la derecha (como símbolo el taurino), ha sido el gobierno central los que han tenido que asumir el mando y dotar de eficacia a la respuesta institucional y administrativa que todas estas emergencias han ido reclamando. Aún con matices, críticas y propuestas para mejorar estas respuestas, el ciudadano debe extraer sus propias conclusiones y comparar cómo se ha sentido ante una catastrofe natural o humana cuando gobiernan unos u otros. Y la principal, es que mientras el gobierno central muestra capacidad resolutiva, implicación y voluntad de acuerdos y trabajo común por solucionar los problemas, la derecha regiendo administraciones o desde la oposición, solo se limita a poner palos en las ruedas, a mostrar su inoperancia y su sinvergoncería en vender el patrimonio de todos, y otras veces a tapar su incapacidad atacando a quien ha venido a salvarles el culo.
De hecho, en cuanto a las elecciones autonómicas y municipales en el horizonte es muy importante que el electorado analice y saque sus propias conclusiones para hacerse valer y defenderse de las agresiones que el capital perpetra con el consentimiento, cuando no, el enérgico apoyo de casi todos los ayuntamientos y autonomías que están en manos de la derecha.
No hay gran ciudad del estado español, ni área regional, que no estén siendo pasto de la degradación del entorno natural y de la propia convivencia. El turismo desatado, auspiciado por la economía del pelotazo ha convertido cualquier espacio en un lugar y un momento sobre el que extraer la riqueza económica denigrando los derechos y el bienestar de los habitantes, y de hecho convirtiéndolos en ciudadanos de tercera, totalmente prescindibles si a la ciudad (o al pueblo, o a la playa, o a la montaña) llegan turistas con dinero en el bolsillo. Especialmente si pensamos en ciudades como Málaga, Valencia, los archipiélagos, Galicia, y por supuesto, y dominando el debate público, Barcelona y Madrid.
Por lo tanto, todos estos ayuntamientos y los gobiernos regionales que caducan mandato en 8 meses deben ser puestos bajo el análisis racional, la crítica constructiva y la reflexión sobre qué modelo de sociedad queremos para nuestros municipios y autonomías.
Temas decisivos como las políticas de vivienda, de movilidad, de protección del medio ambiente y tratamiento de los residuos, de gestión de los espacios, los recursos naturales (especialmente el agua potable) y de las emergencias, las políticas públicas de empresa y sectores productivos (qué y cómo se produce en cada espacio), la defensa de los ciudadanos en su rol de consumidor o de vecinos de un lugar, la protección del patrimonio y de la cultura, entre otras, son políticas traspasadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos y sus organismos derivados (diputaciones, consejos comarcales, consejos insulares, mancomunidades, etc.) y son quienes las deben de ejercer para beneficio del pueblo. Es el momento de exigir una política municipal y autonómica centradas en el bien común.
Sería inabordable para mi hablar qué retos particulares tienen que afrontar cada una de estas autonomías y la miriada de ayuntamientos que serán elegidos en mayo de 2027. Además, convendría hacerlo con un mayor conocimiento del contexto actual y fundamentalmente, de los problemas y necesidades que van teniendo los vecinos y habitantes. Sin embargo, centrándose en los grandes temas expuestos en el párrafo anterior, y haciéndolo con un sentido público de gestión sincera y eficaz por el beneficio colectivo, buena parte de ellos podrían ir solucionándose para goce de toda la población.
Por todo esto, es un año muy importante y lo es, fundamentalmente, para las y los electores. Es la ciudadanía la que tiene ante sí una etapa trascendente de su vida y de su país. Y es sobre su acción política, simplificada en el acto de la votación donde debe ejercer su derecho y deber democráticos con una clara y sincera reflexión en el bien común y en la prosperidad del estado. Es a lo que se reduce el papel ciudadano en la democracia liberal, toda vez que se han desmontando las herramientas de conflicto colectivo y de expresión y actuación social, y que el propio sistema no iba a permitir que el pueblo, en bruto, tomará sus decisiones de acuerdo a sus necesidades, principios y posibilidades. Aún con todo, es el momento de preocuparse y de hacer los deberes que como ciudadano todos tenemos obligación y necesidad de acometer ante unas elecciones. Se trata de exigir y conseguir una información veraz, que aporte datos y que nos permita discernir el sentido de nuestras opiniones, el contraste de alternativas, el análisis de hechos, de causas y de consecuencias, y en definitiva, la decisión que hayamos de tomar. Hacerlo de forma sosegada y razonada, no dejándose llevar por impulsos, ni por los forofismos de partido sería lo ideal. Pero por desgracia, en España no funcionamos así.
