Artículo
25 de la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de
1948:
“1.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”
Artículo
47 de la Constitución Española de 1978:
“Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación.
La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos.”
Dentro
de la batería de derechos incluidos en la Constitución y en las
normas legislativas del estado y que son sistemáticamente pisoteados
y ninguneados por el régimen y las élites, el derecho a una
vivienda digna es el más lacerante y decisivo. Para ello resulta
básico, y no se puede obviar, el hecho de que aunque recogido en la
Carta Magna vigente, el derecho a la vivienda no se integra en
el capítulo de derechos fundamentales (Título I, Capítulo
II, Sección 1ª o lo que es lo mismo artículos 15 a 29), sino que
se engloba en los Principios rectores de la política social y
económica. Esto es, su defensa y valor dependerán de las
disposiciones de rango legal inferior que se acuerden a través del
legislativo y del ejecutivo, contando con los de los gobiernos
autonómicos. Por ello y en resumen, el derecho a la vivienda
digna dependerá de la agenda o los intereses de los partidos políticos. Y si algo han demostrado es que siempre harán negocio
privativo con los derechos de todas y todos.
Comúnmente,
cuando se habla de vivienda no se habla del espacio y el lugar en el
que una persona, sin tener en cuenta sus condiciones (materiales, de
identidad, género, clase, ideología, etnia o raza, etc.), va a
llevar a cabo su proyecto vital. Se habla en términos capitalistas.
Se supedita la necesidad vital y el derecho al techo digno al
“mercado”. Se interpreta en términos de libertad (libertad de
precio, libertad de uso, libertad del suelo) y se desecha la
posibilidad de incluirles factores de igualdad y equidad (en
consonancia con la igualdad de oportunidades, derechos humanos,
etc.).
Para
ello es preciso inducir un vocabulario que nos interpele en cuestión
de “vivienda” a razón de cantidades. Es decir, cuánta
vivienda es necesaria para tantas personas que demandan vivienda,
y de este modo calcular qué precio tiene (en propiedad o en
alquiler). Ni por asomo se concede una visión que incluya la
calidad de la vivienda (construcción, materiales, aislamientos, etc.), ni en cuestiones relativas a las
calidades y facultades que tiene un bien inmobiliario concreto, ni
tampoco en su conjunto, como oferta de un espacio geográfico o
social determinado. En este caso, me refiero a los bienes y
servicios, algunos constituyentes de derechos sociales (sanidad,
educación, asistencia, transporte, emergencia, culturales o
deportivos) y otros en cuanto a la composición social de “nuestros”
vecinos dando lugar a efectos sobre el urbanismo, el paisaje y el paisanaje con
el que convivimos.
Por
lo tanto, en términos de mercado el precio de la vivienda se
pretende simplificar a relación entre la vivienda ofertada y la
vivienda en demanda: Si no hay suficiente vivienda ofertada para
la demanda existente, el precio será cada vez más alto y se hará
preciso aumentar la oferta para buscar el equilibrio; por contra, si
la oferta de vivienda supera la demanda existente, la teoría nos
dice que los precios bajarán en aras del equilibrio entre oferta y
demanda. Evidentemente, y la experiencia, la ciencia económica no
teleológica o imbuida de ideología política, y el sentido común,
nos indican que el mercado inmobiliario no funciona bajo las
reglas formales de la ley de la oferta y la demanda.
En general, siempre se ha argumentado que para solucionar los problemas de vivienda y de su acceso "solo" hay que construir más. Que hacer más fincas, más pisos y más casas y que de esa manera los precios bajarían. La experiencia, ha dejado bien claro que no funciona así el mercado de la vivienda. De hecho, la simple predisposición a más construcción y a más ocupación del suelo para usos residenciales, no solo nunca y en ningún lugar ha provocado una bajada de los precios, sino que al contrario los ha incrementado. La razón es bien sencilla: la vivienda nueva sale al mercado a unos precios muy superiores a los de la vivienda ya construida, con lo cual "tira" de estos hacia arriba. Esto se da en espacios donde hay viviendas ya construidas, pero en promociones de nueva edificación se ha dado la paradoja de que el simple planeamiento ya provocaba subidas en las zonas colindantes.
Pero es que además, la vivienda que sale a la venta o el alquiler lo hace, por lo general, lo pretendido y/o lo anunciado, a unas calidades materiales superiores a las de las ya existentes, lo que en comparación tira al alza su precio. Si se trata de vivienda de nueva construcción, en esta alza se debe incluir los costes de construcción, tanto de materiales, acabados, mano de obra, energía, y fundamentalmente, del propio suelo. Tampoco se pueden desdeñar el coste en tiempo y dinero de los permisos, licencias y gastos burocráticos. En cualquier caso, las calidades y prestaciones de la nueva vivienda tendrán por fuerza que ser más caros, que los de la vivienda antigua, a la que "de propina" también tira sus precios hacia arriba.
Si la vivienda ya está construida y sale al mercado se pueden dar dos casos: Si es reformada se le aplica la misma lógica que en el caso de la vivienda de nueva construcción. Si por el contrario, sale a la venta en su estado natural, con el uso, los desperfectos, el bajo mantenimiento o pendiente de reforma, irá a unos precios más bajos, pero a los que lógicamente habrá que añadir, posteriormente, el coste de la renovación de las instalaciones y de la vivienda en sí. Y además, le sumaremos los innumerables trastornos que las obras ocasionan.
Por lo tanto, La
vivienda es un tipo de bien material que presenta unas
características propias que hacen que su precio siempre crezca,
incluido en momentos en los que exista mucha oferta de vivienda como
vivimos hasta 2008 y vivimos nuevamente. Es lo que conocemos como
burbujas inmobilarias. De hecho, ni siquiera la Gran Recesión
que siguió al estallido del modelo neoliberal sirvió para rebajar
los precios ni en propiedad, ni en alquiler, y mientras se activaban y apagaban revoluciones y movilizaciones por todo el mundo de
generaciones excluidas del bienestar, los precios del alojamiento se
mantenían estables con respecto a la época de teórica y
vanagloriada bonanza.
Y
es que la vivienda, a parte de su componente material (“la
casa”, “el hogar”) funciona como un activo
financiero seguro, debido fundamentalmente a que su propio
carácter como derecho humano inalienable le otorga una demanda alta
y por lo general constante (no exenta de picos al alza). Y también
con una rentabilidad creciente desde el plazo medio (de 6 meses a 2
años) y fundamentalmente en el largo (a partir de los 2 años)
porque siempre garantiza subidas.
Esto
se explica a la propia naturaleza del bien de la vivienda. En
momentos de zozobra, dada la especial sensibilidad con el tema es
común que los poderes públicos estimulen la demanda (bajadas de
impuestos y desgravaciones, garantías de avales para la creación de
préstamos hipotecarios, presupuestos de vivienda protegida que
acabará en el mercado privado, etc.) que en ningún caso suponen
una bajada de los precios de compra-venta o de alquiler, y si que
garantizan las ganancias de especuladores y rentistas. Además, las
propias limitaciones del espacio físico, el suelo y su localización,
hace que los bienes inmuebles mantengan o suban su valor debido a que
la disponibilidad de vivienda es determinada por su cercanía
a los centros de trabajo, de ocio, transportes o a los servicios
básicos (efecto que se multiplica en casos como las islas o los
centros de las ciudades ya muy congestionados de por si). Por si esto
fuera poco, cuando las cosas se pusieron bien feas, los organismos
nacionales e internacionales (autonomías, gobiernos, UE, FMI o Banco
Mundial) corrieron a socorrer a los gigantes, socializando las pérdidas y asegurando los privados beneficios.
Por
resumir se trataría de que ante el umbral de comprar una vivienda
preferentemente la mayoría de la gente quiere adquirirla, o mejor
dicho habitarla, en su entorno natural. Dónde vive ya. Dónde está
su familia. Cerca de dónde trabaja. O dónde existan los equipamientos
sociales necesarios. Por lo tanto, en esos espacios geográficos
siempre tiende a escasear la oferta, mientras que la demanda se
presenta cuando menos estable, lo que hace que los precios suban. Y
además, estos suben más porque cada generación quiere sacar un
provecho, un rendimiento económico directo, a la vivienda que ha
ocupado. Ya sabéis, si hace 30 años se compró una vivienda por, por
ejemplo 10 millones de pesetas (unos 60.000 euros), ahora queremos
venderla por unos 250.000 … Por esto la vivienda no funciona como
otros bienes o servicios en un mercado que debería tener una
predisposición “natural” al equilibrio; sino más bien permite,
además de la función social de alojamiento, ofrecer una función
especulativa de alta seguridad y alta rentabilidad.
En
este contexto, la seguridad, garantía y certeza de
rentabilidad que la propiedad de vivienda ofrece provoca que
siempre exista una excesiva especulación en los bienes
inmuebles. Rentistas, bien personas físicas de pequeños
propietarios de dos o tres viviendas, que complementan sus ingresos y
ahorros con la inversión en vivienda. De profesionales que buscan un
nivel de vida con hasta 20 propiedades para suplir con alquileres las
rentas del trabajo. Y de enormes propietarios, por lo general grandes
fortunas (nacionales o extranjeras) y de fondos buitres erradicados
en paraísos fiscales que compran y acaparan vivienda para subir
de manera artificial los precios y con ello su rentabilidad. Un caso
paradigmático es lo que se está viviendo en todo el estado español,
pero especialmente en algunas ciudades, digamos de moda (Málaga, en
la actualidad, pero también Valencia -sin olvidar las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024-, Granada, Girona, ciudades a las que llega el AVE como Segovia; como casi siempre Madrid o
Barcelona y sus barrios, o en las zonas de costa, etc.,) con los pisos para
alquiler turístico. También señalo aquí la tolerancia que en
algunas autonomías como la región valenciana o Murcia se ha tenido
con la proliferación de viviendas ilegales durante muchos años y
que no ha redundado en una bajada de precios, sino más bien, en un
deterioro colosal del medio ambiente, de los modos de vida
tradicionales y alternativos, así como de crear serios problemas en
los pueblos y ciudades para dotar hoy en día de sentido a sus
poblaciones, garantizando derechos y servicios desde la atención
administrativa, la movilidad, el acceso al agua o la luz, o la
recogida de basuras.
Para
llevar a cabo toda esta serie de tropelías, encuentran de manera
necesaria e interesada la colaboración de organismos públicos,
en especial Autonomías y ayuntamientos (que son quienes tienen las
competencias en materia de urbanismo e intervención de sus
respectivos mercados inmobiliarios) regidos por la derecha, pero
también algunos del psoe (bueno los mismos perros) que lejos de
garantizar el acceso a la vivienda para sus vecinos (y votantes)
aseguran una mayor rentabilidad para los especuladores con el
derecho básico de la vivienda. El bipartidismo y su estado natural de la corrupción beben y han bebido de continuo de la especulación inmobilaria.
De hecho, aunque se manifieste la
ausencia de control del estado o de organismos públicos en el
mercado de la vivienda, la realidad es que esa falta de intervención
no lo es tal, ya que si se garantiza por un lado una demanda mayor
que la oferta (al no construir vivienda pública, no poner a
disposición los pisos del Sareb, etc.), o favoreciendo la tenencia
de más y más propiedades por los mismos propietarios (incluso
vendiendo bloques enteros de vivienda protegida a fondos buitre).
Y
es que a la hora de gestionar el derecho a la vivienda la
realidad política (y también mediática) no se ha hecho una
política de vivienda, es decir, una praxis política en defensa y
valor de la vivienda como garantía social y puntal de integración,
sino que se ha hecho política inmobiliaria, esto es se ha
permitido, a través de desregulaciones algunas veces, y otras muchas
inyectando dinero público a los grandes propietarios, constructores
y promotores, de manera directa o indirecta a través de ayudas a los
inquilinos, para que el mercado siguiera manteniendo precios cada
vez más altos. La ausencia en la totalidad de Comunidades
Autónomas, ayuntamientos y por parte de la Administración General
del Estado de un parque de viviendas públicas es su principal
consecuencia, y con el paso del tiempo, una causa indeleble de nuevas
subidas y disfuncionalidades de este mercado inmobiliario.
Como
está claro, y sólo hay que preguntar a cualquier persona normal que
trabaja para vivir al día, este modelo no funciona. Las
oleadas de desahucios, las tasas de emancipación juvenil que en
España son las más bajas de Europa, la gentrificación de los
centros urbanos, la proliferación de barriadas marginales y guetos,
incluida el repunte que el chabolismo y la infra-vivienda, etc.,. Y ya sabemos que cuando se ejecuta ingeniería social es más fácil adjudicar a los pobres y desamparados proyectos y megalomanías varias.
Se
ha averiado sin remisión el ascensor social, ha añadido
un estrés y unas dificultades colosales a los proyectos de vida de
varias generaciones creando y regenerando problemas de índole social
cuyas consecuencias más dramáticas están por venir. Algunas ya
aparecen en la puerta como las tasas de suicidios hoy en día,
comparadas con las de hace 20 o 25 años en la franja entre 30 y 50
años. Se deslizan sin más como efectos de diversa índole o
multi-causales, pero sin duda, inherentes a las dificultades para
conseguir un proyecto de vida satisfactorio, imposibilitado hoy,
y cada vez más, por unos precios de la vivienda inasumibles.
Las soluciones a este drama colosal no son fáciles. Muchas de ellas
pasan por el alquiler que debe potenciarse, para lo que es
decisivo fomentar un cambio de enfoque en la mentalidad del
españolito de a pie. Durante décadas se fomentó un mantra
de que “alquilar es tirar el dinero”, y que “no tener
una vivienda en propiedad es no tener nada”. Eso ha dejado un
mercado de alquiler raquítico y encima disparado en sus precios, por
lo que acompañado a resaltar la validez social de la vida en
alquiler debe legislarse para que todo alquiler que se firme, toda
relación entre inquilinos y caseros (particulares o empresas) sea
directamente gestionada y supervisada por los ayuntamientos a través
de empresas municipales de vivienda y servicios municipales de
alquiler. Seguro que un funcionario supervisando 50 alquileres, nos
ahorra unos cuantos policías en el futuro.
El
objetivo debe ser rebajar los precios de los alquileres entre ⅔ y
la mitad de su precio actual. Y que siempre se mantengan en ese
baremo con respecto al precio del metro cuadrado a la venta en cada
respectivo barrio o ciudad. También deben fijarse precios máximos
con respecto a los salarios moda, es decir los más comunes en cada ámbito geográfico, no los medios, para garantizar a su vez el
ahorro de los más jóvenes y vulnerables y al mismo tiempo unos
cimientos sólidos para sus proyectos de vida (tampoco estaría de
más acabar con la precariedad del empleo).
Es
fundamental implementar unas políticas de vivienda atrevidas
y en ello cobra especial significación la necesaria potenciación,
cuando no creación, de unidades de seguimiento e inspección
inmobiliaria y fiscal. Tiene que perseguirse y luchar contra los
abusos del dinero frente al derecho a la vivienda, sea infligido
tanto por particulares como por empresas. Se trata de intervenir,
si, el mercado y de politizar la cuestión para darle salidas
ordenadas que permitan una vida digna para todas y todos y no la
salvaje ley de la selva del más fuerte.
Y
es que lo que hoy tenemos, y llevamos teniéndolo desde 2002 es una
crisis de la vivienda salvaje. Si la gente en todos estos
años, generación a generación, con un salario normal, el más
común (insisto, no el medio que tiende al alza, sino el salario moda
el más habitual en la población) no puede, año a año,
garantizarse un techo (y una manutención y servicios básicos) que
no implique un sobre-endeudamiento del 4000% de ese salario anual
es que estamos fallando. Fallando como sociedad y como modelo de
estado. Porque estamos supeditando y esclavizando la vida de millones
de personas a las que se obliga a vivir en penuria, a aceptar
condiciones cada vez más precarias, a cerrar la puerta a un progreso
generalizado para construir, en vez de sociedades ricas y diversas,
un modelo dual de muy pocos privilegiados y muchos desfavorecidos.
Cuyas huestes aumentan cada día a más. Y fallamos porque nos fallan
“nuestros políticos” empeñados en un modelo
neoliberal que nada tiene que ver con las condiciones sociales,
naturales y tradicionales de este país o de Europa, pero que les
sirve para facturar y enriquecerse a costa de la democracia, el
porvenir o de la dignidad de sus conciudadanos. Pero es que encima
además, ese modelo neoliberal impuesto lleva fallando y causando dolor ya casi 20 años.
Por
todo esto es fundamental blindar la vivienda como un derecho.
Frente al difícil acceso a la vivienda, consecuencia de su
inabordable gasto para un cada vez mayor sector de la población se
hacen necesarias propuestas y decisiones que confirmen la vivienda,
el hogar, como el punto de arranque vital, como garantía de
inclusión social, y no de exclusión.
La
demanda es evidentemente cada vez más fuerte debido entre otras
causas al incremento de la población (fruto de una inmigración mayor que la emigración) pero también de la intervención en el
mercado de especuladores que anteponen el carácter financiero de la
compra de vivienda a su uso efectivo y por supuesto a su función
como derecho básico de ciudadanía. Entre las medidas
ineludibles están la necesidad de regular el alquiler de
temporada o turístico, cuando no prohibirlo en su totalidad,
persiguiendo el fraude, dotando a ayuntamientos de personal que lo
persiga y expeda licencias municipales. Es necesario aumentar el
gasto gasto público en vivienda previsto en los Presupuestos de
cada administración, desde los Generales del Estado debería de
elevarse hasta el 0,5% del PIB (unos 7.000 millones de euros), con el
fin de impulsar la construcción, y sobretodo la reforma y renovación, de viviendas protegidas destinadas
al alquiler y que sean asequibles para hogares con bajos niveles de
ingresos. Pero también los autonómicos y los de los ayuntamientos
(estos últimos en virtud de sus posiblidades) por lo que no estaría
de más aunar un nuevo pacto de estado por la vivienda que
viniera a solventar o intentarlo por lo menos, el principal problema
que la población identifica cada vez que se le cuestiona. Así
también se podría exigir a los medios de comunicación mucha mayor
responsabilidad y seriedad con este colosal problema y que no
desviasen la atención a lo anecdótico, esquivando el tratamiento de
lo importante.
La
Ley de Vivienda pactada en el Gobierno de coalición en la
anterior legislatura se ve claramente ineficaz y muy cortita de miras
e impulso. La ausencia de régimen sancionador, en especial con
respecto a las viviendas de los grandes “tenedores”; de
regulación frente al alquiler turístico, frente a la gentrificación
y la intervención en zonas especialmente tensionadas, y sobretodo el
atrevimiento para desnudar los complejos e intereses de políticos en
algunas de las autonomías ha vaciado de efectos el contenido de esta
ley, que encima ya salió raquítica en el BOE. Tampoco ayudaban las
bonificaciones para los caseros que automáticamente las incluyen en
su plusvalía sobre la vivienda sin que los inquilinos olieran el
dinero público dedicado a esto. Y no hablemos los privilegios
fiscales que la especulación inmobiliaria continua atesorando frente
a los pagos (consumo a través del IVA o trabajo por el IRPF) a los
que algunos no podemos ni soñar.
La
especulación con la vivienda sigue funcionando. Sigue comportándose como un negocio redondo, mientras millones de
ciudadanos tienen cada día un acceso a la vivienda más problemático
y con menores garantías. Actividades de gran lucro que no sólo es
que no generen riqueza en el medio ni el fisco patrio, es que
destruyen espacios, barrios y ciudades expulsando a vecinos, cambiándolos por turistas.
Ello
hace evidente la lucha de clases donde la vivienda compone un
hito fundamental, porque el acceso a ella permite la integración
social y con ella la reproducción y estabilidad social necesarias
para una sociedad que se replica y auto-perpetúa. Los incrementos
desmesurados en los precios de los alquileres, las dificultades en el acceso a la compra, la discriminación social que sufren determinados
colectivos -para la derecha, individuos- racializados o
estigmatizados, o las disposiciones legales que favorecen a los
propietarios y caseros en detrimento de los inquilinos y los que
no tienen vivienda propia forman parte de un conflicto que va más
allá de las responsabilidades, decisiones y capacidad de actuación
de las personas.
El
estado del bienestar es absolutamente incompatible con un “mercado”
de la vivienda especulativo, abusivo y donde la propiedad
acumulativa está más protegida que el derecho a habitar un espacio
digno y con unas mínimas condiciones. Ya no es sólo el ascensor social averiado. Es además el puntal de una cada vez mayor
desigualdad social, puesto que las rentas del trabajo de la mayoría
que no tienen “nada” o como mucho una vivienda, se licuan hacia
arriba, hacia las élites (individuos, empresas o fondos buitre) que
acaparan cada vez más viviendas para ampliar su rentabilidad, no
sólo por la propia acumulación, sino por la intervención directa
del mercado al que pervierten.
La
lista de traumas y dolor que provoca la especulación inmobiliaria es
cada vez más lesiva. No es exclusiva de España, puesto que la
inversión y especulación financiera en vivienda es un negocio
perfecto para los fondos y acaudalados, y los mismos
problemas que aquí se ven en prácticamente todo el mundo. Cada vez
hay más desahucios, gente sin casa, viviendas dedicadas al negocio
turístico por lo que se les desprende su función social; el número
de cambios de residencia que generación a generación se duplica;
problemas psicológicos, estrés, consumos de sustancias y
adicciones, bajas por enfermedad y depresiones, la insatisfacción
vital por salarios cada vez más escuálidos ante precios por la
necesidad habitacional cada vez más altos…
Es
básico hacer valer el hecho de que la vivienda es un derecho
humano, no una simple mercancía o bien con el que especular y
obtener una rentabilidad. De este modo, con esta idea, que no es en
absoluto nueva, ni rompedora, se tiene que cambiar las políticas de
vivienda y de urbanismo. Es imperativo que este principio, el de
la vivienda como derecho, se tenga en cuenta como primer factor a
la hora de planificar la política de vivienda, de su acceso, tanto en el aspecto
geográfico (suelos, agua, recursos, impacto medio ambiental,
urbanismo), como demográfico (habitantes, sus edades, sus
necesidades, estratificaciones), como también sociológico
(movilidad social, progreso, satisfacción).
Por
todo esto es fundamental que como sociedad, los inquilinos, la
clase trabajadora en su conjunto se ponga en pie y avance en defensa
de la vivienda vista como derecho humano y factor de desarrollo
personal y colectivo. No hay más tiempo. No hay más excusas. Nos
jugamos la paz social (o mejor dicho “ellos” se la están
jugando) y ha llegado el momento de hacerla volar por los aires si no
se revierten políticas homicidas y extractivas que condenan a
millones a malvivir para pagar los vicios de unas élites cleptómanas
y alejadas de la calle.
Nadie tiene duda de que la cuestión de la vivienda, de la que su manipulación torcitera por parte de los medios de ultra derecha, se va a llevar por delante el gobierno "progresista". Y de ahí, como alternativa no va a salir nada bueno. De nuestro impulso saldrán las normativas y leyes valientes que quiten el valor especulativo a la vivienda y le devuelvan el valor social y de derecho humano. Y porque por encima del dinero, se trata de futuro y se trata de justicia.
