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sábado, 2 de febrero de 2019

Militancia política y derecho al trabajo: Qué ocurre después de ser cargo público

 

La política, y sobretodo, la militancia deja huellas y rastros que hoy son perfectamente trazables desde un buscador de Internet. Si has dado una rueda de prensa para denunciar una cuestión que afecta a tu municipio y la han cubierto los medios locales (en especial los digitales). Si has sido concejal y tus intervenciones en los plenos están subidos a youtube, con tu nombre en la descripción del video o en la entrada de wikipedia del Ayuntamiento en el epígrafe “Política”. O si tu imagen ha estado en cartelería electoral y está se ha buzoneado o se ha agregado a una web o perfil de red social de un partido político de izquierdas. En cualquiera de estos casos, o lo más común, en conjunto de todos, tu imagen, tu nombre y tu biografía política ocuparan su espacio en la red y serán accesibles para cualquiera que te busque. Y ese cualquiera puede ser “el jefe”, “el/la responsable de recursos humanos” o “el empresario” para el que quieras trabajar una vez pasada tu experiencia como cargo público. En ese caso, lo tienes francamente difícil compañera y compañero.

Evidentemente no habló directamente de los altos cargos de partido o que han asumido responsabilidades institucionales. Alcaldes y concejales de grandes municipios; procuradores y consejeros autonómicos; diputadas y senadores; ministras, ministros, secretarios de estado u otros cargos públicos a los que se accede a través de la democracia (directa o indirecta) o de la libre asignación partidista. En cargos a este nivel, y siempre hablando de personas que lo hacen desde posiciones de izquierdas, se corre también el riesgo de no encontrar acomodo profesional y laboral una vez terminada la experiencia política. Pero económicamente, y a mi humilde modo de entender, están tan bien gratificados que pueden permitir un alivio en esa transición hacia la vida “civil”, la vida después de la política. Además, durante el trabajo institucional se habrán generado un volumen de contactos (capital social) tan grande, que aunque se haya estado trabajando por un modelo más social y de izquierdas, no tendría que haber problema para aterrizar de nuevo en el mundo del trabajo. Se debería encontrar empleo o auto-emplearse, aunque evidentemente la conciencia de izquierdas siempre será perversa y a evitar por parte del mundo de la empresa y el trabajo. Y siempre estará el riesgo de caer en una “profesión” o en una “empresa” contraria a lo que supuestamente te define y has venido defendiendo durante tu sobre explotación mediática y tu compromiso político. Cada cual deberá de asumir sus propias contradicciones. Pero por lo general, “el día después” se podrá volver a trabajar.

Sin embargo, el problema es mucho más grave y profundo cuando has ejercido tu militancia y tu compromiso con unas ideas de izquierdas desde un ámbito local o sectorial concreto. Probablemente un ministro de trabajo del Partido Comunista tendría más fácil que fuera contratado al abandonar el cargo por una empresa convencional. Pero si has sido concejal en tu pueblo, tu barrio o ciudad si ésta es de tamaño medio, o has llevado ciertas responsabilidades públicas en un sindicato, la vuelta a la rutina del trabajo (asalariado o autónomo) se va a volver muy complicada. Está ha sido mi experiencia para conseguir trabajo en Salamanca desde que cese de concejal por IU en mi ayuntamiento. Y eso que yo dimití al encontrar trabajo en otra provincia, y que luego me salió en la propia Salamanca un nuevo empleo, pero ahora llevo más de un año de largas y esperas.

Cuando reconocen tu cara en una entrevista o un currículum o tu nombre en una candidatura porque has sido cargo o miembro de las izquierdas políticas o sociales puedes darte por jodido. Van a descartarte inmediatamente, lo primero porque no quieren en sus empresas a personas coherentes, empoderadas y que conozcan sus derechos y responsabilidades. Lo segundo porque desde las patronales, y desde los servicios de recursos humanos (que lacra categórica y social más execrable), tienen claro que también hay que castigar, hay que domesticar a las clases trabajadoras a base de ejemplo, y también de penurias para que se queden donde tienen que estar. Esto es un grave problema político y que despliega algunas de las miserias e inseguridades que el régimen democrático-liberal tiene. Si la gente tiene miedo a un futuro inestable, precario e inseguro tras ejercer cargos públicos desde posiciones de izquierdas, cada vez menos trabajadores van a movilizarse y adoptar los compromisos necesarios para participar activamente en la democracia. Para luchar desde posiciones obreristas que conocen la precariedad y en definitiva, la realidad material de las clases trabajadoras. Al final sólo serán los funcionarios, los jubilados (ambos grupos pueden y deben conocer las condiciones de vida de la clase trabajadora), los ricos que tienen posibilidades para tener el riñón cubierto los que puedan dedicarse a la participación democrática. O directamente los caraduras y corruptos que asumen esas responsabilidades para financiarse modos lucrativos de vida, diluyendo con ello la militancia y destrozando de paso las organizaciones.

Pero es que además, pasado el tiempo de compromiso por un cargo público -que indistintamente, sigo pensando tiene que ser breve (dos o tres ciclos electorales como mucho)-, habrá dinamitado sus posibilidades para ser contratado. No solo ya porque se habrá significado, quién sabe para siempre, como una persona comprometida. Esto es, un perfil de "problemática" para los empresaurios. Es que encima habrá perdido la dinámica de los puestos de trabajo y se habrá des-actualizado con respecto a su profesión o a lo que se oferta como empleo.

En todo caso, las necesidades, experiencias, opiniones y colaboraciones de la clase trabajadora irán quedando cada vez más lejos y ausente de los centros de discusión y resolución de los problemas (desde los propios partidos y asambleas, hasta las instituciones, pasando por los medios) generando en esencia una militancia elitista que disipa toda propuesta que venga desde abajo.

Con lo cual, no sólo estoy hablando de un problema económico y laboral (y por ende personal) que nos afecta a las personas que hemos querido en un momento determinado de nuestras vidas, mejorar nuestro entorno vital, que nos hemos movilizado por ello y asumido responsabilidades políticas y que después, hemos querido volver a trabajar en nuestros pueblos y sectores. Es un problema político y democrático porque acaba denegando de facto el derecho a la participación política (Artículo 23 de la Constitución Española, Articulo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) de la inmensa mayoría de la población.

Por ello, debemos de reflexionar sobre qué clase de democracia queremos. Pienso que desde los partidos políticos de izquierdas y de los sindicatos deberían de articularse reglamentaciones y espacios en los que las personas que dejamos un cargo podamos cotizar, tener un subsidio, o directamente programas de búsqueda de empleo, de re-inserción en la vida laboral convencional, incluidos en este caso, re-conversiones productivas. Está muy bien que Izquierda Unida solicité lo que se cobra por ser cargo público. La cantidad que se genera por participación política en un Ayuntamiento, pero eso en primer lugar limita la capacidad de las personas que ostentan cargo público para poder hacer de manera efectiva la labor política y representativa. Si esa aportación, que en cuanto a las corporaciones municipales salvo en los grandes ayuntamientos ya es de por si escasa, hay que donarla al 100%, por fuerza tendré que buscarme una ocupación que me quitará tiempo para hacer política. Si difícil es encontrar un puesto en tu pueblo o entorno cuando has dejado de ser concejal, intenta conseguirlo mientras tienes plenos, comisiones y alguna que otra rueda de prensa donde te sacan con foto en el digital provincial. Se han dado casos por todo el estado español, y alguno los conozco personalmente, de gente que conseguida el acta de concejal eran despedidos teniendo contrato fijo.

Por lo tanto, por mucho que se necesite desde los partidos de izquierdas y las asambleas, esas aportaciones por acta, por grupo o por participación en comisión reglada, por trabajo político institucional en definitiva, es más importante que las personas que necesitan de ese dinero para vivir puedan disponer de él. Y más adelante, tener espacio temporal para intentar conseguir un trabajo una vez pasada la experiencia en un cargo público. Es básico. Y es de justicia, porque no olvidemos que el Derecho al trabajo, es también un Derecho constitucional (Artículo 35) y que además, protege explícitamente la no discriminación por razones ideológicas. Por ello, también es fundamental que las administraciones vigilen y favorezcan que las personas que participan en política puedan seguir trabajando y viviendo con dignidad cuando acabe su experiencia institucional. Al final, solo queda la opción de entrar como funcionarios en la administración para no sufrir esta discriminación, y encima vivimos una época de amortización de plazas y adelgazamiento hasta lo escuálido del sector público. Pero es que además, sería una buena manera de ayudar a limpiar las instituciones de corruptos haciendo, o por lo menos dificultando, que no ocupen cargos políticos los que tienen claras intenciones de pegarse una vidorra a costa de la democracia y la representatividad.

Desde mi experiencia y posición personal actual trató de reflexionar y añadir este debate. Señalarlo porque causa mucho dolor y porque se constituye como un impedimento a que muchas personas de izquierdas y trabajadoras den el paso que se necesita para participar activamente y entrar en las instituciones. Considero fundamental en este tiempo replantearse mucho los compromisos que se piden a los militantes y a los cargos, y hacerlo a largo plazo, pensando en cómo se vuelve a la vida tras ser cargo público por un partido de izquierdas, y a las dificultades, a veces verdaderas imposibilidades, a las que nos estamos enfrentando muchas y muchos.

 

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